Dublín
Mientras Philomena Lee trabajaba duro en la lavandería de la abadía de Sean Ross, el Gobierno irlandés empezaba a abrir los ojos a un problema que hacía tiempo que intentaba ignorar.
Durante aquel interminable y caluroso verano de 1952, Anthony Lee era solo un bebé más entre la multitud que había en las instituciones para madres solteras de la República, que en su mayoría estaban a reventar. Cuando Joe Coram hizo un estudio de las cifras para dárselas al ministro, calculó que más de cuatro mil hijos ilegítimos de todos los rincones del país estaban a cargo de la Iglesia y que había pocas expectativas de que el número se redujera.
A Frank Aiken no le iba a gustar la batalla que se avecinaba. A la mañana siguiente del artículo sobre Jane Russell, él había actuado —con retraso— con el fin de proteger los intereses de su ministerio. Le había dicho a la Dáil[3] que la información del periódico «no era correcta cuando afirmaba que se le había concedido el pasaporte al niño para que pudiera ser adoptado en Estados Unidos». Sabía que aquello era engañoso, pero no podía hacer nada más. Dijo que la señora Russell había asegurado al consulado que solo pretendía llevarse tres meses de vacaciones al pequeño Tommy. Pero, al mismo tiempo, había dictado un telegrama urgente dirigido a todos los consulados y las embajadas irlandeses en el que daba instrucciones para que, en el futuro, remitieran al ministerio todas las solicitudes de pasaportes para niños menores de dieciocho años. «El asunto de la reciente expedición de un pasaporte a un menor de edad que una actriz estadounidense se llevó a Estados Unidos ha recibido una enorme publicidad no deseada. La razón de esta orden es el deseo de asegurar que no vuelva a expedirse ningún pasaporte irlandés en tales circunstancias».
A la mañana siguiente, Joe Coram se sentó a redactar el informe político que Aiken le había exigido. Era consciente de lo que estaba en juego y de las susceptibilidades de los involucrados: el Gobierno había dado rienda suelta a la Iglesia para que llevara la gestión de los hijos ilegítimos en todo el país, en parte porque este estaba mal dotado para abordar por sí mismo el problema y en parte porque Eamon de Valera dependía en gran medida del apoyo del arzobispo de Dublín, John Charles McQuaid. Pero Joe todavía poseía parte del idealismo de su juventud y aquel informe era una oportunidad para conseguir que el ministro hiciera algo al respecto de un escándalo nacional. Joe escribió:
Existe un mercado de niños en Estados Unidos. Y, entre ciertos estadounidenses, Irlanda disfruta de una reputación notable como lugar donde se pueden conseguir niños en adopción sin demasiada dificultad.
Durante los últimos años, hemos visto emerger un verdadero mercado de bebés que cruzan el Atlántico en dirección oeste. No hay nada que impida a nadie venir a este país y llevarse a un niño en adopción.
La situación, en gran medida, surge de la actitud de la jerarquía católica romana. Como sabe, el Gobierno ha estado intentando promulgar un proyecto de ley de adopciones para introducir el control estatal en la política de adopción. Pero sus esfuerzos han topado con la oposición de la jerarquía eclesiástica, que considera que las instituciones para madres solteras son una forma apropiada de hacer que el problema —y las mujeres— desaparezca.
El interés financiero de la Iglesia es considerable. Las monjas reciben un pago por parte de los padres adoptivos, especialmente de aquellos procedentes de Estados Unidos, y no se verifica lo suficiente la idoneidad de los hogares a los que los niños son enviados. El caso de Jane Russell es la punta de un iceberg mucho mayor.
Una de las verificaciones que las autoridades eclesiásticas siempre llevan a cabo es la de la creencia religiosa de la familia adoptiva. Estos son los extractos más relevantes de la directiva del arzobispo McQuaid.
A continuación se exponen las condiciones requeridas por Su Ilustrísima el arzobispo antes de permitir la adopción de un niño católico por un estadounidense u otra familia extranjera:
1. Los potenciales padres adoptivos deben contar con una recomendación escrita del director del comité de beneficencia católica de la diócesis a la que pertenecen y del sacerdote de su parroquia.
2. Los potenciales padres adoptivos deben adjuntar los correspondientes certificados médicos que demuestren que no están eludiendo voluntariamente la paternidad natural.
3. Los potenciales padres adoptivos deben realizar una declaración jurada asegurando que criarán a su hijo en el catolicismo y de que educarán al niño adoptado durante toda su etapa escolar en colegios católicos.
Como podrá observar, no se lleva a cabo comprobación alguna sobre la idoneidad de los padres adoptivos para quedarse con el niño, el único criterio es el de la fidelidad religiosa. Aun así, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha aceptado las reglas de McQuaid considerándolas «muy satisfactorias» y expedimos pasaportes a cualquier niño a petición del arzobispo. El Ministerio de Asuntos Exteriores no tiene ningún control sobre ello, carecemos de la información más básica y el Gobierno ha sido reacio a enfrentarse a la jerarquía eclesiástica en relación con este asunto.
Actualmente, nos encontramos ante un comercio incontrolado de compraventa de bebés irlandeses y, aunque hasta ahora lo hemos mantenido relativamente en secreto, sería difícil de defender en caso de que se hiciera público el verdadero alcance del mismo.