El 23 de agosto de 1940 Buenos Aires sufrió un impacto emocional. El diario “Crítica” alcanzo ese día una tirada record. ¿Qué había ocurrido? Un político, un diputado nacional, se había quitado la vida. El hecho se comentaba en los concurridos cafés de avenida de Mayo, en los alrededores del congreso y llegaba hasta los barrios alejados del centro, casi siempre impermeables a la política, pero que esta vez había sido sacudidos por la raíz sentimental de este suicidio
“La Prensa” trajo la noticia casi con vergüenza, apenas 6 líneas de cuerpo 7. “Falleció el diputado nacional Víctor Juan Guillot”. “La Nación” fue un poco más amplia e informar que el legislador se “había quitado la vida”. Agregaba que la esposa del ex legislador, Laura Alcira Monzón de Guillot, se había negado a que velaran a su esposo en el Congreso. Por El velatorio —realizado en el domicilio de la familia Guillot, Cangallo 2630— desfiló una interminable fila de políticos radicales. El silencio, con mucha preocupación en los rostros. Afuera se había reunido el vecindario, que rumoreaba sordamente cuando veía entrar a algún dirigente político.
—A Guillot lo llevaron al suicidio. La culpa la tiene los políticos. En el asunto de El Palomar están metidos todos… y los platos rotos los paga Guillot, el que menos tuvo que ver con el asunto.
EL PALOMAR. Esas eran las palabras que tenían preocupado a todo el país en el año difícil de 1940, justamente cuando los alemanes victoriosos en Francia, lanzaban la brutal “blitzkrieg” aérea contra la capital de Inglaterra, Londres.
El argentino medio asistió atónito en agosto de ese año a la investigación del “affaire” de las tierras de El Palomar, donde aparentemente estaban emporcados desde el presidente de la Nación hasta conocidos diputados radicales y conservadores, pasando por el ministro de guerra y otro general de la Nación. Todo esto con un presidente, el doctor Roberto M Ortiz, enfermo de muerte, casi ciego, que trataba de reivindicarse históricamente haciendo cumplir la ley Sáenz Peña, el respeto del sufragio, cosa que lo llevó al enfrentamiento con los conservadores, representados por el propio vicepresidente Castillo.
El 5 de julio de ese año, Ortiz delega a Castillo por consejo médico. La junta de facultativos le aconseja reposo absoluto. Pero no era con reposo absoluto que Ortiz se iba a reponer. La diabetes no se lo permitiría y será así que ya no regresará al poder. Pero antes debería afrontar las consecuencias del “affaire” que quizá haya tenido más resonancia en nuestra historia política. La investigación del mismo se desarrolla como una apasionante novela policial. Paso a paso van quedando al aire todos los hilos de la urdimbre del negociado. Caen personajes, y otros padres de la patria deben realizarse múltiples explicaciones para salir del paso. El pueblo es el gran espectador. El porteño se siente justificado en su sempiterno pesimismo: “son todos iguales” “no va a pasar nada”, “se van a cubrir entre todos”.
Pero no es así. Los hechos demuestran que no todos son iguales. Que hay hombres en el Senado que no se dejan intimidar por las presiones y que, a veces con apasionamiento, a veces con gran temor por las consecuencias, van haciendo luz en el asunto, caiga quien caiga.
En julio, y ya antes, todo el mundo habla del negociado de El Palomar, aunque a ciencia cierta nadie conoce los detalles. En los pasillos del congreso, En pasos Perdidos, en las asambleas partidarias, se habla en voz baja y todo misterioso. Los rumores exigen una investigación, ya no cabe otra instancia. ¿Pero quién le pone el cascabel al gato?
En el Senado de la Nación hay un personaje curioso. Es un viejito provinciano casi octogenario que ha asombrando a la Cámara Alta con sus discípulos mechados de frases altisonantes y de citas de Víctor Hugo y Gaspar Núñez de Arce. Los planteos del senador jujeño Benjamín Villafañe son temidos aun temidos por las personas más probas. Porque cuando comienza a hablar arrasa con todo. No queda títere con cabeza, y guay de quien quiera interrumpirlo. Será anatematizado. Tiene una voz francamente chillona y es sordo. Muchas veces recurre al instinto directo y, cuando su contrincante le va a responder, desconecta su aparato audífono y mira al techo. En la sesión del 16 de mayo, cuando se había terminado una discusión acalorada sobre el proyecto de Sánchez Sorondo acerca de la interpelación al ministro del Interior por la intervención de las provincias de Buenos Aires y Catamarca, el senador Villafañe, como un francotirador, saca de la manga una bomba y dice con voz monocorde que trae “algo que no se puede menos de calificar de horroroso”. Es la denuncia de las tierras de El Palomar, que se acaba de dar en un pasilla el periodista nacionalista José Luís Torres, de la revista “Ahora”. Y propone que sobre tablas se apruebe la formación de una comisión investigadora integrada por senadores de todas tendencias políticas. El vicepresidente Castillo ve enseguida la gran posibilidad la gran posibilidad política del proyecto. En la Cámara Alta nadie se opone. Es el arma secreta que poseerán los enemigos de Ortiz para hacerlo trastabillar y, al mismo tiempo, terminar con su programa de elecciones libres en todas las provincias.
Castillo sabe que sólo se necesita una investigación absoluta imparcial para que la verdad salga a luz. Y por eso designa a tres hombres de distintas tendencias, insospechados: Alfredo L. Palacios, socialista; Gilberto Suárez Lago, conservador de Mendoza; y Eduardo Laurencea, radical.
Villafañe, autor de un libro llamado “La chusmocracia”, ha dicho, para consternación de los que lo oyen, que el asunto de El Palomar “está afectada la dignidad del ejército”.
Comienza la investigación. El trabajo que se tomaron Palacios y Suárez Lago es increíble. Cuando se lee el voluminoso despacho con decenas de enterratorios parece mentira que en tan poco tiempo pudieran trabajar tanto y con tanta ecuanimidad.
El 25 de julio, Palacios, presidente de la comisión investigadora, anuncia la admisión del senador Laurancena a dicho organismo. Es reemplazado por González Iramaín. Es que ya la comisión ha comprobado la culpabilidad del ex diputado Aguirrezabala, pariente directo de Laurencena.
El 8 de agosto, ante un recinto que aguarda sus palabras, Palacios anuncia que ha llegado a su fin la investigación. “Ayer hemos firmado el despacho —dice— con gran amargura en el alma pero con convencimiento profundo de que servíamos lealmente al país”. Se aprueba que el despacho sea tratado en el sesión del 19 de ese mes. ¿Cómo es el negociado? En pocas palabras, éste fue el trámite: dos particulares, Jacinto Baldasarre Torres y Néstor Luís Casás, compraron 222 hectáreas en El Palomar a 65 centavos el metro cuadrado, y en el mismo momento de firmar las escrituras se la vendieron a la Nación a 1,10 pesos el metro. ¿Ganancia neta? Un millón de pesos limpio de polvo y paja. Alrededor de 2.000 millones de pesos ahora.
Pero para llegar a esa ganancia se han necesitado años de trabajos, múltiples entrevistas, gestiones inacabables y, por sobre todo, el soborno o, mejor dicho, exactamente, la “coima”.
Todo comienza en 1934 cuando las señoras María Antonia Pereyra Iraola de Herrera Vegas y María Luisa Pereyra Iraola de Herrera Vegas, propietarias de las 222 hectáreas en el Palomar, ofrecen el terreno al ministerio de Guerra a un peso el metro cuadrado. Las tasaciones, empero, de la Dirección General de Ingenieros del Ejército señalan que esos terrenos son anegadizos y de poca calidad, y fijan un precio máximo de 19 centavos por unidad métrica. Las propietarias hacen múltiples gestiones para que el ministerio cambie de opinión, pero éste se mantiene impertérrito: las tierras sólo cuestan 19 centavos el metro cuadrado.
Pasan tres años. El 24 de diciembre de 1937, las señoras de Herreras Vegas hacen saber al director general de Ingenieros, general Juan Bautista Molina, que retiran la oferta de venta.
Dos días antes, las propietarias habían firmado un contrato de compraventa de las tierras con el señor Néstor Luís Casás, a 65 centavos el metro cuadrado. Se da un plazo de 120 días para la firma de la escritura. Y ahora si comienza el trabajo febril de Casás a través de su apoderado, Jacinto Baldassarre Torres para volver al Estado esas tierras sin gastar un solo centavo y obteniendo una ganancia líquida da casi el cien por ciento.
Por eso, el primer paso de Baldassrre Torres es ir a verlo al ministro de Guerra, general Partiné. Por ello se hace presentar por el general Alonso Baldrich, muy amigo de Baldassarre Torres. Pretiné escucha a éste pero le dice que su ministerio no tiene dinero, que le interesa el terreno pera ensanchar las instalaciones del Colegio Militar y para unificar todo el acantonamiento de Campo de Mayo, pero que definitivamente su ministerios no disponía de fondos para realizar tal compra.
Y aquí, Baldassarre Torres le insinúa: “¿Y si el congreso vota una partida especial en el presupuesto del próximo ejercicio?” “Ah, entonces, encantado”, le responde Pretiñe.
Comenzará entonces Baldassarre Torres el trabajoso intento de que la comisión de presupuestos y Hacienda de la Cámara de Diputados aconseje la compra de tales terrenos por el “precio de de un peso diez el metro cuadrado”. Preside la comisión de diputados demócrata nacional por Mendoza Gregorio Raúl Godoy.
Las cosas se hacen hábilmente. Se llama al ministro Partiné y al general Juan Bautista Molina al seno de la comisión para preguntarle sus opiniones sobre la compra de los terrenos. Los dos jefes militares viendo la oportunidad de ensanchar las instalaciones de El Palomar, se pronuncian favorablemente y apoyan la compra. Pero no se habla del precio. Posteriormente, en otra reunión de la comisión se propone que el proyecto diga que se autoriza la compra pagando 1,10 pesos el metro cuadrado. Protestan los diputados Julio A Noble y Américo Ghioldi señalando que no se tenía porqué poner precio, ya que éste tendría que ser determinado por las tasaciones. Este inconveniente hace tambalear los planes de Baldassarre Torres, Juan Kaiser, que salva la situación: se pondrá que para la adquisición se fije un precio de “hasta 1,10 el metro cuadrado”.
La ley de presupuesto con el artículo de las tierras el 27 de enero de 1938; la promulga el P E el 8 de febrero. El general Juan Bautista Molina se dirige al ministro de Guerra, general Pretiñe, recordándole que existe autorización para comprar las tierras, y le acompaña un proyecto de decreto del PE por el que se ordena la formalización de la compra. Pero ahí el expediente e detiene. Para desgracia —o suerte del intermediario Balassarre Torres— cambia el gobierno. Ortiz sucede a Justo. Y el general Márquez toma su primera resolución como ministro. Es justamente una nota a Baldassarre en el sentido que debe acompañar los títulos de propiedad. Pero Baldassarre Torres en el sentido no puede acompañarles por que no los tiene. Sólo posee un boleto de compra-venta, vencido ya, en el que se traspasa la propiedad a nombre de Casás. Sin embargo, Baldassarre Torres no es hombre de amilanarse, y dos días después se dirige por nota a Máquez señalándole que acompaña los títulos de propiedad de las señoras de Herrera Vega y el boleto de compra-venta de éstas a Casás. Márquez, sin dilación, lo eleva al presidente Ortiz. Pero ¡oh inconveniente! Ortiz los rechaza y, por intermedio del jefe de la Casa Militar, coronel Carlos Celso, devuelve el expediente a Márquez señalándole que deberá acompañar los títulos definitivos que atestigüen que la propiedad es de Casás.
Aquí se produce un derrumbe moral en Baldassarre Torres. Porque para acompañar los títulos definitivos había que escriturar primero, y para escriturar había que pagarles a las señoras de Herrera Vega más de un millón de pesos. Y para esto ya no convenía el negocio. Porque, ¿quién le aseguraba a Baldassarre Torres que una vez adquiridas las tierras, y pagadas, el gobierno iba a comprar? ¿Invertir tanto dinero sin seguridad? ¿Y si después del pago el presidente de la nación no firmaba el decreto? No el negocio, para ser negocio, estaba en pagar a las señoras Herrera Vegas 65 centavos con el mismo momento que a él el gobierno le pagaba 1,10. Es decir, con la suma recibida del gobierno, sacar un poco más de mitad para las propietarias reales y el resto, ganancia liquida.
Para cumplir con lo ordenado por el presidente de la República, Casás-Baldassarre tenían que desembolsar 1.450.000 pesos. Más honorarios, gastos de escritura, etc.
Al llegar a este punto tomamos las palabras del senador acusador Suárez Lago en su vibrante alegato en la sesión del 20 de agosto de 1940: “¡Cómo iban a realizar Casás y Baldassarre Torres un desembolso de ese monto dada su insolvencia, y además, sino era eso lo convenido cuando el negocio se planteó! Si todo iba a marchar sobre rieles, ¿qué significaba este entorpecimiento imprevisto? ¡Debió haber sobrevivido un indignado desconcierto y un atroz desconsuelo para esta gente! El 3 de septiembre de 1938 les comunican que debe presentar la escritura ¿Qué ocurre desde el 3 de septiembre al 20 de octubre? ¡Cuántas conversaciones, cuántos trotes, cuántos viajes en auto, cuántos cabildeos! Pero el 20 de octubre, espontáneamente —yo tomo como base la documentación enviada por el ministro de guerra, general Márquez— el capitán Giraud, jefe accidental de Campos, Propiedades y Barrios militares de la dirección general de ingenieros, le envía una nota a Casás, solicitándole quiera pasar por su oficina. ¿Qué se tenía que conversar con el señor Casás el 20 de octubre sobre el ofrecimiento de venta de la propiedad después de la orden terminante, no dejada sin efecto, impartida por el presidente de la República?”
Ahora los hechos se precipitan. No se sabe qué ocurrió en el conversación con Casás, al que acompañaba Baldassarre Torres. Lo único que se pudo comprobar son las consecuencias de esa conversación: una nota fechada el 11 de noviembre de Casás al ministro Márquez proponiéndole que, en vez de la presentación de las escrituras de la propiedad, “se haga un trámite menos engorroso”. Este trámite era en síntesis lo siguiente: hacer tres escrituraciones simultáneas: por la primera, pago de la deuda hipotecaria de las señoras Herreras Vegas al Estado que pesaba sobre los terrenos; escrituración de venta de las propietarias al señor Casás y, tercer paso, escrituración de Casás a favor del Estado. Es decir, todo al mismo tiempo y todo con el mismo dinero: el del Estado. En un solo acto, de 65 centavos a 1,10 el metro cuadrado. El 15 de noviembre se produce una orden verbal de Márquez al general Verdaguer. Esto se sabe por la nota que ese mismo día Verdaguer le eleva a Márquez: “Cumplimentando la orden verbal telefónica recibida del señor ministro, en la fecha le elevo el expediente con proyecto de decreto en acuerdo de ministro autorizando la adquisición de El Palomar. Sobre este asunto debo informar primero que el ofertante ya ha presentado a esta dirección general los documentos exigidos para justificar el carácter invocado, de conformidad al pedido que se formulara en su oportunidad como asimismo la conformidad de los acreedores hipotecarios”.
Pero la verdad era otra. Casás no había presentado nada. En sus declaraciones posteriores ante la comisión investigadora del Senado, el general Verdaguer responderá con indignación: “Señores mientras yo he sido director general de Ingenieros no he ofrecido otro precio que el de 40 centavos por metro como máximo. Si la operación se ha realizado, ha sido determinada por el poder Ejecutivo —dígase el ministro de Guerra—, del cual nosotros no somos otra cosa que instrumentos ejecutores. La responsabilidad, pues, recae sobre él”. Con el proyecto de decreto por Verdaguer eleva a Márquez se da un caso definitivo para el éxito del negociado.
Y ese paso definitivo se da el 11 de enero de 1939 cuando el presidente Ortiz estampa su firma en el decreto 21.683 autorizando la compra a un precio no mayor de 1,10 pesos el metro cuadrado.
“Ese decreto resulta inexplicable —acusa el senador Suárez Lago— porque yo no puedo suponer, mi imaginación no supera a mi perplejidad cómo pudo el ministro de guerra hacerle firmar al presidente de la República un decreto que autoriza a comprar un inmueble “de propiedad —así dice el texto— de don Néstor Luís Casás o de quien resulte propietario”. ¿Cómo se pudo llevar a la firma del presidente de la República, que el 4 de agosto ordenó terminantemente que se paraliza por completo el trámite de esta venta, hasta que Casás probara su condición de propietario, con escritura pública que acreditara la transferencia del dominio de la propiedad a su favor, cómo con esa orden y sin que ella se cumpliera cómo pudo desobedecer el ministro la orden del presidente y hacerle firmar dicho decreto? ¿Cómo hubo desaprensión para dejar de tal modo estampada la desobediencia y la situación inenarrable de autorizar la compra de un bien raíz “de propiedad de Néstor Luís Casás o de quien resulte propietario?” ¡Incomprensible!”.
Ahora ya se tiene el decreto, falta establecer el precio. Porque el decreto dice hasta 1,10 el metro. Eso ocurre el 16 de marzo de 1939. En este sentido dice el senador Suárez Lago: “El 16 de marzo de 1939 el ministro Márquez produce su espectacular salto en el vacío. Suscribe la orden urgente y terminante de que se firme el boleto de compra-venta al precio de 1,10 con el señor Néstor Luís Casás. ¡Ya no es “con quien resulte propietario” sino con quien está probado en el expediente que no es el propietario! Para él es un hecho axiomático y necesario que Casás es el propietario de la tierra”.
Ya está fijado el precio. Ahora irá todo sobre rieles. El 21 de marzo, un representante del director general de Ingenieros suscribe con Jacinto Baldassarre Torres el boleto de compra-venta por el cual este último se obliga a transferir al gobierno de la Nación el campo de El Palomar. Un día después del Poder Ejecutivo, por decreto-acuerdo 26.641, aprueba el boleto compra-venta. El 24 de abril queda consumado el hecho: con todo descaro y sin que se levante una sola voz de protesta, se firman las tres escrituras simultáneas en dependencias del Banco Central, aunque se las hace figurar en los protocolos como firmadas en la Ciudad de La Plata.
En el acto de las firmas de las escrituras se realizan tres pasos sucesivos. Primeramente el gerente de la sucursal La Plata la hipoteca que gravaba la propiedad de las señoras de Herrera Vegas. En segundo término, las señoras de Herreras Vegas venden el campo de El Palomar a Néstor Luís de Herrera Vegas representado por Jacinto Baldassarre Torres en la suma de 1.447.906 pesos. Por último, Casás le vende al gobierno nacional el mismo terreno en la suma de 2.450.303 pesos. Es decir, que en el mismo momento Casás gana la suma de 1.003.000 pesos a costa de la Nación. Pero el detalle más desvergonzado viene ahora: el pago es en orden inverso a la firma de las escrituras. El gobierno paga en primer término a Casás la suma de 2.450.303 en títulos del crédito Argentino Interno y del Empréstito de Repartición. Casás paga en segundo término a las señoras de Herrera Vegas 1.447.906 pesos en títulos del Crédito Argentino Interno y del Empréstito de Repartición. Por último, las señoras de Herrera Vegas cancelan su deuda hipotecaria que pesa sobre el terreno (723.953 pesos) al Banco de la Nación con los mismos títulos recibidos de Casás. Es decir, que Casás se ha ganada más de un millón de pesos sin poner un solo centavo. Todo se ha hecho a costa del dinero del Estado.
Pero aunque el negociado es tan evidente que hasta un niño podría darse cuenta, nadie protesta, nadie denuncia nada. Ni el escribano Cristián Fernández Madero, que autoriza las dos primeras escrituras, ni el escribano general de la Nación, doctor Enrique Garrid, que firma el tercer protocolo, ni las autoridades del Banco de la Nación.
El negociado había llegado a feliz término. Ahora había que cumplir con los que habían allanado el difícil camino de las gestiones de Jacinto Baldassarre Torres. Es aquí donde han quedado las huellas digitales de los que intervinieron en el negociado. Porque si el Estado hubiera pagado en dinero en efectivo, nunca se hubiera podido descubrir a los coautores. Pero el pago se hace en títulos y Baldasserre Torres no se molesta en vender los títulos y luego pagar los servicios. No, paga directamente en títulos, y es por eso que la comisión logra saber los nombres de los beneficiados y descubrir a los implicados.
Cuando se conocen los nombres de los que han recibido títulos de Baldassarre Torres, el país queda estupefacto. ¿Es posible que gente tan encumbrada haya podido hacer eso? Sí, es posible. Así lo dice la comisión investigadora. Con lenguaje parco y claro: “de la ganancia líquida obtenida por la venta del terreno de El Palomar, participaron las personas que a continuación se indican: Juan G Kaiser, ex presidente de la Honorable Cámara de Diputados, le produjeron 126.925,18 pesos: doctor Gregorio Raúl Godoy, ex presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, con 117.000 títulos y además 140.689,26 pesos en n cheque de Jacinto Baldasserre Torres; doctor Miguel Aguirrezabala, con 30.000 títulos los que vendidos le produjeron 25.373,85 pesos; diputados nacionales José Guillermo Bertotto y doctor Víctor Juan Guillot —actual presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados—, con 15.000 títulos que llevan juntos al Banco Español del Río de Plata. El productor de dichos títulos –12.612,8— lo recibió el diputado Bertotto”.
Añade la comisión que Títulos por calor de 35.000 pesos han sido cobrados por una señorita que se presentó con el nombre falso de Ana Gómez (este misterioso nombre lleva encerrado quizá el drama que provocó el suicido del diputado Víctor Juan Guillot). La comisión añade: “Los diputados mencionados estarían comprendidos dentro de las disposición penales que se refieren al cohecho o a las asignaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”.
Pero siguen los acusados “los señores Franklín Fernández Lusbin, empleado de Obras Sanitarias de la Nación hasta el 27 de marzo de 1939, y Agustín Marcelo Echeverría, empleado de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y ex secretario del diputado Gregorio Raúl Godoy, recibieron de Jacinto Baldassarre Torres en Títulos las sumas de 167.000 y 10.000 pesos, respectivamente: el general (S. R) don Alonso Baldrich, quien recibió del señor Jacinto Baldassarre Torres 10.600 títulos, los que vendidos le produjeron 8.871 pesos; los señores Néstor Luís Casás y Jacinto Bladassarre Torres había incurrido en notoria responsabilidad penal”.
Hasta ahí los civiles. Pero había un capítulo más interesante todavía pata la avidez pública, y que iba a tener insospechadas repercusiones políticas: el capítulo referido a las implicancias que en el asunto había tenido el propio ministro de Guerra, general Márquez.
La comisión senatorial acusa al general Carlos D Márquez de haber infringido la ley 3.727 sobre organización de los ministerios nacionales, el artículo 1º de la ley de expropiación Nº 189, y los artículos 26, 43 y 44 de la ley de contabilidad Nº 428. También, en ese sentido, se acusa al presidente de contaduría general de la Nación, doctor Mario de Tezanos Pintos. Y termina diciendo el despacho: “estaría comprendidos, por lo tanto, el señor ministro de Guerra general Carlos D Márquez, y el presidente de la contaduría general de la Nación, doctor Mario de Tezanos Pinto, en la disposición del artículo 248 del Código Penal, pues habría incurrido en la violación de los deberes de los funcionarios, con las responsabilidades civiles emergentes” .
En la sesión del Senado del 19 de agosto de 1940 concurre el general Márquez a defenderse. Su argumento principal es la urgencia de compra, y que si el Congreso había autorizado esa compre él no tenía por qué oponerse. Agrega que el precio no le parecía desmesurado porque otras tierras expropiadas en las cercanías del Campo de Mayo habían costado aproximadamente un peso el metro cuadrado. Además hace un grave cargo al general Juan Bautista Molina al decir éste “Jamás me planteó cuestión alguna ni formuló objeciones que pudieran haberme inducido a adoptar una resolución contraria”. Y vuelve a repetir una y otra vez que “hacía ya aproximadamente tres meses que el Colegio Militar estaba en su nuevo edificio y había que ocupar el terreno inmediatamente para no entorpecer el desarrollo de la instrucción diaria”.
Aquí se equivoca Márquez. Le contestará de forma implacable el senador Suárez Lago: “Según lo que hemos oído de boca del señor ministro de Guerra, general Carlos Márquez, había una extraordinaria urgencia de carácter militar en adquirir el campo. Se necesitaba como oxígeno para resolver las dificultades de la enseñanza y de la práctica de ejercicios en el Colegio Militar, pues, por las razones que dio el ministro, parecía que los cadetes se ahogaban en ese pañuelo de tierra en que está edificado el Colegio. ¡Imagino cuál sería a alegría y satisfacción del director del Colegio Militar cuando supo que se había realizado la compra de la propiedad lindera! Pero no es asó. ¡No bien comprados los terrenos a Casás, se dan en arriendo a un particular para la explotación de la industria tambera a 40 pesos la hectárea! Se pagó 11.000 pesos, señores senadores. La hectárea para enseguida arrendarla a 40 pesos anuales. ¡Oh sarcasmo irritante!”.
Y Suárez Lago, luego de este argumento irrebatible, pasea su mirada por los rostros serios e inmóviles de los demás senadores. Hay un profundo silencio. Suárez Lago sufre de algo de tartamudez, pero cuando se entusiasma en una pieza oratoria apabulla con sus gestos, sus gritos, sus argumentos. Peso casi 140 kilos, pero su banca gira y se mueve para todos lados al impulso del empuje del senador conservador por Mendoza.
Después del silencio se oye de nuevo la voz de Suárez Lago que se va levantando como un murmullo: “que cada ciudadano que ame a nuestra patria, que cada inteligencia en acción orientadora, que cada órgano que representa y que hace opinión, que casa uno y que todos, interpreten y comprendan el profundo y trascendente significado moral de la labor que hemos cumplido; que comprenden el profundo y excluyente sentido ejemplarizador de despacho y de la comisión investigadora del Senado. Así y sólo así nuestro trabajo ímprobo, nuestro esfuerzo penoso y nuestro dolor íntimo —todo en persecución de la verdad— no serán estériles. Nada más”.
El despacho se vota por unanimidad en lo referente a que se envíen a la justicia los antecedentes delictivos del negociado. La segunda parte, en la que la Alta Cámara pide a Diputados que sólo inicie juicio político contra el ministro Márquez, solo tiene la oposición de cinco senadores: Tamborín, Cepeda, Cantón, Laurencena y Eguiguren.
El escándalo gana la calle. Al ministro de Guerra se lo llama “Palomárquez”. En el teatro San Martín —que estaba situado en Esmeralda 255— se estrena la revista “Se alborotó… El Palomar”. Sobre este terreno dice el circunspecto crítico teatral de “La Prensa”: “la novedad glosa en forma humorística o satírica el negociado de la venta del terreno en El Palomar, que es de conocimiento público. Se inicia con cantable también con alusiones al mismo motivo, que se complementa con un discreto número coreográfico. Luego, otro Sketch, de formas irreverentes, con algunas ilusiones de relativo gusto. Sigue otro pasillo cómico que reproduce, en caricatura, sesiones de una Cámara de Diputados y que, también, se refiere a dicho negociado. Sobre el mismo tema va el cuadro final. Carmen Lamas, Alberto Anchart, Carlos Morganti, Vicente Climent y demás intérpretes fueron, con justicia, aplaudidos por el público”.
La situación política se pone tensa. Hay quienes interpretan que todo es una maniobra política de los conservadores para desprestigiar a Ortiz. Otros son menos generales en sus apreciaciones y se quedan en lo anecdótico. Señalan, por ejemplo, que es una venganza del senador Alfredo Palacios contra el diputado Guillot porque éste en una oportunidad le ganó de mano en un “affaire” amoroso. Otros manifiestan que los hilos los manejan sutilmente el general Justo y el ex gobernador Fresco, quien no le perdona a Ortiz haberle intervenido su providencia. Los hechos se precipitan. Mientras tanto también pesa en el ambiente lo que ocurre en el viejo Continente. Aquí, los nacionalistas que defienden el Eje luchan a calle abierta contra los de Acción Argentina. Y precisamente, los nacionalistas, que apoyan a Castillo, tratan de exagerar la trascendencia del negociado para voltear a Ortiz, que es sostenido por todas las fuerzas que apoyan a los aliados.
En su editorial del 22 de agosto, el diario “La Prensa” hace referencia a la situación institucional. En la misma exige la renuncia del gabinete, ya que “por enfermedad del Presidente de la Nación que lo mantiene alejado de su despacho desde hace dos meses, se ha creado una situación diremos no difícil pero sí complicada debido a que el reemplazante constitucional, el vice, está gobernando con ministros en cuya designación, verosímilmente, no intervino”.
Un día después se produce una noticia sensacional. Los titulares de los diarios lo expresan con letras de cuerpo “catástrofe”: “Como consecuencia de la reciente sanción del Senado sobre el negociado de El Palomar renunció el presidente de la República”.
El texto de la renuncia es dramático: “El H. Senado de la Nación me ha implicado —sin nombrarme— en su pronunciamiento sobre la investigación realizada con motivo de la compra por el estado de las tierras de El Palomar. Mi investidura resulta así salpicada en el negociado promovido por un grupo de ciudadanos inescrupulosos, algunos de los cuales son o han sido miembros de ese Parlamento, elevado jerarquía que pusieron al servicio de sus propósitos inconfesables. Nadie —que no sea un malvado— podría insinuar siquiera que yo haya encubierto o facilitado la venalidad en ningún momento de mi larga vida política y de funcionario, concepto en que incluyo al señor ministro de Guerra, el dignísimo general don Carlos D. Márquez”.
“protesto y no acepto —sigue Ortiz— la intención de vincularme a esta menguada confabulación de intereses —que repudio y condeno—, en la que se ha puesto al Poder Ejecutivo como cabeza de proceso, rompiendo el equilibrio que debe existir entre los dos poderes como condición necesaria para la permanencia de nuestra organización institucional. No se ha excluido la posibilidad de tan irritante equívoco y es por ello que envío a vuestra honorabilidad mi renuncia de presidente de la Nación Argentina, a cuya alta magistratura fui elevado el 20 de febrero de 1938 por la voluntad soberana del pueblo de la República”.
“El escándalo de las tierras de El Palomar —prosigue Ortiz— ha sido puesto enfrente de nuestro sistema democrático como si fuera una consecuencia necesaria del mismo, relación que se establece para conmoverlo. El afán de lucro deshonesto es resultante de la imperfección humana y no consecuencia de ningún orden institucional. Se ha querido establecer la verdad y eso es necesario y plausible, pero es sugerente que no se haya profundizado más la investigación a fin de poner en descubierto las raíces mismas del negociado, que apuntan en las entrelineas del proceso”.
Este es el párrafo fundamental de la renuncia de Ortiz. Habla de que “no se ha profundizado la investigación a fin de poner en descubierto las raíces mismas del negociado”. ¿Qué quería decir Ortiz? El propio presidente de la Nación denuncia que la investigación no se había realizado a fondo, que había alguien detrás de todo esto. Y, en efecto, Ortiz siempre estuvo convencido de una confabulación y que todo el negociado había sido motivado por el general Agustín P. Justo. En la asamblea legislativa que dos días después rechazó la renuncia de Ortiz, el Senador Suárez lago recoge el guante que le había tirado el presidente de la Nación y aclara un poco el ministerio de las palabras de éste en su renuncia. Es esa secesión, relata Suárez Lago lo siguiente: “Después de un mes de trabajo y aunque no poseíamos, todavía, prueba concreta alguna que individualizara nombres y fijara responsabilidades personales, teníamos, sin embrago, el juicio conjunto sobre el asunto que estábamos estudiando. Yo había percibido su sentido grave. Me apersoné al presidente del Senado, doctor Robustiano Patrón Costas. Lo informé de mis impresiones, de la convicción moral que iba formando, y le pedí que gestionara una entrevista en el domicilio particular del presidente, doctor Roberto M. Ortiz. El doctor Patrón Costas me dijo dos días después que teníamos fijada audiencia en la residencia presidencial. Concurrimos juntos. Expuse allí al señor presidente todo lo que, preveía ya entonces, como consecuencias gravísimas de la investigación, claro que, todavía, sin perfeccionar mi impresión en el detalle de las responsabilidades administrativas y personales. Le dije: señor presidente, me habría resultado inexcusable no traerle a usted este informe; informe que, naturalmente, en ningún caso podía significar subordinación de mi conducta ni de mi criterio a una norma que no fuera dictada exclusivamente por mi propio albedrío y conciencia. El Dr. Ortiz coincidió explícitamente, calurosamente, con los propósitos de la comisión de ir hasta los últimos extremos en su función investigadora, y me dijo: ¡deben ir ustedes hasta el fondo, caiga quien caiga!”.
“Esta conversación —continúo diciendo Suárez Lago— se ha realizado como digo en presencia del doctor Robustiano Patrón Costas. Es más: el primer magistrado me prometió colaboración, a cuyo efecto ofreció enviarme una cantidad de antecedentes que, me dijo, había reunido él mismo, hacía algún tiempo, cuando —enterado del rumor y reiterando de que el asunto de venta de tierras de El Palomar había significado un negocio escandaloso— él dispuso una investigación dentro de lo que ya estaba permitido en su órbita ejecutiva. Estos antecedentes —me reiteró— voy a hacerlos llegar a usted. Me señalo en particular, además, el nombre de un ex empleado de una gran repartición pública que, según la información que tenía, había participado con comisión con una utilidad grande en el negociado. Le dije: “presidente, la comisión conoce el antecedente que implica a ese ex empleado, y ya se ha dispuesto citarlo a su seno”. El señor presidente creía que atrás de dicho empleado se escondía alguien, como auténtico beneficiario de la participación que dicho individuo aparecía percibiendo… Y poco después vuelve a recalcar Suárez Lago: “recuerden los señores legisladores el detalle que acabo de dar: el presidente de la Nación creía que atrás del empleado estaba oculto un embaucador ex funcionario, quien realmente habría recibido el beneficio deshonroso, y no el empleado que cobró”.
Pero la investigación, en este aspecto, no pudo llegar a buen término, tal cual lo quería Ortiz. Porque Ortiz sospechaba del general Justo. “el ex funcionario encumbrado” era nada menos que el ingeniero Domingo Selva, ex presidente de Obras Sanitarias de la Nación, y el empleado a quien se le comprobó haber recibido dinero del negociado de El Palomar era Franklin Fernández Lusbín, ex secretario privado de Selva. Ortiz tenía comisión que el general Justo y el ingeniero Selva eran muy amigos. Fernández Lusbín fue nombre a quien manejó Baldassarre Torres (o Selva, esto no está comprobado) para obtener por medio de dinero el voto de los diputados implicados. Para abundar en más detalles diremos que la ambición del general Justo era llegar a la segunda presidencia. Por eso, cuando llegó en 1937 la hora de designar un sucesor, Justo promovió a Ortiz, sabiendo, quizás, que éste padecía una enfermedad incurable que lo llevaría a la tumba, y como vicepresidente a Miguel Ángel Cárcamo. Pero finalmente, Justo no pudo imponer la candidatura de Cárcamo a la vicepresidencia. Los conservadores lo impusieron a Ramón S. Castillo.
Pero volvamos al 22 de agosto de 1940, jueves. La gran ciudad daba entretenimiento para todos los gustos. Mientras en la avenida Mayo se armaban grescas ante las pizarras de los diarios, el gran público de la avenida Corrientes, se mantenía indiferente ante los acontecimientos políticos. En el gran Rex, el maestro Leopoldo Stokowsky daba su último concierto con gran orquesta All American Youht. En el cine Monumental, gran acontecimiento de la cinematografía local: “Flecha de Oro”, con Pepe Arias. En el teatro París —Suipacha 193— Luís Arata estrenaba “El sol de los viejos”, de Arniches y Escobar. En el cine Suipacha “llega a su novena y última semana triunfal” “Rebeca, una mujer inolvidable”, con Lawrence Oliver y Joan Fontaine.
Hacia frío en Buenos Aires. De ahí los grandes avisos de La Piedad ofreciendo “sobretodos de pura lana forro de rayón con un retazo para gorra al precio de 17,50 pesos”. Y ese día, gran oferta para las amas de casas: las Grandes Despensas Argentinas ofrecen el kilo de azúcar a sólo 0,32.
Pero en las altas esferas, el horno no está para bollos. Al saber la decisión de Ortiz concurren todos sus ministros a la residencia presidencial de la calle Suipacha. Además del gabinete, están allí el director del Banco Hipotecario Nacional, escribano Alfonso Romanelli; el rector de la Universidad, doctor Vicente Gallo; el director general de Correos y Telégrafos, Adrián C. Escobar; el director general de Ferrocarriles del Estado, ingeniero Pablo Nougués; el concejal Reinaldo Elena y el presidente del Banco de la Nación, Jorge Santamarina.
La admisión se anunció después de la visita del vicepresidente. Oficial fue dada a conocer por el ministro de Interior, doctor Diógenes Tabeada, en su despacho. Hasta tanto la Cámara de Diputados no debata el problema de las tierras, los ministros continuarán en sus carteras. Se le da licencia al ministro de Guerra, general Márquez, haciéndose cargo de ese misterio el almirante León Scasso.
Se produce una fisura en el ejército. El general Ramón Molina envía una carta al senador Palacios felicitándolo por su investigación y llevando un violento ataque al general Márquez. Otro general, Juan Bautista Molina, se dirige al senado señalando: “no puedo ocultar que he sido ingratamente sorprendido por la actitud del señor ministro de Guerra, quien, lejos de hacer su defensa frente a la acusación que pesa sobre él, se ha preocupado en atacar injustamente a sus camaradas ausentes”. Y luego rebate uno a uno los argumentos del general Márquez expuestos ante el senado. La reacción de Márquez es inmediata. Se ordena arresto a los dos agentes.
La policía mantiene guardias reforzadas en todos lo lugares claves de la ciudad. La situación puede desembocar en cualquier cosa. Al caer la tarde se organiza una manifestación que llega a la residencia de Ortiz. Entre los manifestantes que iban dando vítores a la democracia y al doctor Ortiz, avanzan los dirigentes radicales Aníbal Arbeletche, Julián Sancerni, Oscar Rosito, Camilo Stanchina, Francisco Turano, etc. Los oradores se trepanan la verja y desde allí hablan Emilio Ravignani, Emir Marcador y Mario Posse, que termina su encendida arenga con esta frase: “Morir antes que se quiebre la democracia”.
Así termina la jornada del jueves. Mientras, el Sanado remite los antecedentes de la investigación a la justicia. Se anuncia que el procurador fiscal promoverá ante el juzgado federal del doctor Jantus las acciones pertinentes.
Amanece el viernes 23 de agosto de 1940. El escándalo llegará este día a su punto culminante. Se suicida uno de los acusados: el brillante diputado nacional Víctor Juan Guillor, que une a su personalidad de legislador dotes poco comunes de escritor y periodista. Ha sido acusado de haber recibido una suma irrisoria en el negociado: 15.000 pesos junco con Bertotto. Es decir, apenas 7.500 pesos… Pero la verdad es otra y bastante desgraciada. Hay una mujer de por medio, la misteriosa “Ana Gómez”, que ha cobrado 35.000 títulos del negociado. ¿Quién es Ana Gómez? Los allegados a Guillot guardan reservas. Por ahí alguno hace resbalar una confidencia. Dice que es la bella hija del ex diputado Ferraroti. Algunos atan cabos. Y recuerdan que Ferraroti refugió en su casa a Guillot en el año 30 ante las persecuciones de Uriburu. Los que creen saber más dicen en voz baja que hay dos hijos de ese amor apasionado y que Guillot siempre ocultó la verdad a su familia… “Guillot se sentía viejo —tenía 51 años— y su sola entrada era la dieta”, dice un periodista a manera de explicación. “Él no quiso nada del negociado, pero votó a favor del proyecto porque sabía que “Ana Gómez” iba a recibir una suma que la ayudaría a educar a sus hijos”.
Se conoce una gestión personal del senador Tamborín para salvar a su amigo Guillot. Concurre a la casa de palacios y le pode que en lo posible no lo haga figurar a Guillor en el dictamen. Pero Palacios se mantiene inconmovible. Luego acusarán de vengarse de Guillot por un episodio amoroso.
La misma gestión hace el diputado conservador mendocino Godoy —uno de los principales implicados— ante su amigo Suárez Lago, el implacable senador acusador. Pero la entrevista termina con este dialogo.
—Gilberto. ¿Qué podes hacer por mí? Vos que sos mi amigo… ¡No me podes dejar en la estacada!
—Mirá, Gregorio —le responde Suárez Lago—, lo único que podría hacer por vos en este momento sería morirme.
El suicidio de Guillot conmueve a toda la opinión pública. El episodio de El Palomar tiene ahora el tinte sentimental que le faltaba al porteño. Pero a su delito, el porteño admirará esos días a Guillot comparándolo con otros políticos flojos. “Se portó como un macho, supo ser hombre ante su amor y no vendió su secreto”, dirá un orador juvenil en un acto radical en su homenaje.
Una comisión de legisladores despedirá sus restos en la Chacarita: Américo Ghioldi, José Luís Cantilo, Ismael López Merino, Romero Saccone, Fernando de Prat, Pío Pandolfo, Urbano de Iriondo y José Aguirre Cámara. Los oradores fueron: Luís Boffi, Manuel Pinto, Eduardo Araujo, Luís García Conde, Amadeo Brunetti y Carlos Alfredo Tornquist.
Pero no hay tiempo para lamentaciones. Alvear lo considera así y concurre a visitar a Ortiz —dos años antes su enemigo en las urnas— para darle su solidaridad. En cambio, los conservadores dan a conocer un comunicado en el que protestan por los términos usados por Ortiz en su renuncia.
Por la noche se realiza una concentración monstruo en el Luna Park realizada por la UGT en apoyo a la democracia, a los aliados y al presidente Ortiz. Luego de actuar los actores Gloria Ferrandiz y Fernando Ochoa hablaron los dirigentes obreros Camilo Almarza, José Doménech, Ángel Gabriel Borlenghi y Francisco Pérez Leirós. Por último luego de tomarse un “juramento democrático a la concurrencia”, se organizo una manifestación hacia la casa del presidente de la República. Centenares de personas atravesaron el centro al grito de “El país quiere a Ortiz”. La algazara duró hasta las 0.15 del sábado. Y “La prensa” anota: “Algunas señoritas que integraban la manifestación sufrieron desvanecimientos por causa de la aglomeración frente a la residencia presidencial”.
El segundo acto del drama será apurado el sábado 25. Pese al “sábado inglés” una impresionante multitud se halla concentrada frente al congreso ante una nutrida guardia de la montada. Está reunida la asamblea legislativa para tratar la renuncia de Ortiz. Comienza a las 16 y termina bien entrada la noche. El ambiente en el recinto está por demás caldeado. Hay tres posibilidades definidas: los radicales, que rechazan la renuncia y apoyan el texto de la misma; los conservadores, que rechazan la renuncia, pero censuran agriamente su texto; y los socialistas, que también la rechazan, pero que exigen el cambio de gabinete. Pero hay otra posición, una muy personal, de francotirador. Es el único que se atreve a decir la verdad, tal cual la siente. Y la dice así, brutalmente. Es el senador nacional Matías Sánchez Sorondo. Dice que la renuncia de Ortiz es el principio de la prueba que al presidente de la República le va “faltando idoneidad constitucional”, y es el único que vota aceptando la dimisión del primer mandatario para “acabar con este período de septicemia institucional”. Pero Sánchez Sorondo no puede hilvanar bien su discurso. Raúl Damonte Taborda y Agustín Rodríguez Araya lo interrumpen a cada frase para sacarlo de quicio. Al final se vota: se rechaza la renuncia por 170 votos contra 1: Delirio en los centenares que aguardan el resultado en torno al Congreso. El sábado termina con una gresca descomunal en el hall de la facultad de Medicina. Se enfrentan estudiantes de la FUA contra grupos nacionalistas. Son más de doscientos. Ocho detenidos y tres estudiantes de tenidos: Salomón Rusak, Mario Greischman y Alberto Álvarez Pereyra.
El domingo establece una pausa a tanta pasión desbordada. Son más importantes que todo eso los dos clásicos de fútbol; ante 50.000 personas River le gana a Racing nada menos que por 5ª 1. Los goles, 2 de Pedernera, 2 de Labruna y 1 de Deambrosi; el de Racing, el half José García. Boca le da una paliza a San Lorenzo: 4 a 1, con goles de Hémela, Sarlanga y dos de Gandulla; Fabrini, el del perdedor. Los iniciados de la noche porteña van al velatorio de la ecuyere “Rosita de la Plata”, la compañera del payaso Frank Brown.
El lunes 26 la comisión de Diputados resuelve aconsejar la separación del diputado radical por Santa Fe José Guillermo Bertotto, por hallarse implicado en el negociado. EL expediente Guillot se archiva “ante la trágica desaparición del inculpado”.
El invierno arrecia, la mínima es de 8 décimas bajo cero. El presidente de la Nación comunica que acepta la decisión de la asamblea legislativa retira su renuncia. Siguen los incidentes callejeros. Hay lucha a palos en un acto en un acto de la Alianza de la Juventud Nacionalista, en la que hablaron Adolfo Sánchez Zinny, José Lorenzo Bó y Alberto Bernardo, en Corrientes y Callao. Esa noche los dirigentes radicales “están en la precisa”. Saben que el general Márquez se levantará en armas y marchará hacia la casa Rosada. Hay dos personas que llevan los hilos de la conspiración: el mayor Pedro Eugenio Aramburu y el diputado nacional Emir Mercader. Al tener noticia del inmediato levantamiento —que tenía por fin reponer a Ortiz y gobernar a su nombre—, Alvear se dirige a la residencia de la calle Suipacha y conversa con el enfermo primer mandatario. Sin perder un minuto, Ortiz llama a su gabinete, incluido el propio Márquez, y rechaza el movimiento. Señala que un gobierno cuestionado por el negociado no podía hacerse cubrir por una revolución, por razones éticas. Y las aspiraciones de Márquez fracasan.
El martes 27 se produce, en cambio, un golpe de efecto para hacer olvidar y salvar las posibles culpas en el asunto de El Palomar: renuncia todo al gabinete, incluido Márquez. Pero el ejército exige que Márquez siga en el cargo hasta que se termine el juicio político que tiene que llevar a cabo la Cámara de Diputados. Los días siguientes Castillo iniciará consultas para formar ya “su” gabinete. Ortiz y su gente, con la crisis de gabinete, han salvado su honor, pero han perdido definitivamente el poder.
El jueves 29 la Cámara de Diputados, por unanimidad, separa de su seno al diputado José Guillermo Bertotto por hallarlo culpable del delito de cohecho.
El 2 de septiembre se llega al acto final: se da a conocer el nuevo gabinete nacional: en Interior, Miguel Culacciati reemplaza a Taboada; en obras públicas, Salvador Oría al ingeniero Barbieri; en Agricultura, Daniel Amadeo y Videla a Cosme Massini Ezcurra; en Relaciones Exteriores, Julio A. Roca a Cantilo; en Guerra, Tonáis a Márquez; en Marina, Mario Fincati a León Scasso; en Justicia e Instrucción Publica, Guillermo Rothe a Coll, y en Hacienda, Federico Pinedo a Pedro Groppo.
El 5 de ese mes, por 69 votos contra 27, la Cámara de Diputados rechaza el pedido de juicio político contra el general Márquez. Un día después, una tragedia hace olvidar un tanto los hechos políticos: en un accidente de aviación muere en Altos San Bernardino el presidente uruguayo, José Félix Estigarribia, y su esposa quienes meses antes habían estado en nuestro país.
Terminaban así las acusaciones políticas suscitadas por el negociado de El Palomar, unido a otros sucesos no menos condenables, como el “affaire” de CHADE, los colectivos, los “niños cantores”, etc., fueron creando un ambiente en la opinión pública que los revolucionarios del 4 de junio interpretaron correctamente al aludir, en la proclama revolucionaria, a la necesidad de moralizar la administración. Así, un suceso de orden casi policial se convertiría en una de las causas profundas de un movimiento que tendría vastas consecuencias en la política argentina.
El otro aspecto, el judicial, tuvo un trámite por demás enredado. Los beneficiados por el negociado: los ex diputados Kaiser, Godoy. Y los otros gestores: Fernández Lubín, Baldasarre y Casás, recién tuvieron la condena definitiva el 7 de abril de 1945. Kaiser y Godoy fueron condenados a seis años de prisión e inhabilitación perpetua; Aguirrezabala, Bertotto, Baldassarre Torres, Casás y Fernández Lubín, a cinco años de prisión e inhabilitación perperua, salvo Casás y Baldassarre Torres, cuya inhabilitación se limitó a nueve años. Bertotto, Kaiser, Aguirrezabala y Fernández Lusbín se hallaban prófugos en Montevideo. A Godoy se le comunicó que su pena se cumpliría el 24 de marzo de 1951. A Casás y Baldassarre Torres le pena les vencía el 26 de marzo de 1950.
Pero el presidente Juan Domingo Perón indulta en 1947 a José Guillermo Bertotto y lo recibe en la casa Rosada, a la que el ex penado concurrió en compañía de su amigo el señor Colom, director del diario “La Época”. El 6 de mayo el mismo Perón indulta a los ex legisladores Kaiser y Aguirrezabala.
¿Qué se hizo luego de los siete culpados? Salvo Bertotto, que tuvo una pequeña actuación con el peronismo como director de una biblioteca en Rosario, los demás fueron como muertos en vida. El 8 de mayo de 1948 falleció Jacinto Baldassarre Torres; el ex presidente de la Cámara de Diputados, Juan Gaudencio Kaiser, murió en Luján el 1º de febrero de 1952; el 12 de mayo de ese año fallecía en esta capital Miguel A. Aguirrezabala. El ex diputado conservador Gregorio Raúl Godoy falleció en Mendoza en 1961. En su memoria, su viuda regaló una valiosa biblioteca a la Universidad de Cuyo. Franklin Fernández Lusbín falleció en el año de 1965, a la edad de 75 años. De Néstor Luís Casás se sabe que falleció, pero se ignora en que año. El único que vive todavía es Bertotto, quien cuenta actualmente 84 años y está radicado en Rosario.
¿Y de Ana Gómez? ¿Qué se hizo de ella? ¿Quién era en realidad? En toda la investigación e guardó absoluto silencio sobre ella, como si hubiera existido un pacto de caballeros entre todos. Como si el suicidio de Guillot la hubiera lavado de todas las culpas. Sólo en el interrogatorio al contador público Mauricio Greffier —quien fue el que individualizo a los que había recibido los títulos— hay una leve referencia. Dice Greffier: “por conversaciones, dicen que es una niña de 22 años, morocha, elegante, conservadora, simpática, que el empleado recuerda perfectamente”. Eso es todo. El silencio absoluto. Silencio cómplice tal vez, pero hidalgo en el fondo. El propio Jefe de policía, general Andrés Sabalain, contesta a la comisión investigadora sobre la identificación de Ana Gómez que “no se han logrado resultados satisfactorios”; poco después contesta en el mismo tenor el jefe de la división Investigaciones, inspector general Miguel A. Viancarlos.
Quizá eran otros tiempos… en los cuales a pesar de una oligarquía dominante todavía se conservaban ciertas virtudes democráticas. Donde un parlamento era capaz de denunciar un negociado y llevar su investigación hasta las últimas consecuencias aunque en el mismo se le mancharan los galones a señores generales de la Nación. Tal vez haya sido la última vez que nuestro parlamento cumplió el gran papel como fiscal del pueblo. Luego sobrevinieron muchos gobiernos con muchos negociados detonantes. Todo el mundo habla de ellos, de las fortunas hechas de la noche a la mañana, pero nadie se atrevió a dejar desnudos antes la opinión pública a los aprovechados. Nuestros parlamentos llegaron a ser apéndices anodinos de Ejecutivos absorbentes.
Se sucedieron negociados ante los cuales, el de El Palomar queda reducido a un juego de niños. Hoy ya no se lo vería como un delito. La mayoría d nuestros generales, de nuestros altos oficiales retirados de las fuerzas armadas pertenecen a directorios de empresas extranjeras, nacionales y multinacionales. Tener un general en el directorio tranquiliza a los empresarios. Es un dinero bien gastado. Antes se decía “palomárquez” ¿Cuántas combinaciones podríamos hacer hoy entre apellidos de militares y nombres de empresas? Resultaría un “puzzle” divertido e interminable.
Por eso, vaya nuestro homenaje a ese Parlamento de 1940 y a esos legisladores que supieron descubrir la verdad. Donde queda en claro que siempre hay hombre dignos aun en la época más oscuras.