En Cataluña no había que liquidar una revolución sino una pesadilla. Ya hemos visto que el general Batet instaló en el palacio de la Generalidad a un jefe del Ejército. Insiste el general, por prurito burocrático, en diversas medidas superfluas: anula expresamente la Ley catalana de Contratos de Cultivo –que en opinión del Gobierno había renacido muerta– y, el 14 de octubre, destituye formalmente a Companys y a los demás consejeros, ya suspendidos por el Tribunal de Garantías y por la propia sustitución decretada por Batet.
En cuanto empiezan a calmarse los ánimos, Amadeo Hurtado aconseja al vicepresidente del Parlamento Catalán, Antonio Martínez Domingo (Lliga), que se haga cargo de la Presidencia de la Generalidad, ya que legalmente parecía corresponderle. El político derechista, que no había pensado en tal posibilidad, se muestra dispuesto al intento, pero enterado Companys se opone. Para disipar cualquier duda, la República confirma por decreto presidencial al coronel Jiménez Arenas como presidente en funciones de la Generalidad; el coronel José Martínez Herrera es confirmado como alcalde accidental por el mismo procedimiento. Se retiran al Gobierno catalán los servicios traspasados y se disuelve el Patronato de la Universidad Autónoma.
José María Gil Robles –animado, justo es decirlo, por amplios y significativos sectores de la derecha catalana- decide pescar en río revuelto, y el 25 de octubre se traslada a Barcelona para organizar la Acción Popular catalana en torno a Oriol Anguera de Sojo y el «isidrista» Cirera Voltá. Única intérprete autorizada de la autonomía, la Lliga recomienda a los políticos españoles que no confundan las instituciones catalanas con el grupo de hombres equivocados que hasta semanas antes las habían encarnado. Mientras tanto, los vencidos se descomponen políticamente.
El 6 de diciembre de 1934, Badía –de acuerdo con Dencás– lanza el «manifiesto de Orleans» por el que su grupo se desvincula de la Esquerra: Companys no podía desear mejor noticia. La reacción del catalanismo contra los «totalitarios» no puede ser más moderada en general. Casi nadie les llama abiertamente traidores ni se ensaña con sus torpezas. Miravitlles llega a defenderlos: se limita a acusarlos de omisión. El 15 de diciembre el Comité Ejecutivo de la de las Joventuts de Estat Catalá va más lejos contra sus antiguos jerarcas: declara a Dencás "hombre al margen de nuestra actuación» y afirma de Badía que es «un soldado y nada más». El Comité expresa que con esta declaración «ejecuta políticamente» a los dos jefes, y no le falta en ello razón histórica ni profética:
Dura iba a ser la salida y entrada de año para quienes aún soñaban con un mantenimiento efectivo de las instituciones y libertades catalanas. Como un afrentoso símbolo, unos desaprensivos profanan en esos días de aniversario la tumba de Francesc Maciá. Por ley de 2 de enero se aprueba el proyecto presentado unas semanas a las Cortes sobre suspensión de las instituciones autonómicas. Esta decisión de la derecha -tan explicable como reaccionaria- arrancaba de una proposición presentada al Parlamento por una comisión –controlada por la CEDA– que incluía tres movimientos: la suspensión del Parlamento Catalán, el nombramiento de un gobernador general para sustituir al presidente y al Gobierno de Cataluña y la promesa de estudiar la situación definitiva de competencias y traspasos.
A las extremas derechas y a Falange les parece todavía poco esta marcha atrás, y el 29 de noviembre Honorio Maura Gamazo propone a las Cortes la pura y simple derogación del Estatuto. que llevaba aneja la desaparición de toda sombra de autonomismo e incluso la vuelta al régimen provincial común. Antonio Goicocchea apoya a su colega Maura, pero el tradicionalista Esteban Bilbao trata de mantener un Cierto equilibrio autonómico. Primo de Rivera subraya la propuesta de Maura, mientras Francisco Cambó intenta salvar del naufragio sus decenios de lucha autonomista. Continúan las discusiones dos días más hasta que se rechaza la propuesta de Maura por 134 votos contra 24. El día 13 de diciembre Cambó defiende con valor y agresividad los restos de la autonomía. La Lliga admitiría la retrocesión de los Servicios de Orden Público, pero no se conforma sin lucha con una suspensión sine die que puede no ser más que una supresión disimulada. Por fin se acepta el día 14 la propuesta de la comisión, atemperada con una enmienda presentada conjuntamente por Gil Robles y el radical Guerra del Río; el texto definitivo de la ley-castigo es el siguiente:
«El Presidente de la República Española, a todos los que la presente vieren y entendieren, hace saber:
»Que las Cortes han decretado y sancionado la siguiente ley:
»Art. 1. Quedan en suspenso las facultades conferidas por el Estatuto de Cataluña al Parlamento de la Generalidad, hasta que las Cortes, a propuesta del Gobierno, y después de levantada la suspensión de garantías constitucionales, acuerden el restablecimiento gradual del régimen autonómico.
»Art. 2. En el período transitorio de que se habla en el artículo anterior, asumirá todas las funciones que corresponden al presidente de la Generalidad y a su Consejo Ejecutivo un gobernador general que nombrará el Gobierno, con facultades de delegar, en todo, o en parte, las funciones atribuidas a dicho Consejo.
»Al cesar el período transitorio, si antes no se hubiera reformado el Estatuto, el Gobierno podrá confiar su representación a un delegado para el ejercicio, total o parcial, en Cataluña, de las funciones no atribuidas a la Generalidad.
»Art. 3. El Gobierno nombrará una comisión en el plazo máximo de tres meses, que estudie los servicios traspasados y valorados y proponga los que durante este régimen provisional deban subsistir, los que deban rectificarse y los que deben revertir al Estado, señalando, en cada caso, las normas a que deberá sujetarse la ejecución de los acuerdos adoptados.
»En todo caso, las normas referentes a los Servicios de Orden Público, Justicia y Enseñanza, serán objeto de una ley.
»Por tanto:
*Manda a todos los ciudadanos que coadyuven al cumplimiento de esta ley, así como a todos los tribunales y autoridades que la hagan cumplir.
Madrid, 2 de enero de 1935. Niceto Alcalá-Zamora y Torres. El presidente del Consejo de Ministros, Alejandro Lerroux García»[11].
E1 10 de e[ero de 1935, en presencia del general Batet, toma posesión el nuevo gobernador general de Cataluña, Manuel Portela Valladares. Alto, espigado, elusivo, de mirar lejano y erizada cabellera blanca, don Manuel había nacido en Fonsagrada (Lugo) en 1866. Vizconde de Brías por matrimonio con una rica heredera catalana, fue gobernador de Barcelona en 1910 con Canalejas y en 1923, con García Prieto. Ex ministro de la monarquía, alto grado en la masonería española, pasaba por hombre moderado y enérgico; su complejo historial sociopolítico le predisponía a la tolerancia y al centrismo.
Se presumía su buen recibimiento en una Cataluña a la que estaba ligado por tantos vínculos. La verdad es que la Cataluña de principios de 1935 carecía de fuerzas para reaccionar pro o contra ningún procónsul republicano.
Ante los tristes acontecimientos del año anterior, bastantes políticos catalanes abandonan la lucha partidista y se refugian en la vida profesional o la de negocios. Es el caso de Amadeu Hurtado, quien a primeros le 1935 se retira de la política y de la prensa para continuar sus «quaranta anys d'advocat». El 19 de enero 1935 el vicepresidente del Parlamento Catalán, Martínez Domingo, presenta recurso ante el Tribunal de Garantías contra la ley de 2 de enero; esta vez Companys aprueba la decisión.
A principios del mes de febrero, Gil Robles insiste en sus planes para la expansión de su partido en Cataluña. El 26, Cambó critica estos intentos en un discurso en Tarragona; Gil Robles pretende organizar políticamente a los catalanes «aprovechándose de nuestra desgracia actual». Pero el viejo luchador catalán, experto profeta de tempestades, piensa cada vez más en su próximo refugio a orillas del Adriático: sigue pesando demasiado sobre él, como sobre toda Cataluña, el recuerdo del 6 d octubre.