La reacción de la derecha ante Octubre fue tan elemental y en el fondo tan propagandística como la de la izquierda. Los partidos gubernamentales cometieron, en el tratamiento del tema, error tras error. Inexplicablemente dejaron que se les escapase una victoria que había puesto a sus pies para decenios a lo más granado sus enemigos; y, aún más inexplicablemente, permitieron que el enemigo les robase la victoria para convertirla en bandera propia.
Es difícil aún hoy explicar cómo pudieron acumularse tantos desatinos políticos. Octubre, que unió a la izquierda, desunió a la derecha; pasada la primera euforia –más alivio que alegría–, el bloque gubernamental se dividió entre sí y con los demás sectores de la derecha a la hora de las responsabilidades, de los castigos, de los perdones y de la represión. No es fácil reseñar aquí todos los errores que nos parecen evidentes. En primer lugar, el refugio en el silencio: cierre del Parlamento e imposición de la más rígida de las censuras. En segundo lugar, no haber acertado a distinguir a los auténticos culpables, en el deseo de hundir en el oprobio a toda la izquierda; los anarcosindicalistas, que no participaron el movimiento con la excepción asturiana, fueron a parar a la cárcel, donde la derecha los obligó a formar un frente único represivo con quienes ellos mismos no habían querido aliarse.
En tercer lugar, el negativismo ciego e impotente de la contrapropaganda, que se manifestaba en la caza de brujas desencadenada por todo el país. Los obsesionados propagandistas de la derecha lanzaban una y otra vez sus viejas invectivas contra la masonería; podían haber repasado la biografía de varios de los jefes militares más leales y decisivos en la represión del movimiento (por ejemplo, López Ochoa) para comprobar que la masonería, o al menos varios de sus miembros distinguidos, se alinearon entre los campeones de la contrarrevolución.
La caza de brujas tuvo su culminación más irresponsable en la indescriptible persecución de Azaña que montó la derecha –y a la cabeza de ella el gran diario ABC en un mínimo de su larga historia de luchas–. Apeló la derecha a todos los trucos, a todas las injusticias, casi diríamos que a todas las bajezas, para hundir por siempre a propósito de Octubre al que seguía creyendo su máximo enemigo, Azaña. Ignoraba, por supuesto, que en octubre de 1934 Manuel Azaña era ya un hombre superado para siempre por los que se decían sus amigos de la izquierda. Tan sañuda resultó la persecución derechista –y en sus primeras fases al menos hay que incluir entre los perseguidores a la Falange–, que no resulta nada injustificada la tesis de Jackson, según el cual la derecha fue la auténtica creadora del Frente Popular en su intento para destruir como fuese a Manuel Azaña.
No es que Azaña emergiese del turbión de Octubre limpio de toda culpa. Está demostrado, incluso por la propia confesión, que el ex presidente del Consejo conoció de antemano los propósitos subversivos de socialistas y totalitarios catalanes. El día 4 de octubre tenía ya ideas muy claras sobre los acontecimientos que se iban a desarrollar. Su culpabilidad no está simplemente, creemos, en no comunicar a Madrid semejantes propósitos; hubiera sido demasiado pedir en el ambiente de partidismo apasionado de aquellos meses.
Ante la Historia, su culpabilidad está en haber permitido, incluso impulsado, la disposición de la nota que su partido publicó oficialmente en la mañana del 5 de octubre. Ahora ya sabemos que esta nota, como todas las demás, no eran más que protestas verbales para salvar la cara ante la invasión derechista del poder. Pero ante la derecha, ante el país, ante el propio Companys, la nota sonaba a declaración de guerra y justifica por sí sola los primeros ímpetus de la reacción derechista contra el ex presidente del Consejo. El error de la derecha estuvo en rebasar las posibles acusaciones justas y persistir ciegamente en las exageraciones cuando tras los primeros días de fiebre polémica llegaban los primeros informes serenos sobre el caso Azaña. El 10 de octubre, a más tardar, el Gobierno sabia perfectamente que en su actuación personal Azaña había tratado de frenar la revolución y se había visto desbordado por ella. Sin embargo, todos los sectores de la derecha insistieron en unas acusaciones que sabían desmesuradas y falsas; incluso cuando se agotaron las más espectaculares se trató de echar mano de otras basadas en sucesos anteriores. El encubridor desbordado se convirtió en frío organizador de la revuelta, en autor del manifiesto subversivo… y, muy a su pesar, en el jefe de una coalición sentimental que sólo podía desembocar en uno de los bandos de una Guerra Civil.
Desde el día siguiente al de su detención y durante todo el mes de octubre, Manuel Azaña se ve sometido en su prisión flotante de Barcelona a una fatigosa serie de interrogatorios. Y, sin embargo, el informe del general Pozas, juez instructor que le interroga ampliamente a bordo del Ciudad de Cádiz el 10 de octubre (aparte de otros interrogatorios anteriores y posteriores), es concluyente: el Gobierno sabe desde muy pronto que Azaña es inocente de los atentados de que se le acusa. Pero la prensa derechista, capitaneada por ABC, no ceja en sus acusaciones.
Todavía resulta más grave, por la información más completa que en esos momentos obraba ya en poder del acusador, la insistencia del presidente del Consejo, Lerroux, el 11 de octubre, en que comunicaba a la prensa que Azaña llevaba a Barcelona «una misión muy importante». El 12 de octubre Ángel Ossorio y Gallardo, el antiguo monárquico sin Rey que se había adherido a la República desde el primer día como republicano sin partido, asume la defensa del ex presidente del Consejo e inicia las gestiones para su liberación. No tarda el primer resultado: Azaña es conducido al destructor Alcalá Galiano, donde se le trata con mayores consideraciones y, poco después, al buque de la misma clase Sánchez Barcaiztegui.
En noviembre de 1934 corre por Madrid un manifiesto de intelectuales y profesionales en el que se denuncia la torpe persecución de que se hace objeto a Manuel Azaña. A todo esto, la Sala Segunda del Supremo pide a las Cortes la concesión del suplicatorio necesario para procesar al diputado. El 27 de noviembre las Cortes conceden el suplicatorio y el Supremo se dispone a procesar a Manuel Azaña y a su correligionario Luis Bello, cuando de pronto la propia Sala que había iniciado el procedimiento da marcha atrás y se niega a proseguirlo, con lo que Azaña queda inmediatamente en libertad.
No cejan en su ofensiva el fiscal Lorenzo Gallardo ni Gil Robles –que va a dirigir a sus huestes ministeriales y parlamentarias hacia la reforma del Tribunal Supremo para liberarle de la influencia del presidente de la República– ni, más que ninguno, el diario ABC, que fue aún más lejos que Gil Robles: en vista de que los hechos de Octubre no parecían ofrecer ya las bases acusatorias inequívocas en las que se había soñado, inventó un segundo frente de ataque y desencadenó una campaña para conseguir el procesamiento del gran enemigo, no por la Revolución de Octubre, sino por su preparación. Esta conversión del frente dialéctico, que entonces pareció hábil, se evidenció en un editorial del diario monárquico publicado el 30 de diciembre de 1934.
En efecto, el 15 de febrero de 1935, el juez Salvador Alarcón presentó a las Cortes un sumario con ochenta kilogramos de peso acerca de la responsabilidad de Manuel Azaña en el suministro de armas a la revolución asturiana. El hasta ahora autor del separatismo catalán se presentaba como proveedor de los socialistas asturianos. Los días 20 y 21 de marzo discuten las Cortes el complejo sumario Alarcón (cuyo autor sería asesinado en la zona republicana durante la Guerra Civil) y las tres acusaciones derechistas: una de la CEDA, una monárquica y otra tradicionalista. Los ataques contra Azaña se hacen cada vez más esotéricos; en realidad la acusación básica queda reducida al auxilio que como ministro de la Guerra prestó a los revolucionarios portugueses en 1931. Azaña se defiende brillantemente en un discurso de tres horas coreado por toda la oposición que ya ha regresado al Congreso. La Lliga se abstiene. Miguel Maura fracasa cuando trata de poner un poco de orden en la confusión jurídica y política. José Antonio Primo de Rivera lanza algunas observaciones de insólita dureza.
El 21 de marzo de 1935 se toma en consideración una de las tres acusaciones dirigidas contra Azaña pero el 20 de julio los radicales, que en aquella fecha de marzo habían votado contra él, se negaron a consumar la comedia. Terminó así, en frío y sin beneficio para nadie, el intento de proceso parlamentario contra Azaña; el judicial se había liquidado antes, cuando el 2 de abril se dictó auto de terminación de la causa y el 6 del mismo mes, auto de sobreseimiento libre, ante la la ausencia de pruebas. Sólo quedaba el encono de un intento inhábil, sectario y fracasado. Bien caro lo pagarían las derechas y su animoso portavoz periodístico, cuya imaginación le había llevado el 7 de octubre a transcribir el «discurso faccioso» pronunciado en Barcelona por Manuel Azaña.
Los rumores sobre las atrocidades de la represión en Asturias acallaron toda otra noticia. A fines de octubre se había hecho cargo de la Diputación asturiana la comisión gestora presidida por Fermín Landete. El 18 de noviembre llegó a Oviedo el nuevo gobernador civil general nombrado por el Gobierno con poderes especiales para Asturias y los territorios anejos que habían estado sometidos a las convulsiones del mes anterior. Ángel Velarde llegaba precedido de justa fama por su actuación en Vizcaya y se dispuso a emprender la difícil reconciliación del país. El 20 de noviembre, desaparecido todo peligro de reavivamiento de los focos revolucionarios, se celebró con especial alborozo el licenciamiento de reemplazos.
El general López Ochoa reorganiza, con muchos menos efectivos, las tropas del que aún se seguía llamando Cuerpo de Ejército de Asturias y el 6 de diciembre cesa también en sus funciones de mando, sustituido el Antonio Aranda, que desde días antes ejercía el mando militar de la zona, en funciones. Por ley de 14 de diciembre se concede un crédito de diez millones de pesetas para la reconstrucción de Asturias y zonas limítrofes; el 21 de diciembre se aprueba otro complemento de crédito de 60 millones más para el mismo fin, de cuya administración se encarga una Junta de Socorro. Pero de vez en cuando surge una noticia que trae oscuros presagios. Así, el 14 de agosto de 1935, la Guardia Civil de Sama de Langreo encuentra en una cueva del monte 160 fusiles, 600 peines de ametralladora y 200 cartuchos de dinamita, en estado de utilización inmediata.