EL problema más importante para el comunismo, en la teoría y en la práctica, es la cuestión del Estado, que constituye una fuente constante de dificultades por ser una contradicción tan evidente dentro del comunismo.
Los regímenes comunistas son una forma de guerra civil latente entre el gobierno y el pueblo. El Estado no es sólo un instrumento de la tiranía; la sociedad, así como los cuerpos ejecutivos de la maquinaria estatal, se oponen continua y enérgicamente a la oligarquía, que aspira a reducir esa oposición por medio de la fuerza. En la práctica los comunistas no pueden alcanzar la meta de un Estado que se base únicamente en la fuerza desnuda, ni someter a la sociedad por completo. Pero pueden manejar los órganos de la fuerza, es decir la policía y el partido, los que, a su vez, manejan toda la máquina estatal y sus funciones. La oposición de los órganos y las funciones del Estado a las “irracionalidades” del partido y la policía, o sea de los funcionarios políticos individuales, es realmente la oposición de la sociedad realizada dentro de la maquinaria estatal. Es una expresión de disgusto por la opresión y la mutilación de las aspiraciones y las necesidades objetivas de la sociedad.
En los sistemas comunistas el Estado y las funciones estatales no se limitan a ser órganos de opresión, ni se identifican con ellos. Como una organización de la vida nacional y social, el Estado se subordina a esos órganos de opresión. El comunismo no puede resolver esta incongruencia, porque mediante su propio despotismo totalitario se pone en conflicto con tendencias de la sociedad diferentes y opuestas, tendencias que se expresan inclusive por medio de las funciones sociales del Estado.
A causa de esta contradicción y de la inevitable y constante necesidad que tienen los comunistas de tratar al Estado predominantemente como un instrumento de fuerza, el Estado comunista no puede llegar a ser un Estado legal, o un Estado en el que la administración de la justicia sea independiente del gobierno y en el que las leyes se puedan poner realmente en vigor. Todo el sistema comunista se opone a semejante Estado. Aun si los dirigentes comunistas deseasen crear un Estado legal, no podrían hacerlo sin poner en peligro su autoridad totalitaria.
Una administración de justicia independiente y la vigencia del derecho harían posible inevitablemente la aparición de una oposición. Por ejemplo, ninguna ley del sistema comunista se opone a la libre expresión de la opinión o al derecho de organización. Las leyes del sistema comunista garantizan a los ciudadanos derechos de todas clases y se basan en el principio de una administración de justicia independiente. En la práctica no existe tal cosa.
En los regímenes comunistas se reconocen oficialmente las libertades, pero una condición decisiva constituye un requisito previo para ejercerlas: las libertades deben ser utilizadas únicamente te en interés del sistema “socialista”, que representan los dirigentes comunistas, o para fortalecer su gobierno. Esta práctica, que contradice las disposiciones legales, tiene que traer consigo inevitablemente el empleo de métodos excepcionalmente severos e inescrupulosos por parte de la policía y los órganos del partido. Por una parte hay que proteger las formas legales, mientras que al mismo tiempo hay que asegurar el monopolio de la autoridad.
En su mayor parte, dentro del sistema comunista, la autoridad legislativa no puede ser separada de la autoridad ejecutiva. Lenin consideraba que ésta era una solución perfecta. Los dirigentes yugoeslavos opinan lo mismo. En un sistema de un solo partido ésta es una de las fuentes del despotismo y la omnipotencia del gobierno.
Del mismo modo, en la práctica ha sido imposible separar la autoridad policial de la autoridad judicial. Quienes detienen son también los que juzgan y hacen cumplir los castigos. Es un círculo cerrado: los cuerpos ejecutivo, legislativo, judicial, investigador y punitivo son uno y el mismo.
¿Por qué la dictadura comunista tiene que utilizar las leyes en la gran medida en que lo hace? ¿Por qué tiene que ocultarse tras la legalidad?
La propaganda política exterior es una de las razones. Otra importante es el hecho de que el régimen comunista tiene que fijar y asegurar los derechos de aquellos de quienes depende, es decir de la nueva clase, para mantenerse. Las leyes son redactadas siempre de acuerdo con el punto de vista de las necesidades o intereses de la nueva clase, o sea del partido. Oficialmente las leyes deben ser hechas para todos los ciudadanos, pero los ciudadanos gozan de los derechos de esas leyes condicionalmente, sólo si no son “enemigos del socialismo”. En consecuencia los comunistas están preocupados constantemente por la posibilidad de que se vean obligados a cumplir las leyes que han dictado, por lo que dejan siempre una escapatoria o excepción que les permita eludirlas.
Por ejemplo, las autoridades legislativas yugoeslavas se adhieren al principio de que nadie puede ser condenado como no sea por un acto que ha sido formulado exactamente por la ley. Sin embargo, la mayoría de los juicios políticos se realizan sobre la base de la llamada “propaganda hostil”, aunque este concepto no es definido deliberadamente y se deja su interpretación a los jueces y la policía secreta.
Por estas razones la mayoría de los juicios políticos que se realizan en los regímenes comunistas están arreglados de antemano. Los tribunales tienen la tarea de demostrar lo que los que ejercen el poder necesitan que demuestren; o de investir con una capa legal el juicio político sobre la “actividad hostil” del acusado.
En los juicios realizados por este método la confesión del acusado es lo más importante. Él mismo debe reconocer que es un enemigo. Así se confirma la tesis. La prueba, por pequeña que pueda ser, debe ser reemplazada por la confesión de culpabilidad.
Los juicios políticos de Yugoeslavia son sólo ediciones de bolsillo de los de Moscú. Los llamados juicios moscovitas son los ejemplos más grotescos y sangrientos de las comedias judiciales y legales del sistema comunista. La mayoría de los otros juicios se les parecen en lo que se refiere a los procedimientos y los castigos.
¿Cómo se manejan los juicios políticos?
En primer lugar, por sugestión de los funcionarios del partido, la policía demuestra que alguien es un “enemigo” de las condiciones existentes; que, si no existe otra cosa, sus opiniones y discusiones con los amigos íntimos constituyen una molestia, por lo menos para las autoridades locales. El siguiente paso es la preparación de la eliminación legal del enemigo. Esto se hace ya sea mediante un provocateur, quien induce a la víctima a hacer “declaraciones perturbadoras”, a tomar parte en actividades ilegales o a cometer actos semejantes; o ya sea mediante un “cimbel” que sencillamente testimonia contra la víctima de acuerdo con los deseos de la policía. La mayoría de las organizaciones ilegales en los regímenes comunistas son creadas por la policía secreta para atraer a ellas a los opositores y ponerlos en situación de que la policía les arregle las cuentas. El gobierno comunista no se opone a que los ciudadanos “objetables” cometan violaciones de la ley y delitos; en realidad los impulsa a cometer esos delitos y violaciones.
Stalin actuaba generalmente sin los tribunales, utilizando extensivamente la tortura. Sin embargo, aunque no se utilice la tortura y sí, en cambio, los tribunales, la esencia es la misma: los comunistas arreglan cuentas con sus opositores no porque hayan cometido delitos, sino porque, son opositores. Se puede decir que la mayoría de los delincuentes políticos castigados son inocentes desde el punto de vista legal, aunque sean opositores al régimen. Desde el punto de vista comunista, esos opositores son castigados mediante “el procedimiento legal debido”, aunque puede no haber una base legal para que se los condene.
Cuando los ciudadanos se vuelven espontáneamente contra las medidas del régimen las autoridades comunistas los tratan sin tener en cuenta las disposiciones constitucionales y legales. La historia moderna no registra acciones contra la oposición de las masas tan brutales, inhumanas e ilegales como las de los regímenes comunistas. La acción llevada a cabo en Poznan es la más conocida, pero no la más brutal. Las potencias ocupantes y coloniales raras veces toman medidas tan severas, aunque sean conquistadoras y realicen sus actos mediante el uso de leyes y medidas extraordinarias. Los comunistas que manejan el poder las ponen en práctica en su propio país pisoteando sus propias leyes.
Inclusive en cuestiones no políticas, las autoridades judiciales y legislativas no están a salvo de los déspotas. La clase totalitaria y sus miembros no pueden menos de inmiscuirse en los asuntos de las autoridades judiciales y legislativas. Eso ocurre todos los días.
Un artículo publicado en el número del 23 de marzo de 1955 en el diario Politika de Belgrado ofrece una ilustración apropiada del verdadero papel que desempeñan los u tribunales yugoeslavos, aunque siempre ha habido en Yugoeslavia un grado de legalidad más alto que en otros países comunistas:
“En una discusión de los problemas relacionados con los delincuentes que actúan en el campo económico, realizada en la conferencia anual de dos días, y presidida por el fiscal Brana Jevremovic, los fiscales de las repúblicas, de la Vojvodina y de Belgrado anunciaron que la cooperación entre los órganos judiciales y los órganos autónomos de los organismos económicos y políticos es necesaria para obtener el éxito completo en la batalla contra los criminales que actúan en todos los organismos económicos y políticos”.
“Los fiscales creen que la sociedad no ha reaccionado todavía con vigor suficiente para librarse de esos criminales…”
“Los fiscales se mostraron de acuerdo en que la reacción de la sociedad debe ser más eficaz. Según opinan los fiscales, penas más severas y métodos más severos para hacer cumplir las penas son sólo algunas de las medidas que se deben tomar”.
“Los ejemplos citados en las discusiones confirman las opiniones de que algunos elementos hostiles que han perdido la batalla en el campo político han entrado ahora en el campo económico. En consecuencia, el problema de la delincuencia en la economía es no sólo un problema legal, sino también político, que requiere la cooperación de todos los órganos del gobierno y las organizaciones sociales…”
“Resumiendo la discusión, el fiscal federal Brana Jevremovic destacó la importancia de la legalidad en las condiciones resultantes de la descentralización que se ha realizado en Yugoeslavia, y señaló lo justo de la severidad con que nuestros más altos dirigentes han condenado a personas culpables de acción criminal contra la economía”.
Es evidente que los fiscales deciden que los tribunales juzguen y las penas sean impuestas de acuerdo con los propósitos de los “dirigentes superiores”. ¿Qué queda entonces de los tribunales y de la legalidad?
En el sistema comunista las teorías legales cambian de acuerdo con las circunstancias y las necesidades de la oligarquía. El principio de Vishinsky según el cual una sentencia se debe basar en “lo que sea más digno de confianza”, es decir en el análisis y la necesidad políticos, ha sido abandonado. Aunque se adopten principios más humanos o más científicos, la substancia seguirá siendo la misma hasta que cambie la relación entre el gobierno y el poder judicial y la ley misma. Las campañas periódicas en favor de la “legalidad” y la jactancia de Khrushchev de que el partido ha conseguido “ahora” poner bajo control a la policía y la administración de justicia, sólo revelan cambios en la forma de la creciente necesidad que tiene la clase gobernante de seguridad legal. No revelan cambios en la actitud de la clase gobernante con respecto a la sociedad, el Estado, los tribunales y las leyes.