CONTRA LOS COMITÉS REVOLUCIONARIOS
Mientras los líderes anarcosindicalistas alentaban la esperanza de que la participación del movimiento libertario en el Gabinete les capacitaría con más probabilidades de éxito para defender sus conquistas revolucionarias, los líderes comunistas, por otro lado, con los ojos vueltos hacia las democracias occidentales, esperaban que esta participación, al realzar la autoridad del Gobierno entre las masas de la CNT y la FAI, facilitaría la reconstrucción del destrozado aparato del Estado, y además les habilitaría, bajo la capa de una superestructura democrática, para reunir en sus manos todos los elementos del poder del Estado apropiados por los Comités revolucionarios al estallar la guerra civil. Además, esperaban que la entrada de la CNT en el Gobierno aceleraría la sustitución de estos Comités —que además de asumir los poderes del Estado habían reemplazado las funciones normales de los municipios y de otras corporaciones locales— por órganos regulares de administración, órganos que habían sido echados en olvido o habían cesado de funcionar desde el primer día de la revolución.[1]
Esta política representaba un cambio radical para los comunistas, que al tiempo del levantamiento izquierdista en Asturias en 1934 habían pedido la sustitución del Estado republicano por órganos revolucionarios de poder.[2] Estaba también en contraste con la política proseguida por los bolcheviques rusos en 1917; pues mientras éstos habían dirigido sus esfuerzos durante los primeros meses de la revolución a sustituir los viejos órganos de Gobierno por los soviets, en la revolución española los comunistas lucharon por reemplazar los comités revolucionarios por órganos regulares de la administración.
«… parece haberse desatado una epidemia de Comités exclusivistas de los más variados matices y con las funciones más insospechadas —se lamentaba el órgano comunista Mundo Obrero, a principios de la guerra—. Nosotros declaramos que todos y cada uno debemos estar interesados en la defensa de la República democrática, y por ello cada uno de los organismos que se creen deben reflejar exactamente la composición y los propósitos que animan al Gobierno que todos nos hemos comprometido a apoyar y defender. Es una necesidad de guerra que avalan numerosos factores, tanto de índole nacional como internacional y a los cuales debemos acompasar el ritmo de nuestro paso».[3]
En contraste con el punto de vista comunista —compartido por socialistas y republicanos— de que los Comités, que en la mayoría de los casos estaban dominados por los miembros más radicales de la CNT y la UGT y cuya autoridad era prácticamente ilimitada en sus localidades respectivas, deberían dar paso a los órganos regulares de la administración, en la que todos los partidos que formaban el Gobierno debían estar representados, y cuyos poderes deberían ser circunscritos por las leyes del Estado, los anarcosindicalistas sostenían que estos organismos revolucionarías deberían, por el contrario, convertirse en las piedras fundamentales de la nueva sociedad.
«Los Comités… —declaraba CNT, principal periódico libertario de Madrid— son órganos creados por el pueblo para oponerse a la insurrección fascista… Sin estos Comités, que reemplazaron a las administraciones municipales y provinciales así como a otros muchos órganos de la democracia burguesa, hubiera sido imposible resistir al fascismo. Son Comités revolucionarios creados por el pueblo para hacer la revolución… Con esto no queremos significar que España ha de dividirse en cientos de Comités desparramados. Deseamos que la reconstrucción de la sociedad española… se base en los órganos que han partido del pueblo, y nos gustaría que trabajaran de acuerdo unos con otros. Nuestra primera intención al defenderles es impedir el resurgimiento de esos órganos y normas burgueses que naufragaron tan lastimosamente el 19 de julio».[4]
Dentro del Gabinete, sin embargo, los ministros de la CNT-FAI se sometieron paso a paso a sus oponentes, que aplicaron una presión constante para terminar con el poder de los Comités, sobre la base de aplacar la opinión extranjera y reforzar las perspectivas del Gobierno de asegurar el envío de armas desde las potencias occidentales. Federica Montseny, una de los cuatro ministros anarcosindicalistas en el Gabinete, escribe:
«… la argumentación de socialistas, republicanos y comunistas era siempre la misma: necesidad de dar una apariencia legal a la España republicana, de calmar el pudor sublevado de franceses, ingleses y americanos. La verdad, la de siempre: el Estado, que recobraba sus posiciones perdidas, y nosotros, los revolucionarios, que, dentro ya del Estado, debíamos contribuir a ello. Por eso se nos llevó al Gobierno y nosotros, que no fuimos por eso, pero que en él estábamos, no teníamos más remedio que quedar encerrados dentro del círculo vicioso. Lo que sí puedo afirmarle es que defendimos el terreno palmo a palmo, aunque lo perdiéramos al fin, y que jamás se obtuvieron nuestros votos para nada que cercenase las conquistas de la revolución sin antes estar autorizados por el Comité Nacional de la CNT en el que había una representación permanente del Comité Peninsular de la FAI».[5]
En consecuencia, el Gobierno, con la conformidad de los miembros de la CNT, aprobó decretos que lejos de dar validez legal a los Comités, como la CNT había esperado al entrar en el Gabinete,[6] disponían su disolución y sustitución por consejos ordinarios provinciales y municipales, en los que iban a estar representados todos los partidos adictos al Frente Popular, así como también las organizaciones sindicales[7] con la consiguiente amenaza para la posición predominante de los anarcosindicalistas en innumerables ciudades y pueblos, y colocando a los espíritus más revolucionarios en una situación de antagonismo ante la jefatura de la CNT y la FAI.
Es comprensible que Largo Caballero, a pesar de su postura revolucionaria antes de la guerra y el hecho de que la UGT, que controlaba, contara con una posición dominante en los Comités de muchas ciudades y pueblos, hubiera hecho causa común con los comunistas y otros miembros del Gobierno en el asunto de su disolución, si bien sólo debido a su preocupación por la opinión extranjera. Cuando poco después de hacerse cargo del poder declaró que era necesario sacrificar el lenguaje revolucionario a fin de ganarse la amistad de las potencias democráticas,[8] debió haberse dado cuenta de que sus esfuerzos para asegurar la ayuda anglo-francesa no podían limitarse solamente a las adhesiones verbales a la Constitución republicana, y que sería necesario disolver los órganos revolucionarios que habían asumido las funciones del Estado. Pero aparte de la cuestión de la opinión extranjera, los partidarios del Gobierno tenían otros motivos convincentes para oponerse a los Comités, siendo el principal que chocaban con su autoridad y obstruían su labor en casi todas las esferas.[9]
«Hoy —comentaba Claridad, portavoz de Largo Caballero—, no son, no pueden ser esos órganos más que estorbos de una labor que corresponde única y exclusivamente al Gobierno del Frente Popular, donde participan con plena responsabilidad representantes de todas las organizaciones políticas y sindicales del país».[10]
Y el órgano comunista, Mundo Obrero, declaraba:
«Es discutible si en los primeros momentos de la guerra civil fueron precisos los numerosos organismos que se crearon en los pueblos y en las ciudades de la España leal. Lo que no puede ponerse en duda es que en la hora actual no sólo no benefician la marcha favorable de los acontecimientos, sino que entorpecen grandemente la obra gubernamental».[11]
La crítica de los comités sobre este punto procedía no sólo de los comunistas y socialistas; hasta Juan Peiró, ministro anarcosindicalista de Industria, admitió que interferían con las funciones gubernamentales.
«El Gobierno da una orden —declaraba en un mitin de la CNT, unas semanas antes de la promulgación de los decretos— y luego se interfieren unas consignas de los Comités locales. Para ordenar todo, todo se desorganiza. (Rumores). O sobra el Gobierno, o sobran los Comités (Voces: ¡sí!) ¿Qué quieren decir esas voces? ¿Que sobran los Comités? (Voces nuevas: ¡Sí! ¡No!)… Los Comités no sobran… Lo que hace falta es que sean elementos auxiliares del Gobierno».[12]
Debido a las fisuras en el movimiento libertario sobre la cuestión de disolver los comités, hubo una gran distancia entre la promulgación de los decretos y su verdadera ejecución, y en un gran número de localidades, donde los anarcosindicalístas tenían una ascendencia indiscutible, y aun en algunas donde la UGT, menos radical, dominaba también, los comités subsistieron a despecho de la oposición gubernamental.[13]
«Los que defienden la existencia de una red de comités de toda naturaleza —insistieron los comunistas— se olvidan de algo muy esencial: que en los momentos que vivimos nada puede sernos tan perjudicial como la diseminación del Poder. Ya sabemos que los compañeros que abogan por los Comités no quieren que España quede atemorizada por la labor dispersa de centenares de Comités; pero, en cambio, consideran que los órganos de la democracia no sirven para la hora presente. Lo cual es un error. Porque, si de un lado, hemos de defender la estructura democrática del Estado, porque ello se ajusta al período actual de la revolución y por necesidades imperiosas de ganar la guerra, no se explica que nadie piense en convertir toda esa estructura y órganos que le dan vida en mera decoración».[14]
Pero la persuasión por sí sola no podía asegurar el cumplimiento de los decretos. Sólo con la reorganización de los cuerpos de policía de la República podía el Gobierno imponer su voluntad y centralizar en sus manos todos los elementos del poder del Estado, asumidos por los comités revolucionarios. Y de esto estaba convencido hacía mucho tiempo el Gabinete de Largo Caballero, como ahora se verá.