La lucha de la República
contra el enemigo interior
A finales de 1936, la oleada de violencia espontánea de los primeros meses había sido controlada en la zona republicana. Aun así, a principios de febrero de 1937, el presidente Azaña seguía advirtiendo el disgusto del ministro de Economía, Juan Negrín, por las atrocidades[1]. El empeño de Negrín por acabar con la represión indiscriminada es corroborado por su amigo Mariano Ansó, que cuenta cómo en Valencia salía desarmado de casa por la noche para encararse con quienes llevaban a cabo los paseos. En una ocasión abordó a unos milicianos armados que habían detenido a un hombre y tenían la clara intención de matarlo por fascista. Corriendo un riesgo considerable y con la sola fuerza de su personalidad, Negrín los obligó a liberarlo[2].
En términos generales, sin embargo, a partir de enero de 1937 la violencia tras las líneas republicanas dejó de ser tan descontrolada y espoleada por el odio como durante las primeras semanas de la guerra. Desde entonces, se trató sobre todo de la reconstrucción del propio estado republicano y, por supuesto, de su defensa. En consecuencia, los esfuerzos tomaron principalmente dos caminos, que en ocasiones convergían. Por una parte, los servicios de seguridad se centraron en combatir al enemigo interior, es decir, los saboteadores, francotiradores y espías de la Quinta Columna. Por otra parte, surgieron duras discrepancias sobre la naturaleza del esfuerzo bélico. Los comunistas, así como muchos de los socialistas y republicanos, percibían a los miembros de la izquierda libertaria y antiestalinista como elementos subversivos que se oponían a la creación de un estado fuerte, capaz de llevar a cabo una campaña bélica centralizada. Una parte sustancial de la izquierda anarquista estaba más preocupada por sus objetivos revolucionarios, mientras que solo una minoría significativa se dedicaba a actividades delictivas. Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y las facciones más orientadas a la guerra fueron inevitables. A este escenario ya crispado, se le sumaba el hecho de que los consejeros de seguridad rusos consideraban que los antiestalinistas, tanto españoles como extranjeros, eran trotskistas que era preciso eliminar.
Los decididos esfuerzos que el gobierno republicano de Valencia, la Junta de Madrid y la Generalitat catalana emprendieron para centralizar la Policía y los Servicios de Seguridad, y para desarmar a las diversas milicias de la retaguardia, provocaron una dura pugna con los anarquistas. Los milicianos anarquistas se habían opuesto violentamente a entregar sus armas o cerrar sus puestos de control en las carreteras de entrada y salida de Madrid. Se habían producido numerosos incidentes, como el ocurrido en noviembre cuando impidieron a Antonio Mije, consejero de Guerra, abandonar la ciudad en misión oficial[3]. La tradicional hostilidad entre el PCE y la CNT se vio alimentada por el asesinato por parte de los anarquistas de dirigentes sindicales comunistas, como Andrés Rodríguez González, muerto en Málaga en el mes de junio, o Desiderio Trillas Mainé, fallecido en Barcelona el 31 de julio. Asimismo, las detenciones e intentos de asesinato de Vittorio Vidali y Enrique Líster en Madrid durante el mes de septiembre, por parte de los anarquistas de la checa del cine Europa, inevitablemente contribuyeron a la sed de venganza de los comunistas[4].
A principios de diciembre de 1936, cuando Serrano Poncela abandonó la Dirección General de Seguridad, José Cazorla, su director adjunto, asumió las responsabilidades ejecutivas. Cazorla nombró a David Vázquez Baldominos jefe de la Policía, una de cuyas tareas sería expandir la Brigada Especial creada por Carrillo y Grigulevich. Se formaron otras dos Brigadas Especiales, a las órdenes de Santiago Álvarez Santiago y otro militante de las JSU, José Conesa Arteaga. Bajo el mando operativo de Fernando Valentí Fernández, las tres brigadas se centrarían desde comienzos de 1937 en la detención, interrogatorio y, a veces, eliminación de elementos sospechosos, con lo que se aludía no solo a franquistas, sino también a miembros de la CNT de Madrid, que Cazorla creía fuera de control e infiltrada por agentes provocadores[5].
Cazorla no era el único convencido de que el movimiento anarquista estaba infestado de quintacolumnistas. Largo Caballero dijo al secretario del PSOE, Juan-Simeón Vidarte, que «en la FAI hay infiltrados numerosos agentes provocadores y esbirros de la policía, por eso es imposible tratar con ellos»[6]. Ninguno de ellos iba del todo desencaminado en sus sospechas. La facilidad con la que se podían obtener carnés de la CNT otorgaba a la Quinta Columna un acceso rápido a la información, una herramienta para organizar acciones provocadoras y una relativa libertad de movimientos. Con los carnés de la CNT, los quintacolumnistas consiguieron también identificaciones para infiltrarse en los Servicios de Seguridad republicanos[7].
Un ejemplo de las consecuencias del conflicto entre comunistas y anarquistas tuvo lugar en Murcia. Luis Cabo Giorla, que fue gobernador civil comunista de la provincia desde mediados de octubre de 1936 hasta principios de enero de 1937, emprendió una fiera persecución contra los quintacolumnistas, algunos de los cuales poseían credenciales de la CNT desde antes de que estallara la guerra. Tras ser derrotados en Valencia, varios elementos de la Columna de Hierro se habían desplazado a Murcia y habían cometido actos de pillaje y violencia contra los campesinos que se resistían. En diciembre, Cabo Giorla nombró al también comunista Ramón Torrecilla Guijarro, uno de los hombres clave en Paracuellos, delegado provincial de la Dirección General de Seguridad. Después de que Cabo Giorla fuera reemplazado por Antonio Pretel, Torrecilla actuó sin piedad basándose en el supuesto de que cualquiera que no perteneciera al Partido Comunista podía ser quintacolumnista. Los detenidos recibieron un trato brutal, sometidos a torturas, palizas y ejecuciones simuladas. Finalmente, en abril, una campaña de la CNT respaldada por el PSOE llevó, tras una investigación oficial, al arresto de Torrecilla y sus colaboradores, así como a la dimisión de Pretel. Torrecilla pasó seis meses en prisión y, tras su liberación, se unió al cuerpo de seguridad de Cazorla, que ostentaba entonces el cargo de gobernador civil de Albacete. Allí, su obsesivo empeño por purgar la retaguardia motivó las quejas de otras fuerzas del Frente Popular en la provincia[8].
Sintomático de cómo se alimentaban las sospechas de los comunistas fue el anuncio de Amor Nuño, en la reunión de la Junta Delegada de Defensa de Madrid el 23 de diciembre de 1936, de que dimitía de su cargo por motivos de salud y siguiendo el consejo de los médicos. Al parecer, unos días antes, una reunión de la dirección de la CNT, la FAI y la Federación de Juventudes Libertarias lo había expulsado del movimiento anarquista. Según Gregorio Gallego, Cipriano Mera había agarrado a Nuño por el cuello, lo había zarandeado y lo había empujado contra la pared, diciendo que merecía que lo mataran. Se discutió si debían ejecutarlo inmediatamente. El crimen de Nuño era desatender sus obligaciones por la relación que mantenía con la hija de un oficial rebelde. Para empeorar aún más las cosas, la había nombrado su secretaria y la había llevado con él a reuniones importantes, donde la mujer había podido escuchar discusiones secretas. Los compañeros de Nuño sospechaban que ella era una espía franquista que le había lavado el cerebro. Decidieron dejarlo con vida, pero, al considerar que ya no era de fiar, lo obligaron a dimitir de la Junta de Defensa. Asumió un cargo de menor responsabilidad en la Secretaría de la Federación Nacional de la Industria del Transporte y se trasladó a Barcelona, donde fue arrestado el 4 de mayo de 1937 por su participación en los sucesos de mayo. Al final de la guerra, Nuño fue detenido por la Policía franquista en Alicante y trasladado a Madrid, donde murió tras una brutal paliza recibida en el Ministerio de la Gobernación[9].
A Amor Nuño lo sustituyó como consejero delegado de Transportes Manuel González Marín, a quien se recordará por su papel destacado en el motín de la cárcel Modelo, el 22 de agosto. Santiago Carrillo, que también había dimitido, fue sustituido dos días después en su cargo de consejero delegado de Orden Público por su hasta entonces subconsejero, José Cazorla Maure. Aseguró que se marchaba para dedicarse plenamente a preparar el próximo congreso, donde se sellaría la unificación de las juventudes socialistas y comunistas. Sin embargo, es muy posible que su sustitución guardara relación con un incidente ocurrido dos días antes de su renuncia[10].
A las tres de la tarde del 23 de diciembre, el consejero de Abastecimientos, Pablo Yagüe Esteverá, fue detenido en un puesto de control anarquista cuando salía de la ciudad para atender un asunto oficial. Según el decreto promulgado por Carrillo el 9 de noviembre, la vigilancia de las carreteras de entrada y salida de la capital era responsabilidad de la Policía, la Guardia de Asalto y las Milicias de Vigilancia de Retaguardia (MVR), bajo la coordinación general de la Consejería de Orden Público. Así pues, los anarquistas que detuvieron a Yagüe carecían de autoridad para hacerlo; se negaron a reconocer las credenciales de la Junta de Defensa, diciendo que solo obedecían al Comité Regional de la CNT. Yagüe pasó el bloqueo y los guardias le dispararon, hiriéndole de gravedad. Luego se refugiaron en el Ateneo Libertario del barrio de Ventas. Carrillo ordenó su detención, pero los agentes de Policía que fueron al Ateneo se encontraron con que los hombres a quienes buscaban se hallaban bajo la protección del Comité Regional de la CNT. Carrillo envió una partida de guardias de asalto para que los apresaran. En la reunión de la Junta donde se discutió el asunto, exigió su fusilamiento[11].
La crónica aparecida en la prensa comunista los denunciaba como elementos incontrolables al servicio del fascismo y «verdaderos enemigos del pueblo y de la revolución, como salteadores sin conciencia, como aventureros y desalmados que asesinan a sangre fría a los mejores defensores del pueblo». Los comunistas pidieron un castigo ejemplar y, para que no volvieran a repetirse esa clase de delitos, el desarme de las milicias fuera de Madrid. Sugirieron que «ciertas organizaciones» estaban llenas de infiltrados de la Quinta Columna, en clara alusión a la CNT[12]. Una acusación que no se apartaba un ápice de la verdad[13].
La reacción inicial de los dirigentes anarcosindicalistas fue conciliatoria; hicieron hincapié en la importancia de la unidad de la izquierda, que podía peligrar con las acusaciones de que los responsables de disparar a Yagüe eran quintacolumnistas. Días después, el 25 de diciembre, tres cenetistas aparecieron muertos con los carnés del sindicato en la boca. Esos asesinatos fueron vengados por el Comité de Defensa de Eduardo Val con la muerte de tres comunistas, que también aparecieron con el carné del partido en la boca. Después, otros dos cenetistas fueron asesinados, y la prensa del PCE redobló su campaña por una purga en la CNT. En respuesta, la CNT publicó una lista de los militantes asesinados por comunistas en Málaga, Cabeza del Buey (en La Serena, al este de Badajoz), Las Herencias (Ciudad Real), Miguel Esteban y La Guardia (Toledo), así como en Perales de Tajuña y otros pueblos de Madrid[14].
Carrillo fracasó en su demanda para que la Junta de Defensa condenara a muerte a los milicianos responsables de la agresión a Yagüe, una decisión que no les competía. Y montó en cólera cuando el caso se puso en manos de un tribunal del estado, donde un fiscal se negó a pedir la pena capital con el argumento de que Yagüe no había mostrado sus credenciales a los cenetistas. Con la prensa comunista clamando por la sangre de los milicianos, José García Pradas, el director de CNT, exigió en sus páginas que los liberaran, amenazando con que, en caso contrario, las fuerzas de la CNT serían retiradas del frente para liberarlos por la fuerza. Era el tipo de comentario que convencía a muchos otros de que los anarquistas eran unos irresponsables, cuando no claramente subversivos. En la práctica, CNT era la tribuna del Comité de Defensa que lideraban Eduardo Val, Manuel Salgado Moreira y García Pradas, todos ellos furibundos anticomunistas. Miaja ordenó la suspensión de dicha publicación, pero García Pradas se negó a obedecer. Imprimió el número siguiente, y se disponía a distribuirlo cuando Miaja rodeó las oficinas del periódico con guardias de asalto y declaró que era absurdo, después de los sacrificios que se hacían para defender Madrid, que una disputa entre anarquistas y comunistas provocara la caída de la ciudad. Su intervención evitó el derramamiento de sangre. Finalmente, para disgusto del Partido Comunista, el tribunal decidió que los milicianos que habían disparado a Yagüe habían actuado de buena fe. La reacción inmediata de ambas organizaciones fue alcanzar un acuerdo para evitar que estas hostilidades socavaran la unidad para combatir el fascismo. Pero el pacto duró poco[15]. Estas pugnas entre partidos reflejaban tanto la debilidad del estado, cada vez mayor, como la precaria lealtad que la CNT guardaba hacia la República.
El sucesor de Carrillo, José Cazorla, estaba decidido a poner fin a la existencia de distintas policías pertenecientes a facciones. Una cuestión intolerable a su juicio era que muchos informes sobre derechistas, en poder de las milicias desde julio de 1936, no hubieran sido entregados a la Dirección General de Seguridad, lo cual había permitido que los Tribunales Populares pusieran en libertad a numerosos quintacolumnistas porque no se conservaban registros de sus afiliaciones políticas. Cazorla ya había iniciado la tarea de centralizar los informes y los organismos cuando tomó el relevo de Serrano Poncela en la Dirección General de Seguridad de la capital. Creía que era el primer paso hacia su principal objetivo, la investigación y el castigo del sabotaje y la subversión en pro de la causa rebelde. El celo que puso en su empeño, sin embargo, condujo a un conflicto cada vez más duro con los anarquistas y los disidentes comunistas antiestalinistas. Los comunistas pensaban que la oposición de los anarquistas y antiestalinistas a una campaña bélica muy centralizada constituía en sí misma un acto de sabotaje y subversión. Además, estaban convencidos de que parte de la violencia era obra de agentes provocadores infiltrados en la CNT y que estaba destinada a desacreditar la República en el ámbito internacional y a desmoralizar al pueblo.
Otro factor que envenenaba las relaciones entre la CNT y los comunistas eran las sospechas acerca de Melchor Rodríguez, el delegado de Prisiones de la CNT en Madrid y Alcalá de Henares. Melchor Rodríguez conseguía la liberación de un centenar de presos cada día. La sospecha de que mantuviera vínculos con la Quinta Columna cobró fuerza cuando varios de los liberados gracias a su mediación se pasaron luego al bando rebelde, como fue el caso del destacado oficial Agustín Muñoz Grandes, o de la estrella de la radio, el falangista Bobby Deglané. En una reunión de la Junta de Defensa celebrada el 8 enero de 1937, Cazorla lamentó las excesivas libertades que Melchor Rodríguez daba a los prisioneros, pues se les concedía la posibilidad de celebrar manifestaciones en apoyo a los rebeldes y de mantener reuniones privadas con miembros del cuerpo diplomático. Lo tachó de «protector de los presos», sugiriendo que trataba a los derechistas arrestados como si fueran los viejos presos de la CNT. El 19 de febrero, Cazorla acusó a Rodríguez de oponerse a su política de orden público. Además, despertó la ira de los dirigentes de la CNT cuando, en su campaña contra el sabotaje y el espionaje, empezó a investigar la infiltración de quintacolumnistas en los Servicios Secretos de Guerra, que dirigía el anarquista Manuel Salgado en el Ministerio de la Guerra[16].
A la luz de estas investigaciones, la Brigada Especial dirigida por Santiago Álvarez Santiago arrestó a más de una treintena de anarquistas y socialistas a mediados de febrero. La prensa de la CNT alegó que sus militantes considerados enemigos del estado estaban siendo confinados como parte de la guerra sucia comunista contra la CNT emprendida por la Delegación de Orden Público de Cazorla[17]. El 23 de febrero hubo disparos contra un policía comunista, Santiago González Medina. Cazorla reiteró su convencimiento de que la CNT albergaba a muchos quintacolumnistas y se reafirmó en el derecho de mantener bajo detención gubernativa a personas absueltas por los tribunales[18].
Con la idea de rebatir la acusación de Cazorla y de demostrar que sus miembros pasaban filtros muy estrictos, la CNT presentó el poco convincente caso de Miguel Abós, un militante aragonés de primera línea. Abós había estado en Zaragoza cuando triunfaron los golpistas, y había sobrevivido porque lo protegió uno de los principales militares rebeldes de la ciudad, el coronel Urrutia. En un comienzo lo hizo con la vana esperanza de que detuviera la huelga general que la CNT había convocado para parar el golpe. Aunque Urrutia estaba dispuesto a dejarle escapar, Abós se quedó para evitar que se tomaran represalias contra su familia. En enero de 1937, viendo que su situación era insostenible, finalmente tomó la decisión de huir y el coronel Urrutia lo ayudó a alcanzar territorio republicano. Una vez allí, lo acusaron falsamente de traición, estuvieron a punto de ejecutarlo y lo condenaron a trabajos forzados. De hecho, a otros militantes que cruzaron las líneas no los importunaron de esa manera, y al parecer Abós fue la víctima de un ajuste de cuentas[19]. Sin dejarse impresionar por el caso de Abós, los agentes de Cazorla siguieron arrestando a numerosos prisioneros absueltos, incluso en el momento en que salían de los tribunales[20].
Hubo quejas, tanto de diplomáticos en nombre de derechistas, como de la CNT en representación de sus militantes, por el hecho de que se enviara a estos detenidos a batallones de castigo en zonas peligrosas del frente para trabajar en las fortificaciones del Ejército republicano[21]. Resultaba irónico que los campos de trabajo fueran idea del ministro de Justicia, el cenetista Juan García Oliver. Dos días después de asumir su cartera, en el mes de noviembre, pidió la creación de campos donde los presos fascistas construyeran defensas y carreteras estratégicas. El 31 de diciembre de 1936, acompañado de Mariano Gómez, presidente del Tribunal Supremo, explicó en Valencia su visión de la justicia, no exenta de idealismo. Los delincuentes comunes, en quienes no veía enemigos de la sociedad sino víctimas, se rehabilitarían en la cárcel gracias a las bibliotecas, el deporte y el teatro. Los presos «político-fascistas» lo harían construyendo carreteras, puentes y vías férreas, a cambio de salarios decentes. García Oliver creía que esa clase de salvación era más provechosa para los fascistas que ser sentenciados a muerte por los Tribunales Populares. Estableció el primer campo de trabajo en Totana, provincia de Murcia. En la entrada colgaba una enorme pancarta donde se leía «Trabaja y no pierdas la esperanza»[22].
El 28 de febrero de 1937, la cuestión de las detenciones preventivas suscitó un enfrentamiento abierto entre Melchor Rodríguez y José Cazorla. El subsecretario de Justicia, Mariano Sánchez Roca, pidió a Melchor que encontrara a su sobrino, Ricardo Pintado-Fe. El joven fue localizado en una checa comunista, donde llevaba más de dos meses retenido, y Melchor escribió a Cazorla para que lo liberaran. Cazorla intervino satisfactoriamente, pero Melchor Rodríguez dio más difusión a la noticia de la detención que a la de la puesta en libertad, con los dañinos efectos esperables[23]. Finalmente, Melchor Rodríguez fue cesado por García Oliver el 1 de marzo de 1937: las relaciones amistosas que mantenía con los muchos derechistas a los que había ayudado levantaban demasiadas sospechas. Lo sustituyó Julián Fernández, secretario de la Federación Local de Sindicatos de la CNT. Fernández continuó con la política instaurada por Melchor Rodríguez de evitar que se cometieran abusos con los presos, aunque a diferencia de su predecesor, no estableció con ellos vínculos que dieran lugar a controversias[24].
Las hostilidades entre los comunistas y la CNT se recrudecieron cuando a principios de marzo de 1937 Santiago Carrillo aseguró en un discurso que en las Juventudes Libertarias había elementos trotskistas infiltrados. La CNT respondió con ira, puesto que se sabía que Carrillo y las JSU consideraban que el trotskismo estaba al servicio del imperialismo fascista[25].
El 12 de marzo fue asesinado el anarquista Domingo Rodríguez Oterino, el segundo de a bordo del Consejo de Transportes de la Junta de Defensa, y resultaron heridos tres de sus compañeros[26]. Cuatro días después, en Villanueva de Alcardete (Toledo), unos milicianos comunistas capitaneados por el alcalde asaltaron la sede de la CNT y mataron a 9 hombres. Los acontecimientos cobraron un giro inesperado cuando el PCE accedió a que se llevara a cabo una investigación judicial. Los alcaldes de Villanueva y la vecina Villamayor fueron hallados culpables de asesinatos, violaciones y saqueos acaecidos desde el verano de 1936. El Tribunal Popular de Cuenca condenó a muerte a los cabecillas, junto a otros 3 individuos, y encarceló a 8 más. A lo largo de la primavera de 1937 hubo enfrentamientos en otras aldeas de Castilla la Nueva, Pedro Muñoz (Ciudad Real), Puebla de Almenara y Villamayor de Santiago (Cuenca), Villa de Don Fadrique y Corral de Almaguer (Toledo). Seis anarquistas fueron asesinados en Torres de la Alameda (Madrid). Sin embargo, la voluntad de la literatura anarquista de presentarse como inocentes víctimas revolucionarias de una agresión comunista refleja solo una cara de la moneda. Se libró una auténtica batalla ideológica entre los anarquistas comprometidos con la colectivización y la política comunista de apoyar a los pequeños propietarios para mejorar la producción agrícola. Además, algunos de los choques fueron fruto de la resistencia contra anarquistas de Madrid, que requisaban alimentos sin pagar por ellos[27].
A mediados de marzo, ciertos disturbios en Vinalesa, al norte de Valencia, desencadenaron enfrentamientos entre presuntos izquierdistas y guardias de asalto. El Ministerio de la Gobernación hizo público un comunicado denunciando la infiltración de agitadores en las organizaciones progresistas, y pidió que los partidos y los sindicatos investigaran a quienes se habían alistado a sus filas con fecha posterior al 16 de julio de 1936 y que entregaran todas las armas que se hallaran en manos privadas. La prensa comunista exigió también medidas duras contra los que estaban «fuera de control» y quienes los amparaban, en términos que se hubieran ajustado más a los terroristas anarquistas de antaño: «¡Hay que aniquilar a la quinta columna! ¡Hemos de ser inexorables! ¡Con los sin control y con los que les protejan y encubran! ¡Estos son los más peligrosos! ¡Hay que aniquilar a estos dinamiteros de última hora!»[28].
La animadversión había alcanzado tales cotas a mediados de abril que provocó la disolución de la Junta de Defensa. El 14 de abril, Cazorla anunció en Mundo Obrero que se había desarticulado un importante círculo de espionaje en el Ejército republicano. Reveló que uno de los arrestados era Alfonso López de Letona, un quintacolumnista que había alcanzado un alto rango en la XIV División del Ejército Popular, comandado por el anarquista Cipriano Mera. Además, Cazorla afirmó que López de Letona había entrado en los Servicios Secretos de Guerra de Manuel Salgado por recomendación del jefe del Estado Mayor, Antonio Verardini Díez de Ferreti. López de Letona había sido afiliado, en efecto, al partido monárquico radical Renovación Española, y secretario particular de su líder, Antonio Goicoechea. Los agentes de Salgado lo habían detenido y, ya con amenazas, ya con incentivos económicos, habían conseguido reclutarlo[29].
Que existía una conexión entre López de Letona y Verardini era innegable, puesto que habían colaborado en una operación organizada por la CNT para desenmascarar quintacolumnistas. El asalto a los edificios protegidos por la embajada de Finlandia, en diciembre de 1936, había puesto en evidencia hasta qué punto se abusaba del derecho de asilo en beneficio de la Quinta Columna. En consecuencia, Eduardo Val y el Comité de Defensa de la CNT establecieron una ficticia embajada de Siam, un reino con quien España no mantenía relaciones diplomáticas. López de Letona actuó como garante con sus contactos quintacolumnistas de que la oferta de asilo era auténtica, y así lo creyeron de buena gana varios enemigos de la República. Micrófonos ocultos registraron sus conversaciones y obtuvieron información acerca de las redes de infiltrados. Cuando a principios de enero el general Miaja se enteró de que algunos de los que apoyaban a los rebeldes habían sido asesinados por los hombres de Val, ordenó el cierre de la operación, esgrimiendo que la lucha contra la Quinta Columna debía llevarse a cabo en el marco de la ley[30]. En noviembre de 1939, los franquistas condenaron a muerte a López de Letona por su participación en la operación de la embajada de Siam[31].
El arresto de Verardini, a principios de abril, culminó una operación de la Brigada Especial dirigida por Fernando Valentí para dar caza a una red falangista fundada por Félix Ciriza Zarrandicoechea. Los principales colaboradores de Ciriza eran también falangistas, individuos juzgados por Tribunales Populares y absueltos por falta de pruebas (en marcado contraste con la situación «jurídica» por la que pasaban los republicanos apresados en zona rebelde). El grupo de Ciriza tenía largos tentáculos y sus actividades iban desde desmoralizar a la población hasta sembrar la discordia entre los partidos de izquierdas y, sobre todo, el espionaje[32]. Cuando los hombres de Valentí fueron a arrestar a una de las componentes de este círculo de espionaje, Manuela Pazos Queija, la encontraron en la cama con Verardini, un célebre donjuán. Tras registrar el apartamento, hallaron importantes documentos de los Servicios Secretos de Guerra, que supuestamente el propio Verardini había llevado allí. Así que, después de consultarlo con Miaja y Prieto, Cazorla dio órdenes a la Brigada Especial de detener a Verardini. Cipriano Mera respondió amenazando a Miaja con traer un camión de milicianos armados con metralletas y granadas de mano y sacar a Verardini de la cárcel. Miaja se impuso sobre Cazorla para que finalmente Verardini fuera puesto en libertad, aunque Cazorla siguió presionando para que lo sometieran a un consejo de guerra[33]. En la edición vespertina de CNT, aquel mismo día, García Pradas acusó a Cazorla de ser un provocador al servicio del fascismo[34].
El 15 de abril, al día siguiente del anuncio de Cazorla, la que sería la última reunión de la Junta de Defensa giró completamente en torno a este amargo conflicto. Empezó a las siete y media de la tarde, y se prolongó hasta las dos y cuarto de la madrugada. Con la abstención de los concejales anarquistas, la Junta dio a Cazorla un voto de confianza, aunque se nombró un comité de los miembros republicanos y socialistas para investigar las acusaciones que ciertos anarquistas vertieron sobre posibles irregularidades que la Policía y el personal de las cárceles cometían contra ellos[35]. Por otra parte, se prohibió la edición de CNT durante dos días, por lo que los números correspondientes al 15 y al 16 de abril de 1937 no aparecieron.
La edición del 17 de abril, sin embargo, iba encabezada por el titular «La Confederación Nacional del Trabajo exige la destitución inmediata de José Cazorla», y reclamaba una investigación por parte de los ministros de Justicia y de la Gobernación de las acusaciones vertidas contra él. En páginas interiores había también un largo y detallado artículo donde se señalaba que una mayoría de la Junta de Defensa había considerado que la nota de Cazorla del 14 de abril acerca de López de Letona y Verardini era «improcedente». En términos sumamente insinceros, habida cuenta del historial de asesinatos extrajudiciales, actos de tortura y encarcelamientos que la propia CNT tenía en su haber, el artículo denunciaba luego las actividades de Cazorla como consejero de Orden Público en la Junta de Defensa:
Se venían sucediendo en Madrid hechos criminales denunciados numerosas veces en la prensa confederal. Las víctimas de estos hechos eran, en unas ocasiones, los trabajadores auténticamente revolucionarios, verdaderamente antifascistas, y en otras, elementos de indudable derechismo, contra los cuales hay que actuar implacablemente, pero por medio de la ley, por medio de los organismos de la República, y nunca al margen o en oposición con aquellas y con estos.
El artículo acababa mencionando la comisión investigadora que se había creado el día anterior, la cual, según aseguraba el periódico, estaba ya descubriendo pruebas de
hechos criminales que revelan la existencia en toda España de un terrorismo político «chequista», contra el cual hay que reaccionar inmediatamente, no sólo desde abajo, sino también desde arriba, también desde el Gobierno, y especialmente desde los ministerios de Gobernación y Justicia, que de ningún modo pueden admitir que dentro de su radio de acción se sucedan impunemente los asesinatos, los apaleamientos, las prisiones arbitrarias y las provocaciones mediante las cuales pueda ahogarse en sangre de hermanos la unidad que necesitamos para enfrentarnos con el enemigo[36].
En esa misma edición había un abrasivo artículo de Melchor Rodríguez en el que denunciaba las actividades de Carrillo, Serrano Poncela y Cazorla. Citaba cartas y documentos que se habían intercambiado entre Cazorla, como delegado de Orden Público, y él mismo, como delegado especial de Prisiones,
en relación con la orden dada por el tal Cazorla referente a sacar de las cárceles del Gobierno a los absueltos por los Tribunales Populares, tras de ser retenidos gubernativamente por él, para, valiéndose de engaños y órdenes verbales secretas, dadas a los agentes de su mando, conducirlos a cárceles clandestinas y a batallones de milicias comunistas, con objeto de llevarles a las avanzadillas para emplearlos en «fortificaciones» … Declaro hallarme dispuesto a comparecer ante autoridades o Comités responsables, para verbal y documentalmente demostrar la funesta «política» seguida desde la Consejería de Orden Público por Santiago Carrillo y Serrano Poncela, primero, y por José Cazorla últimamente.
Cuando lo juzgaron los franquistas, en 1940, Cazorla fue acusado de enviar a presos derechistas a las unidades a las órdenes de Líster y el Campesino, donde les aguardaba la ejecución, so pretexto de ir a trabajar en las fortificaciones.
Melchor Rodríguez se valía a continuación del caso de Ricardo Pintado-Fe para ilustrar lo que denominaba «atropellos cometidos por las hordas “comunistas” y “comunistoides” con placa y carnet de policía a las órdenes expresas del consejero Cazorla», y de «cómo en las “Checas” “comunistas” convertidas en cárceles clandestinas, se retienen secuestrados días, semanas y meses a hombres y mujeres por simples denuncias falsas o reales, con las cuales se cometen toda clase de atropellos personales, en pugna con la más elemental razón de las leyes, tanto escritas como humanas»[37].
El escándalo subsiguiente provocó enfrentamientos entre los ministros comunistas y socialistas. Largo Caballero, ya irritado por la popularidad de Miaja, silenció la pugna con la drástica decisión de cerrar la Junta de Defensa el 23 de abril. No se molestó en informar a Miaja, que se enteró de la noticia por los periódicos. La Junta fue sustituida por una reestructuración del ayuntamiento de Madrid[38]. A pesar de que los anarquistas reivindicaron que la comisión de investigación creada el 15 de abril estaba reuniendo pruebas irrefutables de que Cazorla dirigía una red de cárceles secretas en las que se interrogaba, a menudo se torturaba y a veces se ejecutaba a los militantes de la CNT, dicho informe no llegó a terminarse, pues la disolución de la Junta Delegada de Defensa privó a la comisión de competencia sobre los asuntos planteados. El 25 de abril, Cazorla, al dar el relevo al nuevo director general de Seguridad, Wenceslao Carrillo (padre de Santiago), dijo que recibiría con los brazos abiertos cualquier investigación que se llevara a cabo. Wenceslao Carrillo alabó el trabajo de Cazorla para que las calles de Madrid recobraran la tranquilidad. En un artículo aparecido al día siguiente, el propio Cazorla escribió que había guardado silencio a la espera de que se hicieran públicas las conclusiones de la investigación, pero que entonces se sentía ya libre de expresarse. Atacó el «terrorismo verbal de los que en privado suplican y en público atacan», en clara alusión a Melchor Rodríguez y el caso Pintado-Fe. Luego pasó a defender su trayectoria, en contra de «aquellos que, recién infiltrados en dichas organizaciones, se amparan en un carnet para ocultar sus turbios antecedentes y poder laborar mejor contra los intereses de las masas antifascistas»[39]. Dos días más tarde, la prensa comunista publicó la noticia del descubrimiento de una red quintacolumnista que utilizaba carnés de la CNT[40].
Una conclusión evidente de los enfrentamientos entre comunistas y cenetistas es el asombroso nivel de libertad de prensa que se mantuvo en los momentos más duros de la guerra. Las explícitas denuncias aparecidas en la prensa de la CNT de presuntos abusos cometidos por la Policía y en las cárceles plasman sin sombra de dudas hasta qué punto se veló por garantizar las bases democráticas. Más aún si cabe lo pusieron de manifiesto algunas de las sentencias dictadas por los Tribunales Populares. En este sentido, cabe mencionar la absolución de los milicianos anarquistas que dispararon contra Pablo Yagüe, así como la de colaboracionistas de la causa rebelde como Agustín Muñoz Grandes o Bobby Deglané. Tanto o más sorprendentes fueron las condenas a anarquistas y comunistas a los que se declaró culpables de robo o asesinato. En el bando rebelde no hubo nada equivalente, y mucho menos ejemplos de cortapisas oficiales a medidas de seguridad de emergencia, como el cierre de la operación de la embajada de Siam que llevó a cabo el general Miaja por considerarla ilegal, o la creación por parte de la Junta de Defensa de un comité para investigar las denuncias anarquistas sobre las irregularidades de la Policía, o la insistencia del gobierno republicano en que para combatir a la Quinta Columna debía obrarse dentro del marco legal. Para Cazorla, obsesionado con reforzar la retaguardia, fue una enorme frustración saber cuántos de aquellos elementos se salían con la suya gracias a la laxitud de la seguridad, tal y como él lo entendía.
A finales de 1936, la violencia indiscriminada estaba en buena medida bajo control, y el nuevo sistema de justicia popular funcionaba con relativa eficacia. Los procesos y las facilidades que se concedían para la defensa de los acusados marcaron una diferencia radical entre la justicia republicana y los juicios sumarios de la zona rebelde. Cada vez había más casos de religiosos a los que se absolvía de las acusaciones de desafección al régimen[41]. De hecho, ya desde antes de 1938, como demuestran las frecuentes absoluciones que Cazorla trató de impugnar con arrestos preventivos, los juicios a menudo erraron en su deferencia hacia los procesados. El proceso contra el capitán Ramón Robles Pazos, celebrado el día 26 de enero de 1937 en el Jurado de Urgencia, sirve como ejemplo sumamente ilustrativo. Este juicio, así como el destino paralelo que corrió el hermano mayor del capitán Robles, José, acusado de espionaje en pro de la Quinta Columna, son buena muestra tanto del funcionamiento de la judicatura republicana como de la forma en que operaban los Servicios de Seguridad y sus asesores rusos.
El capitán Ramón Robles Pazos, de treinta y siete años, era un reaccionario oficial africanista. Al comienzo de la guerra fue instructor del Estado Mayor en la Academia de Infantería del Alcázar de Toledo[42]. Estaba en Madrid cuando sus compañeros insurrectos se hicieron fuertes en el Alcázar. El 21 de julio, de camino a Toledo para unirse a ellos, fue arrestado en Getafe y retenido en una checa en el madrileño paseo de las Delicias. Juró que era leal a la República y, al cabo de solo unas horas, fue puesto en libertad con la orden de presentarse en el Ministerio de la Guerra para unirse al Ejército republicano. Sin embargo, Ramón no actuó como le habían pedido; aun así no le pasó nada hasta el 16 de octubre, cuando lo arrestaron los agentes de la comisaría de Buenavista. Lo acusaron de negarse a cumplir sus obligaciones como soldado de la República y lo encerraron en la cárcel Modelo. Por asombroso que parezca, escapó a la evacuación y posterior masacre de presos derechistas que se llevó a cabo los días 7, 8 y 9 de noviembre, lo que sugiere que contaba con la protección de alguien influyente. Cuesta creer que el hecho de que su hermano José trabajara para la embajada soviética desde finales de agosto fuera una mera coincidencia.
El 17 de noviembre, Ramón fue trasladado a la prisión próxima a la plaza de Las Ventas, donde permaneció hasta que, el 26 de enero de 1937, lo juzgaron por deslealtad. Tras volver a jurar que era completamente fiel a la República, lo dejaron en libertad provisional, a condición de que se personara el día 15 y el 30 de cada mes. Puesto que no lo hizo, el 27 de febrero de 1937 lo llamaron de nuevo a juicio. Fue entonces cuando mandó una obsequiosa carta al presidente del Tribunal de Urgencia, «que Vd. tan dignamente preside», en la que pedía al juez que informara «a los compañeros jurados» de que no le era posible acudir a su cita con el tribunal porque había recibido órdenes de unirse a las fuerzas republicanas del frente de Teruel el 24 de febrero. El tribunal decidió absolverlo, aduciendo su servicio en el frente[43].
Sin embargo, el 28 de enero, dos días después de su primer juicio, Ramón se había refugiado en la embajada de Chile. Tres semanas más tarde se trasladó a la embajada de Francia, desde donde escribió la mencionada carta, fechada el 22 de febrero, en la que aseguraba que partía a Teruel a luchar por la República, y allí permaneció hasta enero de 1938, cuando consiguió ser evacuado a Francia. Tal vez Ramón quiso llegar en algún momento a la zona rebelde, pero al parecer lo incitaron a ocultarse en dichas embajadas por el riesgo de que se descubriera su falsa lealtad a la República. A finales de diciembre, su hermano José había sido detenido. Es posible que Ramón temiera que en un interrogatorio José revelara sus contactos. Los Servicios de Seguridad republicanos sospechaban que José no trataba de convencer a Ramón de que cumpliera con sus obligaciones militares, sino que le pasaba información de la embajada soviética para la Quinta Columna. Desde Francia, tras algunas dificultades, Ramón alcanzó la zona rebelde a mediados de mayo de 1938.
No lo sometieron a las rigurosas comprobaciones que aplicaban a la mayoría de los oficiales que cruzaban las líneas, y de hecho, el 21 de junio de 1938 se incorporó a las fuerzas nacionales con el rango de comandante, una promoción que se hacía retroactiva al 10 de diciembre de 1936, y se le puso al mando de una unidad de Fuerzas Regulares indígenas. Cuando posteriormente se investigó su papel en la República, se hallaron informes favorables de quintacolumnistas que «manifiestan conocer al mismo, constándoles es persona de ideas completamente afectas al Movimiento Nacional». Lo ascendieron a teniente coronel y lo condecoraron en varias ocasiones. En 1942 combatió en Rusia como voluntario de la División Azul. A partir de entonces, disfrutó de una carrera militar muy distinguida, como demuestran sus ascensos a general de Brigada en 1952, general de División en 1957, y el más alto rango del Ejército español, teniente general, en 1961, además de disfrutar de destinos al más alto nivel, como capitán general de la VII Región Militar (Valladolid) y la IX (Granada)[44]. Los éxitos posteriores de su carrera apuntan a que los vínculos de Ramón con su hermano José perjudicaron a la República.
José había sido arrestado por la Brigada Especial de Vázquez Baldominos y Grigulevich, la fuerza del contraespionaje por antonomasia, lo que deja entrever la importancia del crimen por el que era sospechoso. Teniendo en cuenta las actividades de su hermano Ramón, es razonable suponer que se creía que José pasaba información clave del personal soviético a la Quinta Columna. La situación internacional obligaba a la Unión Soviética a minimizar la ayuda prestada a la República española, de modo que cualquier dato sobre las actividades rusas era confidencial; José Robles, que actuaba como una especie de enlace entre Vladimir Gorev y el Estado Mayor republicano, al parecer disponía de acceso al más alto nivel.
Por Valencia corrían rumores de que Robles había sido arrestado por espionaje y ejecutado bajo custodia soviética. En las tertulias de café se comentaba que en un descuido había revelado información militar obtenida tal vez de telegramas en clave[45]. Tal cosa es improbable, y las experiencias paralelas de su hermano sugieren que se trataba de algo más que un descuido. Louis Fischer, que contaba con acceso privilegiado tanto a la jerarquía rusa instalada en España como a la cúpula del gobierno español, estaba convencido de que la ejecución de Robles no tuvo nada que ver con el gobierno republicano, y dejó ver que se trataba de una cuestión de los rusos[46].
El novelista John Dos Passos fue informado en la embajada de Estados Unidos de que José Robles, traductor de su obra y viejo amigo, había sido visto con vida en un campo de prisioneros el 26 de marzo por el agregado militar norteamericano, el coronel Stephen Fuqua[47]. Robles fue ejecutado en una fecha sin determinar entre ese día y el 22 de abril. Esa mañana Dos Passos informó a Ernest Hemingway y Josephine Herbst de que acababa de saber que Robles había sido ejecutado tras un juicio por revelar secretos militares[48]. En 1939, Dos Passos dijo que «el entonces jefe del servicio de contraespionaje republicano» lo informó apesadumbrado de la muerte de Robles a manos de una «sección especial»[49]. Esa frase apuntaría a David Vázquez Baldominos, en calidad de comisario general de Investigación y Vigilancia y comandante de las Brigadas Especiales, pero hay razones de peso para suponer que el informante fuera más bien su secretario, Pepe Quintanilla. Al igual que su hermano, el artista Luis Quintanilla, Pepe mantenía contacto con Hemingway, Herbst y Dos Passos. Teniendo en cuenta su posición, Quintanilla debía de saber de la existencia de Grigulevich y la Brigada Especial. Las fuentes de que disponemos no revelan si José Robles fue de veras juzgado o simplemente ejecutado[50]. Los destinos opuestos de los dos hermanos subrayan la diferencia entre la relativa laxitud de los Tribunales Populares y la seriedad letal de las Brigadas Especiales.
Los enfrentamientos entre Cazorla y la CNT de Madrid eran un mero reflejo de un problema mayor que se gestaba en el seno de la España republicana. Para los comunistas, una parte importante del PSOE y los partidos republicanos, la campaña bélica era una prioridad que requería la reconstrucción plena del estado. Por el contrario, a los elementos revolucionarios de la izquierda, la CNT-FAI y el POUM, les preocupaba más colectivizar la industria y la agricultura, y se oponían al control estatal de las cuestiones económicas y militares, aun después de que la debacle republicana en Málaga en febrero dejara al descubierto en toda su crudeza las debilidades del sistema de milicias. Los anarquistas, a pesar de su retórica ocasional, se oponían también a la reorganización del orden público. Por ende, a ojos de republicanos, socialistas y comunistas, las actividades de la CNT y el POUM eran lisa y llanamente irresponsables, y se hallaban en el mismo espectro subversivo que las de la Quinta Columna.
A pesar de que Madrid había vivido un intenso conflicto, lo contuvo en cierta medida el sentimiento de lucha común impuesta por el asedio. En mayo de 1937, en cambio, un enfrentamiento más dramático y definitivo tendría lugar en Barcelona, donde la lejanía del frente creaba un contexto muy distinto, y las tensiones sociales y políticas iban en aumento desde hacía meses. Ya a finales de 1936, algunos de los avances revolucionarios de los primeros momentos habían sido recortados. Poco a poco, la Generalitat iba recuperando los poderes perdidos cuando el golpe militar dejó el aparato del estado en ruinas. El presidente catalán, Lluís Companys, perteneciente al partido burgués Esquerra Republicana, y el Partit Socialista Unificat de Catalunya, de corte comunista, trataban de restablecer el control de las estructuras políticas y militares de la región. En el periódico del POUM, La Batalla, el líder del partido, Andreu Nin, y su principal ideólogo, Juan Andrade, denunciaban la colaboración entre el PSUC y Esquerra tachándola de contrarrevolucionaria, y urgieron a la CNT a unirse al POUM para combatirla a través de comités revolucionarios[51].
Ya en otoño de 1936, Louis Fischer, el reputado sovietólogo, le había dicho a la esposa de Andrade, María Teresa García Banús, que el Kremlin estaba decidido a exterminar al POUM, y la urgió a advertir a sus camaradas de tomar todas las precauciones necesarias[52]. Desde finales de 1936, el taciturno y enigmático Ernö Gerö, alias «Pedro», delegado del Comintern en el PSUC, dirigía una campaña para apartar a Andreu Nin de su cargo como conseller de Justícia en la Generalitat[53]. El 24 de noviembre, el secretario general del PSUC, Joan Comorera, había planteado la cuestión de la incapacidad del gobierno de coalición para contribuir de una manera decisiva a la campaña bélica. El 11 de diciembre de 1936, el comité ejecutivo del Comintern mandó el siguiente telegrama a «Luis» (alias de Victorio Codovilla, delegado del PCE), «Pedro» (Ernö Gerö) y «Pepe» (José Díaz, secretario general del PCE): «Es preciso orientarse hacia la liquidación política de los trotskistas, como contrarrevolucionarios, agentes de la Gestapo —después de la campaña política: alejar de todos los órganos y [administraciones] locales y de todos los órganos, suprimir prensa, expulsar a todos los elementos extranjeros. Intentad realizar estas medidas de acuerdo con los anarquistas»[54].
Al día siguiente, 12 de diciembre, Comorera propició una crisis del gabinete al exigir el cese de Nin como conseller de Justícia de la Generalitat tras describir al POUM como un elemento discordante y desleal que provocaba divisiones entre la UGT y la CNT. Declaró, no sin razón, que los ataques y los insultos del POUM contra el único aliado poderoso de la República eran actos de traición[55]. El cónsul general ruso en Barcelona, Vladimir Antonov-Ovseenko, viejo amigo de Nin, cenó con Companys esa misma noche y «utilizó todos los argumentos posibles, las armas soviéticas, la situación en el exterior, las materias primas y los envíos de alimentos». Puesto que las entregas eran inminentes y se cernía la amenaza de una crisis alimentaria, Companys, que en cualquier caso se alegraba de contar con un gobierno más cohesionado, accedió a la petición. Nin quedó excluido de la remodelación del consejo, que tuvo lugar el 16 de diciembre[56]. Tras su arresto el 16 de junio, Nin dijo a sus interrogadores que cuando el primer ministro catalán, Josep Tarradellas, le explicó las razones de su exclusión, le dijo que el POUM sería perseguido y sus líderes eliminados, tanto física como políticamente[57].
Las críticas públicas que el POUM hizo sobre el juicio y la ejecución de los veteranos bolcheviques Kamenev y Zinoviev habían provocado la animadversión de los asesores soviéticos. Alentado por Antonov-Ovseenko, el PSUC denunció a los «espías fascistas» y los «agentes trotskistas» del POUM, y pidió que se acabara con ellos[58]. Sin embargo, la hostilidad hacia la izquierda antiestalinista no se debía solo a la paranoia rusa. Entre los republicanos, socialistas, comunistas y numerosos observadores extranjeros estaba cada vez más extendida la convicción de que los anarquistas catalanes no mantenían un compromiso pleno con la campaña bélica. La CNT, obsesionada por informes secretos acerca de la cantidad de armamento de que disponían el PSUC y Esquerra Republicana de Catalunya, importaba y almacenaba armas en Barcelona, en previsión del día en que iniciara su propia revolución[59]. A mediados de marzo, varios centenares de los miembros más radicales del movimiento libertario, contrarios a la militarización de las milicias, abandonaron el frente de Gelsa (Zaragoza) y se dirigieron con sus armas hacia la capital catalana. Inspirados por el periodista separatista radical Jaume Balius Mir, su objetivo era crear una vanguardia revolucionaria que combatiera la colaboración de los dirigentes de la CNT con el gobierno central. (Cabe recordar que fue Balius quien pidió que Manuel Carrasco i Formiguera fuera asesinado; García Oliver lo consideraba un bohemio desquiciado). El 17 de marzo formaron la Agrupación de los Amigos de Durruti y en cuestión de semanas reclutaron a 5000 miembros de la CNT. La nueva organización recibió el apoyo de Andreu Nin[60].
Republicanos, socialistas y comunistas, así como los asesores rusos, partían del principio unánime de que la campaña bélica debía ser disciplinada y centralizada. Una parte de la dirección de la CNT, que había accedido a formar parte del gobierno republicano, era más propensa a aceptar la necesidad de priorizar el esfuerzo bélico. Sin embargo, las bases del sindicato, sobre todo en Barcelona, se resistían a la pérdida del poder revolucionario y a la aparente connivencia de sus líderes en ese proceso. Muchos anarquistas y militantes del POUM sentían que los sacrificios que exigían los comunistas a favor de una República burguesa eran en vano, porque las potencias occidentales consideraban a Franco una apuesta más segura para el capitalismo imperante de lo que jamás podría serlo la República. En cambio, para todos aquellos comprometidos con la campaña bélica, la prioridad que muchos miembros de la CNT y el POUM daban a la revolución era un acto subversivo y de traición.
Los esfuerzos de la Generalitat para recuperar el poder conquistado por los sindicatos revolucionarios dieron lugar a tensiones que se exacerbaron aún más con los trastornos económicos y sociales que imponía la guerra. En diciembre de 1936, la población de Cataluña se había incrementado con la llegada de 300 000 refugiados, lo cual constituía un 10 por ciento de la población total de la región, y cerca del 40 por ciento de la población de Barcelona. Tras la caída de Málaga, las cifras aumentaron aún más. Las dificultades de alojar y alimentar a los recién llegados, con los problemas añadidos de la escasez y la inflación, agudizaron los conflictos existentes. Hasta diciembre de 1936 la CNT había controlado la Conselleria de Proveïments y optado por salvar las dificultades requisando los alimentos a precios artificialmente bajos, lo que provocó carencias porque los granjeros se resistieron y acapararon reservas. Después de la crisis del Consejo de Ministros a mediados de diciembre, el líder del PSUC, Joan Comorera, había asumido la cartera de Abastecimientos y había introducido un enfoque más mercantil. Los anarquistas pusieron el grito en el cielo, pero el problema no se solucionó. Además, por más que Cataluña necesitara importar alimentos, carecía de divisa extranjera para adquirirlos. La escasez y la inflación de los precios subsiguientes provocaron disturbios en Barcelona, así como enfrentamientos armados entre la CNT-FAI y el PSUC por el control de los almacenes de comida[61].
En paralelo al conflicto generado por la colectivización y la escasez de los víveres, la violencia era aún mayor entre las Patrulles de Control y las fuerzas del orden. En febrero, más de una treintena de miembros de la Guardia Nacional Republicana (la antigua Guardia Civil) fueron asesinados. A principios de marzo, la Generalitat disolvió el Comité de Defensa, controlado por la CNT, y asumió el poder para desintegrar todos los comités locales de la Policía y las milicias. La Guardia de Asalto y la Guardia Nacional Republicana se fusionaron en un solo cuerpo policial catalán, a cuyos integrantes no se les permitía afiliarse a ningún partido político ni sindicato. Estas medidas situaron de hecho a las patrullas obreras al margen de la ley. Diez días después, el gobierno republicano central ordenó que las organizaciones, comités y patrullas obreras, así como los trabajadores a título individual, entregaran las armas que tuvieran en su poder. El consejero de Seguridad Interior de la Generalitat, Artemí Aiguader, de Esquerra Republicana de Catalunya, intensificó el desarme de las patrullas milicianas. Al mismo tiempo, en la frontera con Francia había cada vez más escaramuzas por el control de los puestos de aduanas entre la Policía fronteriza —los Carabineros— y el Comité de Patrullas de la CNT, que desde julio de 1936 se ocupaba de dicha labor[62].
El 24 de abril, los anarquistas atentaron contra la vida del jefe de la Policía catalana, Eusebio Rodríguez Salas, miembro del PSUC, a quien Aiguader había nombrado para el puesto. Las cosas alcanzaron su punto crítico al día siguiente, con el asesinato en Molins de Llobregat (el nombre durante la República de Molins de Rei) de Roldán Cortada, miembro del PSUC y secretario de Rafael Vidiella, consejero de Trabajo y Obras Públicas de la Generalitat. Dos días después, el gran cortejo fúnebre por las calles de Barcelona tras el féretro de Cortada se convirtió en una manifestación masiva contra la CNT-FAI. Al mismo tiempo, en La Cerdanya, en el Pirineo de Lérida, ocurría un suceso inaudito; la zona se hallaba bajo el control del activista y contrabandista de la FAI Antonio Martín Escudero, «el Cojo de Málaga». En su condición de virrey fáctico de La Cerdanya, Martín amasó una fortuna gracias al estraperlo y extorsionando a los acaudalados que trataban de cruzar la frontera; con frecuencia, sus sicarios detenían y amenazaban a políticos importantes. Los dirigentes de la CNT concedían mucha importancia al control de la frontera, tanto para exportar sin restricciones los objetos de valor requisados como para importar armas de forma ilegal, por lo que proporcionaban puntualmente a Martín Escudero la información relativa a los movimientos de los Carabineros y otras fuerzas gubernamentales que obtenían gracias a que su sindicato controlaba las comunicaciones telefónicas en Cataluña.
Los alcaldes de la zona estaban resueltos a acabar con el terror de Martín y, por fin, en el mes de abril, empezaron a recibir el apoyo de Aiguader y la Generalitat. Cuando desde Barcelona informaron a Martín de que en Bellver se estaba reuniendo un contingente para ir a detenerlo, encabezó un ataque con un nutrido grupo de milicianos sobre la población. Sin embargo, tras un tiroteo, se repelió el ataque, y Martín y algunos de sus hombres murieron[63]. La literatura anarquista convirtió al bandido en mártir; todo el episodio se reescribió para dar la impresión de que el nefando Martín no había muerto en Bellver a manos de los defensores del pueblo, sino que había caído en Puigcerdà ante fuerzas de la Generalitat. Diego Abad de Santillán, conseller de Economia de la Generalitat, que en dos ocasiones había tenido que acompañar a delegaciones gubernamentales para investigar las denuncias que pesaban sobre Martín, conocía perfectamente su turbio historial[64].
Las disputas por el suministro de alimentos y los sucesos de La Cerdanya revelaban lo arraigado del conflicto entre los partidarios de la revolución y quienes preferían priorizar la campaña bélica. Así pues, carece de fundamento la idea de que la culminación del enfrentamiento en los llamados Sucesos de Mayo (Fets de maig) fue una conspiración estalinista cuidadosamente tramada. La chispa que desencadenó los enfrentamientos fue una doble iniciativa de la Generalitat. Por un lado, el decreto que prohibía las tradicionales concentraciones populares del 1 de mayo con el propósito de evitar los choques entre la CNT y la UGT fue interpretado como una provocación por las bases cenetistas. A continuación, el 3 de mayo, Artemí Aiguader ordenó la toma de la Central Telefónica de la plaza de Catalunya y la operación fue organizada por el beligerante inspector de Policía Rodríguez Salas, del PSUC. Aiguader seguía instrucciones de Companys, que se había visto humillado cuando un miliciano de la CNT interrumpió una llamada telefónica del presidente Azaña. Era evidente que el estado debía controlar el principal sistema de comunicación; sin embargo, cuando Companys dio la orden del asalto, el antiguo conseller de Proveïments y posterior conseller de Serveis Públics, Josep Joan Domènech, de la CNT, le advirtió de que para las bases anarquistas sería una provocación[65]. En cualquier caso, la noche anterior, cumpliendo órdenes recibidas desde Salamanca, unos agitadores del grupo de extrema derecha Estat Català habían abierto fuego sobre militantes de la CNT.
Sin duda, los anarquistas y el POUM estaban indignados por la campaña de desarme de las patrullas milicianas que la Policía había iniciado tres meses antes; su respuesta en forma de insurrección debió de requerir cierto grado de planificación. La cantidad de armas a disposición de la CNT propició una grave escalada de la crisis, pero no se puede hablar de una guerra civil a pequeña escala. Las milicias anarquistas y del POUM salieron a las calles de Barcelona y de otros municipios. Después de que el Consejo de Ministros se reuniera a debatir sobre la situación, uno de los ministros anarquistas, posiblemente García Oliver, dijo: «Esto no es más que el comienzo. El ataque va a ser a fondo y definitivo». Companys se negó a retirar las fuerzas que rodeaban la Central Telefónica, y aprovechó la oportunidad para arremeter contra las patrullas de la CNT y reafirmar así el poder del estado[66].
En el centro de Barcelona se levantaron barricadas. Los Amigos de Durruti, junto con fuerzas de la CNT y del POUM, hicieron frente durante cuatro días a los contingentes de la Generalitat y el PSUC. El casal Karl Marx, sede del PSUC en el paseo de Gràcia, fue atacado por tres coches blindados, pero no pudieron tomarlo. Los barrios obreros y los suburbios industriales se hallaban en manos de las masas anarquistas, pero la falta de coordinación favoreció a Companys[67]. A pesar de que la crisis hundía sus raíces en las circunstancias que vivía Cataluña en tiempos de guerra, la Generalitat y el PSUC eran conscientes de que tenían que aprovechar la ocasión para aplastar el poder de la CNT; a la vez, el gobierno central veía en estos sucesos la oportunidad de limitar el poder de la Generalitat. García Oliver y Carlos Hernández Zancajo, de la UGT, fueron enviados a Barcelona para tratar la situación con los dirigentes de la CNT. Sufrieron la humillación de una larga espera mientras los anarquistas daban cuenta de una prolongada cena; cuando pidieron comida, les mandaron dos míseros bocadillos. Volvieron a Valencia de vacío[68].
Por encima de todo, la situación puso al descubierto el dilema fundamental de la CNT. Los anarquistas podían ganar en Cataluña solo si emprendían una guerra a cualquier precio contra el resto de las fuerzas republicanas. El diario cenetista de Madrid, Frente Libertario, acusó a los revolucionarios de ser aliados de Hitler, Mussolini y Stalin. García Oliver dio un discurso radiofónico desde la Generalitat, en nombre de los ministros de la CNT del gobierno central, exigiendo a los incrédulos militantes que depusieran las armas. La mayoría de los dirigentes de la CNT en Cataluña no eran partidarios de retirar las milicias anarquistas del frente de Aragón para combatir a la Generalitat y al gobierno republicano central. El 7 de mayo, el gobierno mandó los refuerzos policiales desde Valencia, que finalmente decantaron la balanza en el conflicto; a cambio, la Generalitat tuvo que renunciar al control del Ejército de Cataluña y a la responsabilidad del orden público en la región. Varios centenares de miembros de la CNT y el POUM fueron arrestados, aunque la necesidad de poner en marcha las industrias bélicas cuanto antes limitó la escala de la represión. El telón de fondo de estos acontecimientos era el avance franquista en el País Vasco. Tal como escribió un indignado Manuel Domínguez Benavides, periodista gallego, mientras se bombardeaba Euskadi «el POUM y la FAI organizaban un sangriento carnaval revolucionario»[69].
Ángel Viñas ha demostrado que los sucesos del 3 de mayo tomaron a los rusos por sorpresa. Algunos de los asesores más importantes en materia de guerrillas se vieron inesperadamente atrapados en Barcelona por los enfrentamientos. El general Grigori Shtern, destacado asesor militar, escribió posteriormente que, lejos de despertar odios porque hubieran inspirado los acontecimientos, los rusos «podían cruzar con toda tranquilidad las barricadas de ambos bandos, y los anarquistas los recibían con el saludo del puño en alto»[70]. Si los rusos y el PCE no habían planeado todo el episodio, lo cierto es que supieron aprovechar las oportunidades que la situación les brindaba. El POUM, tras alardear de haber liderado una insurrección que en realidad fue obra de elementos de la CNT, iba a ser el chivo expiatorio[71]. Andreu Nin y el resto de los dirigentes del partido habían sobrepasado con mucho a la CNT en el fervor de sus pronunciamientos revolucionarios durante la crisis. Además, puesto que los principales favorecidos por los sucesos fueron los rebeldes franquistas y sus aliados del Eje, entre los comunistas, socialistas y republicanos corría la sospecha de que existía un elemento de provocación fascista en las actividades del POUM y la CNT. Cazorla, entre otros, se quejaba con frecuencia de que la CNT era un sindicato muy permeable para las infiltraciones. El POUM internacionalista veía con muy buenos ojos el reclutamiento de voluntarios extranjeros. Concretamente, en enero de 1937, un agente del NKVD en Berlín había informado a Moscú de que había agentes alemanes infiltrados en el POUM[72]. Franco fanfarroneó ante el encargado de negocios alemán Wilhelm Faupel de que «la lucha callejera había sido iniciada por sus agentes», en referencia a los ataques sobre miembros de la CNT por parte de elementos de Estat Català. De manera análoga, Ciano se regodeó con el embajador franquista en Roma de que los agentes italianos hubieran contribuido en los disturbios. Desde luego, no faltaban italianos en las filas de la CNT, y algunos bien podían ser agentes infiltrados de OVRA (Organización para la Vigilancia y la Represión del Antifascismo)[73].
Poco después de que terminaran los enfrentamientos en Barcelona, Largo Caballero fue apartado de la presidencia del Gobierno, no solo por los errores que había cometido durante la crisis. Sin duda Azaña, que quedó sitiado en el Palau de les Corts Catalanes durante los Sucesos de Mayo, nunca perdonó a Largo la demora en organizar su evacuación. El ministro sin cartera José Giral, de Izquierda Republicana, había informado a Azaña de que los republicanos, comunistas y socialistas estaban unidos en la voluntad de promover un cambio profundo. No solo se sentían frustrados ante las ridículas pretensiones de gran estratega de Largo Caballero, sino también por su costumbre de tomar decisiones sin debatirlas en el Consejo de Ministros. Ante las quejas de que no informaba de lo que sucedía, les espetaba a los ministros que leyeran la prensa. Así pues, los tres grupos también compartían el descontento con la simpatía de Largo Caballero hacia la CNT y su fracaso a la hora de afrontar el asunto del orden público. Además, estaban decididos a conseguir la destitución del incompetente ministro de la Gobernación, Ángel Galarza.
El 14 de mayo tuvo lugar un turbulento Consejo de Ministros convocado por los ministros comunistas que, con el acuerdo previo de socialistas y republicanos, exigieron un cambio de estrategia militar y la ilegalización del POUM. Cuando el jefe de Gobierno se negó, renuente a castigar al POUM mientras la FAI y los Amigos de Durruti quedaban impunes, abandonaron el consejo en bloque. Largo Caballero trató de seguir adelante sin ellos, y su sorpresa fue mayúscula cuando el resto de los ministros se negaron[74]. Tuvo que dimitir, y el gobierno le fue ofrecido a Juan Negrín; esto marcó la victoria de las fuerzas políticas contrarias a las facciones revolucionarias. De ahí en adelante, los avances revolucionarios que marcaron las etapas iniciales de la guerra serían desmantelados uno tras otro, dejando que la contienda siguiera la dirección que dictaban los republicanos y los socialistas moderados que habían ocupado los ministerios clave del gobierno.
Las preocupaciones humanitarias que subyacían a la determinación del nuevo presidente de acabar con el terror guardaban una estrecha relación con su idea de que las atrocidades del bando republicano servían para justificar la negativa de las potencias democráticas a ayudar a la República. Entre septiembre de 1936 y mayo de 1937, como ministro de Hacienda, Negrín había hecho todo lo posible por mantener la República a flote. Durante ese período, se esforzó por garantizar que los recursos nacionales se pusieran al servicio de la campaña bélica, ya fuera con el envío de las reservas de oro al extranjero para proteger su disponibilidad para la compra de armamento, ya fuera reforzando el Cuerpo de Carabineros a fin de restablecer el control del estado sobre el comercio exterior e impedir las actividades de los muchos puestos fronterizos ilegales de la CNT en la frontera catalano-francesa. Sus empeños por acabar con la represión ilegal pasaron a un plano distinto tras ser elevado a la presidencia del Consejo de Ministros, a finales de mayo de 1937.
En el nuevo gobierno nombrado a mediados de mayo de 1937, Negrín eligió a Julián Zugazagoitia ministro de la Gobernación, por su firme compromiso con el restablecimiento de la ley y el orden. Unido a su elección de otro vasco para el Ministerio de Justicia, Manuel de Irujo, se aseguraba de que no hubiera en España juicios moscovitas, a pesar del empeño de los soviéticos por destruir al POUM. Hubo además una serie de nombramientos orientados hacia un mayor control del orden público. El socialista Juan-Simeón Vidarte fue nombrado subsecretario de Zugazagoitia, y sus primeras intervenciones consistieron en disolver un escuadrón que había llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales a las órdenes de Ángel Galarza, y el cierre de la conocida cárcel valenciana de Santa Úrsula. Otro socialista, Paulino Gómez Sáiz, fue nombrado delegado de Orden Público en Cataluña, con objeto de recuperar cierto control en la región. El eficiente teniente coronel Ricardo Burillo pasó a ser el jefe de la Policía en Barcelona, y un policía de profesión, Teodoro Illera Martín, fue enviado también a la ciudad como delegado de la Dirección General de Seguridad. Burillo había estado al mando del cuartel de la Guardia de Asalto de la calle de Pontejos el 13 de julio de 1936, cuando fue asesinado Calvo Sotelo, un crimen en el que no participó y por el que lo ejecutarían en 1939. Era comunista, pero también leal a Negrín[75]. El único nombramiento que acabaría confirmándose nefasto fue el del coronel Antonio Ortega Gutiérrez como director general de Seguridad, el 27 de mayo. Negrín escogió a Ortega al creer que este era simplemente un soldado profesional socialista afín a Prieto. Más tarde, en sus memorias inacabadas, comentaría que nunca habría aceptado la recomendación de haber sabido que Ortega primaría su lealtad al Partido Comunista por encima de la que le debía al gobierno[76].
Según Diego Abad de Santillán, 60 000 armas obraban en poder de los izquierdistas de Barcelona, la mayoría de los cuales eran, como es de suponer, miembros de la CNT-FAI. Poco después de llegar a Barcelona, Vidarte y Burillo empezaron a cerrar las Patrullas de Control y a confiscar sus armas, si bien tuvieron que hacer frente a una resistencia no exenta de violencia por parte de la CNT-FAI, a raíz de la cual, el 4 de junio, un sargento de Carabineros y cuatro guardias de asalto perdieron la vida. En opinión de Vidarte, Manuel Escorza del Val, que había sido jefe de Policía de la Generalitat, tuvo un papel relevante en esta resistencia. Los responsables de los asesinatos fueron arrestados, pero Negrín insistió en que no hubiera ejecuciones[77]. Illera despidió a 72 policías de la Generalitat, acusándolos de participar en robos, asesinatos y contrabando, exactamente la clase de crímenes con que se relacionaba a Antonio Martín Escudero. Inevitablemente, Illera chocó con el hombre a quien había ido a sustituir, Dionisio Eroles Batlló, de la FAI, quien hasta que Negrín tomó posesión de la presidencia del Gobierno, fue jefe de Orden Público de la Generalitat. Illera también hizo frente a la fiera oposición del líder de las Patrullas de Control de la CNT-FAI, Aurelio Fernández Sánchez, que fue encarcelado. La misma suerte corrió el abogado Eduardo Barriobero, antes director de la Oficina Jurídica de la Generalitat[78].
Negrín estaba al corriente del empeño que había puesto Irujo en detener la violencia en la retaguardia republicana en su etapa de ministro sin cartera[79]. Ahora, al asumir el cargo de ministro de Justicia, Irujo reflejó a la perfección la actitud de Negrín hacia la represión al declarar: «Levanto mi voz para oponerme al sistema y afirmar que se han acabado los “paseos” … Hubo días en que el Gobierno no fue dueño de los resortes del poder. Se encontraba impotente para oponerse a los desmanes sociales. Aquellos momentos han sido superados … es preciso que el ejemplo de la brutalidad monstruosa del enemigo no sea exhibido como el lenitivo a los crímenes repugnantes cometidos en casa»[80]. En consonancia con este planteamiento, la justicia revolucionaria quedó paulatinamente relegada por la justicia burguesa convencional. Los tribunales populares operaban ahora bajo la supervisión de jueces cualificados. Una de las primeras cosas que hizo Irujo fue profesionalizar el sistema penitenciario, para garantizar que no se repitieran las atrocidades de noviembre de 1936. El régimen carcelario se suavizó hasta un punto inimaginable en la zona controlada por los rebeldes. El clero católico y los prisioneros religiosos fueron liberados. La Cruz Roja disponía de pleno acceso a las prisiones[81]. A muchos presos civiles se les concedían permisos por nacimiento, matrimonio, enfermedad o muerte de familiares. A resultas de estas medidas, durante un tiempo Irujo fue acusado en la prensa anarquista de cavernícola vaticanista y reaccionario burgués, pero con el tiempo una delegación anarquista acabó felicitándolo por su trabajo. De modo análogo, en el Ministerio de la Gobernación, Zugazagoitia utilizó su posición para salvar las vidas de numerosos falangistas eminentes que estaban bajo custodia republicana.
El extraordinario caso de Amelia de Azarola sirve para ilustrar el papel que desempeñaron Negrín e Irujo. Amelia era nacionalista vasca y antifascista. Sin embargo, estaba casada y amaba profundamente a Julio Ruiz de Alda, uno de los fundadores de la Falange. Azarola fue arrestada en agosto de 1936, poco después de que su esposo fuera asesinado en la masacre de la cárcel Modelo. El 29 de marzo de 1937 fue juzgada por desafección al régimen. Tanto Irujo como Negrín testificaron en el juicio. El primero la conocía como una republicana convencida de su aldea natal en Euskadi; el segundo había estudiado con ella Medicina en la Universidad de Madrid, y mencionó sus actividades en la organización estudiantil republicana, la Federación Universitaria Española. A resultas de estos testimonios, quedó absuelta. Sin embargo, Cazorla se negó a ponerla en libertad y la mantuvo retenida de cara a un posible canje de prisioneros. Finalmente se le concedió permiso para trabajar en la cárcel de mujeres de Alacuás, a las afueras de Valencia. Después de una nueva intervención de Negrín, en otoño de 1937 la doctora Azarola fue liberada por la DGS y pudo volver a su casa de Barcelona bajo custodia. Después, a principios de 1938, fue canjeada y enviada a Navarra[82].
El llamado «Campamento de Alacuás», donde trabajó la doctora Azarola, era una antigua residencia jesuita, reconvertida en centro penitenciario por orden de Manuel Irujo. Luminosa, ventilada, con piscina y gimnasio, la cárcel ofrecía unas condiciones relativamente cómodas. La hermana de Queipo de Llano, Rosario, llegó allí en julio de 1937 y se encontró con una distinguida lista de mujeres franquistas, entre las que se contaban las hermanas Larios, María Primo de Rivera, María Luisa Millán Astray, hermana del fundador de la Legión Extranjera, la sobrina de Franco, Pilar Jaraiz, una prima del duque de Alba y parientes de los coroneles López Pinto y Aranda[83].
Irujo había aceptado el cargo de ministro de Justicia a condición de que se respetara la libertad de conciencia y volviera a legalizarse la práctica religiosa. Se expidieron salvoconductos y carnés de identidad a sacerdotes y religiosos, e igualmente se invirtieron esfuerzos para restablecer el derecho a practicar la liturgia. Irujo creó el Negociado de Confesiones Religiosas y se mostró infatigable hasta conseguir que se diera la primera misa pública en la Delegación de Euskadi en Valencia, el 15 de agosto de 1937, y se abriera la primera capilla en Barcelona, en la calle del Pi n.º 5, lo que le valió las estridentes críticas de la CNT. Jesús de Galíndez, que trabajó en dicho Negociado de Confesiones Religiosas, sirvió de monaguillo en aquella primera misa. Posteriormente recordó que la Quinta Columna había intentado boicotear la iniciativa extendiendo el rumor de que la iglesia estaba desconsagrada y que cualquiera que asistiera a la misa quedaría excomulgado. Se daban cuenta, lógicamente, de que con las iglesias abiertas iban a perder una de sus principales armas propagandísticas contra el gobierno republicano[84].
Lo que Irujo y Zugazagoitia no pudieron hacer fue controlar las actividades de Lev Lazarevich Nikolsky, el jefe del NKVD en la España republicana, conocido como «Aleksandr Orlov». En teoría, Orlov se ocupaba de funciones diversas: el contraespionaje, sobre todo en el seno de las Brigadas Internacionales, la organización de actividades de guerrilla y sabotaje, y la creación de una pequeña Policía Secreta de élite para contrarrestar la oposición interna al gobierno. En la práctica, esta última era su principal actividad, fruto de la cual nacieron las Brigadas Especiales. El propósito inicial de las mismas fue combatir a la Quinta Columna, pero pronto se dedicaron a luchar contra los elementos de la izquierda española que consideraban subversivos. El 3 de mayo de 1937, Grigulevich llevó una de las Brigadas Especiales hasta Barcelona, con idea de aprovechar la turbulenta situación para eliminar a ciertos cabecillas trotskistas extranjeros vinculados al POUM[85]. Se ha sugerido que el grupo de Grigulevich pudo ser responsable del asesinato de los anarquistas italianos Camilo Berneri y Francesco Barbieri, ocurridos el 5 y el 6 de mayo. Sin embargo, Berneri era un peligro mucho mayor para Mussolini que para Stalin, por lo que es posible que los asesinatos fueran obra de la Policía Secreta italiana, la OVRA. La investigación que la propia CNT llevó a cabo concluyó que Berneri había muerto a manos de miembros de Estat Català al servicio de la OVRA[86].
En cuanto a las exigencias de un paranoico Stalin, la principal tarea de Orlov consistía en erradicar a los comunistas extranjeros disidentes que había en España. De hecho, al personal de seguridad ruso le importaba mucho más este objetivo que emprender cualquier acción contra el POUM, pues se consideraba que ese trabajo correspondía a la Policía republicana. Muchos europeos del este fueron arrestados y encarcelados por agentes del Grup d’Informació, una unidad similar a las Brigadas Especiales de Madrid pero que operaba en Cataluña. Formaba parte del Servei Secret d’Informació, el Servicio Secreto de la Conselleria de Defensa de la Generalitat, con el que Orlov había entrado en contacto. Los trotskistas detenidos eran trasladados al convento de Santa Úrsula, en Valencia, donde eran interrogados y torturados por rusos, alemanes y europeos del este, todos miembros de los partidos comunistas de sus respectivos países[87]. Era relativamente raro que los liquidaran, y estos asesinatos selectivos se decidían desde Moscú. Uno de estos casos fue el secuestro de Brian Goold-Verschoyle, un comunista angloirlandés que trabajaba en la embajada soviética como operador de radio y ayudante de Orlov, que en abril de 1937 fue llevado a Rusia, donde murió en prisión[88].
Otra víctima de Orlov fue Mark Rein, hijo del líder menchevique ruso Rafail Abramovich. Rein había llegado a España como corresponsal de varias publicaciones antiestalinistas, entre ellas Social Demokraten, de Estocolmo, y el diario judío neoyorquino Forward. El 9 de abril de 1937 salió del hotel Continental de Barcelona y nunca se le volvió a ver. Su desaparición fue obra de agentes del Grup d’Informació. Orlov presentó a Alfred Herz (un agente del Servicio Secreto de Inteligencia del partido comunista alemán, el KPD, Nachrichtendienst, quien había sido enviado a España para controlar a los brigadistas internacionales alemanes) al jefe de la unidad, el policía Mariano Gómez Emperador. Herz y Gómez Emperador, con la ayuda del informante S. S. I. n.º 29, Alfonso Laurencic, raptaron y asesinaron a Rein. Es posible que quisieran sonsacarle el nombre del «viejo bolchevique» que un año antes había publicado una crónica devastadora sobre los crímenes de Stalin en la Unión Soviética[89].
Otro de los objetivos de Orlov fue Andreu Nin, cuya relevancia iba mucho más allá del liderazgo del POUM, ya que había sido un estrecho colaborador personal de Trotsky en el pasado. En un informe redactado a finales de febrero de 1937, Orlov había declarado que las posibilidades de victoria del gobierno republicano se veían socavadas por «los conflictos interpartidistas, en los que la energía de muchos se dedica a ganar la autoridad y el poder en el país para su propio partido, y a desacreditar a los oponentes, en lugar de combatir el fascismo». Después de ciertos comentarios displicentes acerca de Gorev y Berzin, proseguía diciendo:
En mi opinión, ha llegado el momento en que es preciso analizar la amenaza que pesa en la actualidad, presentar enérgicamente al gobierno español (y a los dirigentes de los partidos) la gravedad de la situación y proponer las medidas necesarias, si es que el gobierno español de verdad quiere nuestra ayuda: (1) imponer en el ejército y sus mandos una sana rectitud (ejecutar a los desertores, mantener la disciplina, etc.); y (2) acabar con las peleas internas en el partido. Si ante el peligro inmediato no conseguimos que el gobierno español recobre el sentido, los acontecimientos tomarán un giro catastrófico. La caída de Madrid traería consigo la desmoralización del ejército, así como rebeliones y traición por parte de algunas regiones catalanas[90].
Después de los Sucesos de Mayo, Orlov hizo de la eliminación de Nin su principal meta, y el papel del POUM en el curso de los acontecimientos de aquellos días le allanó enormemente la tarea. Nin se convirtió en el objetivo de lo que se conocía como una operación liter. Un expediente liter («letra») era un expediente codificado que se abría cuando se programaba el asesinato de alguna persona, que siempre aparecía con un nombre en clave. En el caso de Nin, era «AYUDANTE». Al expediente se le designó la letra «A», reservada para operaciones de «medida activa» (aktivka, o acción directa, que equivalía a «asesinato»). Si el ministro comunista Jesús Hernández decía la verdad en sus memorias, no debió de ser una coincidencia que al día siguiente del asesinato de Nin, un telegrama enviado a Moscú contuviera el mensaje: «Asunto A. N. resuelto por procedimiento A»[91].
El plan de Orlov se basó en dos «hallazgos» escrupulosamente orquestados. El primero guardaba relación con una librería de Gerona, propiedad de un falangista llamado José Roca Falgueras. Roca formaba parte de una red quintacolumnista, que gestionaba el dueño de un pequeño hotel de la ciudad, Cosme Dalmau Mora. La Policía había descubierto su existencia, pero la mantenía bajo vigilancia hasta que se considerase oportuno desmantelarla. Un día de mayo, un hombre vestido con elegancia entró en el establecimiento de Roca, y dejó dinero y un mensaje para Dalmau. Preguntó si podía dejar también una maleta y pasar a recogerla unos días después. Al día siguiente, la Policía hizo una redada y la maleta resultó contener una comprometedora colección de documentos técnicos para fabricar bombas, además de planes de asesinato de figuras republicanas. Todo llevaba en apariencia el sello del comité militar del POUM[92].
El segundo hallazgo, en un principio auténtico, fue amañado por Orlov para «demostrar» la colaboración del POUM con la Falange. El elemento principal era un mapa detallado de Madrid, que habían incautado las Brigadas Especiales dirigidas por David Vázquez Baldominos y Fernando Valentí Fernández en la desarticulación de una amplia red de quintacolumnistas, con la ayuda de Alberto Castilla Olavarría, un agente doble a sueldo. Castilla, vasco de derechas, vivía en la embajada de Perú, lo que le otorgó credibilidad para infiltrarse en la Quinta Columna. Se convirtió en el enlace entre los cuatro grupos falangistas que constituían la red conocida como «Organización Golfín-Corujo», gestionada por el arquitecto Francisco Javier Fernández Golfín. Cuando esta red fue desarticulada, obraba en poder de Fernández Golfín un mapa de las calles de Madrid, en el que su hermano Manuel había especificado detalles y posiciones de las instalaciones militares. Era el llamado «plano milimetrado», que formaba parte de los proyectos del grupo para facilitar la entrada de los rebeldes a la capital[93].
Más de un centenar de falangistas fueron arrestados por las Brigadas Especiales de Vázquez Baldominos, aunque solo se juzgó a veintisiete de ellos. Sus confesiones tuvieron un papel relevante en la compleja trama que Orlov había urdido, a pesar de que no hay razón para suponer que Vázquez Baldominos fuera cómplice de los añadidos que Orlov introdujo en el documento. Esbozó su elaborado plan para sacar el máximo provecho del mapa en un informe enviado a Moscú el 23 de mayo de 1937:
Teniendo en cuenta que este caso, en relación con el que la inmensa mayoría se ha declarado culpable, ha causado una honda impresión en los círculos militares y gubernamentales, y que está sólidamente documentado y fundado en las confesiones incontrovertibles de los acusados, he decidido utilizar su significado y los hechos indisputables del caso para implicar a los dirigentes del POUM (cuyas [posibles] conexiones buscamos mientras llevamos a cabo las investigaciones). Por consiguiente, hemos elaborado el documento adjunto, que indica la cooperación de los líderes del POUM con la organización Falange Española, y a través de ello, con Franco y Alemania. Cifraremos en clave los contenidos del documento utilizando el código de Franco, del que disponemos, y lo escribiremos en el dorso del mapa, que lleva la localización de los emplazamientos de nuestra artillería en la Casa de Campo, que fue obtenida de la organización falangista. Este documento ha pasado por cinco personas: los cinco fascistas entre los que ha circulado el documento antes de despachárselo a Franco. En otro documento incautado escribiremos con tinta invisible unas líneas de contenido irrelevante. A partir de este, en colaboración con los españoles, empezaremos a examinar el documento en busca de escritura en clave. Experimentaremos con varios métodos para abordar esta clase de documentación. Un compuesto químico especial revelará las primeras palabras o líneas, y después comprobaremos el resto de los documentos con ese revelador, y así pondremos al descubierto la carta que hemos elaborado para comprometer a la cúpula del POUM. El jefe del Departamento de Contrainteligencia español partirá de inmediato a Valencia, donde el Departamento de Codificación del Ministerio de la Guerra descifrará la carta. Dicho departamento, según nuestros datos, dispone también del código necesario, pero si por alguna razón no pueden descifrar la carta, «emplearemos un par de días» y lo haremos nosotros. Confiamos en la eficacia de este proyecto para sacar a la luz el papel del POUM en la sublevación de Barcelona. Descubrir el contacto directo entre uno de sus líderes y Franco contribuirá sin duda a que el gobierno adopte una serie de medidas administrativas contra los trotskistas españoles, y desacreditará al POUM como una organización de espías germano-franquistas[94].
Según un informe policial de finales de octubre de 1937, el documento incautado fue examinado en primer lugar por el entonces director general de Seguridad, Wenceslao Carrillo, el general Miaja y el coronel Vicente Rojo. A esas alturas, el dorso condenatorio del documento no se había «descubierto» aún, puesto que no había sido añadido. Solo después el «descubrimiento» se atribuyó al hecho de que estaba escrito con tinta invisible[95]. En el informe policial se apreciaba la inestimable ayuda técnica de expertos extranjeros (rusos), que tuvieron acceso libre a la documentación incautada en las oficinas de la Brigada Especial, y a quienes se les concedió luego permiso para llevársela a su embajada. Orlov informó a Moscú de que la falsificación del documento auténtico fue obra de Grigulevich. Después de la guerra, Valentí dijo a sus interrogadores franquistas que Grigulevich («Ocampo») tuvo el mapa en su poder durante algún tiempo. Cuando lo devolvió a la Brigada, le sugirió a Vázquez Baldominos hacer pruebas químicas por si había mensajes escritos con tinta invisible.
Según el informe policial, los técnicos rusos proporcionaron también los reactivos necesarios y la placa eléctrica para calentar el documento. Con los efectos del calor, en el dorso del mapa apareció un mensaje en clave. En este punto, mandaron llamar a Vázquez Baldominos. Incapaz de descifrar el mensaje, acompañado por Valentí y dos de los técnicos extranjeros (¿Orlov y Grigulevich?), llevó el documento a Valencia y lo presentó ante el recién nombrado director general de Seguridad, el coronel Ortega. Se devanaron los sesos durante casi dieciocho horas en su despacho, en un vano intento por descifrar el mensaje. Finalmente, los especialistas lograron interpretar el mensaje utilizando el libro de códigos franquista. Se decidió que todos los implicados fueran a la embajada rusa de Valencia para elaborar un informe[96].
En el «texto definitivo» se decía que uno de los miembros de la organización de Fernández Golfín se había reunido con «N., dirigente del POUM, el cual había puesto al partido a su disposición, lo que constituiría el puntal más firme para el triunfo de las armas nacionales». También había una carta a Franco, donde se esbozaban los servicios que prestaría el POUM en lo tocante a espionaje, sabotaje y provocación de disturbios antirrepublicanos. El mensaje en sí mismo era tan inverosímil como la posibilidad de que el nombre en clave de Nin fuera la inicial de su apellido. Seis meses más tarde, en enero de 1938, dos calígrafos analizaron el mensaje y dictaminaron que se trataba de una falsificación y no podía ser obra de ningún miembro de la red[97]. En esos momentos, en cambio, el informe redactado en la embajada rusa presentaba la historia de la organización de Fernández Golfín y el documento como hechos probados, y concluía con la recomendación de «extirpar» al POUM. Con fecha de 1 de junio de 1937, el Servicio de Contraespionaje de la Comisaría General de Madrid mandó sendas copias a Zugazagoitia y Ortega[98].
Vázquez Baldominos, Valentí y los miembros de la Brigada Especial volvieron a Madrid. Seis días después, Ortega envió una orden para que Valentí y siete miembros de su Brigada Especial, entre ellos Jacinto Rosell Coloma y Andrés Urresola Ochoa, se personaran en Valencia. De acuerdo con otro de los miembros de la Brigada Especial, Javier Jiménez Martín, de las JSU, el escuadrón lo dirigía «un brasileño llamado José»: «José pensábamos que era ruso. Hablaba ruso y podías ver realmente que tenía el poder en la organización». No cabe duda de que el «brasileño llamado José» era Grigulevich[99]. En Valencia recibieron órdenes de Ortega para ir a Barcelona con el fin de arrestar a Andreu Nin. Ortega reconoció más tarde que en todo momento había seguido instrucciones de Orlov[100]. Zugazagoitia nunca había confiado en Ortega, porque era comunista y porque lo consideraba un incompetente, por lo que había nombrado inspector y subdirector general de Seguridad al gobernador civil de Almería, el socialista Gabriel Morón Díaz, con la idea de que no le quitara ojo a Ortega. Sin embargo, el día del arresto de Nin, Ortega había conseguido deshacerse de Morón mandándolo a Ciudad Real con un pretexto absurdo. El 15 de junio, Valentí y sus compañeros fueron a Barcelona, acompañados de Grigulevich. El 16 de junio de 1937, Nin y, horas después, los demás miembros de la ejecutiva del POUM fueron arrestados por la Policía Local a las órdenes del teniente coronel Burillo[101].
El 28 de mayo ya se había prohibido la publicación de La Batalla, el periódico del POUM; ahora el partido pasaba a ser ilegalizado y su milicia, disuelta. En un comunicado se explicaba que la Dirección General de Seguridad había confiscado en el cuartel general del POUM «mensajes en clave, telegramas, códigos, documentos relacionados con dinero y compras de armas y contrabando, junto con documentos incriminatorios de que los dirigentes del POUM, y Andreu Nin en concreto, había[n] participado en labores de espionaje». Orlov informó a Moscú de que la Policía de Madrid consideraba el documento falsificado «absolutamente genuino en sus dobles aspectos», es decir, tanto en relación con los planes falangistas originales para la ocupación rebelde de Madrid, como a los añadidos en tinta invisible[102]. Por el contrario, tanto el presidente catalán, Lluís Companys, como su jefe de Propaganda, Jaume Miravitlles, pensaron que la idea de que Nin fuera un espía fascista era absurda, además de sumamente perjudicial para el gobierno republicano, y así lo hicieron saber en una carta a la sede gubernamental de Valencia. Cuando Ortega trató de convencer a Miravitlles mostrándole el «plano milimetrado», este estalló en carcajadas y dijo que era la primera vez en la historia que un espía firmaba con su nombre verdadero un documento que podía incriminarlo[103].
Primero Nin fue llevado a Valencia, y luego trasladado a Madrid[104]. Allí surgió el problema de cómo obedecer la orden de Ortega de mantener a Nin aislado durante su interrogatorio y en un lugar apropiado para un prisionero de su categoría, teniendo en cuenta que los centros penitenciarios de la capital estaban ya hasta los topes de quintacolumnistas arrestados por el caso Golfín. Entonces apareció la propuesta de «un alto representante de los técnicos extranjeros» —sin duda Orlov—, que se ofreció a recluir a Nin en una casa de Alcalá de Henares. Se ha dicho que era una casa donde habían residido Constancia de la Mora e Ignacio Hidalgo de Cisneros y donde luego se habían alojado los altos mandos rusos de la brigada de carros de combate. Más recientemente se ha sugerido que se trataba de la casa de Rafael Esparza, el diputado de la CEDA que había muerto asesinado en la cárcel Modelo. Comoquiera que sea, Vázquez Baldominos aceptó la oferta de Orlov y propuso que varios de sus agentes custodiaran el edificio. Orlov desestimó la idea, con el pretexto de que podía llamar una atención indeseada, y asumió personalmente la responsabilidad de la seguridad de Nin. El 17 de junio, Vázquez Baldominos firmó la orden para trasladar a Nin a la casa, y destinó solo dos agentes para la misión. Orlov se comprometió a ocuparse de su manutención[105].
El interrogatorio le fue confiado a Jacinto Rosell. Jesús Hernández aseguró (aunque sus testimonios a menudo eran poco fidedignos) que Nin fue torturado e interrogado por Orlov y otros durante varios días, en un intento por hacerle firmar una «confesión» de sus vínculos con la Quinta Columna. De hecho, existen registros de los cuatro interrogatorios que Rosell llevó a cabo, uno a las 14.15 horas del 18 de junio, dos al día siguiente, y el último a las 15.20 horas del 21 de junio. Ni en las preguntas de Rosell ni en las respuestas de Nin se advierten indicios de que el interrogatorio se apartara de la legalidad o se le torturara. El 21 de junio, por órdenes de Ortega, Vázquez Baldominos, Rosell y otros miembros de la Brigada fueron a Valencia para recoger más miembros del POUM detenidos —Andrade entre ellos— y escoltarlos hasta Madrid[106]. En ese punto, Orlov aprovechó la ocasión para orquestar la siguiente farsa en el chalé. El 22 de junio, entre las nueve y media y las diez de la noche, en medio de una lluvia torrencial, llegaron varios hombres de uniforme, dirigidos por un capitán y un teniente que hablaban español con marcado acento extranjero. Presentaron documentos para que Nin les fuera entregado, con las firmas falsificadas de Vázquez Baldominos y Miaja. Supuestamente los agentes que custodiaban a Nin protestaron, pero fueron reducidos, y quedaron amordazados y maniatados. En el forcejeo, sin embargo, a los intrusos se les cayeron «pruebas» incriminatorias, incluidos billetes de banco de la España rebelde y documentos alemanes. Los testigos declararían más tarde que el capitán habló con Nin en tono amistoso y lo trató de «camarada». Cuando Vázquez Baldominos empezó a investigar estos hechos, no pudo establecer contacto con Orlov[107].
Es imposible precisar si el forcejeo tuvo lugar, o sencillamente los agentes alegaron haber plantado cara a los intrusos, pues podía haber miembros de la Brigada Especial que guardaban lealtad a Orlov en lugar de a Vázquez Baldominos. Lo que es seguro, en cambio, es que llegó un coche en el que viajaban Orlov, Grigulevich, un chófer del NKVD, un agente alemán de la misma organización y dos españoles. Entre ellos podrían haber reducido a los dos guardias, apresado a Nin y desperdigado los documentos incriminatorios. No cabe duda de que a Nin se lo llevaron y lo mataron cerca de la carretera principal, a medio camino entre Alcalá de Henares y Perales de Tajuña[108].
Tampoco cabe dudar de que el impulso para eliminar a Nin partió de los rusos, no de las autoridades republicanas. Basándose solo en las falaces declaraciones de Orlov ante el FBI, Stanley Payne llegó a la conclusión de que «Stalin mandó una orden manuscrita, que sigue en los archivos de la KGB, de matar a Nin»[109]. Eso es sumamente improbable. Sin embargo, se ha visto que Nin era el objetivo de una «operación liter». Además, después de que Nin se negara a firmar una confesión falsa, Orlov no lo habría dejado marchar sin más, aun en el caso de que no hubiera sido torturado. Orlov hizo una críptica alusión a lo sucedido en su informe sobre la llamada «operación Nikolai», enviado a Moscú el 24 de julio de 1937. Este informe describe, «en los términos crípticos característicos que empleaba en las operaciones liter», la captura de Nin en la casa y su posterior asesinato. Además de revelar que Grigulevich falsificó los documentos utilizados para incriminar a Nin, subraya también la participación del propio Orlov en la operación. Las credenciales policiales de Grigulevich como miembro de la Brigada Especial facilitaron el paso por los controles de carreteras[110].
En los archivos de Orlov hay una nota relevante, presuntamente escrita por Grigulevich. Transcrita al castellano, rezaba: «N. En la carretera de Alcalá de Henares a Perales de Tajuña. A mitad de camino, a 100 metros, en el campo. [presentes] Bom, Schwed, Juzik, dos españoles, y el chófer de Pierre, Victor». Hace referencia al lugar del crimen, donde Nin fue enterrado. Los ejecutores fueron, por tanto, Orlov (Schwed), Grigulevich (Juzik), el agente alemán del NKVD Erich Tacke (Bom), los dos españoles no identificados, y Victor Nezhinsky, también agente del NKVD. «Pierre» era Naum Eitingon, jefe de la subestación del NKVD en Barcelona, y no Ernö Gerö, como se ha sugerido[111].
Poco después de la desaparición de Nin, Negrín recibió la visita de Orlov, que le había sido presentado muchos meses antes con el pseudónimo de «señor Blackstone». Orlov anunció que el motivo de su visita era informar de que sus hombres habían logrado determinar lo que le había sucedido a Nin. Apoyó la versión de que lo habían secuestrado unos falangistas disfrazados de brigadistas internacionales con documentos incriminatorios que supuestamente se les habían caído tanto a ellos como al propio Nin. Acto seguido, Orlov le preguntó si eran pruebas suficientes para abandonar la investigación formal, y cuando Negrín le dijo que tal decisión dependía de las autoridades judiciales, Orlov insistió en saber si personalmente le parecían convincentes; tuvo que soportar la vergüenza de que el jefe de Gobierno le dijera que la historia era tan impecable como un relato de detectives barato. Furioso, le contestó a Negrín que había insultado a la Unión Soviética, momento en el cual lo invitaron a marcharse. Horas después, Negrín recibió la visita del agregado de negocios soviético, Marchenko, que se había enterado del desagradable incidente de la mañana y venía a presentarle sus disculpas. Se ofreció a castigar a Orlov y, cuando Negrín aseguró que el incidente estaba cerrado, le comunicó que Orlov ya no formaba parte del personal de la embajada[112].
La primera vez que Zugazagoitia le preguntó por el paradero de Nin, Ortega prácticamente se delató al decir: «No tenga usted cuidado que daremos con su paradero, muerto o vivo». Zugazagoitia respondió que el cadáver de Nin no le interesaba lo más mínimo, quería que lo encontraran vivo. Aquel mismo día, ante nuevas preguntas del ministro, Ortega dijo que Nin era agente de la Gestapo, y que se lo habían llevado unos compañeros espías para evitar que lo interrogaran los Servicios de Seguridad de la República. Zugazagoitia quiso saber de dónde había sacado esa información, y Ortega dijo que era simplemente una idea que se le había ocurrido. El ministro informó inmediatamente a Negrín de que sospechaba que Ortega tenía algo que ver con el turbio caso Nin. Negrín le dijo que consiguiera informes precisos sobre lo ocurrido. Según Fernando Valentí, Vidarte y el propio Zugazagoitia, el ministro de la Gobernación exigió un informe a David Vázquez Baldominos, que presentó dos versiones posibles. En el primer documento «oficial», examinaba tres posibilidades: que a Nin lo hubieran secuestrado los falangistas, agentes de la Gestapo o el POUM. En el segundo, un informe confidencial exclusivo para Zugazagoitia, manifestaba su opinión de que la desaparición de Nin no tenía nada que ver con la Gestapo o la Falange, sino que parecía más bien una consecuencia del conflicto entre el POUM y el PCE, fomentado por los rusos que operaban en la Dirección General de Seguridad. Probablemente Vázquez Baldominos llegó a esta conclusión tras no poder localizar a Grigulevich ni a Orlov para tratar el asunto con ellos. Grigulevich ya había vuelto a Rusia. En ese punto, Vázquez Baldominos creía que Nin aún estaba vivo[113].
Los documentos falsificados fueron publicados en un libro firmado por un inexistente «Max Rieger», con un prólogo de José Bergamín donde se exigía la ejecución inmediata y sin derecho a juicio de los arrestados. «Max Rieger» era un pseudónimo colectivo que ocultaba al periodista comunista francés Georges Sorel, al recién llegado delegado búlgaro del Comintern Stoyán Mínev, alias «Boris Stepanov», y al intelectual comunista español Wenceslao Roces[114]. Esa versión es la que recitó de corrido Ortega cuando fue interrogado por Juan-Simeón Vidarte, subsecretario de Zugazagoitia, a lo que se dice que un incrédulo Vidarte respondió: «Oiga, coronel, o usted es idiota o cree que yo lo soy». Jesús Hernández también dijo haberse echado a reír cuando Orlov explicó su plan para incriminar a Nin. Negrín informó a Azaña de la versión de Orlov, y el presidente coincidió en que era una historia demasiado redonda. De hecho, el 29 de junio, Prieto ya había puesto a Azaña al corriente del secuestro de Nin, y le había comentado su convencimiento de que Ortega era, además de idiota, comunista[115].
Al principio, Negrín atribuyó el comportamiento de Ortega a la incompetencia propia de un oficial de Carabineros que había ascendido por encima de sus capacidades, pero tan pronto supo de sus filiaciones comunistas, acordó con Zugazagoitia que debía ser reemplazado. A fin de minimizar los roces con los ministros comunistas por su destitución, inventaron la excusa de que se le necesitaba en el frente. Gabriel Morón, inspector y subdirector de la DGS, se puso al frente del organismo[116]. En respuesta a las protestas internacionales que empezaban a llegar por la desaparición de Nin, Negrín autorizó a Irujo la creación de un juzgado especial que investigara el caso. Al parecer, Morón dijo a Zugazagoitia: «Ya que el presidente [Negrín] está empeñado en conocer la verdad, podéis decirle que la verdad es esta: el secuestro de Andrés Nin ha sido planeado por el italiano Codovila, el comandante Carlos, Togliatti y los directivos del partido comunista, entre ellos, Pepe Díaz. La orden de atormentarlo ha sido dada por Orlov y todos ellos han obrado conforme al gran interés que Stalin tenía en la desaparición del secretario y confidente del creador del Ejército Rojo. Dile esto a Negrín y si quiere que los detenga, los meto en la cárcel mañana mismo». Por el testimonio de Vidarte, todo apunta a que la información de Morón procedía de David Vázquez Baldominos[117]. Hubo un atentado contra Vidarte: cortaron el eje delantero de su coche, y chocó contra un olmo[118].
Irujo dio plenos poderes al fiscal del juzgado especial, Gregorio Peces Barba del Brío, que hizo detener a Vázquez Baldominos, Fernando Valentí, Jacinto Rosell Coloma y Andrés Urresola Ochoa. Convencido de que Vázquez Baldominos no era culpable, un airado Morón acusó a Irujo de ser «un pobre lunático», e inmediatamente ordenó que los liberaran y no volvieran a arrestarlos. A pesar de que Negrín admiraba la franqueza de Morón, pensó que también había que reemplazarlo[119]. A mediados de noviembre lo sucedió Paulino Gómez Sáiz, que había obtenido grandes logros como delegado de Orden Público en Cataluña desde principios de junio[120]. Negrín, aunque apoyó la destitución de Ortega y recelaba completamente de Orlov, no pensaba permitir que las nuevas revelaciones minaran la unidad del Consejo de Ministros, por lo que tomó la difícil decisión de suspender la investigación, pues del mismo modo que se oponía a la represión fuera del marco oficial, creía también que la rebelión temeraria del POUM, que de hecho equivalía a traición, no podía tolerarse en tiempos de guerra.
Así pues, a fin de consolidar la seguridad del estado republicano en guerra, se llevó a cabo una reorganización fundamental de los Servicios de Seguridad y Contraespionaje durante el verano de 1937. El 12 de junio se disolvieron los Servicios Especiales del Estado Mayor del Ejército del Centro, hasta entonces a las órdenes del anarquista Manuel Salgado. Además de la inquietud porque desaparecieran prisioneros en circunstancias sospechosas, se vertían acusaciones de que en el personal de Salgado se habían infiltrado reaccionarios. De hecho, el secretario de Salgado era el falangista Antonio Bouthelier España. Las funciones del Departamento de Servicios Especiales se fusionaron con las correspondientes a las Brigadas Especiales y otros grupos encargados de la seguridad interna, para crear el Departamento Especial de Información del Estado (DEDIDE). Dirigido en un principio por David Vázquez Baldominos, al nuevo cuerpo se le encomendó erradicar el espionaje y el sabotaje en territorio leal. Operaría bajo las órdenes directas del ministro de la Gobernación, Julián Zugazagoitia[121]. Las actividades del DEDIDE no se dirigían en exclusiva a quienes prestaban apoyo a Franco, sino también contra los miembros de la izquierda que, como el POUM, se consideraban subversivos. Los extranjeros eran también objeto de sospecha; tanto el POUM como las Brigadas Internacionales se creían refugios potenciales para los espías, tanto si pertenecían al Eje como, desde la óptica paranoica del NKVD, a la Cuarta Internacional. Bilbao cayó el 19 de junio, y las constantes derrotas incrementaron el nerviosismo y la psicosis. Ciertamente, la República era muy vulnerable al espionaje enemigo, ya estuviera dirigido por la Gestapo, la OVRA, o la cada vez más sofisticada Quinta Columna[122].
Menos de un mes más tarde, el 9 de agosto, Prieto creó el Servicio de Investigación Militar (SIM), una unidad de contraespionaje militar dentro del Ministerio de Defensa. Puesto que a efectos prácticos se convirtió en el órgano responsable de los servicios de inteligencia política y, por tanto, del mantenimiento del orden en la retaguardia, finalmente absorbió al DEDIDE a finales de marzo de 1938[123]. Inicialmente, el SIM estaba bajo la responsabilidad directa de Prieto, que admitió haber creado dicho órgano siguiendo el consejo de los «técnicos» soviéticos. Sin embargo, declaró también que, a la luz del affaire Nin, dudó en seguir ese consejo por temor a que la Policía actuara por libre, al margen del gobierno, como en el caso del comunista Antonio Ortega. Resuelto a que todos los servicios especiales republicanos quedaran directamente bajo su mando, Prieto nombró director del SIM a su amigo Ángel Díaz Baza, quien, según Orlov, era un especulador con intereses en clubes nocturnos[124].
En un principio, el puesto clave de jefe del SIM del Ejército del Centro (Madrid) se le concedió a un oficial joven y brillante, el comandante Gustavo Durán, por recomendación de Orlov, a través de Miaja. Prieto aceptó, aunque más tarde aseguró que sabía que Durán era comunista y que lo mantuvo vigilado nombrando a Ángel Pedrero García como su ayudante. Tras la disolución de la Brigada de García Atadell, Pedrero, el número dos de la misma, había servido brevemente en la comisaría de Chamberí antes de ser trasladado, en diciembre, al Departamento de Servicios Especiales de Salgado[125].
En el decreto que se promulgó para crear el SIM, Prieto había estipulado que todos los agentes obtuvieran la aprobación del ministro en persona y que las credenciales llevaran su firma. Sin embargo, Gustavo Durán actuó por su cuenta y nombró a cerca de 400 agentes para el nuevo órgano de inteligencia. Prieto alegó que todos eran comunistas, lo que negaron tanto Durán como Orlov, y apartó al español del SIM tras apenas dos semanas en el puesto, con la excusa de que se le necesitaba en el frente. Orlov lo defendió, y Pedrero dijo que intervinieron también en su defensa Eitingon e Ivan Maximov (asesor del Estado Mayor del Ejército del Centro), así como otros asesores militares soviéticos, y el mismo Miaja[126].
Díaz Baza detestaba el papel de director del SIM, así que pronto le sustituyó de manera interina su segundo, Prudencio Sayagués. En busca de un nombramiento más apropiado a largo plazo, Prieto designó al comandante, y luego coronel, Manuel Uribarri Barrutell, aunque reconocería más tarde que fue una elección nefasta. Mientras estaba en el frente de Toledo, al parecer Uribarri había sido responsable de saqueos de gran magnitud. Ahora, aunque al principio se atuvo a las instrucciones de Prieto, se fue alineando progresivamente con los comunistas[127]. Finalmente, Uribarri desertó en abril de 1938 llevándose consigo una sustanciosa cantidad de dinero y joyas. Negrín aprovechó la tesitura para purgar el SIM. Siguiendo el consejo de Zugazagoitia y Paulino Gómez, nombró director a un socialista, Santiago Garcés Arroyo, lo que limitaba la influencia de los comunistas[128]. En febrero de 1938, las Juventudes Socialistas podían presumir de que en el SIM «no trabajan más que jóvenes socialistas, a secas»[129].
La República, al igual que otras sociedades democráticas cuya existencia se ve amenazada, adoptó prácticas contrarias a la democracia, como la censura, el internamiento sin juicio previo, la suspensión de las libertades civiles, la prohibición de las huelgas en las industrias esenciales y el servicio militar obligatorio. A fin de poner al descubierto redes de la Quinta Columna y conseguir confesiones, a partir de mayo de 1938, el SIM llevó a cabo detenciones ilegales, y en ocasiones sus agentes utilizaron refinados métodos de tortura, desorientando a los prisioneros con focos, ruidos ensordecedores constantes y baños en agua helada. Los catres y los bancos se colocaban con una inclinación que dificultase el sueño o el reposo. Había ladrillos y otros bloques geométricos por el suelo, para evitar que los retenidos paseasen de un lado a otro y obligarles a quedarse mirando las paredes torcidas y llenas de mareantes dibujos de cubos y espirales, que con una iluminación engañosa daban la impresión de que la superficie se moviera. Se crearon celdas de esas características en la llamada checa de Vallmajor o «Preventorio D», un antiguo convento, así como en el «Preventorio G» de la calle de Zaragoza, ambos gestionados en Barcelona por el SIM. Los diseños psicotécnicos fueron obra del excéntrico aventurero Alfonso Laurencic, que antes de integrarse en el SIM procedía del Grup d’Informació del Servicio Secreto de la Generalitat. Laurencic, que se proclamaba pianista de music-hall y arquitecto, era un francés de padres austríacos y nacionalidad yugoslava, que había servido en la Legión Extranjera española. Había sido miembro indistintamente de la CNT, la UGT y el POUM, había ganado dinero vendiendo pasaportes falsos, y acabó estafando al SIM[130].
Otro elemento del freno republicano sobre el movimiento anarquista fue la abolición del Consejo de Aragón, que se había creado a principios de octubre de 1936 en Bujaraloz, bajo la presidencia de Joaquín Ascaso, líder de los obreros de la construcción de Zaragoza y representante de la Columna Ortiz. El Consejo logró limitar hasta cierto punto los excesos de las milicias en el Aragón republicano, pero nunca logró cumplir su principal objetivo, coordinar «las necesidades de la guerra y la retaguardia», puesto que los cabecillas de las columnas anarquistas pusieron un gran celo en mantener su autonomía. Los republicanos, socialistas y comunistas veían en el Consejo la dictadura anarquista de las milicias. Aun a costa de la inevitable violencia, el gobierno central lo abolió en agosto de 1937. La tierra colectivizada se devolvió a sus propietarios, y se atajó definitivamente la represión interna en la región[131].
La guerra clandestina de los Servicios de Seguridad rusos contra los trotskistas extranjeros, sin embargo, permaneció fuera del control de las autoridades republicanas. En septiembre de 1937, Orlov consiguió eliminar a Erwin Wolf, un estrecho colaborador personal del propio Trotsky. Wolf estaba casado con la hija de un diputado socialista noruego, con quien Trotsky se había alojado en Noruega y que acabó siendo su secretario el tiempo que estuvo allí. En 1936, Wolf desempeñó un papel fundamental al refutar las acusaciones de los Juicios de Moscú, y fue una figura de peso en el Secretariado Internacional que precedió a la Cuarta Internacional. Llegó a España para trabajar con el grupo bolcheviqueleninista de Grandizo Munis. El 27 de julio de 1937 fue detenido en Barcelona por actividades subversivas y, aunque lo pusieron en libertad al día siguiente, de inmediato volvieron a arrestarlo. Oficialmente lo soltaron el 13 de septiembre, pero nunca volvieron a tenerse noticias de él[132].
Otro trotskista de primera línea desaparecido diez días más tarde fue el austríaco Kurt Landau. Otrora colaborador de Trotsky, Landau contaba con un largo historial de militancia antiestalinista en Austria, Alemania, Francia y España. Con el pseudónimo de «Wolf Bertram», fue secretario del grupo internacional de oposición comunista Der Funke (la Estrella). En España trabajó en estrecha relación con Andreu Nin, y sirvió de enlace entre el POUM y los periodistas y escritores extranjeros. Asimismo, lanzó virulentas proclamas contra la militarización de las milicias y su incorporación al «Ejército Popular». Indignó a los soviéticos con un panfleto titulado «España, 1936, Alemania, 1918», publicado en diciembre de 1936, en el que comparaba la aplastante derrota de los obreros revolucionarios alemanes por parte del Freikorps en 1918 con la hostilidad de los estalinistas hacia la CNT y el POUM en España. A raíz de ese ensayo, los soviéticos lanzaron contra él una campaña calumniadora y lo acusaron de ser «el líder de una banda de terroristas» y el agente de enlace entre la Gestapo y el POUM[133]. Kurt Landau se las ingenió para seguir en libertad hasta el 23 de septiembre de 1937, cuando unos agentes soviéticos lo apresaron en su escondite. Al igual que Rein y Wolf, no volvió a ser visto[134].
Se ha dicho que Stanislav Vaupshasov, experto en guerrilla, había construido un horno crematorio en un sótano barcelonés, del que se ocupaba con la ayuda de un agente español del NKVD, José Castelo Pacheco. Llevaban engañados hasta el edificio a los sujetos que debían ser liquidados, los mataban y eliminaban sus cuerpos en una sola operación[135]. Si ese fue el destino de Rein, Wolf, Landau y algunos otros extranjeros desaparecidos, es imposible saberlo. Manuel de Irujo garantizó que Nin fuera el último trotskista español asesinado, pero no logró detener la persecución de izquierdistas extranjeros por parte de los Servicios de Seguridad soviéticos.
Mientras los rusos seguían cometiendo este tipo de abusos clandestinos, Negrín y su gobierno no cejaban en su empeño por normalizar las funciones estatales en el mantenimiento del orden público y la justicia. A finales de junio de 1937 se creó el Tribunal Especial de Espionaje y Alta Traición, que reflejaba la firmeza de Negrín ante los desacatos a la autoridad del estado. Sin embargo, mantenía su rechazo a cualquier tipo de represión arbitraria como la que se practicaba en la zona franquista[136]. Con el visto bueno de Negrín, Irujo se aseguró de que el Tribunal de Espionaje y Alta Traición estuviera compuesto por jueces imparciales y honestos. Muchos militantes de base del POUM estaban en la cárcel, furiosos por hallarse en compañía de fascistas y saboteadores, a pesar de no estar imputados formalmente. Entre ellos había varios antiestalinistas extranjeros. Una de ellos, la esposa de Kurt Landau, Katia, había sido arrestada por una brigada especial que actuó siguiendo órdenes rusas. Su intención era hacer salir a su marido de su escondite. Tras la desaparición de Kurt, sin embargo, Katia exigió una investigación judicial. Para entonces, Ortega había cesado y el nuevo director general de Seguridad de Negrín, el socialista vasco Paulino Gómez, trató sin éxito de determinar el paradero de Kurt Landau. Cuando las autoridades fueron incapaces de aclarar la suerte de su esposo, Katia encabezó una huelga de hambre que siguieron 500 reclusas en la cárcel de mujeres de Barcelona.
Además de la investigación emprendida por Paulino Gómez, una comisión internacional fue a Cataluña en noviembre de 1937 para analizar las condiciones de las cárceles republicanas e investigar las desapariciones de Andreu Nin, Erwin Wolf, Mark Rein y Kurt Landau. Dirigida por John McGovern (secretario general del Partido Laborista Independiente, el grupo de izquierda radical que se había escindido del Partido Laborista, y del cual formaba parte George Orwell) y el pacifista francés Felicien Challaye, obtuvo permiso para entrevistar a Katia en el Hospital General, donde convalecía tras la huelga de hambre[137]. Irujo la visitó mientras seguía ingresada y la convenció de que los juicios serían limpios, y causó en ella la impresión necesaria para que desconvocara la huelga. Cuando Irujo envió a abogados y jueces a cada prisión con los documentos apropiados, recibieron el aplauso de los presos, que vieron en ellos a sus garantes contra las ilegalidades estalinistas[138]. El papel de las autoridades españolas en todo lo concerniente al caso Landau, particularmente que saliera adelante la demanda de su mujer reclamando una investigación y el impacto de su huelga de hambre, marcaba un notable contraste con los procedimientos en la zona rebelde, donde a duras penas se habría podido convocar esa clase de protestas, puesto que en 1938 los presos apenas recibían alimentos que rechazar y, de haberlo hecho, a nadie le habría importado, y mucho menos a un ministro.
Poco después de tomar posesión del ministerio, Irujo encargó a Mariano Gómez, presidente del Tribunal Supremo, el anteproyecto de un decreto para juzgar los crímenes cometidos desde el comienzo de la guerra hasta ese momento. Incluía también una revisión de los casos de criminales comunes liberados bajo la amnistía de García Oliver. El hecho crucial era que el decreto abarcaría todas las muertes extrajudiciales[139]. El 30 de julio de 1937, Boris Stepanov informó a Georgi Dimitrov de que el «fascista Irujo» había intentado detener a Carrillo por su papel en Paracuellos y estaba «organizando un sistema de registros a los comunistas, socialistas y anarquistas que maltrataron a los fascistas encarcelados. En nombre de la ley, este ministro de Justicia liberó a cientos y cientos de agentes fascistas arrestados y fascistas camuflados. Junto con Zugazagoitia, Irujo hace lo posible y lo imposible para salvar a los trotskistas y sabotear los juicios contra ellos. Y hará todo lo posible para absolverlos»[140]. Finalmente, el decreto de Irujo nunca llegó a aplicarse en toda regla; no es de extrañar, dadas las divisiones internas y los escándalos que habría provocado el intento de llevar ante la justicia a los responsables de las represiones de 1936.
La iniciativa de Irujo se ilustra en el caso del general José Asensio Torrado, arrestado y acusado de sabotaje tras la precipitada caída de Málaga, en febrero de 1937. Lo juzgaron en octubre de 1937, justo cuando caía el norte, y lo condenaron a una pena de cárcel. Durante su estancia en prisión, a Asensio se le permitió escribir y editar un libro en defensa de sus actividades, y mandar ejemplares firmados a varios miembros del gobierno. El libro se vendió sin trabas de ninguna clase en las librerías de Barcelona. Según Largo Caballero, el arresto y el juicio de Asensio fueron fruto de la presión comunista sobre Indalecio Prieto. De ser cierto, dice mucho de la independencia de Negrín no solo que Asensio pudiera escribir y publicar dicha obra, sino también que, tras apelar la sentencia, el caso quedara sobreseído en julio de 1938[141].
A medida que la guerra tomaba peor cariz, el trabajo de los Tribunales Especiales fue mucho más allá de las intenciones originales de Irujo. Ser culpable de espionaje o sabotaje implicaba el riesgo de ejecución, y, sin embargo, se dictaban menos sentencias a muerte que las requeridas por la acusación, de las cuales menos aún acababan cumpliéndose. En Cataluña, donde los tribunales eran con mucho los más activos, se dictaron 173 penas de muerte entre diciembre de 1937 y diciembre de 1938, aunque solo 7 personas fueron ejecutadas después del 11 de agosto. A diferencia de los tribunales militares de la zona rebelde, los Tribunales Especiales declaraban a menudo inocente al acusado, y muchos de los culpables veían sus condenas reducidas o anuladas tras una apelación. Los sospechosos de delitos menores por colaboración con la Quinta Columna, propaganda derrotista o actividades en el mercado negro, eran recluidos en prisión o en los campos de trabajo creados por García Oliver. A medida que transcurría 1938 y la situación del Ejército republicano empeoraba, los desertores y los prófugos pasaron a engrosar también la población penitenciaria[142].
Mientras la situación de la República tomaba un rumbo calamitoso y la Quinta Columna actuaba con mayor confianza y agresividad, el SIM empezó a ser más implacable, y varios individuos conocidos por su brutalidad salieron a escena. Ramón Torrecilla fue uno de ellos. Otro de los que trajo un inmenso descrédito al SIM fue Loreto Apellaniz Oden, antiguo funcionario de Correos que se convirtió en inspector de Policía en Valencia después de dirigir la checa de Sorní. La denominada «Brigada Apellaniz» fue célebre por sus actividades en el área de Xátiva; más adelante pasó a ser el temido jefe del SIM en Valencia, desde agosto de 1937 hasta el final de la guerra. Acusado de robo, tortura y asesinato, se decía que recibía instrucciones directas de Orlov. Fue capturado por los franquistas en marzo de 1939 y ejecutado[143].
Desde abril de 1938, el SIM puso en funcionamiento seis campos de trabajo en Cataluña, conocidos por la férrea disciplina y las duras condiciones en que vivían los internos. Hubo casos de prisioneros abatidos a tiros al tratar de escapar. Sin embargo, en marcado contraste con la zona rebelde, había actividades culturales y clases de alfabetización, y los reclusos recuperaban la libertad cuando cumplían sus sentencias[144]. El campo de prisioneros más grande de la zona republicana estaba en Albatera, provincia de Alicante. Fue inaugurado en octubre de 1937 con la misión de drenar 40 000 hectáreas de marismas y convertirlas en terreno cultivable[145]. A medida que la escasez de alimentos acuciaba cada vez más la zona republicana, las condiciones de los campos empeoraron progresivamente, aunque nunca alcanzaron los niveles de hacinamiento, malnutrición y abusos que caracterizaron los campos rebeldes[146].
En marzo de 1938, la República se hallaba contra las cuerdas, desmoralizada y acuciada por la grave escasez de alimentos y armas. De hecho, tan funestos eran los pronósticos que el amigo y aliado de Negrín, el ministro de Defensa Nacional Indalecio Prieto, había acabado por creer, al igual que el presidente Azaña, que todo estaba perdido. Era partidario de una paz negociada que impidiese la pérdida absurda de más vidas. En tensas reuniones del Consejo de Ministros celebradas el 16 y el 29 de marzo de 1938, Prieto había apoyado a Azaña en su propuesta de pedir al gobierno francés que negociara el fin de la guerra. Negrín se había mantenido fiel a su convicción de que la guerra debía seguir adelante, precisamente porque sabía lo que le sucedería a la República derrotada a manos de los vengativos franquistas. Negrín comprobó consternado el impacto desmoralizador que tuvieron las palabras de Prieto y, decidido a que la República continuara resistiendo, cesó a Prieto del Ministerio de la Guerra el 5 de abril. Diez días después, el ejército franquista llegó al Mediterráneo.
Resistir no solo significaba combatir en el frente de batalla, sino también en la retaguardia. Los esfuerzos para garantizar los procedimientos judiciales tampoco significaban que la guerra contra los espías y saboteadores hubiera cesado. El SIM se anotó un tanto importante en abril de 1938, en Barcelona, con el descubrimiento y detención de varias redes quintacolumnistas. El personal diplomático británico y francés pidió clemencia, pero el Consejo de Ministros aprobó, por siete votos contra cinco, la ejecución a finales de junio de 10 de los detenidos. El agregado de negocios británico, John Leche, comentó: «Temo que las repercusiones en el otro bando sean graves, y he advertido seriamente al gobierno con tal efecto, pero el presidente del consejo y sus partidarios en el Gabinete no tienen piedad, y ahora muestran tan poca consideración con su gente, en manos de Franco, como la que este tiene por sus partidarios de aquí». Los 10 prisioneros fueron ejecutados la mañana del 25 de junio de 1938[147].
Mientras se prolongaba la encarnizada batalla del Ebro, crecía la militarización de la sociedad. El control de la retaguardia se hizo aún más implacable contra los sospechosos de subversión o espionaje, para gran inquietud de quienes sentían que los valores democráticos de la República quedaban comprometidos ante los imperativos de la guerra. Así las cosas, el 9 de agosto de 1938 se provocó una crisis de gobierno cuando Negrín forzó la aprobación de ejecutar a otros 62 quintacolumnistas al día siguiente. Irujo, por entonces ministro sin cartera, esgrimió irregularidades por parte del SIM en la investigación. Negrín perdió los nervios y lo acusó de endilgar «monsergas abogadiles». El 10 de agosto, Irujo denunció que el SIM practicaba la tortura, y Negrín se comprometió a que tales prácticas cesaran de manera inmediata. No obstante, en parte a modo de protesta ante las nuevas limitaciones impuestas sobre el poder de la Generalitat, Jaume Aiguader e Irujo dimitieron del gobierno[148]. A diferencia de lo que se hacía en la zona rebelde, la cobertura que la prensa republicana dio a esta decisión trajo consigo un escándalo considerable; el presidente Azaña estaba mortificado. Los franquistas respondieron inmediatamente ejecutando a 66 personas[149].
En la primavera de 1938, los británicos ya habían creado una comisión de canje de prisioneros dirigida por el mariscal de campo sir Philip Chetwode. Denys Cowan, antiguo vicecónsul en La Habana, conservador y católico, sirvió como oficial de enlace con las autoridades republicanas. Llegó a Barcelona el 20 de agosto de 1938, y enseguida se reunió con Álvarez del Vayo, Giral, Negrín y Azaña. Dos días después, informó de que el gobierno republicano estaba dispuesto a llegar «casi hasta donde hiciera falta» para canjear a todos los prisioneros, «siempre y cuando el otro bando correspondiera con la misma reciprocidad»[150]. De hecho, era tal la disposición de los ministros republicanos que Leche sintió la necesidad de protegerlos de sí mismos, y por ello sugirió a la Comisión Chetwode que, en vistas de la «intransigencia y de la mala fe previas de los franquistas, sería mejor que las primeras propuestas vinieran de su parte»[151].
Cowan abordó a Álvarez del Vayo con la idea de llegar a un cese de las ejecuciones que apaciguara las tensiones; este transmitió la propuesta a Negrín, y el Consejo acordó suspender las ejecuciones hasta el 30 de septiembre, a fin de crear las bases de negociación para una amnistía general por ambas partes. Por desgracia, no hubo reciprocidad por parte de Burgos. Para empezar, un comunicado radiofónico aseguró que «su sistema de justicia era tan puro [que] no tenían la necesidad de hacer una concesión similar». Sin embargo, para allanarle a Chetwode el camino, Negrín se comprometió a mantener el cese acordado en el consejo hasta el 11 de octubre. A pesar de las constantes negativas por parte de las autoridades de Burgos de corresponder a la iniciativa, Negrín le dijo a Cowan, justo antes de que acabara dicho plazo, que extendería la suspensión hasta final de mes, y que no autorizaría más ejecuciones sin informar previamente a la comisión británica.
Para complicar aún más las cosas, en la zona republicana había menos de 300 personas condenadas a muerte, mientras que en territorio rebelde se contaban por miles. Negrín sugirió que los dos bandos conmutaran todas las penas de muerte, pero Burgos se negó. Además, mientras duró el cese de las ejecuciones por parte de los republicanos, los franquistas no interrumpieron en ningún momento las suyas. Como no podía ser de otro modo, a Cowan le preocupaba que esa actitud provocara represalias en el bando republicano, por lo que se reunió con Negrín y le recordó que había declarado mantener «la clemencia indefinidamente», a lo que Negrín le dijo que recomendaría al Consejo que no hubiera represalias[152]. La moratoria de las ejecuciones se amplió nuevamente hasta finales de diciembre. En Nochebuena de 1938, Negrín pronunció un discurso radiofónico en el que, al referirse a «las normas de tolerancia y civilidad que son esencia de nuestra ley fundamental», hizo un llamamiento a Franco: «¡Poned coto a la ferocidad superflua!». Tras insistir en que la República había cesado las ejecuciones cuatro meses antes, pidió que Franco pagara con la misma moneda[153].
En Burgos, Chetwode se reunió con el conde de Jordana, ministro de Asuntos Exteriores de Franco, que falazmente le aseguró que «en su bando sólo se ejecutaba a personas que habían cometido felonías abominables y eran convictas después de un juicio justo ante un tribunal». Para apoyar la falsedad de su declaración, Jordana hizo comparecer al jefe del Cuerpo Jurídico Militar de Franco, el teniente coronel Lorenzo Martínez Fuset, que declaró que el régimen de Burgos no había ejecutado a nadie por sus opiniones políticas, ni siquiera por tomar las armas, sino «sólo por haber cometido crímenes que en virtud de la ley común habrían merecido la pena capital». En consecuencia, dijo, Franco no podía interferir, y estaba dispuesto a afrontar el riesgo de las represalias republicanas[154]. Chetwode escribió a lord Halifax a mediados de noviembre:
Apenas tengo palabras para describir el horror que he concebido acerca de España desde que me entrevisté con Franco hace tres días. Es peor que los rojos, y no pude impedir que siga ejecutando a sus desventurados prisioneros. Y cuando logré sacar a 140 de ellos de la Embajada de Cuba en Madrid y cruzar las líneas enemigas, una vez al otro lado Franco se negó en rotundo a darme a ningún republicano a cambio, a pesar de su promesa. Cuando finalmente mandó a algunos prisioneros, casi la mitad no eran las personas que se había comprometido a liberar, sino criminales que, en la mayoría de casos, estaban en la cárcel desde antes que estallara la guerra[155].
Una vez más, Franco incumplió el acuerdo del canje, después de que el gobierno republicano hubiera hecho posible que muchos de sus prisioneros pasaran a territorio insurgente[156]. Entretanto, a medida que la guerra se acercaba a su fin, Franco rehusó canjear a 40 o 50 oficiales de alto rango a cambio de sus partidarios refugiados en las embajadas. Según Chetwode, Franco prefirió confiar en que los republicanos fueran capaces de impedir el asesinato de los refugiados, y la jugada le salió bien[157].
En un discurso ante la Diputación Permanente de las Cortes, seis meses después de llegar al poder, Negrín mencionó los esfuerzos que él mismo, Zugazagoitia e Irujo habían hecho para mantener la legalidad. En esencia, su discurso fue una oda a la normalidad que los sucesivos gobiernos republicanos habían logrado restablecer, a fuerza de recuperar el control sobre los instrumentos del estado[158]. Sin embargo, la tensión entre Negrín e Irujo alcanzó su punto culminante a raíz del proceso al POUM y la investigación de la muerte de Nin[159]. Cuando la ejecutiva del POUM fue procesada, en octubre de 1938, Irujo ya no era ministro de Justicia; había dimitido a finales de noviembre de 1937, al estar en desacuerdo con la propuesta de Negrín de crear Tribunales Especiales de Guardia para perseguir «el espionaje, la traición y el derrotismo». Los procesos sumarios de estos tribunales les valieron el apodo de «fotomatón». Hubo quejas de que los abogados no podían representar a sus clientes con las debidas garantías, de que se utilizaban las pruebas policiales sin que los testigos fueran identificados, o de que las únicas evidencias presentadas eran las confesiones que proporcionaba el SIM. El hecho de que tales quejas pudieran ser publicadas y oídas constituía un contraste radical con los procesos que se llevaban a cabo en la zona rebelde[160].
Irujo fue sustituido por el republicano Mariano Ansó, amigo de Negrín, aunque siguió formando parte del Consejo como ministro sin cartera, velando para que las penas de muerte impuestas por los Tribunales Especiales fueran ratificadas por el gabinete. El juicio contra siete miembros del Comité Ejecutivo del POUM discurrió en un clima de gran tensión, coincidiendo con las últimas etapas de la decisiva batalla del Ebro. A pesar de todo, como Irujo le había prometido a Katia Landau, se respetaron todas las garantías judiciales. Irujo estaba en París en ese momento, pero volvió para testificar en el juicio, al igual que Julián Zugazagoitia. Sus declaraciones fueron un elemento crucial en la retirada de la demanda de pena de muerte por parte del fiscal. Dos de los acusados quedaron absueltos, y cuatro recibieron condenas de prisión. Todos pudieron huir de España al terminar la guerra[161].
Tras la derrota en la batalla del Ebro, con las fuerzas de Franco entrando en Cataluña en avalancha, el grueso de los prisioneros en poder de la República fue evacuado el 23 de enero de 1939 a Gerona; se permitió que miles de ellos cruzaran la frontera. En Pont de Molins, sin embargo, Negrín ordenó el traslado de los más importantes a la zona central, donde pudieran servir en canjes de prisioneros. Uno de ellos era el obispo Anselmo Polanco, apresado cuando las fuerzas republicanas tomaron Teruel, en enero de 1938. Polanco fue encarcelado en Valencia y poco después llevado a Barcelona, donde permaneció el resto de la guerra, recluido con ciertas comodidades y la libertad de llevar a cabo sus ejercicios espirituales y dar la misa para sus compañeros reclusos. El gobierno republicano veló en todo momento por su integridad, pues deseaba a toda costa evitar un escándalo, pero Franco bloqueó categóricamente los esfuerzos que hizo Prieto, con la mediación de la Cruz Roja, para canjearlo por el hijo de catorce años del general Rojo.
Mientras los despojos del derrotado Ejército republicano ponían rumbo a un exilio incierto, hostigados por el sector de la población civil partidario de los nacionales, las órdenes de Negrín de proteger a los prisioneros fueron desoídas. Un camión con 30 soldados a las órdenes del comandante Pedro Díaz llegó a Pont de Molins y se hizo cargo de los rehenes, según dijeron, para trasladarlos al puerto de Roses. El convoy se detuvo cerca de un barranco, en un lugar llamado Can de Tretze, y los prisioneros fueron ejecutados. Rociaron sus cuerpos con gasolina y les prendieron fuego. Entre las 42 víctimas estaban los turolenses fray Anselmo Polanco, Felipe Ripoll (vicario general de la diócesis), el coronel Rey d’Harcourt (comandante rebelde), el teniente coronel José Pérez del Hoyo (comandante de la Guardia Civil) y José Coello (el jefe de la Policía). Entre los asesinados había también 21 italianos y un alemán, que habían sido apresados en Guadalajara. Este acto de venganza ciega fue utilizado para justificar buena parte de la represión franquista después de la guerra. El asesinato de Polanco se convirtió en un símbolo de la barbarie roja e hicieron de él un mártir, finalmente beatificado por el Vaticano en 1995[162].
Después de que en enero de 1939 cayera Cataluña y huyeran cientos de miles de civiles, en la última reunión que las Cortes celebraron en Figueres, Negrín presentó un plan para terminar la guerra a cambio de que Franco respetara ciertas condiciones, el principio de las cuales era que no hubiera represalias[163]. Se expuso el plan a representantes británicos y franceses, que contestaron, según Negrín, que el gobierno de Burgos no estaba interesado en sentimientos humanitarios, en la paz o la magnanimidad, y que en cualquier caso seguían afirmando que solo castigarían los crímenes comunes. La hipocresía de ese compromiso quedó subrayada por el comentario de Negrín: «En una guerra como la nuestra, con los caracteres de una despiadada y salvaje guerra civil, delito común es todo o delito común no es nada». En consecuencia, Negrín ofreció ser él mismo la víctima expiatoria, haciendo saber que se entregaría si Franco aceptaba su ejecución simbólica a cambio de la vida de la población civil republicana inocente. Casi nadie en su gabinete supo de su ofrecimiento; Zugazagoitia estaba al corriente, pero Negrín no hizo pública esa información hasta después de la Segunda Guerra Mundial[164].
Franco ignoró la oferta de Negrín. El gobierno permaneció en suelo español, en el castillo de Figueres, hasta que las últimas unidades del Ejército republicano cruzaron la frontera, el 9 de febrero. La noche del 8 de febrero, uno de los pocos compañeros que seguían en el país junto con Negrín, su amigo el doctor Rafael Méndez, director general de Carabineros, le dijo a Julio Álvarez del Vayo: «No sé qué estamos haciendo aquí. Mucho me temo que esta noche nos despierten los requetés a culatazos». Negrín llamó a Méndez aparte y le dijo: «No saldremos de aquí hasta que haya pasado la frontera el último soldado». Decidido a ver a estos republicanos a salvo de las represalias de Franco, estuvo observando el paso de los soldados durante dieciocho horas, hasta que el general Rojo fue a anunciarle que todas las tropas republicanas habían pasado a Francia. Solo entonces Negrín viajó a Toulouse y cogió un avión a Alicante[165]. Algunos ministros creyeron que estaba loco, pero como él mismo explicó: «Si no hubiera hecho eso entonces, hoy me moriría de vergüenza»[166]. De regreso a España, trató de reorganizar las fuerzas militares del centro para plantar resistencia hasta que, o bien estallase una guerra europea, o bien una evacuación masiva minimizase en lo posible las muertes del bando republicano. El 16 de febrero de 1939 mantuvo una reunión con los altos mandos del Ejército en Albacete. Tras comprobar que el soldado de a pie conservaba la moral alta, se sorprendió ante la insistencia de los oficiales veteranos en poner fin a la guerra con la mayor brevedad. Cuando le preguntaron por qué no exigía un tratado de paz inmediato, replicó: «Porque pedir la paz es provocar una catástrofe»[167].
Como escribió posteriormente su amigo, el periodista norteamericano Louis Fischer: «Negrín y Del Vayo esperaban que, resistiendo un poco más, podrían obtener un compromiso de misericordia y clemencia de Franco, y ganar tiempo para la huida de las personas a cuya cabeza habían puesto precio»[168]. La idea de conseguir que Franco garantizara que no habría represalias contra la población vencida era vana, a la luz de la Ley de Responsabilidades Políticas publicada el 13 de febrero, según la cual eran culpables del delito de rebelión militar quienes hubieran apoyado a la República, a cuya categoría pertenecían, desde la moral retorcida de Franco, todos los que no habían apoyado el golpe militar de 1936. Negrín estaba convencido de que podían luchar hasta el final, aunque Prieto lo acusara de provocar con ello «la gigantesca hecatombe». Prieto creía posible una paz negociada, y opinaba que la política de resistencia del jefe de Gobierno sería el detonante de la política de venganza franquista. De ser así, demostraba una ignorancia culposa de las razones que había tras la represión franquista. Con cierta amargura, refiriéndose a los que solo pensaban en terminar la guerra, Negrín hizo la siguiente reflexión: «¡Sin pensar en los millones de infelices que no podían salvarse!»[169]. Finalmente, sus esperanzas de resistir para salvar más vidas republicanas acabarían tan frustradas por el golpe del coronel Casado como por el propio Franco. Más apesadumbrado que furioso, declaró ante el comité de las Cortes vigente: «Aún podíamos resistir y aguantar y esa era nuestra obligación. Era obligación y necesidad el quedarse allí para salvar a los que ahora van a pasar a campos de concentración o van a ser asesinados». Dado el giro que tomaron los acontecimientos, gracias a Casado, la República acabó «en los términos de catástrofe y de vergüenza en que se ha producido»[170].