Desde la publicación de la primera edición en rústica de La industria del Holocausto se han producido varios hechos claves en el desarrollo de la causa contra la banca suiza: (1) el Tribunal de Resolución de Reclamaciones-I (TRR-I) ha terminado de tramitar las demandas, (2) se ha creado y posteriormente reestructurado a fondo el TRR-II, (3) la Comisión Bergier ha emitido su Informe final y este se ha empleado para desacreditar las conclusiones del Comité Volcker. En este epílogo se analizarán todos estos sucesos[1]. Con objeto de facilitar la comprensión de lo que se va a exponer, en primer lugar presento un cuadro con las principales diferencias entre las cuentas bancarias por las que se presentaron reclamaciones al TRR-I y las cuentas bancarias de las que se ocupa el TRR-II.
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TRR-I |
TRR-II |
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(El término cuentas inactivas designa las cuentas en las que el banco mantuvo los fondos en nombre y representación del titular de la cuenta.)
1. Conclusión del proceso del TRR-I
El TRR-I concluyó su labor de tramitar las demandas interpuestas desde cualquier país del mundo en relación con las cuentas inactivas de la banca suiza en septiembre de 2001. El 11 de octubre de 2001, el presidente del TRR-I, el profesor Hans Michael Riemer, emitió un comunicado de prensa en el que resumía las principales conclusiones del tribunal[2]. Después de emitir este comunicado de prensa, Riemer fue fulminantemente destituido por Michael Bradfield, encargado de supervisar el funcionamiento del Tribunal. (Previamente, Bradfield había actuado como asesor general del Comité Volcker y fue quien dirigió de facto la auditoría.) Se dice que Bradfield montó en cólera porque el comunicado de prensa señalaba que, de acuerdo con las demandas interpuestas ante el TRR-I, los bancos suizos debían únicamente 10 millones de dólares a víctimas del Holocausto[3]. Bradfield sostiene que se prescindió de Riemer porque no señaló «adecuadamente» que el TRR-I no era más que la primera etapa de un proceso de dos fases[4]. La lectura del comunicado de prensa desmiente inequívocamente la afirmación de Bradfield. El profesor Riemer elaboró asimismo un minucioso informe final sobre la labor del TRR-I[5], que recibió los elogios unánimes de los árbitros del TRR-I. Bradfield lo guardó bajo llave, tachándolo de «irrelevante», y al propio tiempo desvió hacia Paul Volcker y el rabino Israel Singer la responsabilidad de impedir su publicación. (Ellos son los patronos de los Fundación Independiente para la Resolución de Reclamaciones que supervisó la labor del TRR-I). El juez Korman asegura enfáticamente que no llegó a leer el informe final del TRR-I, mientras que Bradfield sostiene que Korman sí lo leyó[6]. A finales de julio de 2002, la Asociación de Banqueros Suizos (ABS) decidió colgar en su página web el informe de Riemer.
Los datos estadísticos fundamentales y los cómputos definitivos del informe del TRR-I son los siguientes[7]:
Datos estadísticos y cómputos definitivos del TRR-I
Consideremos ahora los datos de los que disponía del TRR-II y las proyecciones del TRR-II basadas en las conclusiones del TRR-I:
Datos de los que disponía el TRR-II
Estas 12.000 reclamaciones que se corresponden con cuentas de titulares probables o posibles víctimas del Holocausto son más o menos equivalentes a las 10.000 reclamaciones iniciales; es decir, en ambos casos, las reclamaciones se refieren a cuentas de titularidad específica.
Proyecciones del TRR-II basadas en las conclusiones del TRR-I
A juzgar por los datos a disposición del TRR-II y por las proyecciones basadas en los datos estadísticos y los cómputos definitivos del TRR-I, el beneficio que obtuvieron los bancos suizos a expensas de las víctimas del Holocausto y sus herederos ascendió a 60 millones de dólares (10 millones según las conclusiones del TRR-I + 50 millones según las del TRR-II). Ahora bien, esta cifra es desproporcionadamente inferior a los 1.250 millones de dólares que pagaron los bancos suizos en la liquidación final, y no digamos ya a los 7.000-20.000 millones reclamados durante la campaña contra los bancos suizos.
Es posible que incluso la proyección de 60 millones supere las ganancias reales de los bancos suizos. El TRR-I se ocupó únicamente de cuentas inactivas, en tanto que el TRR-II tramitó demandas relativas tanto a cuentas inactivas como a cuentas cerradas relacionadas con el Holocausto, y fundamentalmente a estas últimas[10]. No obstante, el Comité Volcker concluyó que no había «pruebas de […] esfuerzos concertados para desviar los fondos de las víctimas de la persecución nazi hacia objetivos inadecuados»[11]. Así pues, aunque la proyección de 50 millones de dólares del TRR-II se basa en reclamaciones relativas a cuentas inactivas y también, y fundamentalmente, a cuentas cerradas, no hay pruebas de que la banca suiza se beneficiara significativamente de las cuentas cerradas. Quedan por resolver, y tal vez nunca se resuelvan, una serie de cuestiones relativas a cuántos titulares de cuentas judíos de la Europa ocupada por los nazis cerraron sus cuentas debido a las amenazas nazis, al valor de estas cuentas cerradas bajo coerción y a la culpabilidad de los bancos suizos por no haber tomado las precauciones correctas al tramitar las órdenes de cancelación. El Comité Volcker únicamente descubrió que los «bancos transfirieron unas 400 cuentas a las autoridades nazis (en algunos casos aun sabiendo o debiendo haber sabido que la transferencia la ordenaban los titulares bajo coacción)»[12]. En cualquier caso, esto es muy distinto de la alegación original según la cual, llevados por la codicia (y el antisemitismo), los bancos suizos se enriquecieron a expensas de las víctimas del Holocausto y sus herederos.
2. Creación y posterior reestructuración a fondo del TRR-II[13]
Tal como se dispuso en el acuerdo de resolución de la demanda múltiple, el TRR-I volvió a reunirse en noviembre de 2001, después de haber sido sometido a algunas modificaciones, y con el nombre de TRR-II inició enérgicamente la labor de tramitar demandas en enero de 2002[14]. Los asesores especiales del TRR-II Paul Volcker y Michael Bradfield propusieron las normas de procedimiento y el juez Korman las aprobó. Se adoptaron de nuevo los criterios laxos con respecto a las pruebas aportadas que había aplicado el TRR-I, pero el procedimiento se racionalizó con objeto de agilizar la tramitación de las reclamaciones a la vez que se incorporaban nuevas normas relativas a las cuentas cerradas para garantizar que un máximo de presunciones favoreciera al demandante[15]. Aunque, en términos estrictos, el TRR-I era un tribunal arbitral (demandantes versus bancos) y el TRR-II no lo era (puesto que una vez que en enero de 1999 se acordó que la banca suiza pagara una suma no reembolsable de 1.250 millones de dólares, los bancos ya no entraban en juego), el cometido básico de ambos era el mismo: «Adoptar resoluciones relativas a los derechos de los demandantes con respecto a las cuentas de los bancos suizos» (Normas, p. 1). El Artículo11 de las Normas señalaba la continuidad básica entre ambos tribunales al indicar que «el presidente y los árbitros» del TRR-I «también podrán actuar, respectivamente, como presidente del tribunal y jueces sénior» del TRR-II. En abril de 2002, dos letrados suizos dimitieron del TRR-II y poco después se conminó a dimitir a seis compañeros extranjeros, tres de ellos judíos (concediéndoles veinticuatro horas para que desalojaran sus despachos). Un distinguido miembro estadounidense del TRR dijo refiriéndose a estas seis personas que eran «buenos abogados trabajadores que obedecen las órdenes y cumplen con su cometido […]. Lo máximo que puede decirse contra estos sujetos es que tuvieron suficiente sentido común y valor para plantear preguntas comprometidas sobre la aparente debilidad del programa dirigido (de hecho, gestionado al milímetro) por Bradfield». Otro antiguo miembro del TRR dijo que la destitución había sido un «acto vergonzoso». Llegado el mes de junio, una tercera parte de los miembros del TRR-II, incluido el finlandés Veijo Heiskanen, que era el secretario general, habían dejado de pertenecer al mismo. Según informaciones dignas de crédito aparecidas en las reputadas revistas suizas Weltwoche y NZZ am Sonntag, el principal motivo de disensión fue la insistente presión de Bradfield para que el tribunal aumentase el número de reclamaciones aceptadas violando las normas de procedimiento y distorsionando los hechos. Además, los dieciséis jueces sénior o bien dimitieron, o bien fueron destituidos. Quince de estos jueces ya habían sido totalmente marginados por el TRR-II y muchos de ellos veían con malos ojos que se utilizaran sus nombres y su reputación para encubrir un proceso cada vez más equívoco en el que ya no participaban y sobre el que ya no tenían influencia[16].
De las 32.000 reclamaciones presentadas al TRR-II, 20.000 no se correspondían con ningún nombre de la lista de titulares de cuentas que eran posibles o probables víctimas del Holocausto. Antes del drástico cambio de miembros del TRR-II, este había tramitado las primeras 2.800 demandas de las 12.000 que restaban. Aun utilizando unos criterios laxos sobre las pruebas aportadas y un máximo de presunciones a favor de los demandantes, solo pudieron aceptar 400 demandas en base a la evidencia de la que disponían, es decir, el quince por ciento del total de 2.800. Si la tendencia se hubiera sostenido, al final solo habrían sido aceptadas 1.8000 de las 32.000 demandas que debía tramitar el TRR-II[17]. Dado que las 3.000 demandas aceptadas por el TRR-I resultaron en una indemnización de 40 millones de dólares, las 1.800 aceptadas por el TRR-II probablemente habrían generado una indemnización de 20 millones de dólares. Según estos cálculos, los beneficios totales de los bancos suizos derivados de las cuentas de víctimas del Holocausto habrían ascendido a 30 millones de dólares al cambio actual (10 millones de dólares del TRR-I + 20 millones de dólares del TRR-II). Antiguos miembros del TRR que están bien informados sugieren que el monto final probablemente habría sido un poco más elevado[18]. Aun así, incluso suponiendo que la cifra hubiese llegado a duplicar esta proyección, no se habría desviado mucho de los 30 millones de dólares que los bancos suizos propusieron en un principio como base de la negociación para compensar a las víctimas del Holocausto que tenían cuentas con ellos. La campaña de difamación que posteriormente se lanzó contra los banqueros suizos los obligó a someterse a una auditoría de 500 millones de dólares y a suscribir un acuerdo de liquidación que ascendía a 1.250 millones de dólares. Si se hubiera permitido que el TRR-II finalizara su labor, probablemente sus conclusiones habrían puesto en evidencia a quienes acosaron a los bancos suizos.
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Los principales responsables del proceso del TRR-II —el asesor especial Michael Bradfield[19], el juez Edward Korman y el asesor principal del acuerdo Burt Neuborne— justifican el drástico cambio de equipo con dos motivos básicos:
(1) Era necesario acelerar el proceso de resolución. Sin embargo, los antiguos miembros del TRR coinciden en señalar el que ritmo lento al que funcionó el TRR-I se debió básicamente a que Bradfield tardó mucho en proporcionarles una norma de procedimiento para establecer el valor actual de las demandas aceptadas, con lo que se produjo un retraso de casi un año, y, en general, el proceso se ralentizó a causa de las «engorrosas» normas que ideó para tramitar las demandas[20]. En cualquier caso, no está claro cómo despedir a los miembros con experiencia y nombrar a nuevos árbitros de dudosa autoridad para dirigir a un tribunal desmoralizado podía contribuir a acelerar el proceso[21]. Korman y Bradfield aseguran que el TRR-I tardó cinco largos años en concluir su misión, cuando en realidad solo pasaron tres años y medio desde que se recibió la primera reclamación en marzo de 1998 hasta que se resolvió la última en septiembre de 2001[22]. En sus primeros siete meses de actuación, el TRR-II tramitó más o menos la cuarta parte de las reclamaciones creíbles sobre cuentas de víctimas del Holocausto. A este ritmo, el TRR-II habría necesitado menos de dos años para concluir su labor. Ahora bien, tras la reestructuración del TRR-II, se informó de que el nuevo equipo tardaría al menos otros dos años en terminar la tarea[23]. El objetivo declarado del juez Korman de mejorar el funcionamiento del TRR-I tampoco concuerda con su supuesta indiferencia ante al valioso informe del profesor Riemer que analizaba la experiencia del TRR-I. (Korman dijo que solo estaba dispuesto a leerlo si se lo enviaban directamente.) Asimismo, hace al caso señalar que, ya sea por ignorancia o por falta de sinceridad, Bradfield, Korman y Neuborne no son siempre una fuente de información precisa ni siquiera con respecto a datos básicos sobre las labores de tramitación del TRR. Bradfield ha aseverado en diversas ocasiones que los demandantes del TRR-II sextuplicaban en número a los del TRR-I, cuando en realidad solo los triplicaban (30.000 versus 10.000). El juez Korman ha afirmado que el procedimiento para calcular las adjudicaciones monetarias empleado por el TRR-II es idéntico al del TRR-I, cuando en realidad a principios de junio se introdujo en él un cambio crucial. Neuborne aseguró en febrero de 2002 que el número de cuentas del TRR-II que tenían una relación «probable o posible» con el Holocausto ascendía a 46.000, cuando no eran más que 36.000[24].
(2) Los miembros del TRR-II no comprendían cuál era su función. El juez Korman sostiene que los jueces sénior «nunca fueron parte del proceso del TRR-II, nunca se consideró que lo fueran y sus dimisiones se encuadraban en un esfuerzo para generar publicidad negativa»[25]. Sin embargo, las Normas del TRR-II bosquejadas por Bradfield y aprobadas por Korman requerían explícitamente que los árbitros del TRR-I actuaran como jueces sénior y, en noviembre de 2001, Volcker y Bradfield invitaron a los dieciséis jueces sénior del TRR-II a asistir a una «convocatoria de jueces» en Zúrich con la expectativa de que desempeñaran un papel fundamental en el TRR-II. Burt Neuborne sostiene que a los jueces sénior «les costaba mucho cambiar de mentalidad, modificar la idea de quiénes eran y en qué consistía su misión, aceptar que ya no eran jueces sino investigadores […]. Actuaban como si fueran jueces». No obstante, nunca se sugirió que los jueces sénior actuarían como «investigadores» (los encargados de realizar cualquier investigación sobre hechos concretos eran los abogados del equipo) y, excepción hecha del norteamericano Roberts B. Owen, los jueces sénior no pudieron experimentar «dificultades» de adaptación, y mucho menos actuar como jueces, dado que a ninguno de ellos se le solicitó que hiciera nada durante el proceso del TRR-II. Las complejas distinciones de Neuborne no hacen al caso, sea cual sea la intención con que las hiciera, pues ¿no compartían el TRR-I y el TRR-II la misma misión básica de verificar qué reclamaciones sobre las cuentas suizas eran válidas y cuáles no? Con objeto de justificar el desmantelamiento de los criterios de prueba del TRR-II (i.e., empleando un «nivel de probabilidades» aún menor), Neuborne establece un contraste entre el TRR-I, que desempeñaba una función «resolutoria» entre los demandantes y los bancos, y el TRR-II, que solo se ocupa de las víctimas del Holocausto que constituyen una «familia»[26]. Pero ¿no era precisamente el objetivo del proceso del TRR determinar quién pertenecía y quién no pertenecía a esa «familia»? De hecho, toda reclamación aceptada indebidamente supone que se resta dinero al fondo residual para el plan de cobertura médica de las víctimas del Holocausto[27], o en palabras de Bradfield, «en la medida en que se entrega a personas que no tienen derecho a ello, se está cometiendo una injusticia con los miembros de la categoría en cuestión». Haciéndose eco de Neuborne, Bradfield afirmaba que «los miembros del tribunal que se han ido habían heredado del TRR-1 una serie de enfoques y actitudes que era necesario cambiar», y ponía de relieve que el TRR-II reestructurado se fundamentaría en lo que él llamaba una «nueva cultura»[28]. El significado exacto de esta expresión lo explicó el juez Korman en una charla que impartió a los miembros del recién reconstituido TRR-II con objeto de infundirles ánimos. Korman afirmó que, desde la creación del TRR-I, «las personas implicadas eran proclives a rechazar las reclamaciones»[29]. Merece la pena someter a un examen detallado esta insólita afirmación. La secretaría del TRR-I constaba de 125 personas: abogados, personal paralegal, contables y otros empleados procedentes de veinticinco países. Los patronos Paul Volcker y el rabino Israel Singer (del Congreso Judío Mundial) dieron su aprobación a diecisiete eminentes árbitros sénior de siete países distintos, incluidos cuatro de Israel y cuatro de Estados Unidos, en tanto que Bradfield dirigía la administración. Las normas de procedimiento del TRR-I estipulaban explícitamente el método de denunciar la falta de independencia e integridad de los árbitros, mientras que los propios árbitros establecieron procedimientos especiales para evitar la posibilidad de ser tendenciosos. El tribunal recibió una sola denuncia formal sobre la imparcialidad de un árbitro y los demandantes tan solo recurrieron un mínimo porcentaje de decisiones. El informe final de Riemer está repleto de ejemplos que ponen de manifiesto el trato irreprochable que el tribunal dio a los demandantes (cfr. pp. 31, 51-53). Debe recordarse asimismo que el propio Korman aprobó que el TRR-II se constituyese como una prolongación del TRR-I dada la positiva experiencia de este último y que, según todas las fuentes, el TRR-II se adhirió escrupulosamente al generoso criterio de «plausibilidad» de las pruebas empleado por el TRR-I. A pesar de todo esto, quien escuche ahora a Korman creerá que los miembros del tribunal se embarcaron en una gran conspiración para «rechazar demandas». Superando a Korman, Neuborne alega que detrás del rechazo de las demandas del TRR-I están emboscados los banqueros suizos, empeñados en un «juego de relaciones públicas. No quieren que al final se diga que entregaron 800 millones de dólares a titulares de cuentas bancarias; quieren decir que solo encontraron a unos cuantos [demandantes legítimos]», y fueron «chantajeados»[30]. Sin embargo, según el informe final de Riemer sobre el TRR-I, «una vez superados los malentendidos iniciales, la participación de los bancos fue en general cooperativa y la comunicación con ellos, constructiva»; por su parte, Bradfield afirma categóricamente que los bancos suizos no han desempeñado —y según el propio Neuborne, han decidido no desempeñar— ningún papel en el TRR-II.
El verdadero juego de relaciones públicas tal vez sea el que están jugando Bradfield, Korman y Neuborne. Por lo visto, temiendo que lo último que se diga sea que se chantajeó a los banqueros suizos, se han hecho con el control absoluto del nuevo TRR-II. Korman elogia a Neuborne por ser «un magnífico erudito y abogado», en tanto que Neuborne ensalza a Korman diciendo que es «uno de los jueces norteamericanos mejores y más justos. Es un hombre realmente maravilloso, extraordinario»[31]. Tanta estima recíproca resulta conmovedora, pero ¿dónde han quedado los límites y los controles? Las normas de procedimiento del TRR-II se han reformado para eliminar a todos los jueces independientes del proceso de instrucción de las demandas y el nuevo equipo está principalmente compuesto por jóvenes letrados norteamericanos elegidos a dedo por Bradfield. Korman justifica esto último alegando que «todos los líos de Europa los ha resuelto Estados Unidos gracias a sus jóvenes»[32].
La última palabra con respecto a las normas de procedimiento es de Korman y todas las decisiones sobre las demandas están sujetas a su aprobación final. Nada impide que, con objeto de evitar acusaciones de chantaje, el juez Korman revise las normas y acepte reclamaciones hasta que se alcance el número deseado de reclamaciones aceptadas y la adjudicación de dinero por reclamación aceptada deseada. De hecho, esta fue precisamente la primera prioridad que se estableció. En una carta de febrero de 2002 dirigida al juez Korman, Neuborne decía refiriéndose al TRR-II que «al ritmo actual, el dinero distribuido se aproximará a los 800 millones de dólares asignados a la categoría de activos depositados, o incluso los excederá». Si Neuborne así lo creía, es extraño que a finales de abril de 2002 instara al juez Korman a relajar aún más unos criterios de prueba ya de por sí laxos. El celo de Neuborne resultó innecesario en este caso, siendo así que las normas del TRR-II establecidas para favorecer a los reclamantes ya habían suavizado los susodichos criterios[33]. No obstante, a principios de junio, Bradfield recomendó y Korman aprobó una revisión que sí sería crucial: las cuentas con un balance modesto serían indemnizadas con cantidades sustancialmente mayores que hasta entonces. (Este incremento es independiente de la generosísima compensación por las tasas e intereses bancarios que se entregaba rutinariamente a todos los demandantes cuyas reclamaciones se aceptaron.) Bradfield justificó esta modificación alegando que las cuentas de víctimas del Holocausto con un saldo escaso seguramente habían sido sometidas a «manipulaciones por el banco»[34]. Cuando propuso por primera vez el cambio de normativa con esta justificación, en septiembre de 2001, los miembros del tribunal, pese a sus deseos de aceptarlo, desmontaron su hipótesis porque carecía de «una base racional o fáctica (numerosos cuentacorrentistas reducen los activos de sus cuentas a niveles bajos)»[35]. De hecho, como ya se ha señalado, el Comité Volcker no encontró pruebas de que los bancos suizos hubieran sustraído sistemáticamente dinero de las cuentas de víctimas del Holocausto. Con el TRR-I, la adjudicación a cada cuenta de una víctima del Holocausto validada era por término medio de 50.000 dólares. Hoy día asciende a 115.000 dólares[36]. Además, ni una sola de las 32.000 reclamaciones presentadas al TRR-II ha sido rechazada oficialmente hasta la fecha. En una carta dirigida a los miembros del TRR-II en julio de 2002, Bradfield anunciaba que la Conferencia sobre Solicitudes Materiales Judías (dirigida por Israel Singer) iba a colaborar en la instrucción de las reclamaciones[37]. Entre sus «importantes» responsabilidades estaría la de volver a examinar las 20.000 demandas presentadas por personas cuyos nombres no se correspondían con titulares de cuentas que fueran víctimas del Holocausto, y que incluso Neuborne daba por hecho que serían rechazadas «casi con plena seguridad» a no ser que apareciera alguna información nueva. Neuborne afirma que se recabó la ayuda de la Conferencia sobre Solicitudes Materiales debido al «magnífico trabajo» que había realizado hasta el momento para identificar y compensar a 105.000 judíos que habían trabajado en régimen de esclavitud, quedando aún pendientes otros 40.000 o 45.000 cuyas reclamaciones probablemente serían aprobadas pronto[38]. De hecho, la Conferencia ha obrado un auténtico milagro. Según la autoridad sobre el holocausto nazi de mayor reconocimiento mundial, Raul Hilberg, el número total de antiguos trabajadores esclavizados judíos que aún seguían con vida en mayo de 1945 estaba «muy por debajo de los 100.000»[39]. Incluso el Congreso Judío Mundial reconoce que de los supervivientes del Holocausto que había en mayo de 1945, solo siguen vivos hoy día un veinte por ciento como máximo[40]; o lo que es lo mismo, de los judíos que trabajaron en régimen de esclavitud, solo viven actualmente 20.000 como máximo. Si la Conferencia sobre Solicitudes Materiales es capaz de encontrar a 150.000 antiguos trabajadores esclavizados judíos, ¿quién pone en duda que logrará que se acepten las 20.000 reclamaciones que están «casi con plena seguridad» abocadas al rechazo? («La Conferencia sobre Solicitudes Materiales presentó bajo sello al tribunal» los nombres de estos presuntos 150.000 judíos que trabajaron en régimen de esclavitud, lo cual significa que nadie sabrá jamás quiénes son o si de hecho han existido[41].
Según Neuborne, el juez Korman «se limitará a dar un repaso rápido a las demandas, que se le presentarán por lotes». Lo extraño sería que llegara siquiera a hacer eso. De momento, Korman ha puesto su sello de aprobación en todas las recomendaciones para la aceptación de demandas hechas por Bradfield, por muy peregrina que fuera la argumentación para justificarla[42]. Contra toda evidencia en cada de uno de los casos, una demanda se aceptó basándose en la alegación de que la banca suiza había negado el acceso a su cuenta a una víctima del Holocausto; la aprobación de otra demanda sostenía que el titular original de la cuenta aún no había cobrado sus ganancias; y otra demanda fue aprobada porque se argumentaba que los bancos suizos se habían apropiado del dinero de la cuenta[43].
3. Publicación del Informe final de la Comisión Bergier y cómo se utilizó para desacreditar las conclusiones del Comité Volcker
Una comisión internacional creada por decreto del gobierno suizo en 1996 y presidida por el historiador suizo Jean-François Bergier emitió a comienzos de 2002 su Informe final, Suiza, el Nacionalsocialismo y la Segunda Guerra Mundial[44]. Este documento de 600 páginas resume y sitúa en un contexto histórico más amplio una serie de investigaciones especializadas que llenan veinticinco volúmenes. Polémico por su tono y su intención, el Informe final de la Comisión Bergier otorga a la elite suiza política y económica un grado elevadísimo de responsabilidad ética y legal; hay que decir, no obstante, que al margen de cuáles fueran sus objetivos, los estudiosos suizos obtienen sustanciosas recompensas institucionales por promocionar a la banca suiza y requieren escaso valor moral para hacerlo. (El valor moral requerido por los estudiosos estadounidenses integrantes de la comisión es aún menor y las recompensas institucionales, todavía mayores.) Como tantas obras polémicas, el Informe final utiliza una retórica inflamada —se dice que la actuación de Suiza durante la guerra «supera todo lo imaginable» (p. 493)—, y está repleto de exageraciones, omisiones y distorsiones. El informe condena con mucha razón a las elites suizas por negar la entrada a «varios miles» de judíos que huían de la maquinaria mortífera de los nazis, pero se extralimita al concluir que la política de refugiados suiza desempeñó un papel «instrumental» en la Solución Final (p. 168). Pone de relieve el hecho de que los bancos suizos compraron oro robado por los nazis a la víctimas del Holocausto —«el vínculo material más claro entre las actividades bancarias suizas y el genocidio nazi» (pp. 249-250)—, pero omite mencionar el hallazgo fundamental del estudio especializado sobre las transacciones de oro que realizó la Comisión Bergier, a saber, que los bancos suizos no adquirieron a sabiendas «oro de las víctimas»[45]. El informe lamenta con razón el hecho de que después de la guerra Suiza sirviera de tanto en tanto de escondite o lugar de escala a nazis huidos, pero también mantiene que esta política iba «en contra de las estrategias de posguerra de los aliados victoriosos» (p. 387) y, al mismo tiempo, pasa por alto el reclutamiento deliberado y masivo que hizo Estados Unidos de segmentos de las elites nazis (incluidos altos cargos de las SS) cuando lo consideraba útil para sus propios proyectos[46]. Señala con acierto que en la Suiza de preguerra dominaba el antisemitismo, pero a continuación sostiene que como esta hostilidad era «básicamente verbal» y «no violenta», resultaba «mucho más peligrosa porque no provocaba ningún sentimiento de culpa a la población» (pp. 496-497). ¿Habría sido realmente mejor que los suizos asesinaran a los judíos? Por último, en la conclusión del informe se enumeran múltiples razones que dan cuenta del renovado interés en la actuación de Suiza durante la guerra y en su forma de actuar en relación con las compensaciones por el Holocausto después de la guerra, pero no se menciona ni una vez la campaña a gran escala de las organizaciones judías estadounidenses y de la Administración Clinton en contra de Suiza (pp. 493-498)[47]. Verdaderamente, esto es como Hamletsin el príncipe de Dinamarca.
Con respecto a las acusaciones contra los bancos suizos, el Comité Volcker llegó a la conclusión de que no había «pruebas de que se hubiera incurrido sistemáticamente en discriminación, obstrucción del acceso a las cuentas, malversación o violación de lo dispuesto en la legislación suiza para la conservación de documentos», ni tampoco «evidencia de una destrucción sistemática de registros con vistas a ocultar el comportamiento pasado»[48]. Ahora, Korman y Neuborne sostienen que el Informe final de la Comisión Bergier desmiente las conclusiones fundamentales del Comité Volcker. Korman dice que «la única historia pertinente […] se encuentra en el informe Bergier […], la historia de cómo los bancos pusieron trabas a los supervivientes», en tanto que Neuborne afirma que el Informe finaldemuestra «el engaño sistemático practicado por los bancos y el recurso consciente a la destrucción de documentos para ocultar sus malas prácticas»[49]. En un giro novelesco, Bradfield argumenta que «el Informe Bergier demuestra con claridad que los bancos suizos practicaron activamente una política polifacética de plantar resistencia a las reclamaciones de las víctimas de los nazis» y, al mismo tiempo, que el Comité Volcker llegó a «conclusiones similares»[50]. Antes de entrar a considerar estas argumentaciones, conviene señalar dos anomalías:
(1) Antes de la publicación del Informe final, Neuborne y Korman sostenían que la auditoría de Volcker confirmaba las acusaciones presentadas contra los bancos suizos. Korman dijo al Tribunal que «la relevancia del informe Volcker es que proporcionó legitimidad legal y moral a las demandas interpuestas» por los abogados[51]. Y Neuborne hizo una afirmación similar: «La auditoría del Comité Volcker validó las alegaciones fundamentales que sustentaban el litigio de la banca suiza»[52]. Echando al olvido el informe Volcker, Neuborne y Korman enarbolan ahora el Informe final para justificar el ataque contra los bancos suizos.
(2) La investigación del Comité Volcker fue, en palabras de Korman, «la auditoría más amplia de la historia», y costó 500 millones de dólares[53]. Las dos fuerzas principales que hubo detrás de la auditoría fueron Paul Volcker y Michael Bradfield. Si, como afirma Korman, el Informe final de la Comisión Bergier invalida las conclusiones fundamentales del Comité Volcker, eso supone que la investigación de Volcker y Bradfield debió de ser una chapuza monumental. Uno se pregunta por qué Korman continúa manteniendo a Volcker y a Bradfield como asesores especiales del TRR-II.
Una prueba fundamental citada a partir del Informe final de la Comisión Bergier es una reunión de mayo de 1954 en la que, en palabras de Neuborne, «la banca suiza adoptó unas prácticas comunes diseñadas para frustrar los esfuerzos de localizar los fondos que habían sido inadecuadamente transferidos a los nazis»[54]. El pasaje del Informe final que Neuborne destaca se ha extraído de un estudio especializado de la Comisión Bergier sobre las cuentas inactivas suizas (volumen 15), que fue realizado por Barbara Bonhage, Hanspeter Lussy y Marc Perrenoud[55]. El Informe final carga las tintas aquí como lo hace en general: mientras el volumen de Bonhage y otros hace referencia de pasada a una reunión de «los representantes legales de algunos grandes bancos» (p. 288), el Informe final concede una importancia máxima a esta reunión de «los representantes legales de los grandes bancos» (p. 446, el énfasis es mío). Y lo que es peor, Neuborne entra a saco en el pasaje del Informe final, pues este no se refiere a «fondos que habían sido inadecuadamente transferidos a los nazis» sino a «activos de las víctimas no reclamados». El estudio especializado de la Comisión Bergier realizado por Bonhage y otros confirma explícitamente las conclusiones principales del Comité Volcker (p. 33). En efecto, pese a sus hipérboles, el Informe final Bergier nunca desmiente el estudio Volcker, más bien al contrario. Aunque en el informe se vierten con frecuencia juicios críticos sobre investigaciones previas relativas a asuntos que hacen al caso (pp. 31, 246), en ningún momento se alude siquiera a que se tengan reservas con respecto a las conclusiones del informe Volcker. Por el contrario, en el Informe final se dice que sus valoraciones de carácter más «general» se basan enteramente en la auditoría Volcker (p. 34), y que, «en conjunto», sus propias conclusiones «son respaldadas por los hallazgos del Comité Volcker» (p. 456). El Informe final niega específicamente que los bancos suizos «trataran de cubrir sus huellas sistemáticamente y de común acuerdo» destruyendo sus registros como en una «teoría de la conspiración disparatada» (40)[56]. Al indicar que su estudio confirmaba las conclusiones del Informe Volcker, Barbara Bonhage observó que era «una pena que se explotara el Informe Bergier» y que los resultados del Comité Volcker y de la Comisión Bergier «se complementan entre sí; no se deben contraponer»[57].
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Desde el principio, Raul Hilberg denunció en reiteradas ocasiones que se estaba «chantajeando» a los bancos suizos. Pero Neuborne, a todas luces muy afectado por esta acusación de chantaje, recurrió al juez Korman para que la desmintiera y él cumplió obedientemente sus deseos[58]. Cuando la instrucción de demandas contra la banca suiza amenazaba con confirmar la acusación de Hilberg (de la que ahora se hacen eco incluso los medios de comunicación más importantes)[59], se quitó de en medio el informe final del TRR-I, se despidió al equipo del TRR-II y se malinterpretaron las conclusiones del Informe final de la Comisión Bergier. ¿Se dedicarán ahora Bradfield, Korman y Neuborne a despilfarrar en demandas no válidas el dinero suizo destinado a las víctimas del Holocausto solo para proteger su reputación? Todo parece indicar que se están cubriendo todos los frentes. Cuando Christopher Meilli, vigilante de seguridad de un banco suizo, declaró que los bancos suizos estaban destruyendo documentos claves, en Estados Unidos (su país de adopción) se le puso por las nubes, como si fuera un mártir y un héroe. Poco después, resentido con sus nuevos benefactores, Meilli ha denunciado una y otra vez la corrupción de quienes acosan a los bancos suizos[60]. En la página 7 de una carta de febrero de 2002 que Burt Neuborne escribió al juez Korman sobre los honorarios de los abogados, de pronto recomendaba la entrega de un millón de dólares a Meilli, como «desembolso especial para los abogados», con objeto de compensarle «por las pérdidas que ha sufrido en su esfuerzo por decir la verdad», y Korman aprobó dicho desembolso en marzo de 2002[61]. Según las estipulaciones del acuerdo que Neuborne negoció con la industria alemana, cada superviviente de Auschwitz recibió 7.500 dólares.