Ya sabemos que, terminada la campaña militar en Asturias, se presenta al general López Ochoa el comandante Lisardo Doval, de la Guardia Civil, con plenos poderes del Gobierno para encargarse de la captura de revolucionarios y, sobre todo, para asegurar la recuperación de todas las armas ocultas. Lisardo Doval Bravo había nacido el 15 de abril de 1888 y poseía grandes do)tes para la investigación policial. Acreditado oficial dentro del Instituto, formó parte de una misión a Costa Rica en 1923, pedida por aquel Gobierno para crear en el país una Guardia Civil al estilo español.
Entre 1925 y 1930 mandó la Comandancia de Gijón, con lo que completó 14 años de servicios en Asturias. Hombre popular entre ricos y pobres, de gran éxito entre todo tipo de señoritas y señoras, al ser trasladado a Marruecos se recogieron cientos de firmas femeninas que protestaban por la marcha del capitán «por actuación descarada de la masonería». En octubre de 1934 estaba destinado en Tetuán a las órdenes del alto comisario. Su nombramiento para dirigir la represión asturiana fue idea del asesor del ministro Hidalgo, general Franco, que conocía al comandante porque había sido compañero suyo de promoción. Le dotó de plenos poderes, y comenta al respecto: «En un Estado dominado por la burocracia aportó algo más: un documento firmado por el ministro de la Guerra para que con la necesaria autonomía y especial jurisdicción pudiera realiza su cometido.» y pronostica el ministro: «Si. le dejan actuar con desembarazo, vencerá».
Durante varias semanas, en efecto, le dejaron actuar con desembarazo. Pero muy pronto llegaron incluso a Madrid rumores bastante fidedignos sobre la actuación irregular del comisario especial. Al arreciar los rumores, el 15 de noviembre es enviado por el director general de Seguridad, Valdivia, el inspector de policía Adrover para investigar sobre el terreno las brutalidades que se atribuían a Lisardo Doval. El investigador del Gobierno es expulsado violentamente por el comandante. A la vista de este hecho y de nuevos datos que se filtran por la rígida censura impuesta por Doval en torno a sus actividades en la madrugada del 30 de noviembre de 1934, Valdivia, en presencia del subsecretario, exige del Ministro de la Gobernación la destitución fulminante de Doval. Ésta se consuma en cuanto se hace cargo del gobierno general de Asturias Ángel Velarde, quien se siente apoyado en este espinoso asunto por el propio Gil Robles. La «dimisión» de Lisardo Doval se publica el 7 de diciembre y muy pronto el duro jefe de la Guardia Civil, que sigue gozando de muy poderosas influencias, es destinado de nuevo a un mando de Marruecos. ¿Qué había hecho Doval en Asturias?
La destitución del comandante, como veremos, estaba más que justificada; pero, sin embargo, nada tuvo que ver con el más resonante suceso de la represión asturiana, aireado por una insistente propaganda que todavía aleteaba al estallar la Guerra Civil: el asesinato del periodista Luis de Sirval:
Luis Higón y Rosell –que éste era su más prosaico nombre– había nacido en Valencia en 1899. Periodista de izquierdas y todo lo procomunista que puede ser un valenciano, había fundado una agencia de noticias que tuvo varios nombres y se especializaba en informaciones optimistas sobre la izquierda universal. Durante los primeros tiempos de la República, Sirval trabajó para La Libertad, periódico, como se sabe, controlado por Juan March. Sus ideas no estaban demasiado acordes con las que la propiedad imponía al periódico, y Sirval tuvo que abandonarlo. Desde fuera se revolvió contra quienes le expulsaron y pudo apuntarse en su historial una victoria nada común; March optó por deshacerse de su órgano. Viaja entonces a Rusia, pero al advenimiento de la coalición centroderecha, sus negocios empiezan a ir mal: los periódicos, incluso los izquierdistas, rechazan las colaboraciones de su agencia porque el nombre mismo parecía ahuyentar la publicidad; lo que demuestra que las victorias contra Juan March no solían ser durante la República definitivas. Al permitirse la entrada en Asturias, tras la campaña, a los primeros enviados especiales, Sirval llega a Oviedo y publica dos reportajes relativamente inocuos, pero que no eran precisamente un elogio al Ejército. Recorrió la cuenca minera y en la fonda ovetense La Flora dejó escapar que había presenciado pruebas de crímenes militares y que, en concreto, el oflcial legionario Dimitri Ivan Ivanof había fusilado a la «joven de dieciséis años Daida (sic) Peña», ante tres legionarios que podrían atestiguarlo.
En la noche del 26 de octubre es detenido y conducido a la Comisaría de Vigilancia. Se le ocupa un artículo sobre el asesinato de la joven en cuestión (que no era sino la famosa Aida Lafuente) en el que se citaba a «un teniente» del Tercio. En las notas que aparecieron sobre el cadáver, se contenía un resumen estadístico de 99 revolucionarios muertos, pero incluidos los muertos en combate. El borrador del artículo sobre la joven comunista de San Pedro de los Arcos se llamaba «Los tres legionarios». Con el teniente Ivanof irrumpen el día 28 en el patio de la Comisaría de Vigilancia los tenientes Pando y Florit. Varios vecinos presencian desde los balcones próximos cómo, tras identificar al periodista, éste hace un ademán (seguramente para defenderse) y cae acribillado.
Ivanof y sus compañeros son detenidos muy pronto, pero el 8 de agosto de 1935 son puestos en libertad al no encontrarse pruebas concluyentes contra ellos en el conejo de guerra que los juzgó. El Supremo confirmaría luego la sentencia, pero los «Comités Luis de Sirval» que se formaron en 1935 airearon el nombre del desgraciado periodista en innumerables artículos y publicaciones menores. Este luctuoso suceso es la única mancha que, prescindiendo de tecnicismos legales, pudo arrojarse sin duda sobre un miembro del Cuerpo del Ejército de Asturias.
El 11 de noviembre de 1934 el diputado radical-socialista Félix Gordón Ordás solicita una interpelación parlamentaria sobre los sucesos de Asturias, pero no encuentra eco en las propias izquierdas. El testimonio del político leonés es particularmente interesante porque conoce bien algunos de los teatros de la lucha, porque está exento de pasión –admite sin rebozo varios crímenes de los revolucionarios– y porque durante el verano anterior había hecho por todo el país una campaña contra la violencia revolucionaria que clarividentemente adivinaba. Tras recorrer detenidamente las zonas afectadas por la revolución en Asturias, León y Palencia, el 12 de diciembre de 1934 solicita de nuevo interpelación en nota al presidente del Consejo. En la misma nota denuncia uno de los más resonantes sucesos de la represión, al que llama «crimen de Tuilla Carbayín».
El 19 de octubre entró en Sama López Ochoa sin disparar un tiro. Los guardias civiles supervivientes –terrible expresión del propio Félix– detienen a varios revolucionarios, a quienes se señalaba como responsables de la matanza del cuartel. El día 25 a las tres de la madrugada sacan a varios en una camioneta y, tras darles muerte, los entierran en una escombrera de la mina de Rosellón, cerca de Carbayín. Asustadas por rumores que pronto se extienden, las mujeres excavan la escombrera el día 28 y extraen veinte cadáveres, entre ellos dos muchachos de 16 años y un maestro que pertenecía a Acción Popular. El Gobierno no explicó nunca satisfactoriamente este trágico hallazgo.
El 22 de diciembre de 1934, ante la negativa de Lerroux de dar curso a la interpelación solicitada, Félix Gordón Ordás publica un «requerimiento a la opinión» En vista de ello, Lerroux responde a la nota el día 25 y dice que ha decidido aplazar la interpelación hasta que el Gobierno posea datos fidedignos sobre las acusaciones del diputado leonés. Éste no ceja en su campaña, a la que denomina «cruzada». El 12 de enero de 1935 publica un escrito dirigido al presidente de la República en el que se resumen las atrocidades de la represión gubernamental en Asturias. El 18 de febrero publica un nuevo llamamiento en su «cruzada contra la arbitrariedad y por el derecho», esta vez dirigido a los intelectuales. He aquí los párrafos más concluyentes del «requerimiento a la opinión», publicado por el ex ministro de la República el 22 de diciembre de 1934:
«Dijo V. E. en el ya citado discurso: “Yo no conozco otros procedimientos de violencia de los que se emplearon cuando las fuerzas del Ejército se vieron obligadas a someter en Oviedo a todas aquellas fuerzas rebeldes”. ¿A qué procedimientos se refiere V. E. en esos párrafos? Porque si se refiere a la lucha frente a frente contra la revolución hasta vencerla, nadie podrá poner otra cosa que elogios a la previsión gubernamental y a la eficacia de los elementos ejecutivos de sus órdenes. Pero es que durante esa lucha contra los rebeldes en armas se realizaron también actos como los fusilamientos en el cuartel de Pelayo de Oviedo y ante las tapias del cementerio en San Pedro de los Arcos y como las ejecuciones dentro de los domicilios particulares en La Cabaña, en Tenderina, en Villafría y en San Esteban de la le las Cruces, que será preciso averiguar en virtud de qué precepto legal se pudieron llevar a efecto. Y añade V. E. a continuación: “Después, todo lo que se diga es fábula”.
»¿Fábula que el día 15 de octubre, a los cinco días de haberse pacificado allí todo, murieron a palos en el cuartel de la Guardia Civil de Pola de Gordón los vecinos de La Vid Eusebio Fernández y Juan Suárez? ¿Fábula que en la madrugada del día 25 de noviembre, a los cinco días de haberse ocupado Sama por las tropas sin disparar un tiro, se sacó de la cárcel de dicha villa a unos veinte detenidos y se les asesinó y enterró en una zona intermedia entre Tuilla y Carbayín, propiedad de la Compañía Hullera de Rosellón? ¿Fábula que el día 27 de noviembre, a las cuatro de la tarde, o sea, quince días después de la toma por las tropas de la ciudad, se asesinó en el patio de la Comisaría de Investigación y Vigilancia de Oviedo al ilustre periodista Luis de Sirval? ¿Fábula la muerte el día 7 del actual mes de diciembre de Fernando González Fernández (a) Moscón en una de las dos cárceles de Mieres, después de haber recibido, al mismo tiempo que otros detenidos, una brutal paliza en increíbles condiciones de menosprecio a todo ejercicio de la autoridad legítima? ¿Fábula los sádicos tormentos, que parecen arrancados de El jardín de los suplicios de Mirbeau, a que se ha sometido y se somete a muchos presos, sin distinción de sexos ni de edades, en Fabero, Bembibre, en Pola de Gordón, en León, en Barruelo, en Guardo, en Aguilar de Campoo, en Mieres, en Vega del Ciego, en Valdecuna, en Cenera, etc., y en cárceles como las de Astorga y Oviedo? ¿Fábula que se obliga a firmar a los torturados declaraciones que no habían prestado ante nadie?
»Porque si es evidente que hubo en la revolución actos vituperabas, que repugnan a toda conciencia sensible y que deben castigarse con la adecuada severidad, también lo es que hubo verdaderos actos heroicos, que enaltecen el espíritu humano, y en general es obligado reconocer que preponderó en la revolución un sentido generoso. Ése fue igualmente el sentido que animó a la gran mayoría de las fuerzas represivas, y sería indigno de la función fiscal que me he impuesto si no lo reconociera así, eximiendo de antemano en las responsabilidades a las colectividades Ejército, Guardia Civil y Cuerpo de Asalto, pues ellas no tienen culpa alguna de las demasías cometidas por individuos de dichas instituciones armadas, singularmente desde que actuaron a las órdenes del comandante Doval, quien ha confirmado con su última actuación la fama siniestra que desde hace bastantes años le aureolaba y que por el hecho de habérsele conferido el cargo excepcional de delegado del Ministerio de la Guerra para el Orden Público en las provincias de Asturias y León en un momento tan delicado se ha convertido en una acusación implacable contra V. E. y su Gobierno, que no podían desconocer los antecedentes que le incapacitaban al señor Doval para una misión que tenía más de diplomática que de policíaca, si efectivamente aspiraba a buscar la paz»[16].
Disueltas las Cortes de 1933 en enero de 1936, Gordón Ordás, que ya no puede ampararse en la inmunidad parlamentaria, se ratifica públicamente en sus denuncias sobre Asturias. El teniente coronel Yagüe trata de disuadirlo, pero no lo consigue.
El 30 de diciembre viaja a Asturias Fernando de los Ríos,acompañado por el doctor Juan Negrín. Sus impresiones se reflejan en un informe publicado dos días más tarde
El objeto principal del viaje era establecer contacto con Teodomiro Menéndez, recluido en el Hospital Provincial tras su intento de suicidio en la prisión de Oviedo. Pudo reconocer a sus visitantes, pero divagaba con frecuencia. Les son transmitidas las quejas de los 1.100 presos que se hacinaban en la prisión de Oviedo y de los 1.030 de la cárcel de Astorga. El intento de Teodomiro Menéndez se produjo tras dos meses y medio de incomunicación absoluta.
El 31 de enero de 1935 Julio Álvarez del Vayo dirige una carta a Lerroux en la que le transmite otra firmada por 547 reclusos de la cárcel de Oviedo, entre ellos Javier Bueno y varios familiares de Manuel Llaneza. En la carta se dice que las principales torturas han tenido y siguen teniendo lugar en el Convento de las Adoratrices de Oviedo y se cita nominalmente a 26 muertos y una cifra mayor de lesionados graves como efecto de esas torturas.
¿Cuál era la reacción del Gobierno ante tales imputaciones?
El 30 de noviembre el diputado Marco Miranda intenta suscitar el problema en las Cortes. El Gobierno le contesta que las pretendidas acusaciones son pura imaginación de sus enemigos. En fecha no determinada el mes de enero de 1935, Lerroux ordena abrir una investigación en vista de las denuncias aparecidas sin firma en un periódico francés y atribuidas, con razón, a Fernado de los Ríos. Tras el informe de la Comisión nombrada por el Gobierno, éste niega pura y simplemente los hechos. Ramón Pérez de Ayala, diputado por Asturias, llevado a las Cortes con los votos de los trabajadores asturianos, confirma públicamente la versión del Gobierno y desmiente las alegaciones de la oposición. El Ejército también opta por la más radical negativa.
El 9 de noviembre el teniente coronel Yagüe declara a ABC. que las imputaciones de crímenes son absolutamente falsas. Y Diego Hidalgo afirma más tarde: «Esa idea de que el Tercio y los Regulares puedan emplear el combate procedimientos contrarios al derecho de gentes o dedicarse a la razzia, al despojo y al pillaje es un tópico novelesco.» Afirmación en gran parte exacta, pero que dejaba intactas las principales acusaciones sobre la represión, atribuidas al comisario especial nombrado por el propio ministro de la Guerra.