LA POLICÍA
Ya se ha demostrado al principio de este volumen que el poder de las fuerzas del orden público de la República se desmoronó con el impacto de la rebelión militar y la revolución social. La Guardia civil, la policía secreta y los Guardias de Asalto se desintegraron a consecuencia de las deserciones en gran escala a la causa rebelde y la asignación de sus funciones a las unidades de las milicias improvisads por las organizaciones obreras.
«[Estas fuerzas] —declaró Ángel Galarza, ministro de la Gobernación en el Gobierno de Caballero—, mejor o peor, con más acierto, unos con absoluta buena fe, otros llevados de pequeñas ambiciones y malos instintos, habían realizado en la retaguardia una función… pero eran las únicas fuerzas que en un momento determinado se podían utilizar contra el fascismo en las poblaciones».[1]
Con sólo los restos de los Cuerpos de Policía de la República a su disposición,[2] el Gobierno liberal formado por José Giral el 19 de julio de 1936 era impotente ante el terror revolucionario ejercido por las organizaciones de la clase obrera, a través de sus escuadras de policía y patrullas que llevaban a cabo registros, detenciones y ejecuciones sumarias.[3] Ni el Gabinete Giral ni ninguno de los gobiernos que le sucedieron, hubieran podido frenar este terror y establecer su autoridad ante los ojos del mundo occidental, sin reconstruir y ensanchar las fuerzas del orden público bajo su control. Sobre este punto, los comunistas, socialistas y republicanos estaban de acuerdo, aunque es cierto que tenían sus respectivas ideas en cuanto a quién controlaría dichas fuerzas a la larga.
El primer paso significativo en la reconstrucción de las fuerzas del orden público fue dado por el Gabinete Giral el 31 de agosto de 1936, con la promulgación de un decreto disponiendo la purga y reorganización de la Guardia Civil, que desde aquel momento se denominaría Guardia Nacional Republicana.[4] Durante el Gobierno de Largo Caballero se reclutaron para este cuerpo[5] millares de nuevos miembros, y lo mismo sucedió con los guardias de asalto cuyos efectivos se aumentaron en veintiocho mil hombres a principios de diciembre, según el ministro de la Gobernación Ángel Galarza.[6] No menor importancia tuvo el crecimiento de los carabineros, cuerpo compuesto de oficiales de aduanas y guardias dependientes del Ministerio de Hacienda que, como la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, se había desmoronado con el golpe de la insurrección militar y la revolución. Aunque el Gobierno Giral proyectó reorganizar y utilizar este cuerpo como fuerza de orden público, contra el ala izquierda de la revolución, su reorganización y ensanchamiento no fueron emprendidos en serio hasta que Juan Negrín asumió el control del Ministerio de Hacienda, cuando el Gabinete Caballero se formó en septiembre de 1936. En pocos meses, los carabineros que antes de la guerra sumaban aproximadamente 15 000 en todo el país,[7] en abril de 1937 ascendían a un total de cuarenta mil hombres sólo en la zona izquierdista, esto es, en la mitad de España aproximadamente.[8] Para decir verdad, algunos de ellos servían en el frente, pero era bien sabido que la mayor parte se mantenía en la retaguardia.[9] El hecho de que este cuerpo fuese reorganizado, en parte, con vistas a reducir al orden al ala izquierda de la revolución quedó realzado por el tono amenazador de un discurso de Jerónimo Bugeda, subsecretario de Negrín, dirigido a un grupo de carabineros:
«Sois —declaraba— portadores de la voluntad revolucionaria de España; guardianes del Estado que España quiera darse, y los ilusos que piensen que es posible una situación caótica de indisciplina y libertinaje sociales, están totalmente equivocados, porque el Ejército del Pueblo y vosotros, carabineros, porción ilustre de este Ejército, sabréis evitarlo».[10]
Paralelamente a la reorganización de las fuerzas del orden público, el Gobierno de Largo Caballero inició los pasos para someter a control a las escuadras y patrullas de las organizaciones obreras. Poco después de subir al poder publicó un decreto disponiendo su incorporación a las «Milicias de vigilancia» que, bajo la autoridad del Ministerio de la Gobernación, estaban destinadas a colaborar con las fuerzas de la policía oficial en el mantenimiento del orden interno.[11] Todos los milicianos que desempeñaran funciones de policía sin pertenecer al nuevo Cuerpo serían considerados como «facciosos», concediéndoles prioridad si deseaban enrolarse en las fuerzas de la policía regular.[12] En realidad, el decreto mostró pronto no ser más que un paso preparatorio hacia la incorporación de las escuadras y patrullas de las organizaciones obreras a las fuerzas, armadas del Estado.[13] Pero mientras los miembros de los partidos comunista, socialista y republicano estaban dispuestos a aprovecharse de la oportunidad de ingresar en el cuerpo de policía oficial, los anarcosindicalistas se contenían y en muchos lugares se adherían tenazmente a sus propias escuadras y patrullas en desafío al Gobierno. Lejos de asentir a la absorción de su propia milicia por el Estado, algunos de los elementos más resueltos pidieron, por el contrario, que el cuerpo de la policía gubernamental se disolviera y que sus miembros fueran incorporados a las milicias de las organizaciones obreras.[14]
Pero fue una demanda vana; pues el Gobierno, fortalecido por el cuerpo de policía reorganizado y por el asentimiento tácito, si no explícito, de los ministros de la CNT-FAI, comenzaba a desarmar y arrestar a los recalcitrantes y a apoderarse de la administración del orden público, una localidad tras otra, donde los anarcosindicalistas habían mantenido el control desde los primeros días de la guerra civil.[15]
Paralelamente a la reconstrucción de las fuerzas del orden público, estaban teniendo lugar cambios importantes en el campo de la justicia. Los tribunales revolucionarios establecidos por las organizaciones obreras en los primeros días de la guerra,[16] iban siendo desplazados gradualmente por una forma legalizada de tribunales compuestos de tres miembros de la carrera judicial y catorce miembros de los partidos del Frente Popular y organizaciones sindicales.[17] Aunque los decretos disponiendo la creación de nuevos tribunales fueron promulgados por el Gobierno de Giral a finales de agosto de 1936, no fue sino después de varias semanas de la entrada de la CNT en el Gobierno Caballero, en noviembre, cuando comenzaron a funcionar en todas las provincias del campo izquierdista.[18]
Mientras la reorganización de las fuerzas del orden público iba teniendo lugar gradualmente, los comunistas hacían pleno uso de su habilidad en el proselitismo, difamación e infiltración para asegurarse una posición de predominio.[19] Además, ayudados por sus seguidores, tanto declarados como encubiertos, en lugares destacados, por la timidez si no la complacencia de muchos socialistas y republicanos, se aseguraron puestos fundamentales dentro del aparato policial reconstruido. Por ejemplo, el teniente coronel Burillo, comunista declarado, fue nombrado Jefe de policía de Madrid; Justiniano García y Juan Galán, también miembros del partido, fueron hechos jefe y subjefe, respectivamente, de los Servicios Especiales (departamento de Información del Ministerio de Gobernación),[20] mientras otros dos eran destinados a puestos vitales de la administración policial, uno nombrado Comisario General de la Dirección General de Seguridad, encargado de los nombramientos, traslados y disciplina de la policía, y el otro jefe de la Escuela de Policía, el centro de adiestramiento de la policía secreta, que formaba los cuadros del nuevo cuerpo de la policía secreta.[21]
Desde el momento de su creación, este cuerpo, más importante en último análisis que ningún otro de las fuerzas uniformadas del orden público, se convirtió en un mero brazo de la policía secreta soviética, que debido a la posición importante que España ocupaba entonces en la diplomacia soviética; se había establecido en el campo izquierdista en los primeros meses de la guerra. Según el general Walter Krivitsky, jefe de Información soviética en Europa Occidental, se celebró en Moscú el 14 de septiembre de 1936 una conferencia de emergencia en la que Sloutski, jefe de la División Extranjera de la GPU estaba presente.
«Por Sloutski —añade— supe que en esta conferencia fue designado un veterano oficial de su departamento para establecer la Ogpu (GPU) en la España leal. El elegido fue Nikolsky, por otros nombres Schweed, Lyova u Orlov.[22]
Pocas semanas después la GPU, en intima asociación con los comunistas españoles, con los criptocomunistas y con la policía secreta española, y centrando su atención principalmente en los oponentes del ala izquierda de la política soviética, se convirtió en la fuerza decisiva para determinar el curso de los acontecimientos en el campo antifranquista. Krivitsky escribe:
«La Ogpu (GPU) tenía sus prisiones especiales. Sus unidades llevaban a cabo asesinatos y secuestros. Llenaba los calabozos clandestinos y hacía incursines volantes. Funcionaba, por supuesto, con independencia del Gobierno legal. El Ministerio de Justicia no tenía ninguna autoridad sobre la Ogpu, que constituía un imperio dentro de un imperio. Era un poder ante el cual hasta algunos de los más altos funcionarios del Gobierno Caballero temblaban. La Unión Soviética parecía tener un asidero en la España leal como si fuera ya una posesión soviética».[23]