En el capítulo tercero de este libro documenté la «doble extorsión» de los países europeos y de los judíos supervivientes del genocidio nazi cometida por la industria del Holocausto. Los acontecimientos de los últimos tiempos confirman este análisis. De hecho, para confirmar mi argumentación, basta con someter a un escrutinio detallado y crítico la documentación que es de dominio público.
A finales de agosto de 2000, el Congreso Judío Mundial (CJM) anunció que se proponía recabar un total de 9.000 millones de dólares en concepto de compensaciones por el Holocausto[1]. Los reclamaron en nombre de «las víctimas del Holocausto necesitadas», pero, ahora, el CJM sostiene que el dinero pertenece al «conjunto del pueblo judío» (director ejecutivo del CJM, Elan Steinberg). Convenientemente, el CJM es el representante autoinvestido del «conjunto del pueblo judío». Un banquete de gala patrocinado por Edgar Bronfman, presidente del CJM, y celebrado con motivo de las indemnizaciones por el Holocausto en el Hotel Pierre de Nueva York, festejó la creación de la Fundación del Pueblo Judío, cuyo objetivo era subvencionar las organizaciones judías y «la educación sobre el Holocausto». (Un judío crítico con la «cena temática del Holocausto» evocó la siguiente escena: «Asesinato de masas. Espantoso expolio. Mano de obra esclavizada. Comamos».) La dotación de la fundación provendría de los fondos de compensación «residuales» y ascendería «probablemente a miles de millones de dólares» (Steinberg). Queda por despejar la incógnita de cómo el CJM ya sabía que «probablemente» sobrarían «miles de millones» cuando aún no se habían empezado a distribuir las indemnizaciones entre las víctimas del Holocausto. De hecho, aún no se sabía cuántos serían los damnificados con derecho a ser indemnizados. ¿O es que, quizá, la industria del Holocausto obtuvo los fondos de indemnización en nombre de las «víctimas del Holocausto necesitadas» sabiendo de antemano que «probablemente» sobrarían «miles de millones»? La industria del Holocausto se quejaba amargamente de que los acuerdos con los alemanes y los suizos habían proporcionado un dinero muy escaso para los supervivientes. Habría que esclarecer por qué los presuntos «miles de millones» no podían emplearse para complementar esas asignaciones.
Como era de prever, los supervivientes del Holocausto reaccionaron airadamente. (Ninguno de ellos estuvo presente en la creación de la fundación.) En el editorial de un boletín informativo de los supervivientes se comentaba con rabia: «¿Quién ha autorizado a estas organizaciones a decidir que “los remanentes” (que ascienden a miles de millones), obtenidos en nombre de las víctimas de la Shoá, se destinen a sus proyectos favoritos en lugar de a ayudar a TODOS los supervivientes del Holocausto a cubrir unos gastos médicos cada vez más gravosos?». Enfrentado a una avalancha de publicidad negativa, el CJM dio un brusco viraje. La cifra de 9.000 millones de dólares era, a decir de Steinberg, «un tanto engañosa». El director ejecutivo del CJM aseguró asimismo que la fundación no disponía «de dinero en efectivo ni de planes para distribuir sus fondos», y que el propósito del banquete del Holocausto no había sido celebrar la dotación conseguida para la fundación a partir de las indemnizaciones por el Holocausto, sino, por el contrario, recaudar fondos. Los ancianos supervivientes judíos, a quienes nada se había consultado y mucho menos se había invitado a la «celebración tachonada de estrellas» del Hotel Pierre, se manifestaron a las puertas de este.
Entre los invitados de honor estuvo el presidente Clinton, quien en una alocución conmovedora recordó que EEUU se encontraba en la vanguardia de la «confrontación con un pasado desagradable»: «He estado en las reservas de nativos americanos y he reconocido que los tratados que firmamos no eran justos ni, en muchos casos, se habían cumplido honorablemente. Fui a África […] y reconocí la responsabilidad estadounidense en la compra de esclavos. Es una tarea ardua esta de batallar para descubrir la esencia de nuestro humanismo». Las compensaciones monetarias brillaron por su ausencia en los ejemplos con que se ilustró esta «tarea ardua»[2].
El 11 de septiembre de 2000 se publicó al fin el «Plan Propuesto por el Asesor Especial para la Asignación y Distribución del Fondo de Liquidación», resultante de los litigios contra los bancos suizos (a partir de ahora: Plan Gribetz)[3]. La publicación del plan, cuya elaboración había durado más de dos años, se hizo coincidir con la fiesta temática del Holocausto, sin tener en cuenta la premura que debiera haberse derivado de las privaciones de las «víctimas del Holocausto necesitadas, que iban muriendo día a día». Esto no fue óbice para que Neuborne, principal asesor de la industria del Holocausto en la disputa con los bancos suizos y «el gran defensor del plan de distribución» (New York Times), elogiara el documento calificándolo de «fundado en una meticulosa investigación […], concienzudo y de gran sensibilidad»[4]. En efecto, el plan parecía disipar el temor generalizado a que las organizaciones judías se apropiaran indebidamente de los fondos de indemnización. Muy en su línea, Forward informó: «El plan de distribución […] propone que más del noventa por ciento del dinero suizo se entregue directamente a los supervivientes y a sus herederos». Después de alegar que «el Congreso Judío Mundial nunca ha pedido un solo centavo, nunca se apropiará de un solo centavo y no acepta fondos de indemnización», Elan Steinberg alababa mojigatamente el Plan Gribetz por ser un «documento extraordinariamente inteligente y compasivo»[5]. Inteligente era, desde luego, pero su aspecto compasivo ya es mucho más difícil de apreciar. En la letra pequeña del Plan Gribetz se oculta la perversa realidad de que probablemente los supervivientes del Holocausto y sus herederos solo llegarán a cobrar una pequeña fracción de los fondos suizos. Antes de pasar a analizar esta cuestión, es preciso señalar que, sin quererlo, el plan demuestra concluyentemente que la industria del Holocausto chantajeó a Suiza[6].
Los lectores recordarán que, en mayo de 1996, los bancos suizos dieron su consentimiento formal a la realización de una auditoría externa y exhaustiva —«la auditoría más amplia de la historia» (juez Korman)— con objeto de resolver las reclamaciones pendientes de los supervivientes del Holocausto y sus herederos[7]. Pero, antes de que el comité auditor (presidido por Paul Volcker) tuviese siquiera la oportunidad de reunirse, la industria del Holocausto presionó para que se llegara a un acuerdo económico. Los dos pretextos aducidos para adelantarse a las decisiones del Comité Volcker fueron: (1) que no se podía confiar en el Comité; (2) que las víctimas del Holocausto necesitadas no podían esperar a que el Comité llegara a emitir sus conclusiones. El Plan Gribetz echa por tierra ambos pretextos.
En junio de 1997, Burt Neuborne presentó un «Memorándum de Ley» donde se justificaba la suplantación de las funciones del Comité Volcker. Contra toda evidencia y con increíble desfachatez, Neuborne aseguraba que el Comité se había creado a instancias de los suizos en un intento de desviar las críticas mediante «un esfuerzo privado de mediación que está financiado, pagado y diseñado por los acusados»[8]. Cabe destacar que Neuborne esgrimió en contra de los suizos el hecho de que hubieran corrido con los gastos de la auditoría sin precedentes que se les había impuesto, que ascendieron a 500 millones de dólares. En agosto de 1998, antes de que el Comité Volcker concluyera su trabajo, la industria del Holocausto obligó a los bancos suizos a aceptar un acuerdo por el que se comprometieron a pagar 1.250 millones de dólares no recuperables[9]. El pretexto para este acuerdo fue que el Comité Volcker no era de fiar, y, sin embargo, el Plan Gribetz estaba plagado de elogios al Comité y hacía hincapié en que las conclusiones del Comité y su mecanismo para tramitar las reclamaciones («Tribunal de Resolución de Reclamaciones» - «TRR») habían sido y seguían siendo de «vital importancia» para la distribución de los fondos suizos[10]. La entusiasta confianza depositada por la industria del Holocausto en el Comité a la hora de distribuir los fondos refuta el pretexto básico para suplantar las funciones del Comité y forzar un acuerdo de liquidación no recuperable.
Mediante el acuerdo suscrito con la industria del Holocausto, los suizos se comprometieron no solo a devolver los capitales de las cuentas judías inactivas de la época del Holocausto, sino también a «restituir los beneficios» que habían obtenido «a sabiendas» gracias a los activos judíos procedentes de la extorsión nazi y a la explotación de la mano de obra judía esclavizada por los nazis[11]. El Plan Gribetz pone al descubierto asimismo la inconsistencia de estas acusaciones. Reconoce que, «en el mejor de los casos», solo se podían establecer «muy escasos» vínculos directos entre los suizos y los activos judíos incautados o la mano de obra judía esclavizada; de lo que se deduce que los vínculos directos «conscientes» o «lucrativos» eran aún mucho más indemostrables. En efecto, en el plan se dice con toda claridad que estas acusaciones se fundaban en hechos «probables», «presuntos» o «potenciales»[12]. Por último, el acuerdo obligaba a Suiza a indemnizar a los judíos a quienes se había negado asilo cuando huyeron del nazismo. El Plan Gribetz reconoce explícitamente —aunque solo en una nota a pie de página— la «validez legal cuestionable» de esta reclamación[13]. Mas, a pesar de reconocer todos estos extremos, el plan cita en tono aprobatorio la afirmación de que, «en un mundo verdaderamente justo, los reclamantes habrían recibido una cantidad mucho mayor» que los 1.250 millones de dólares extraídos a los suizos[14].
Además de la supuesta falta de imparcialidad del Comité Volcker, la industria del Holocausto esgrimió la mortalidad de los supervivientes del Holocausto como motivo para que los suizos hicieran una liquidación no recuperable. Se alegaba que el tiempo era un factor clave dado que a «las víctimas del Holocausto necesitadas» no les quedaba mucha vida por delante. Mas, una vez que se ha embolsado el dinero, la industria del Holocausto ha descubierto de pronto que «las víctimas del Holocausto necesitadas» no están muriendo tan deprisa como se suponía. Citando un estudio encargado por la Conferencia sobre Solicitudes Materiales Judías, el Plan Gribetz informa de que «el colectivo de las víctimas de los nazis está disminuyendo más despacio de lo que se creía». Y, en efecto, en el plan se afirma que «un número considerable de víctimas judías del nazismo puede vivir al menos veinte años más, y es probable que dentro de 30-35 años [es decir, unos noventa años después del final de la Segunda Guerra Mundial] sigan con vida decenas de miles de víctimas judías del nazismo»[15]. Conociendo el historial de la industria del Holocausto, no sería de extrañar que esta revelación llegara algún día a utilizarse para reclamar nuevas indemnizaciones a los países europeos. De momento, está sirviendo de excusa para ralentizar el proceso de asignación del fondo de liquidación. Así pues, el Plan Gribetz recomienda que el dinero se distribuya aplicando una escala gradual de incrementos, puesto que «crear expectativas a los supervivientes necesitados y luego retirarles las ayudas por falta de fondos sería prestarles un flaco servicio»[16].
En sus negociaciones con los bancos suizos, la industria del Holocausto mantuvo que el promedio de edad de los supervivientes era de 73 años en Israel y de 80 en el resto del mundo. En los tres países donde actualmente residen más supervivientes del Holocausto, la esperanza de vida oscila entre los 60 (la antigua Unión Soviética) y los 77 años (Estados Unidos e Israel)[17]. Sería, por tanto, muy comprensible que cualquiera se preguntase cómo es posible que «decenas de millares» de supervivientes del Holocausto sigan con vida dentro de 35 años. Parte de la respuesta reside en el hecho de que la industria del Holocausto ha vuelto a revisar la definición de superviviente del Holocausto. «Una de las razones de la disminución relativamente más lenta del tamaño de la población —informa el estudio de la Conferencia sobre Solicitudes Materiales anteriormente mencionado— es el descubrimiento de que, empleando la definición más amplia, hay muchas más víctimas de los nazis relativamente más jóvenes de lo que previamente se creía» (cursiva añadida)[18]. En efecto, aplicando una inflación equiparable a la de la Weimar, el Plan Gribetz sitúa el número de supervivientes del Holocausto vivos cerca del millón, multiplicando por cuatro la cifra ya de por sí extraordinaria de 250.000 que se manejó para extorsionar a los suizos[19].
Para realizar esta proeza matemática y demográfica, el Plan Gribetz considera que todos los judíos rusos que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial son supervivientes del Holocausto[20]. De suerte que los judíos rusos que huyeron antes de la invasión nazi y los que sirvieron en el Ejército Rojo se incluyen hoy en la categoría de supervivientes del Holocausto porque la tortura y la muerte eran el destino que les aguardaba de ser capturados[21]. Por otro lado, el plan informa de que un soldado judeo-estadounidense capturado por los nazis fue internado en un campo de concentración[22]. ¿Habría que considerar, por tanto, que todos los soldados judeo-estadounidenses que combatieron en la Segunda Guerra Mundial son supervivientes del Holocausto? Se puede recurrir a todo tipo de criterios. En defensa de las proyecciones de la tasa de mortalidad correspondiente a los supervivientes del Holocausto, un historiador de la sección del Holocausto del Museo Imperial Británico de la Guerra explicaba que «en un sentido aún más amplio […] puede considerarse que la segunda e incluso la tercera generación» son víctimas del Holocausto porque «están expuestas a sufrir trastornos psicológicos»[23]. Tan solo es cuestión de tiempo que la industria del Holocausto restablezca la condición de superviviente del Holocausto de Wilkomirski, dado que, en palabras de Israel Gutman, director del Yad Vashem, su «dolor es auténtico».
Esta redefinición conceptual y la revisión al alza de la cifra de supervivientes del Holocausto sirve a la industria del Holocausto para cumplir diversos objetivos. Justifica la extorsión de los países europeos, y, al mismo tiempo, la de las propias víctimas del Holocausto. Estas llevan muchos años suplicando a la Conferencia sobre Solicitudes Materiales que asigne parte de los fondos de indemnización a un programa de seguros sanitarios. El Plan Gribetz alude a esta «sensata» propuesta en una nota a pie de página y lamenta que el dinero proporcionado por los suizos «sería insuficiente» para proveer de seguros médicos a los «muchos más de 800.000» supervivientes del Holocausto[24].
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Salvo por una parte desdeñable, el destino señalado por el Plan Gribetz para los fondos suizos son exclusivamente las víctimas judías del holocausto nazi. En el acuerdo se incluyó a toda «víctima u objetivo de la persecución nazi». Pero esta definición aparentemente amplia y «políticamente correcta» no es más que un subterfugio lingüístico para excluir a la mayoría de las víctimas no judías. Se define arbitrariamente la condición de «víctima u objetivo de la persecución nazi» de manera que solo incluya a los judíos, los gitanos, los testigos de Jehová, los homosexuales y los discapacitados o minusválidos. Por razones nunca explicadas, los perseguidos de otros grupos políticos (como los comunistas y los socialistas) y étnicos (los polacos y los bielorrusos, por ejemplo) quedan excluidos. Y estos grupos son precisamente los más numerosos; excepción hecha de los judíos, los grupos designados «víctimas u objetivos de la persecución nazi» en el Plan Gribetz tienen un peso numérico mucho menor. El resultado práctico es que casi todos los fondos de indemnización irán a parar a los judíos. El plan ofrece cobertura a 170.000 trabajadores esclavizados judíos; no obstante, del millón de trabajadores esclavizados no judíos, solo 30.000 se incluyen en la categoría de «víctimas u objetivos de la persecución nazi». Con el mismo espíritu, el plan destina 90 millones de dólares a las víctimas judías del saqueo nazi y solo diez millones a las víctimas no judías. Esta repartición se justifica en alguna medida por el hecho de que en los acuerdos de indemnización previos se estableció esta misma proporción. Sin embargo, el plan indica que, en el pasado, las víctimas no judías recibieron una parte desproporcionadamente pequeña de los fondos de indemnización. ¿No se debería tratar de corregir los errores del pasado en lugar de perpetuarlos?[25].
El Plan Gribetz reserva 800 millones de los 1.250 millones de dólares del acuerdo suizo para responder a las reclamaciones válidas relativas a las cuentas inactivas de la época del Holocausto. El texto del plan, incluidos anexos y tablas, asciende a centenares de páginas, incluidas más de mil notas a pie de página. La singularidad más peculiar del Plan es que no intenta en absoluto ofrecer una justificación creíble de esta crucial asignación de fondos. Se limita a afirmar: «Basándose en el análisis del Informe Volcker y en la Orden de Aprobación Definitiva, así como en la consulta a los representantes del Comité Volcker, el asesor especial estima que el valor de las cuentas bancarias que se reembolsarán se sitúa en torno a los 800 millones de dólares»[26]. En realidad, esta cifra parece una gran sobrestimación. Probablemente, el reembolso de las cuentas inactivas se saldará con una mínima fracción de esos 800 millones[27]. Los fondos «residuales», es decir, lo que reste de los 800 millones una vez que se hayan procesado todas las reclamaciones legítimas, supuestamente se distribuirán directamente a los supervivientes del Holocausto o a las organizaciones judías que se dedican a actividades relacionadas con el Holocausto[28]. De hecho, casi se puede dar por seguro que el dinero restante se entregará a organizaciones judías, no solo porque será la industria del Holocausto quien tendrá la última palabra, sino porque no se distribuirá hasta dentro de muchos años, cuando ya sean muy pocos los supervivientes del Holocausto que sigan con vida[29].
Además de los 800 millones de dólares asignados a la devolución del capital depositado en las cuentas de la era del Holocausto, el Plan Gribetz asigna unos 400 millones a otras categorías; principalmente, a los «activos incautados», los «trabajadores en régimen de esclavitud» y los «refugiados». El plan incluye una advertencia crucial: que ninguna de estas asignaciones se hará efectiva hasta que «se hayan agotado todos los recursos interpuestos en este litigio». Reconociendo que «es posible que pase algún tiempo antes de que comiencen a realizarse los pagos propuestos», el plan cita un precedente fundamental en el que los recursos tardaron en resolverse tres años y medio[30]. Tal como está planteada la situación, los ancianos supervivientes del Holocausto tienen perdida de antemano una batalla en la que solo puede salir ganando la industria del Holocausto. Consternados por el Plan Gribetz, muchos supervivientes del Holocausto querrán recurrir contra él, pero, al hacerlo, la mayoría de ellos perderán la oportunidad de beneficiarse, aunque los recursos se resuelvan a su favor. La industria del Holocausto, que ya es la principal beneficiaria del Plan Gribetz, verá cómo sus arcas se van llenando a medida que los supervivientes mueran en espera de que termine la fase de resolución de los recursos.
Una vez concluida esta fase, el Plan Gribetz dispone que los 400 millones de dólares se repartan como sigue:
Así pues, un análisis minucioso del Plan Gribetz confirma los principales argumentos expuestos en el capítulo 3 de este libro. Demuestra que los pretextos alegados por la industria del Holocausto para forzar a los bancos suizos a llegar a un acuerdo de liquidación no recuperable eran falsos, así como que serán pocos los verdaderos supervivientes del Holocausto que llegarán a beneficiarse directamente, o incluso indirectamente, de los fondos suizos. Un análisis similar de otros acuerdos suscritos por la industria del Holocausto llegaría presumiblemente a resultados parecidos. En la letra pequeña del Plan Gribetz se esconde la gallina de los huevos de oro de la industria del Holocausto. La mayor parte de los fondos suizos se distribuirán cuando probablemente solo queden en vida un puñado de supervivientes. En esta situación, los fondos afluirán a las arcas de las organizaciones judías. No es de extrañar que la industria del Holocausto aclamara unánimemente el Plan Gribetz.
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Poco después de que se publicara el Plan de Asignación y Distribución, me sumé al debate con Burt Neuborne abierto en las páginas de la revista Nation. Deplorando el cinismo de la industria del Holocausto, denuncié específicamente la falsedad de la cifra de casi un millón de judíos supervivientes del holocausto nazi que según el Plan siguen con vida hoy día[35]. En su réplica, Neuborne negó categóricamente que hubiera usado dicha cifra (pese a que fuera el «gran defensor del plan de distribución» [New York Times] y a que en su declaración oficial, que figura como apéndice del Plan Gribetz, elogie las conclusiones de este calificándolas de «fundadas en una meticulosa investigación»). Por el contrario, afirmaba que la cifra de casi un millón «pretendía incluir a todas las víctimas supervivientes, no solo a los supervivientes judíos», y que, de acuerdo con el desglose que había empleado, siguen vivos «alrededor de 130.000 supervivientes judíos y unos 900.000 supervivientes no judíos»[36]. En las páginas 144-145 reproduzco la página del plan pertinente (recuadro añadido por mí). ¿Puede haber alguna duda con respecto a que Neuborne citase la cifra con toda precisión?
Burt Neuborne fue quien, en su calidad de principal asesor de la industria del Holocausto, inventó las «teorías legales» empleadas para extorsionar a los bancos suizos. Figuró como autor principal del Plan de Asignación y Distribución, utilizado para extorsionar a las víctimas de la persecución nazi. Ha cometido una flagrante distorsión de un documento clave en una correspondencia publicada. Imaginemos qué sucedería si los abogados defensores de los bancos suizos incurrieran en faltas de tal calibre. ¿No sería Neuborne el primero que exigiría que se les inhabilitase profesionalmente?[37].
En mayo de 1998, el Congreso encargó a una Comisión Presidencial de Asesoramiento sobre los Activos del Holocausto que «realizara una investigación original sobre el destino de los activos arrebatados a las víctimas del Holocausto que habían llegado a obrar en posesión del Gobierno Federal de EEUU» y «asesorase al presidente sobre la política que había de adoptarse para restituir las propiedades robadas a sus legítimos propietarios o a sus herederos»[38]. La Comisión, presidida por Edgar Bronfman (que orquestó el asalto a la banca suiza), publicó en diciembre de 2000 su informe, largamente esperado. Con el título de Expoliación y restitución: EEUU y los activos de las víctimas del Holocausto[39], el informe pretende demostrar que «Estados Unidos no se ha exigido a sí mismo menos de lo que ha exigido a la comunidad internacional»[40]. En realidad, de una lectura detenida del documento se extrae la conclusión opuesta: pese a que Estados Unidos es culpable de todas las faltas imputadas a los suizos, no se le ha impuesto unas exigencias comparables con respecto a las indemnizaciones por el Holocausto[41].
La Comisión Presidencial compara la «intransigencia de los bancos suizos» con los «extraordinarios esfuerzos» de los Estados Unidos por devolver los activos de la era del Holocausto[42]. A continuación compararé las acusaciones lanzadas contra los suizos con el historial estadounidense que revela el informe de la Comisión.
Negación de acceso a los activos de la era del Holocausto
La industria del Holocausto alegó que los bancos suizos negaron sistemáticamente el acceso a las cuentas bancarias a los supervivientes del Holocausto y a sus herederos después de la Segunda Guerra Mundial. El Comité Volcker llegó a la conclusión de que, salvo por algunas excepciones marginales, esta acusación carecía de fundamento[43]. Por otra parte, la Comisión Presidencial descubrió que, una vez finalizada la guerra, «muchos» de los supervivientes del Holocausto y de sus herederos no pudieron recuperar los activos que tenían en Estados Unidos debido a «los gastos y las dificultades de presentar» una reclamación. (A partir de 1941, el Gobierno Federal bloqueó los activos de todos los ciudadanos de los países ocupados por los nazis o tomó posesión de ellos)[44]. Al igual que los bancos suizos, el Gobierno Federal buscó activamente a los propietarios legítimos «en algunos casos»[45].
Destrucción de los registros de los activos de la era del Holocausto
La industria del Holocausto alegó que, con objeto de borrar su rastro, los bancos suizos habían destruido sistemáticamente los registros más importantes. El Comité Volcker llegó a la conclusión de que esta acusación carecía de fundamento[46].
Por otra parte, es un hecho que Estados Unidos destruyó «datos en bruto» cruciales. Después de que EEUU se sumara a la contienda, el Departamento del Tesoro requirió a las instituciones financieras estadounidenses que presentaran descripciones detalladas de los activos propiedad de extranjeros que tenían en depósito. La Comisión informa de que estos documentos, que en total sumaban 565.000, «han sido destruidos y las investigaciones internas no han descubierto ningún duplicado. Por consiguiente, no es posible calcular a cuánto ascendían los activos que las víctimas tenían depositados en Estados Unidos en 1941». La Comisión guarda un extraño silencio con respecto a cuándo y a por qué se destruyó esta documentación[47].
Apropiación indebida de los activos de la era del Holocausto
La industria del Holocausto acusó en justicia a Suiza de haber empleado el dinero de las víctimas polacas y húngaras del Holocausto a modo de compensación por las propiedades suizas nacionalizadas por los gobiernos de Polonia y Hungría[48]. No obstante, la Comisión Presidencial informa de que esto también sucedió en Estados Unidos: «La restitución de los activos estadounidenses perdidos en Europa tuvo prioridad sobre la restitución de los activos de propiedad extranjera inmovilizados en Estados Unidos. El Congreso consideró los activos alemanes inmovilizados como una fuente con la que cubrir las reclamaciones de las empresas y particulares estadounidenses damnificados […]. Así pues, las reclamaciones de guerra estadounidenses se cubrieron en parte con activos alemanes en los que probablemente estaban incluidos activos de las víctimas»[49].
Comercio con el oro del saqueo nazi
La industria del Holocausto acusó en justicia a los suizos de comprar a los nazis oro procedente del saqueo de los tesoros nacionales europeos[50]. No obstante, la Comisión Presidencial informa de que Estados Unidos hizo lo mismo. De hecho, comerciar con el oro saqueado por los nazis formó parte de la política oficial estadounidense hasta que la declaración de guerra de Alemania impidió seguir haciéndolo. Merece la pena citar extensamente el pasaje del informe de la Comisión referido a estos asuntos:
La invasión alemana de Francia, Bélgica y Holanda, en mayo de 1940, impulsó al señor Pinsent, asesor financiero de la Embajada Británica, a enviar una nota al Departamento del Tesoro para preguntar al señor Morgenthau [secretario del Tesoro] «si estaría dispuesto a investigar las importaciones de oro con vistas a rechazar aquellas de las que se sospechara que eran de origen alemán», ya que Pinsent expresaba explícitamente el miedo de que las reservas de oro particulares de holandeses y belgas cayeran en manos alemanas. En un memorándum de 4 de junio de 1940, Harry Dexter White [jefe de la División de Investigaciones Monetarias] explicaba por qué el Tesoro estadounidense no había planteado preguntas sobre el origen del oro «alemán» […]. La contribución más eficaz que podía hacer Estados Unidos para conservar el oro como un medio de cambio internacional, según argumentaba White, era «mantener su inviolabilidad y la aceptación incondicional del oro como medio de ajustar la balanza de pagos internacional». En efecto, seis meses más tarde White escribía en términos desdeñosos sobre su «inflexible oposición a tener siquiera en cuenta las propuestas de quienes, con escasos conocimientos sobre la cuestión», pretendían que dejaran de comprar oro, o que dejaran de comprar oro de un país concreto, por el motivo que fuera. A comienzos de 1941, se requirió una vez más de White, mediante un memorándum interno del Tesoro, que considerase la cuestión de qué oro estaban comprando, pero de sus memorandos se desprende con claridad que la respuesta fue dar una «aceptación incondicional al oro»[51].
La industria del Holocausto también alegó en justicia que los suizos habían comprado oro robado a las víctimas del Holocausto. (Ahora bien, no había pruebas de que los suizos hubiesen comprado el «oro de las víctimas» a sabiendas; se calcula que se compró oro por un valor total aproximado de un millón de dólares al cambio actual)[52]. En esta misma línea, la Comisión Presidencial informa de que «es posible que los lingotes y monedas de oro comprados durante la guerra y después de ella por el Departamento del Tesoro a través de los Bancos de la Reserva Federal de Nueva York contuvieran pequeñas cantidades de oro procedentes de los objetos robados a las víctimas del nazismo»[53].
En resumen, el informe de la Comisión Presidencial demuestra que Estados Unidos fue culpable de todos los cargos lanzados contra Suiza por la industria del Holocausto.
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La industria del Holocausto obligó a los bancos suizos a realizar una exhaustiva auditoría externa, que costó 500 millones de dólares, con objeto de localizar todos los activos no reclamados de la era del Holocausto. Pero, aun antes de que se concluyera la auditoría, la industria del Holocausto extrajo a los suizos un acuerdo por el que se comprometieron a entregar 1.250 millones de dólares[54]. Sin embargo, el Comité Volcker informó de que Estados Unidos también había sido uno de los principales refugios de los activos judíos de Europa[55]. Examinemos ahora las exigencias hechas a Estados Unidos.
Como se ha señalado anteriormente, la Comisión Presidencial aseguró que «su trabajo» demostraba que Estados Unidos no se había exigido a sí mismo menos de lo que había exigido a la comunidad internacional. Ahora bien, la Comisión no llevó a cabo una contabilidad global y detallada de los activos no reclamados de la era del Holocausto depositados en Estados Unidos. El informe sostiene que en el cometido de la Comisión no se incluía «la cuantificación mecánica ni la asignación de valores en dólares a las imperfecciones históricas» que se habían apreciado «en la planificación y las actuaciones políticas de EEUU»[56]. Y, en efecto, la Comisión supuestamente no pudo hacerlo debido al «compromiso necesario entre los objetivos de la investigación y el tiempo y los recursos disponibles para cumplirlos» y a «la escasez y la calidad desigual de la documentación con la que contaba»[57]. Inexplicablemente, Suiza se las arregló para superar estos obstáculos, pero Estados Unidos no lo consiguió. (¿Qué impedía asignar más «tiempo y recursos» a la labor o suplir la falta de documentación mediante una auditoría al estilo suizo?)[58]. Asimismo, realizar un cálculo preciso de los activos de la era del Holocausto devueltos habría requerido «investigaciones sistemáticas que excedían la capacidad»[59] de la Comisión, aunque no la capacidad de los bancos suizos.
La Comisión informa de que la Organización Sucesora de Restitución a los Judíos (OSRJ) «aceptó con renuencia» la indemnización de 500.000 dólares que ofreció el gobierno estadounidense por los activos no reclamados de la era del Holocausto[60]. Aunque las conclusiones del informe confirman la afirmación de Seymour Rubin de que la cifra de 500.000 dólares era «muy baja»[61], la Comisión llega a la previsible conclusión de que la parquedad de la indemnización no era «atribuible a la mala voluntad de ninguna autoridad, funcionario o institución de Estados Unidos»[62]. El informe no propone en ningún momento que Estados Unidos aumente la indemnización concedida, y mucho menos que lo haga en una proporción equiparable a los 1.250 millones de dólares extraídos a Suiza.
La Comisión Presidencial incluye en su informe una lista de magnánimas recomendaciones[63]. Al terminar la guerra, los soldados estadounidenses destacados en Europa se dieron en masa al pillaje[64]. Una recomendación propone al Gobierno Federal que «desarrolle, en concierto con las organizaciones de veteranos de guerra, un programa para promover la devolución voluntaria de los activos de las víctimas que puedan haberse llevado los exmiembros de las Fuerzas Armadas a modo de recuerdos». Sin duda, los veteranos ya deben de estar haciendo cola para devolver su botín. La última recomendación insta a Estados Unidos a «mantener su liderazgo en la labor de fomentar el compromiso de la comunidad internacional para abordar el problema de la restitución de propiedades». Después de leer este informe, ¿quién puede poner en entredicho el liderazgo estadounidense?
NORMAN G. FINKELSTEIN
Junio de 2001
Nueva York