III. La doble extorsión

La expresión «superviviente del Holocausto» designaba originariamente a aquellos que habían pasado por el excepcional trauma de soportar los guetos judíos, los campos de concentración y los campos de trabajos forzados, muchas veces por este orden. El número de personas que encajaban en esta definición de supervivientes del Holocausto cuando terminó la guerra suele situarse en torno a 100.000^[1]. Hoy día, la cifra de supervivientes que siguen con vida no puede superar la cuarta parte de la original. Haber sufrido los campos de concentración se convirtió en el martirio por excelencia y, por ello, muchos judíos que habían vivido en otros lugares durante la guerra se hicieron pasar por supervivientes de los campos. Esta superchería tuvo además otro motivo de índole material. El gobierno alemán de posguerra indemnizó a los judíos que habían vivido en guetos o en campos de concentración. Numerosos judíos reinventaron su pasado con objeto de satisfacer ese requisito para recibir una indemnización^[2]. «Si todos los que hoy día aseguran ser supervivientes, lo son —solía exclamar mi madre—, ¿a quién mató Hitler?»

Muchos estudiosos han puesto en duda la fiabilidad de los testimonios de los supervivientes. «Un elevado porcentaje de los errores que descubrí en mi propio trabajo —comenta Hilberg— podía atribuirse a los testimonios». La desconfianza se halla incluso dentro de la industria del Holocausto, y, así, por ejemplo, Deborah Lipstadt observa con ironía que los supervivientes del Holocausto aseveran frecuentemente que fueron interrogados personalmente por Josef Mengele en Auschwitz^[3].

Fallos de la memoria aparte, los testimonios de algunos supervivientes del Holocausto pueden ponerse en tela de juicio por otros motivos. Como a los supervivientes se les reverencia hoy día como si fueran santos profanos, nadie se atreve a poner en entredicho lo que dicen. Afirmaciones disparatadas se dan por buenas sin ningún comentario. Elie Wiesel recuerda en sus aclamadas memorias que, recién liberado de Buchenwald, cuando solo contaba dieciocho años, leyó «La crítica de la razón pura…, ¡no vayan a reírse!, en yidish». Aun sin tener en cuenta que el propio Wiesel confiesa que en aquella época «no tenía ni idea de gramática yídica», hay que decir que La crítica de la razón pura nunca se ha traducido al yidish. Wiesel también recuerda con toda suerte de intrincados pormenores a un «misterioso estudioso del Talmud» que «llegó a dominar el húngaro en dos semanas», solo para sorprenderle. Wiesel declara a un semanario judío que «muchas veces se queda ronco o pierde la voz» mientras lee en silencio libros, porque los lee «interiormente en voz alta». Y, ante un reportero del New York Times, rememora la ocasión en que le atropelló un taxi en Times Square. «Recorrí volando toda una manzana. El taxi me golpeó en la esquina de la Calle 45 con Broadway y la ambulancia me recogió en la Calle 44». «La verdad que ofrezco carece de adornos —dice Wiesel con un suspiro—, no sé hacerlo de otra forma»^[4].

En los últimos tiempos, la expresión «superviviente del Holocausto» se ha redefinido y ha pasado a designar no solo a quienes sufrieron a los nazis, sino también a quienes lograron huir de ellos. Lo que da cabida, por ejemplo, a más de 100.000 judíos polacos que encontraron refugio en la Unión Soviética tras la invasión nazi de Polonia. Sin embargo, «quienes vivieron en Rusia no recibieron un trato distinto del de los ciudadanos de ese país», observa el historiador Leonard Dinnerstein, mientras que «los supervivientes de los campos de concentración parecían muertos vivientes»^[5]. Un participante de una web sobre el Holocausto afirmaba que, pese a que había pasado la guerra en Tel Aviv, era un superviviente del Holocausto porque su abuela murió en Auschwitz. A juzgar por los criterios de Israel Gutman, Wilkomirski es un superviviente del Holocausto porque su «dolor es auténtico». El departamento del Primer Ministro israelí ha situado recientemente la cifra de «supervivientes vivos del Holocausto» en cerca del millón. El motivo básico de esta revisión inflacionaria tampoco es difícil de hallar. Sería complicado apoyar la avalancha de nuevas solicitudes de indemnizaciones si solo siguieran con vida un puñado de supervivientes del Holocausto. De hecho, los principales cómplices de Wilkomirski estaban conectados de una manera u otra con la red de indemnizaciones del Holocausto. Su amiga de la infancia de Auschwitz, «la pequeña Laura», recibió dinero de un fondo suizo para las víctimas del Holocausto pese a que en realidad era una estadounidense asidua de los cultos satánicos. Los principales promotores israelíes de Wilkomirski participaban activamente en organizaciones relacionadas con las indemnizaciones por el Holocausto o estaban patrocinados por ellas^[6].

La cuestión de las indemnizaciones nos ofrece una visión singular de la industria del Holocausto. Como hemos visto, al ponerse de parte de los Estados Unidos en la guerra fría, Alemania fue rápidamente rehabilitada y el holocausto nazi se olvidó. A pesar de todo, a comienzos de los años cincuenta, Alemania entabló negociaciones con las instituciones judías y suscribió diversos convenios de indemnización. Prácticamente sin presiones externas, Alemania ha pagado hasta el momento unos 60.000 millones de dólares en concepto de indemnización.

En primer lugar, compararemos este comportamiento con el de los Estados Unidos. Entre cuatro y cinco millones de hombres, mujeres y niños murieron como resultado de las guerras de EEUU en Indochina. Tras la retirada estadounidense, rememora un historiador, Vietnam tenía una desesperada necesidad de ayuda. «En el Sur quedaron destruidas 9.000 de las 15.000 aldeas, veinticinco millones de hectáreas de tierras de cultivo y doce millones de hectáreas de bosque, y murieron millón y medio de animales de granja; se calcula que había 200.000 prostitutas, 879.000 huérfanos, 181.000 discapacitados y un millón de viudas; las seis ciudades industriales del Norte estaban muy deterioradas, igual que las ciudades y capitales de provincia y que 4.000 de las 5.800 comunidades agrícolas». Sin embargo, el presidente Carter se negó a pagar ninguna indemnización y adujo que «la destrucción era recíproca». El secretario de defensa de Clinton, William Cohen, declaró que no veía la necesidad de «disculparse, ciertamente, por la guerra en sí», y opinó: «Ambas naciones han quedado heridas. Las dos tienen sus cicatrices de guerra. Nosotros, desde luego, tenemos las nuestras»^[7].

El gobierno alemán se propuso indemnizar a las víctimas judías mediante tres convenios diferentes suscritos en 1952. Los particulares que lo solicitaron recibieron pagos establecidos según lo dispuesto en la Ley de Indemnización (Bundesentschädigungsgesetz). Otro acuerdo independiente suscrito con Israel pretendía subvencionar la absorción y rehabilitación de varios centenares de miles de refugiados judíos. Al mismo tiempo, el gobierno alemán negoció un acuerdo económico con la Conferencia sobre Solicitudes Materiales Judías contra Alemania, donde se habían unido las principales organizaciones judías, incluidos el Comité Judío Americano, el Congreso Judío Americano, el Bnai Brith, el Comité Conjunto de Distribución y otros. El objetivo era que la Conferencia sobre Solicitudes Materiales asignase el dinero recibido —diez millones de dólares anuales durante doce años, o alrededor de mil millones de dólares según el cambio actual— a las víctimas judías de la persecución nazi que no se habían beneficiado debidamente del proceso de indemnización^[8]. Mi madre fue una de ellas. Pese a ser una superviviente del gueto de Varsovia, del campo de concentración de Majdanek y de los campos de trabajos forzados de Czestochowa y Skarszysko-Kamiena, mi madre solo recibió 3.500 dólares del gobierno alemán. Otras víctimas judías (muchas de las cuales no lo eran en realidad) recibieron pensiones vitalicias de Alemania, con lo que las cantidades totales que percibieron algunas de estas personas ascendían a cientos de millares de dólares. El dinero entregado a la Conferencia sobre Solicitudes Materiales iba destinado a las víctimas judías que habían recibido una indemnización mínima.

El gobierno alemán trató de establecer explícitamente en el convenio suscrito con la Conferencia sobre Solicitudes Materiales que los fondos solo se podrían destinar a los supervivientes judíos, definidos estrictamente, que habían sido injusta o inadecuadamente indemnizados por los tribunales alemanes. La Conferencia manifestó que consideraba una afrenta que se pusiera en duda su buena fe. Una vez culminado el acuerdo, la Conferencia sacó una nota de prensa en la que se ponía de relieve que el dinero se emplearía para «los judíos perseguidos por el régimen nazi a quienes la legislación vigente o en proyecto» no podía «proporcionar un remedio». Los términos definitivos del acuerdo exigían que la Conferencia emplease el dinero «para aliviar, rehabilitar y realojar a las víctimas judías».

La Conferencia sobre Solicitudes Materiales no tardó en anular el acuerdo. Incurriendo en una flagrante violación de la letra y del espíritu del mismo, la Conferencia destinó el dinero a la rehabilitación de las comunidades judías en lugar de a la rehabilitación de las víctimas judías. Hasta tal punto que una de las directrices que estableció prohibía que el dinero «se asignara directamente a individuos». Ahora bien, siempre barriendo para casa, la Conferencia eximió del cumplimiento de esta norma a dos categorías de víctimas: los rabinos y los «líderes judíos destacados» recibieron pagos individuales. Las organizaciones que componían la Conferencia sobre Solicitudes Materiales emplearon la mayor parte del dinero en financiar sus proyectos favoritos. Los beneficios que llegaron a recibir las verdaderas víctimas judías fueron indirectos o accidentales en el mejor de los casos^[9]. Sustanciosas cantidades de dinero se desviaron hacia las comunidades judías del mundo árabe y facilitaron la emigración judía desde Europa del Este^[10]. Sirvieron asimismo para subvencionar actividades culturales como museos del Holocausto y cátedras universitarias para el estudio del Holocausto, y también un buque teatro del Yad Vashem donde se acogía a los «gentiles justos».

Más recientemente, la Conferencia sobre Solicitudes Materiales trató de adueñarse de las propiedades judías desnacionalizadas en la antigua República Democrática Alemana, cuyo valor asciende a centenares de millones de dólares y que, en justicia, corresponderían a los herederos judíos. Cuando los judíos defraudados por este y otros abusos comenzaron a atacar a la Conferencia, el rabino Arthur Hertzberg lanzó maldiciones a diestro y siniestro y se burló del asunto diciendo que no era una «cuestión de justicia», sino una «pelea por dinero»^[11]. Cuando los alemanes o los suizos se niegan a pagar una indemnización, el cielo no es suficientemente grande para abarcar la justa indignación de la comunidad judía estadounidense organizada. Pero, cuando las elites judías roban a los supervivientes judíos, no se trata de un problema ético: es una simple cuestión de dinero.

Mi difunta madre solo recibió una indemnización de 3.500 dólares, pero otras personas han sacado pingües beneficios del proceso de indemnización. El sueldo anual declarado de Saul Kagan, secretario ejecutivo de la Conferencia sobre Solicitudes Materiales desde hace largo tiempo, es de 105.000 dólares. A la vez que atendía sus obligaciones en la Conferencia, Kagan fue declarado culpable de 33 cargos relacionados con la disposición ilícita de fondos y créditos cuando dirigía un banco neoyorquino. (La sentencia fue revocada tras múltiples apelaciones.) Alfonse D’Amato, exsenador de Nueva York, actúa de mediador entre los demandantes judíos y los bancos alemanes y austriacos y cobra sus servicios a razón de 350 dólares la hora más gastos. Durante los primeros seis meses dedicados a esta labor, D’Amato ganó 103.000 dólares. Anteriormente, Wiesel había alabado a D’Amato por su «sensibilidad hacia el sufrimiento judío». Lawrence Eagleburger, que fue secretario de Estado del presidente Bush, tiene un sueldo anual de 300.000 dólares en calidad de presidente de la Comisión Internacional de Seguros de la Era del Holocausto. «Se le pague lo que se le pague —opinó Elan Steinberg, del Consejo Judío Mundial—, es una verdadera ganga». Kagan se embolsa en doce días, Eagleburger en cuatro días y D’Amato en diez horas todo el dinero que mi madre recibió por haber sufrido seis años de persecución nazi^[12].

Ahora bien, si se concedieran premios a los mercachifles del Holocausto más emprendedores, el primero se lo llevaría sin duda Kenneth Bialkin. Célebre líder de los judíos estadounidenses durante varios decenios, Bialkin dirigió la LAD y presidió la Conferencia de Presidentes de Grandes Organizaciones Judías Estadounidenses. Actualmente, representa a la compañía aseguradora Generali en contra de la Comisión Eagleburger a cambio de una «sustanciosa cantidad de dinero»^[13].

* * *

En los últimos años, la industria del Holocausto se ha convertido lisa y llanamente en una red de extorsión. En supuesta representación del mundo judío al completo, incluidos muertos y vivos, está reclamando los activos judíos de la era del Holocausto en Europa entera. Esta doble extorsión de los países europeos y de los legítimos reclamantes judíos, que ha sido adecuadamente denominada «el último capítulo del Holocausto», se marcó como primer objetivo Suiza. En primer lugar, pasaré revista a las alegaciones en contra de los suizos. A continuación, me remitiré a las pruebas que demuestran que buena parte de las acusaciones se basan en engaños y, además, podrían dirigirse más ajustadamente contra quienes las lanzan que contra quienes las reciben.

En mayo de 1995, con ocasión de la celebración del cincuentenario del final de la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Suiza presentó formalmente disculpas porque su país hubiera negado refugio a los judíos durante el holocausto nazi^[14]. Más o menos en la misma época, volvió a plantearse la cuestión conflictiva latente desde hace largo tiempo del capital judío depositado en cuentas corrientes suizas antes y durante la guerra. En un reportaje ampliamente difundido, un periodista israelí citaba un documento —erróneamente interpretado, como luego se descubriría— donde se demostraba que los bancos suizos todavía tenían en depósito miles de millones de dólares ingresados por judíos en la era del Holocausto^[15].

El Congreso Judío Mundial, organización moribunda hasta que lanzó una campaña denunciando como criminal de guerra a Kurt Waldheim, cogió al vuelo esta nueva oportunidad de revitalizarse. Suiza era una presa fácil, eso se había comprendido desde el principio. Serían pocos quienes simpatizarían con los ricos banqueros suizos enfrentados a los «supervivientes del Holocausto necesitados». Y, lo que era aún más importante, los bancos suizos eran altamente vulnerables a las presiones económicas de los Estados Unidos^[16].

Edgar Bronfman, presidente del CJM e hijo de un miembro de la Conferencia sobre Solicitudes Materiales Judías, y el rabino Israel Singer, secretario general del CJM y magnate de los negocios inmobiliarios, se reunieron con los banqueros suizos a finales de 1995^[17]. Más adelante, Bronfman, heredero de la fortuna de la alcoholera Seagram (se calcula que su capital personal asciende a 3.000 millones de dólares), informaría modestamente a la Comisión de Banca del Senado de que hablaba «en nombre del pueblo judío», así como de «los seis millones, quienes no pueden hablar por sí mismos»^[18]. Los banqueros suizos declararon que solo habían podido localizar 775 cuentas inactivas no reclamadas, que en conjunto sumaban 32 millones de dólares. Ofrecieron esta cantidad como base de las negociaciones con el CJM, que la rechazó por estimarla inadecuada. En diciembre de 1995, Bronfman hizo frente común con el senador D’Amato. Este último se encontraba en el peor momento de su popularidad, según las encuestas, y con una campaña electoral para el Senado a la vista, por lo que recibió con los brazos abiertos esta oportunidad de mejorar su posición en la comunidad judía, crucial por sus votos y llena de acaudalados donantes. Antes de conseguir que los suizos se dieran por vencidos, el CJM, trabajando con toda la gama de instituciones del Holocausto (incluidos el Museo Conmemorativo del Holocausto de EEUU y el Centro Simon Wiesenthal), movilizó a la clase política estadounidense al completo. El presidente Clinton, que enterró el hacha de guerra ante D’Amato (aún estaban celebrándose las audiencias sobre el caso Whitewater) para prestar su apoyo, once organismos del Gobierno Federal, así como el Congreso y el Senado, y también numerosos gobiernos estatales y locales del país, todos ellos recibieron presiones de ambos partidos mayoritarios hasta que, uno tras otro, los cargos públicos se prestaron a denunciar a los pérfidos suizos.

Empleando como trampolín las Comisiones de Banca de la Cámara y del Senado, la industria del Holocausto orquestó una desvergonzada campaña de difamación. La prensa, infinitamente complaciente y crédula, estaba dispuesta a ponerle titulares gigantes a cualquier noticia relacionada con el Holocausto, por muy disparatada que fuera, y, gracias a ello, la campaña de denigración resultó imparable. Gregg Rickman, principal asesor legislativo de D’Amato, se jacta en un libro que escribió al respecto de que a los banqueros suizos se les obligó a comparecer «ante el tribunal de la opinión pública, donde nosotros controlábamos el orden del día. Los banqueros estaban en nuestro terreno y, convenientemente, éramos juez, jurado y ejecutor». Tom Bower, importante investigador de la campaña contra los suizos, comenta que la solicitud de D’Amato de que se celebrasen audiencias fue «un eufemismo para designar un juicio público o un tribunal de pacotilla»^[19].

El «portavoz» del ciclón antisuizo fue el director ejecutivo del CJM, Elan Steinberg. Su función principal consistía en difundir desinformación. «El terror mediante la vergüenza —en palabras de Bower— fue el arma de Steinberg, ya que lanzó toda una ristra de acusaciones orientadas a provocar incomodidad y escándalo. Informes de la Oficina de Servicios Estratégicos, muchas veces basados en rumores o en fuentes sin corroborar y que los historiadores habían menospreciado durante largos años por considerarlos meras habladurías, adquirieron de pronto una credibilidad acrítica y una amplia publicidad». «Lo que menos conviene a los bancos es una publicidad negativa —explicaba el rabino Singer—. Seguiremos en esta línea hasta que los bancos digan: “Ya basta. Queremos llegar a un compromiso”». Deseoso de estar también en el candelero, el rabino Marvin Hier, director administrativo del Centro Simon Wiesenthal, hizo la espectacular afirmación de que los suizos habían encarcelado a refugiados judíos en «campos de trabajos forzados». (Hier dirige el Centro Simon Wiesenthal como un negocio familiar y tiene en plantilla a su mujer y a su hijo; en conjunto, los Hier cobraron en 1995 un sueldo de 520.000 dólares. El centro se ha hecho célebre por sus exposiciones permanentes de estilo «Dachau a la Disneylandia» y por «recurrir con éxito a tácticas sensacionalistas y alarmantes para recaudar fondos».) «A la luz del bombardeo informativo en el que se mezclaron verdades y conjeturas, hechos y ficciones —concluye Itamar Levin—, resulta fácil comprender por qué muchos suizos creen que su país fue víctima de algún tipo de conspiración internacional»^[20].

La campaña degeneró rápidamente hasta convertirse en una difamación del pueblo suizo. En un estudio financiado por la secretaría de D’Amato y por el Centro Simon Wiesenthal, Bower señala en su tono característico que «un país cuyos ciudadanos […] se ufanaban ante sus vecinos de su envidiable riqueza estaba beneficiándose a sabiendas de un dinero bañado en sangre»; que «los ciudadanos aparentemente respetables de una de las naciones más pacíficas del mundo […] cometieron un robo sin precedentes»; que «la falta de honradez era un código cultural que los individuos suizos habían llegado a dominar con objeto de proteger la imagen y la prosperidad de su nación»; que los suizos se sentían «instintivamente atraídos por las ganancias abundantes» (¿solo los suizos?); que «el interés propio era la directriz suprema de todos los bancos suizos» (¿solo de los bancos suizos?); que «la subespecie de los banqueros suizos se había vuelto más codiciosa y más inmoral que la mayoría»; que «la ocultación y el engaño eran artes practicadas por los diplomáticos suizos» (¿solo por los diplomáticos suizos?); que «las disculpas y las dimisiones no eran algo común en la tradición política suiza» (¿es distinta la nuestra a ese respecto?); que «la codicia suiza era única»; que el «carácter suizo» combinaba «la simplicidad y la duplicidad», y que, «detrás de una apariencia de civismo, se ocultaba una capa de obstinación y, detrás de ella, una firme incomprensión egocéntrica de cualquier opinión ajena»; que, «además de ser un pueblo particularmente privado de encanto, que no había producido artistas, ni héroes desde Guillermo Tell, ni hombres de Estado, [los suizos] eran traidores colaboradores de los nazis que se habían beneficiado del genocidio, y así interminablemente. Rickman señala esta «realidad profunda» con respecto a los suizos: «Muy en el fondo, quizá más al fondo de lo que imaginaban, en su modo de ser hay una arrogancia latente con respecto a sí mismos y contra los demás. Por mucho que lo intentaron, no lograron ocultar la educación recibida»^[21]. Buena parte de estas calumnias son notablemente similares a las que lanzan los antisemitas contra los judíos.

La acusación principal es, en palabras de Bower, que había existido «una conspiración de suizos y nazis que, durante cincuenta años, sirvió para robar miles de millones a los judíos europeos y a los supervivientes del Holocausto». Y esto, según la expresión convertida en mantra por la red de extorsión montada en torno a las indemnizaciones por el Holocausto, era «el mayor robo de la historia de la humanidad». Para la industria del Holocausto, todas las cuestiones judías corresponden a una categoría especial y superlativa…, todo es lo peor, lo más importante…

La industria del Holocausto alegó en un primer momento que los bancos suizos habían negado sistemáticamente el acceso a las cuentas inactivas, que en conjunto sumaban un valor de entre 7.000 y 20.000 millones de dólares, a los herederos de las víctimas del Holocausto. «Durante los últimos cincuenta años», según informaba Time en un amplio reportaje, los bancos suizos habían seguido la «norma establecida» de «dar largas y recurrir a prácticas obstruccionistas cuando los supervivientes del Holocausto solicitaban información sobre las cuentas de sus parientes fallecidos». Recordando la legislación del mantenimiento del secreto aplicada por los bancos suizos en 1934 en parte para evitar que los nazis retirasen indebidamente los fondos de los cuentacorrentistas judíos, D’Amato sermoneó así a la Comisión de Banca de la Cámara: «¿No es una ironía que el secretismo, el sistema que animó a la gente a abrir cuentas, se utilizara posteriormente para negarles sus derechos, sus herencias, a esas mismas personas y a sus herederos? Fue algo perverso, siniestro, retorcido».

Bower relata con trepidación el descubrimiento de una prueba clave de la perfidia con que los suizos trataron a las víctimas del Holocausto: «La suerte y la diligencia hicieron aflorar un tesoro que confirmó la validez de las acusaciones de Bronfman. Un informe confidencial realizado en Suiza en julio de 1945 afirmaba que Jacques Salmanovitz, propietario de la Société Générale de Surveillance, una compañía de notaría y administración de bienes de Ginebra relacionada con los países de los Balcanes, poseía una lista de 182 clientes judíos que habían confiado 8,4 millones de francos suizos y unos 90.000 dólares a la compañía hasta el momento en que llegaran de los Balcanes. El informe añadía que los judíos todavía no habían reclamado su capital. Rickman y D’Amato estaban jubilosos». Rickman también esgrime en su obra esta «prueba de las actividades delictivas suizas». Pero ni Bower ni Rickman mencionan en este contexto específico que Salmanovitz era judío. (La validez real de estas alegaciones se analizará más adelante)^[22].

A finales de 1996, todo un desfile de ancianas judías y un solo hombre prestaron un conmovedor testimonio de las fechorías de los banqueros suizos ante las Comisiones de Banca del Congreso. Sin embargo, según Itamar Levin, del principal diario financiero de Israel, ninguno de estos testigos «tenía pruebas reales de la existencia de activos en los bancos suizos». Para realzar el efecto teatral de estos testimonios, D’Amato llamó como testigo a Elie Wiesel. En un testimonio que luego sería ampliamente citado, Wiesel se declaró escandalizado —¡escandalizado!— por la revelación de que los perpetradores del Holocausto trataron de extorsionar a los judíos antes de asesinarlos: «En un principio creíamos que la solución final estuvo meramente motivada por una ideología emponzoñada. Ahora sabemos que no solamente querían matar a los judíos, pues, aunque parezca espeluznante, querían el dinero judío. Día a día nos vamos enterando de más detalles sobre la tragedia. ¿No tiene un límite el dolor? ¿No tiene un límite el ultraje?». La extorsión de los judíos perpetrada por los nazis no es ninguna novedad; buena parte del estudio pionero de Raul Hilberg publicado en 1961, The Destruction of the European Jews, está consagrado a las incautaciones que los nazis practicaron con los judíos^[23].

También se decía que los banqueros suizos robaron los depósitos de las víctimas del Holocausto y destruyeron metódicamente la documentación clave para ocultar sus huellas, y que solo los judíos padecieron estos execrables abusos. La senadora Barbara Boxer acorraló a los suizos durante una comparecencia y declaró: «Esta comisión no aceptará ninguna duplicidad por parte de los bancos suizos. No digan al mundo que están buscando documentos cuando lo que hacen es romperlos en pedazos»^[24].

Pero ¡ay!, el «valor propagandístico» (Bower) de las ancianas demandantes judías que dieron testimonio de la perfidia suiza no tardó en agotarse. Por consiguiente, la industria del Holocausto buscó un nuevo escándalo. El frenesí de los medios de comunicación se centró en el oro que los nazis habían desvalijado de los tesoros nacionales europeos durante la guerra y que luego vendieron a los suizos. Este hecho, anunciado como una inaudita revelación, en realidad era de sobra conocido. El autor de un estudio de autoridad reconocida sobre este asunto, Arthur Smith, dijo en la comparecencia ante la Cámara: «He estado toda la mañana y toda la tarde escuchando cosas que, en buena medida, en líneas generales, se sabían desde hacía años; y me sorprende que gran parte de ello se presente como si fuera nuevo y sensacional». Ahora bien, el objetivo de las comparecencias no era informar, sino, en palabras de la periodista Isabel Vincent, «crear noticias sensacionalistas». Se partía de la premisa razonable de que, si se sacaban suficientes trapos sucios, Suiza acabaría por rendirse^[25].

La única alegación verdaderamente novedosa fue que los suizos habían traficado a sabiendas con «oro de las víctimas». Es decir, que habían comprado grandes cantidades de oro que los nazis habían fundido en lingotes tras arrebatárselo a las víctimas de los campos de concentración y exterminio. El CJM, informa Bower, «necesitaba un asunto emotivo para relacionar a Suiza con el Holocausto». En consecuencia, esta nueva revelación de la traición suiza fue recibida como un regalo del cielo. «Pocas imágenes —continúa Bower— resultaban más lacerantes que la metódica extracción de los empastes de oro de las bocas de los cadáveres judíos sacados a rastras de las cámaras de gas de los campos de concentración». «Los hechos son muy, muy inquietantes —entonó pesarosamente D’Amato en la audiencia de la Cámara—, porque nos hablan del saqueo y pillaje de las propiedades de los hogares, de los bancos nacionales, de los campos de exterminio, relojes y pulseras de oro, monturas de gafas y empastes de los dientes de la gente»^[26].

Contra los suizos no solo pesaban las acusaciones de haber bloqueado el acceso a las cuentas de las víctimas del Holocausto y de haber comprado oro procedente del pillaje nazi, también se les acusaba de conspirar con Polonia y Hungría para estafar a los judíos. El cargo que se les imputaba era que el dinero no reclamado de las cuentas suizas pertenecientes a ciudadanos polacos y húngaros (muchos de los cuales, aunque no todos, eran judíos) fue utilizado por Suiza como compensación por las propiedades suizas nacionalizadas por los gobiernos de Polonia y Hungría. Rickman dice que esto es «una revelación asombrosa que dejará en evidencia a los suizos y desencadenará un terremoto». Mas lo cierto es que estos hechos ya eran ampliamente conocidos y que las revistas jurídicas estadounidenses habían informado sobre ellos a comienzos de los años cincuenta. Además, pese al bombo y platillo que les dieron los medios, las cantidades totales no llegaron a sumar ni un millón de dólares al cambio actual^[27].

Ya antes de que, en abril de 1996, se celebrara la primera comparecencia ante el Senado sobre las cuentas inactivas, los bancos suizos convinieron en que se constituyera un comité de investigación, a cuyas conclusiones se atendrían. Compuesto por seis miembros, tres de la Organización Judía Mundial para la Restitución y tres de la Asociación de Banqueros Suizos, y dirigido por Paul Volcker, expresidente del Banco de la Reserva Federal de EEUU, el «comité independiente de personas eminentes» recibió formalmente sus atribuciones en un «Memorándum de Conciliación» de mayo de 1996. Además, el gobierno suizo designó en diciembre de 1996 una «comisión independiente de expertos» cuyo cometido era investigar los intercambios comerciales de oro entre Suiza y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial; la dirigía el profesor Jean-François Bergier, y el destacado estudioso israelí del holocausto Saul Friedländer era uno de sus miembros.

Pero, antes de que estas comisiones pudieran siquiera ponerse a trabajar, la industria del Holocausto ejerció presiones para que se llegara a un acuerdo económico con Suiza. Los suizos protestaron alegando que las conclusiones a que llegaran las comisiones debían conocerse antes del establecimiento de ningún acuerdo; lo contrario constituiría «una extorsión y un chantaje». Jugando una baza siempre ganadora, el CJM manifestó la angustia que le producía la terrible situación de «los supervivientes del Holocausto necesitados». «Mi problema es el tiempo —declaró Bronfman ante la Comisión de Banca de la Cámara en diciembre de 1996— y tengo bajo mi responsabilidad a muchos supervivientes del Holocausto que me preocupan». Uno se pregunta por qué el angustiado millonario no podía aliviar temporalmente las necesidades de los supervivientes con su propio dinero. Al rechazar una oferta de 250 millones de dólares con la que los suizos pretendían liquidar su deuda, Bronfman dijo con desdén: «No nos hagan favores. Yo mismo pondré el dinero». Pero no lo puso. A pesar de todo, en febrero de 1997, Suiza se avino a constituir un «Fondo Especial para las Víctimas del Holocausto Necesitadas»: 200 millones de dólares destinados a sacar de apuros a «las personas necesitadas de ayuda o apoyo especiales» mientras las comisiones finalizaban su trabajo. (El fondo aún no se había agotado cuando las comisiones Bergier y Volcker emitieron sus informes.) Aun así, la industria del Holocausto no cedió en sus presiones para que se llegara a un acuerdo definitivo; por el contrario, las presiones se redoblaron. Los renovados alegatos de los suizos en pro de que se esperase a los dictámenes de las comisiones antes de llegar a un convenio —a fin de cuentas, había sido el CJM el que primero había solicitado esta valoración moral— continuaron cayendo en oídos sordos. En realidad, la industria del Holocausto no podía esperar más que perjuicios de dichos dictámenes: si al final se demostraba que tan solo algunas reclamaciones eran legítimas, la acusación contra los bancos suizos perdería credibilidad; y si se identificaba a los legítimos reclamantes, aun cuando fueran muchos, los suizos se verían obligados a indemnizarlos exclusivamente a ellos y no a las organizaciones judías. Otro de los mantras de la industria del Holocausto es que lo que está en juego con las indemnizaciones «no es el dinero, sino la verdad y la justicia». «No es el dinero lo que está en juego —se burlaban ahora los suizos—, sino que sea más dinero»^[28].

Además de atizar la histeria pública, la industria del Holocausto coordinó una estrategia biaxial para «aterrorizar» (Bower) a los suizos y lograr su sometimiento: demandas interpuestas por múltiples interesados bajo una sola dirección procesal y un boicot económico. La primera demanda colectiva, en la que se reclamaba un total de 20.000 millones de dólares, fue presentada a principios de octubre de 1996 por Edward Fagan y Robert Swift en nombre de Gizella Weisshaus (antes de morir en Auschwitz, su padre había hablado de que tenía dinero depositado en Suiza, pero los bancos lo negaron cuando Gizella Weisshaus hizo indagaciones después de la guerra) y de «otros que se encontraban en una situación similar». Unas semanas después, el Centro Simon Wiesenthal presentó la segunda demanda múltiple a través de los abogados Michael Hausfeld y Melvyn Weiss, y, en enero de 1997, el Consejo Mundial de Comunidades Judías Ortodoxas puso en marcha la tercera. Las tres demandas se presentaron ante el juez Edward Korman, un juez de distrito de Brooklyn, que las admitió a trámite. Al menos una de las partes implicadas, un abogado establecido en Toronto y llamado Sergio Karas, deploró esta táctica: «Las demandas colectivas solo han servido para provocar la histeria de masas y pegar un varapalo a los suizos. Con esto solo se consigue perpetuar el mito de que a los abogados judíos no les interesa más que el dinero». Paul Volcker atacó las demandas colectivas alegando: «Perjudicarán nuestro trabajo, potencialmente hasta el punto de restarle toda efectividad»; lo cual poco podía importar a la industria del Holocausto, si es que no era un incentivo añadido^[29].

Ahora bien, el arma principal para socavar la resistencia suiza fue el boicot económico. «Ahora la batalla va a ser mucho más sucia —advirtió en enero de 1997 Avraham Burg, presidente de la Agencia Judía y hombre clave de Israel en el conflicto con la banca suiza—; hasta ahora hemos contenido la presión judía internacional». El CJM había comenzado a urdir el boicot ya en enero de 1996. Bronfman y Singer se pusieron en contacto con Alan Hevesi, interventor jefe de la ciudad de Nueva York, cuyo padre había tenido un cargo importante en el CJA, y con Carl McCall, interventor jefe del Estado de Nueva York. Entre ambos, estos interventores invierten miles de millones de dólares en fondos de pensiones. Además, Hevesi presidió la Asociación de Interventores de EEUU, que invirtió 30.000 millones de dólares en fondos de pensiones. A finales de enero, Singer aprovechó la boda de su hija para diseñar su estrategia con el gobernador de Nueva York, George Pataki, y con D’Amato y Bronfman. «Menuda clase de hombre soy —reflexionaba el rabino—, haciendo negocios en la boda de mi hija»^[30].

En febrero de 1996, Hevesi y McCall escribieron a los bancos suizos amenazándolos con imponerles sanciones. A lo largo de los siguientes meses, los gobiernos municipales y estatales de Nueva York, Nueva Jersey, Rhode Island e Illinois presentaron resoluciones en las que se amenazaba con un boicot económico a los bancos suizos a no ser que se demostrase su inocencia. En mayo de 1997, el municipio de Los Ángeles impuso las primeras sanciones al retirar millones de dólares invertidos en fondos de pensiones en un banco suizo. Hevesi se apresuró a imitar esta iniciativa imponiendo sanciones en Nueva York. California, Massachusetts e Illinois se sumaron al boicot durante los siguientes días.

«Para dar carpetazo a todo, a las demandas colectivas, al proceso Volcker y a lo demás, quiero como poco 3.000 millones de dólares», proclamó Bronfman en diciembre de 1997. Entretanto, D’Amato y los representantes de la banca del Estado de Nueva York se proponían evitar que la recién formada Unión de la Banca Suiza (una fusión de grandes bancos suizos) operase en Estados Unidos. «Si los suizos continúan poniendo obstáculos, tendré que pedir a los accionistas estadounidenses que suspendan sus tratos con los suizos —advertía Bronfman en marzo de 1998—. La situación está llegando a un punto en el que o se resuelve o se declara una guerra sin cuartel». En abril, los suizos comenzaron a dar muestras de debilidad, pero siguieron resistiéndose a una rendición abyecta. (Se sabe que en 1997 los suizos gastaron al menos 500 millones de dólares con objeto de repeler los ataques de la industria del Holocausto.) «Un cáncer virulento corroe a toda la sociedad suiza —se lamentaba Melvyn Weiss, uno de los abogados de las demandas colectivas—. Les hemos dado la oportunidad de librarse de él pagando un precio mínimo por una dosis masiva de radiaciones y la han rechazado». En junio, los bancos suizos lanzaron una «oferta definitiva» de 600 millones de dólares. El director de la LAD, Abraham Foxman, escandalizado por la arrogancia suiza, apenas pudo contener su rabia: «Este ultimátum es una afrenta para el recuerdo de las víctimas, para quienes les han sobrevivido y para aquellas personas de la comunidad judía que se han ofrecido de buena fe a los suizos para trabajar juntos en la resolución de este espinoso asunto»^[31].

En julio de 1998, Hevesi y McCall amenazaron con nuevas y rigurosas sanciones. A lo largo de los siguientes días, Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut, Florida, Michigan y California hicieron lo propio. Los suizos se dieron al fin por vencidos a mediados de agosto. Mediante un acuerdo de liquidación entre las partes litigantes en la demanda colectiva, arbitrado por el juez Korman, los suizos se avinieron a pagar 1.250 millones de dólares. «El objetivo del pago adicional —decía una nota de prensa suiza— es evitar la amenaza de otras sanciones, así como los largos y costosos procedimientos judiciales»^[32].

«Se ha portado como un auténtico pionero en esta epopeya —felicitó el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a D’Amato—. El resultado no solo ha sido un éxito en términos materiales, sino también una victoria moral y un triunfo del espíritu»^[33]. Lástima que no dijera «de la perseverancia».

El acuerdo de los 1.250 millones de dólares con Suiza iba dirigido a indemnizar básicamente a tres grupos de personas: los reclamantes de las cuentas inactivas domiciliadas en Suiza, los refugiados a los que Suiza había negado asilo y las víctimas del régimen de trabajo esclavista del que se había beneficiado Suiza^[34]. Pese a la indignación con los «pérfidos suizos» de que se hizo gala, lo cierto es que el historial estadounidense en este terreno es igual de malo, si no peor. Enseguida volveré al tema de las cuentas inactivas estadounidenses. Igual que Suiza, EEUU negó la entrada a refugiados judíos que huyeron del nazismo antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la guerra. Sin embargo, el gobierno estadounidense no ha estimado adecuado compensar, pongamos por caso, a los refugiados judíos que había a bordo del malhadado navío St. Louis. Imaginemos qué reacción se desencadenaría si los millares de refugiados centroamericanos y haitianos a quienes se les negó asilo después de que huyeran de los escuadrones de la muerte financiados por los Estados Unidos reclamaran indemnizaciones al gobierno estadounidense. Por otro lado, Suiza, un país mucho más pequeño y con muchos menos recursos que los Estados Unidos, acogió a tantos refugiados judíos como EEUU (unos 20.000) durante el holocausto nazi^[35].

Los políticos estadounidenses sermoneaban a Suiza diciendo que la única manera de expiar las culpas pasadas era proporcionar una compensación material. Stuart Eizenstat, subsecretario de Comercio y enviado especial para la Restitución de Propiedades de Clinton, consideraba que las indemnizaciones que los suizos dieran a los judíos serían «una prueba contundente de la voluntad que tiene esta generación para enfrentarse al pasado y rectificar los errores del pasado». A los suizos de hoy día no podía «considerárseles responsables de lo que ocurrió hace años», reconoció D’Amato durante la misma comparecencia ante el Senado, pero, aun así, tenían «el deber de rendir cuentas y de tratar de hacer lo correcto en este momento». El presidente Clinton respaldó públicamente la solicitud de indemnizaciones del CJM e hizo esta reflexión: «Debemos hacer frente a la terrible injusticia del pasado y enmendarla en la medida de nuestras posibilidades». «La historia no tiene un estatuto que reglamente las prescripciones —dijo durante las comparecencias James Leach, presidente de la Comisión de Banca de la Cámara—, y nunca se debe olvidar el pasado». En una carta dirigida a la secretaria de Estado por los líderes parlamentarios de ambos partidos mayoritarios, se afirmaba: «Hay que dejar claro que la respuesta que se dé al asunto de la restitución se considerará una prueba de respeto a los derechos humanos fundamentales y al imperio de la ley». Y en una alocución ante el Parlamento suizo, la secretaria de Estado Madeleine Albright explicó que los beneficios económicos que habían acumulado los suizos gracias a las cuentas suizas retenidas «se han transmitido a las nuevas generaciones y, por ello, el mundo apela hoy al pueblo de Suiza, no para que asuma la responsabilidad de los actos cometidos por sus antepasados, sino para que sea generoso al hacer lo que en estos momentos pueda hacerse para corregir los errores del pasado»^[36]. Sentimientos muy nobles todos ellos, pero que jamás se escuchan —si no es para ridiculizarlos— cuando se habla de indemnizar a los afroamericanos por la esclavitud^[37].

Queda por ver qué suerte correrán en el acuerdo final los «supervivientes del Holocausto necesitados». Gizella Weisshaus, la primera reclamante de una cuenta inactiva domiciliada en Suiza que presentó una demanda, ha despedido a su abogado, Edward Fagan, acusándolo amargamente de haberla utilizado. No obstante, los honorarios de Fagan han sumado cuatro millones de dólares. En total, las minutas de los abogados a cargo de las demandas han ascendido a quince millones de dólares, y «muchos» cobraban a razón de 600 dólares la hora. Un abogado ha solicitado 2.400 dólares por leer el libro de Tom Bower Nazi Gold. «Los grupos y supervivientes judíos —informaba la publicación neoyorquina Jewish Week— se andan cada vez con menos miramientos en la pelea por sacar tajada de los 1.250 millones de dólares que los bancos suizos ofrecen como compensación por la época del Holocausto». Los demandantes y los supervivientes sostienen que el dinero debe ir directamente a sus manos. Por su lado, las organizaciones judías reclaman su parte. Greta Beer, una de las principales testigos contra los bancos suizos en la comparecencia ante el Congreso, clamó ante el tribunal del juez Korman que no quería que la «aplastaran con el pie como a un insecto». El CJM, pese a su solicitud hacia los «supervivientes del Holocausto necesitados», quiere embolsarse la mitad del dinero suizo reservado para las organizaciones judías y para «la enseñanza sobre el Holocausto». El Centro Simon Wiesenthal mantiene que, si las organizaciones judías «respetables» reciben dinero, «una parte debe dirigirse a los centros educativos judíos». Mientras «maniobran» para hacerse con una parte mayor del botín, tanto las organizaciones reformistas como las ortodoxas aseguran que los seis millones de muertos habrían preferido que fuera su rama del judaísmo la que resultase beneficiada económicamente. Entretanto, la industria del Holocausto forzó a los suizos a llegar a un acuerdo alegando que el factor tiempo era fundamental: «Todos los días mueren supervivientes del Holocausto necesitados». Pero, una vez que los suizos hubieron firmado el acuerdo económico, la urgencia se desvaneció milagrosamente. Un año después de que se suscribiera el acuerdo, aún no se había preparado ningún plan de distribución. Cuando al fin se llegue a dividir el dinero, todos los «supervivientes del Holocausto necesitados» estarán probablemente muertos. Y en lo que respecta a los 200 millones de dólares del «Fondo Especial para las Víctimas del Holocausto Necesitadas», constituido en febrero de 1997, en diciembre de 1999 aún no se había distribuido ni la mitad a las víctimas reales. Cuando se hayan pagado los honorarios de los abogados, el dinero suizo irá a engrosar las arcas de las organizaciones judías «respetables»^[38].

«No se puede defender ningún acuerdo —escribía en el New York Times Burt Neuborne, catedrático de Derecho de la Universidad de Nueva York y miembro del equipo de las demandas colectivas— que permita que el Holocausto se mantenga como una empresa rentable para los bancos suizos». Edgar Bronfman dijo conmovedoramente en su testimonio ante la Comisión de Banca que a los suizos no había que «permitirles sacar provecho de las cenizas del Holocausto». Por otra parte, Bronfman reconoció recientemente que en las arcas del CJM han ingresado no menos de «unos 7.000 millones de dólares» gracias a los fondos de indemnización^[39].

Entretanto, se han publicado los informes autorizados sobre los bancos suizos. Ya es posible formarse una opinión fundada sobre si, de hecho, como afirma Bower, hubo «una conspiración de suizos y nazis que, durante cincuenta años, sirvió para robar miles de millones a los judíos europeos y a los supervivientes del Holocausto».

La Comisión (Bergier) Independiente de Expertos emitió su informe, Suiza y las transacciones de oro durante la Segunda Guerra Mundial, en julio de 1998^[40]. La Comisión confirmó que los bancos suizos compraron oro a la Alemania nazi, por valor de unos 4.000 millones de dólares al cambio actual, a sabiendas de que el oro procedía del pillaje de los bancos nacionales de Europa ocupada. En las audiencias celebradas en la Colina del Capitolio, los congresistas se mostraron escandalizados porque los bancos suizos hubieran traficado con activos procedentes del pillaje y, lo que era aún peor, porque continuaran permitiéndose esas atroces prácticas. Un congresista deploró el hecho de que los políticos corruptos depositen sus ganancias mal adquiridas en los bancos suizos y apeló a Suiza para que promulgase de una vez por todas leyes contra «estos movimientos secretos de dinero realizados por […] personas con preeminencia o liderazgo políticos, personas que desvalijan el erario». Lamentando el «gran número de dirigentes gubernamentales y hombres de negocios notoriamente corruptos del mundo entero que han encontrado un refugio para sus considerables riquezas en los bancos suizos», otro congresista se preguntaba si el sistema bancario suizo no estaría «acogiendo a los criminales de esta generación, y a los países que representan, de […] la misma manera que se dio asilo al régimen nazi hace 55 años»^[41]. El problema es preocupante, de eso no cabe duda. Se estima que, año tras año, entre 100.000 y 200.000 millones de dólares derivados de la corrupción política cruzan las fronteras internacionales y son depositados en bancos privados. Ahora bien, las reprimendas de la Comisión de Banca habrían tenido más peso si la mitad del dinero procedente de esta «fuga ilegal de capitales» no estuviera depositada en bancos estadounidenses con la plena sanción de la legislación de EEUU^[42]. Entre quienes se han beneficiado recientemente del «refugio» estadounidense se cuentan Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente de México, y la familia del general Sani Abacha, antiguo dictador de Nigeria. «El oro saqueado por Adolf Hitler y sus secuaces —señala Jean Ziegler, parlamentario suizo acerbamente crítico con los bancos suizos— no se diferencia esencialmente en nada del dinero bañado en sangre» que hoy día está depositado en las cuentas bancarias suizas de los dictadores del Tercer Mundo. «Los ladrones con licencia de Hitler llevaron a la muerte a millones de hombres, mujeres y niños», y «centenares de miles de niños mueren todos los años de enfermedad y desnutrición» en el Tercer Mundo porque «los tiranos saquean sus países con la ayuda de los tiburones suizos de las finanzas»^[43]. Y también con la ayuda de los tiburones estadounidenses de la finanzas. No abundaré en otra cuestión aún más importante: muchos de estos tiranos fueron instalados y mantenidos en su puesto por los gobiernos estadounidenses, que además les dieron carta blanca para saquear sus países.

En lo que concierne específicamente al holocausto nazi, la Comisión Independiente llegó a la conclusión de que los bancos suizos sí compraron «lingotes que contenían oro arrebatado por los criminales nazis a las víctimas de los campos de trabajo y de los campos de exterminio». Ahora bien, no lo hicieron a sabiendas: «Nada indica que los responsables del banco central suizo supieran que los lingotes que contenían ese tipo de oro estaban siendo enviados a Suiza por el Reichsbank». La Comisión valoró el «oro de las víctimas» comprado inocentemente por Suiza en 134.428 dólares, lo que equivale aproximadamente a un millón de dólares al cambio actual. En esta cifra se incluye el «oro de las víctimas» del que se despojó a los prisioneros de los campos tanto judíos como no judíos^[44].

En diciembre de 1999, el Comité Independiente (Volcker) de Personas Eminentes emitió su Informe sobre las cuentas inactivas de las víctimas de la persecución nazi domiciliadas en bancos suizos^[45]. El Informe documenta las conclusiones de una auditoría exhaustiva que duró tres años y costó no menos de 500 millones de dólares^[46]. La conclusión fundamental sobre «el tratamiento de las cuentas inactivas de las víctimas de la persecución nazi» merece citarse extensamente:

Con respecto a las víctimas de la persecución nazi, no se hallaron pruebas de que se hubiera incurrido sistemáticamente en la discriminación, la obstrucción del acceso a las cuentas, la malversación o la violación de lo dispuesto por la legislación suiza para la conservación de documentos. Ahora bien, el Informe también critica el comportamiento de algunos bancos en el tratamiento de las cuentas de las víctimas de la persecución nazi. Es necesario hacer hincapié en el término algunos de la frase precedente, ya que el comportamiento criticado se refiere principalmente al de algunos bancos concretos en su manera de gestionar cuentas personales de víctimas de la persecución nazi en el contexto de una investigación de 254 bancos que abarcó un periodo de unos sesenta años. Con respecto al comportamiento criticado, el Informe reconoce asimismo que había circunstancias atenuantes para la conducta de los bancos implicados en estas actividades. Es más, el Informe confirma que una amplia evidencia demuestra que en muchos casos los bancos buscaron activamente a los cuentacorrentistas desaparecidos o a sus herederos, incluidas las víctimas del Holocausto, y liquidaron las cuentas inactivas a quienes correspondía.

Este párrafo concluye afirmando benévolamente: «El Comité cree que el comportamiento criticado posee suficiente importancia como para que sea aconsejable documentar en esta sección los asuntos que se trataron erróneamente con objeto de que sea posible aprender del pasado en lugar de repetir los mismos errores»^[47].

El Informe revela asimismo que, aunque el Comité no había podido consultar todos los registros bancarios del «Periodo pertinente» (1933-1945), destruir los registros sin que se detectara esa destrucción «sería difícil, si no imposible», y que, «de hecho, no se han encontrado pruebas de la destrucción sistemática de los históricos de las cuentas con el propósito de ocultar lo que se hizo en el pasado». Y concluye diciendo que el porcentaje de registros recuperados (el sesenta por ciento) es «verdaderamente extraordinario» y «verdaderamente admirable», sobre todo teniendo en cuenta que la legislación suiza no estipula que se deban conservar los registros más de diez años^[48].

Veamos ahora la interpretación que hizo el New York Times de las conclusiones del Comité Volcker. En un editorial titulado «Las trapacerías de los bancos suizos»^[49], el Times informaba de que el Comité no había encontrado «pruebas concluyentes» de que los bancos suizos hubieran gestionado irregularmente las cuentas inactivas judías. Adviértase que en el Informe se afirma categóricamente que no se habían encontrado «pruebas». El Times proseguía diciendo que el Comité «descubrió que los bancos suizos se las habían arreglado para perder la pista de un número alarmantemente elevado de dichas cuentas». Sin embargo, en el Informe se opina que los suizos conservaban un número de registros «verdaderamente extraordinario» y «verdaderamente admirable». Por último, el Times informaba de que, según el Comité, «muchos bancos habían rechazado con crueldad y malas artes a familiares que trataban de recuperar los activos perdidos». En realidad, el Informe hace hincapié en que solo «algunos» bancos se comportaron mal y en que, incluso en estos casos, había «circunstancias atenuantes» y, además, señala que hubo «muchos casos» en que los bancos buscaron activamente a los legítimos reclamantes.

El Informe sí reprocha a los bancos suizos que no hubieran sido «claros y directos» en auditorías previas de las cuentas inactivas de la época del Holocausto. Ahora bien, parece atribuir los fallos de dichas auditorías más bien a factores técnicos que a la mala fe^[50]. El Informe identifica 54.000 cuentas con una «relación probable o posible con las víctimas de la persecución nazi». Pero estima que solo en la mitad de estos casos —25.000— la probabilidad es suficientemente significativa como para que se autorice la publicación de los nombres de los titulares de las cuentas. El valor actual estimado de 10.000 de estas cuentas, de las que se disponía de información, se sitúa entre los 170 y los 260 millones de dólares. Realizar una estimación del valor actual de las demás cuentas resultó imposible^[51]. El valor total de las cuentas inactivas del Holocausto que hay en la actualidad ascendería probablemente a un valor muy superior a los 32 millones de dólares de la estimación inicial realizada por los bancos suizos, pero quedaría a años luz de los 7.000-20.000 de millones de dólares en que lo sitúa el CJM. En un testimonio posterior ante el Congreso, Volcker señaló que el número de cuentas suizas «probable o posiblemente» relacionadas con las víctimas del Holocausto era «muchas veces superior al que había resultado de las investigaciones suizas previas». Sin embargo, prosiguió Volcker: «Hago hincapié en las palabras “probable o posiblemente” porque, salvo en relativamente pocos casos, habiendo transcurrido más de medio siglo, no pudimos identificar con seguridad una relación irrefutable entre las víctimas y los cuentacorrentistas»^[52].

El hallazgo más explosivo del Comité Volcker no se cubrió en los medios de comunicación estadounidenses. Además de Suiza, señala la Comisión, los Estados Unidos también fueron un refugio seguro para los capitales judíos de Europa susceptibles de ser transferidos:

En previsión de una guerra y de dificultades económicas, así como a causa de la persecución de los judíos y otras minorías por parte de los nazis antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la misma, muchas personas, incluidas las víctimas de esta persecución, trasladaron su capital a países donde se juzgaba que estaría a salvo (hay que destacar que entre ellos se encontraban los Estados Unidos y el Reino Unido) […]. Dada la neutralidad de las fronteras suizas tanto con los países del Eje como con los países ocupados por el Eje, los bancos y otros intermediarios financieros suizos también recibieron una porción de los capitales que buscaban seguridad.

En un importante apéndice se hace una lista de los «destinos preferidos» para los capitales judíos de Europa susceptibles de ser transferidos. Los destinos principales declarados eran Estados Unidos y Suiza. (A notable distancia, Gran Bretaña ocupaba el tercer puesto como destino declarado)^[53].

La pregunta que resulta inevitable plantearse es: ¿qué pasó con las cuentas inactivas del Holocausto de los bancos estadounidenses? La Comisión de Banca citó a un especialista para que testificara sobre este asunto. Seymour Rubin, actualmente catedrático de la Universidad Americana, fue subdirector de la delegación estadounidense en las negociaciones que se desarrollaron con Suiza después de la Segunda Guerra Mundial. Bajo los auspicios de las organizaciones judías de EEUU, Rubin trabajó asimismo en los años cincuenta con un «grupo de expertos en la vida comunitaria de los judíos de Europa» para identificar las cuentas inactivas de la época del Holocausto que había en los bancos de EEUU. En su testimonio ante la Cámara, Rubin aseguró que, tras una auditoría muy superficial y rudimentaria de los bancos neoyorquinos y ninguno más, se calculaba que el valor de estas cuentas era de seis millones de dólares. Las organizaciones judías solicitaron este dinero al Congreso para los «supervivientes necesitados» (en EEUU, las cuentas inactivas abandonadas se transfieren al Estado de acuerdo con la doctrina de la reversión). Después, Rubin rememoró:

La estimación inicial de seis millones de dólares fue rechazada por los miembros del Congreso, que eran los defensores potenciales de la legislación necesaria, y en el borrador original de la ley se estableció un límite de tres millones de dólares […]. Llegado el momento, en las audiencias de la Comisión la cifra de tres millones de dólares se redujo a un millón de dólares. Nuevas acciones legislativas la recortaron dejándola en 500.000 dólares. Pero el Departamento Presupuestario se opuso incluso a esta última cifra y propuso un límite de 250.000 dólares. No obstante, al final fueron 500.000 dólares los que estableció la ley.

«Estados Unidos —concluyó Rubin— adoptó unas medidas muy limitadas para identificar los activos sin herederos que había en EEUU, y aportaron […] tan solo 500.000 dólares, en contraste con los 32 millones de dólares reconocidos por los bancos suizos aun antes de la investigación Volcker»^[54]. Dicho de otro modo, Estados Unidos se portó mucho peor que los suizos. Conviene subrayar que, salvo por un comentario hecho de pasada por Eizenstat, las cuentas inactivas de EEUU no se mencionaron en absoluto durante las comparecencias ante las Comisiones de Banca de la Cámara de Representantes y del Senado consagradas a los bancos suizos. Es más, Rubin desempeña un papel clave en muchos textos sobre el problema de la banca suiza —Bower dedica montones de páginas a este «cruzado del Departamento de Estado»—, pero en ninguno de ellos se alude a su testimonio ante la Cámara. Por otro lado, Rubin expresó asimismo en la audiencia parlamentaria «un cierto grado de escepticismo con respecto a las grandes cantidades de dinero [de las cuentas inactivas suizas] de las que se está hablando». Ni que decir tiene que también se puso gran cuidado en hacer caso omiso de la fundada opinión de Rubin sobre este punto.

¿Hubo algún clamor parlamentario contra los «pérfidos» banqueros estadounidenses? Uno tras otro, todos los miembros de las Comisiones de Banca del Senado y de la Cámara exigieron que los suizos «saldaran de una vez por todas sus cuentas». Pero ninguno requirió que EEUU hiciera lo propio. Por el contrario, un miembro de la Comisión de Banca de la Cámara declaró descaradamente, con el beneplácito de Bronfman, que «solo» Suiza «no había demostrado la valentía de enfrentarse a su propia historia»^[55]. Como era de esperar, la industria del Holocausto no puso en marcha ninguna campaña para que se investigase a los bancos estadounidenses. Una auditoría de nuestros bancos de las proporciones de la que se hizo en Suiza costaría a los contribuyentes de EEUU no ya millones, sino miles de millones de dólares^[56]. Cuando se llegara a terminar, los judíos estadounidenses ya estarían buscando refugio en Múnich. La valentía tiene sus límites.

A finales de la década de 1940, cuando EEUU estaba presionando a Suiza para que identificara las cuentas inactivas pertenecientes a judíos, los suizos se defendieron diciendo ya desde entonces que, en primer lugar, los estadounidenses deberían barrer su propia casa^[57]. A mediados de 1997, Pataki, el gobernador de Nueva York, anunció la creación de una Comisión Estatal para la Recuperación de los Activos de las Víctimas del Holocausto que se ocuparía de gestionar las demandas contra los bancos suizos. Sin dejarse amilanar, los suizos sugirieron que sería más provechoso que la Comisión gestionase las demandas contra los bancos estadounidenses e israelíes^[58]. En este sentido, Bower recuerda que, después de la guerra de 1948, los banqueros israelíes se «negaron a hacer públicas las listas de cuentas inactivas de judíos», y hace poco se ha sabido que, «a diferencia de los países europeos, los bancos y las organizaciones sionistas de Israel están resistiendo a las presiones en pro de que se constituyan comisiones independientes que determinen cuántas propiedades y cuántas cuentas inactivas pertenecían a los supervivientes del Holocausto, y cómo puede localizarse a los propietarios» (Financial Times). (Los judíos europeos compraron terrenos y abrieron cuentas bancarias en Palestina durante el mandato británico para apoyar al movimiento sionista o para preparar su futura inmigración.) En octubre de 1998, el CJM y la OJMR «llegaron a la decisión de evitar en principio ocuparse del asunto de los activos que las víctimas del Holocausto tenían en Israel fundándose en que era responsabilidad del gobierno israelí» (Haaretz). Por lo visto, estas organizaciones tienen jurisdicción en Suiza, pero no en el Estado de Israel. La acusación más espectacular lanzada contra los bancos suizos fue que habían exigido a los herederos de las víctimas del holocausto nazi que presentasen certificados de defunción. Los bancos israelíes también exigieron ese tipo de documentación. Ahora bien, tratar de encontrar denuncias contra los «pérfidos israelíes» es un empeño inútil. Para demostrar que «no se puede establecer una equivalencia moral entre los bancos de Israel y los de Suiza», el New York Times citaba a un exlegislador israelí: «Aquí fue como mucho cuestión de negligencia; en Suiza fue un delito»^[59]. Huelgan los comentarios.

En mayo de 1998, el Congreso encargó a una Comisión Presidencial de Asesoramiento sobre los Activos del Holocausto en los Estados Unidos que «realizara una investigación original sobre el destino de los recursos económicos arrebatados a las víctimas del Holocausto que habían llegado a obrar en poder del Gobierno Federal de EEUU» y «asesorase al presidente sobre la política que había de adoptarse para restituir las propiedades robadas a sus legítimos propietarios o a sus herederos». «El trabajo de la Comisión demuestra irrefutablemente —declaró Bronfman, presidente de la misma— que en los Estados Unidos estamos dispuestos a atenernos a los elevados niveles de veracidad que hemos exigido a otros países con respecto a los activos del Holocausto». Sin embargo, una comisión asesora presidencial con un presupuesto total de seis millones de dólares es bastante diferente de una exhaustiva auditoría externa del sistema bancario de todo un país que costó 500 millones de dólares y tuvo acceso ilimitado a todos los registros bancarios^[60]. Para disipar cualquier duda que pudiese quedar sobre la voluntad de EEUU de hacer los máximos esfuerzos para restituir los activos judíos robados en la época del Holocausto, James Leach, presidente de la Comisión de Banca de la Cámara, anunció orgullosamente en febrero de 2000 que un museo de Carolina del Norte había devuelto un cuadro a una familia austriaca. «Esto pone de relieve la fiabilidad de los Estados Unidos […] y opino que es algo en lo que debe hacer hincapié esta Comisión»^[61].

Para la industria del Holocausto, el problema con los bancos suizos —como los tormentos sufridos en la posguerra por el «superviviente» suizo del Holocausto Binjamin Wilkomirski— fue una prueba más de la indestructible e irracional malicia gentil. El problema ponía en evidencia la burda insensibilidad de que daba muestras incluso un «país europeo, demócrata-liberal», concluye Itamar Levin, hacia «aquellos que estaban marcados por las cicatrices físicas y emocionales del peor crimen de la historia». Un estudio realizado por la Universidad de Tel Aviv en abril de 1997 daba cuenta de «un inequívoco aumento» del antisemitismo suizo. Ahora bien, esta nefasta evolución no podía tener nada que ver con la extorsión a la que la industria del Holocausto había sometido a Suiza. «No son los judíos los que crean el antisemitismo —se burlaba Bronfman—. Quienes lo crean son los antisemitas»^[62].

Las compensaciones materiales por el Holocausto «son la mayor prueba ética a la que se enfrenta Europa a finales del siglo XX», sostiene Itamar Levin. «Esta será la prueba de fuego del trato que el continente europeo da al pueblo judío»^[63]. Tanto es así que, animada por su éxito en la extorsión de los suizos, la industria del Holocausto enseguida pasó a «poner a prueba» al resto de Europa. El siguiente objetivo fue Alemania.

Una vez que hubo ajustado las cuentas con Suiza en agosto de 1998, la industria del Holocausto desplegó la misma estrategia ganadora contra Alemania en septiembre. Los tres mismos equipos legales (Hausfeld-Weiss, Fagan-Swift y el Consejo Mundial de Comunidades Judías Ortodoxas) interpusieron demandas colectivas contra la industria privada alemana, y reclamaron no menos de 20.000 millones de dólares en indemnizaciones. Blandiendo la amenaza de un boicot económico, Hevesi, interventor jefe de la Ciudad de Nueva York, comenzó a «controlar» las negociaciones en abril de 1999. La Comisión de Banca de la Cámara celebró audiencias en septiembre. La congresista Carolyn Maloney declaró que «el transcurso del tiempo no debe ser una excusa para el enriquecimiento injusto» (al menos, a costa de la esclavización de los judíos; la esclavización de los afroamericanos es otra historia), en tanto que Leach, que presidía la Comisión, salmodió leyendo el mismo y rancio guión: «La historia no tiene un estatuto que reglamente las prescripciones». Las empresas alemanas que operan en Estados Unidos, según dijo Stuart Eizenstat a la Comisión, «valoran la buena voluntad con que funcionan aquí y quieren mantener la buena ciudadanía que siempre han demostrado en EEUU y en Alemania». Prescindiendo de sutilezas diplomáticas, el congresista Rick Lazio instó directamente a la Comisión a que «se centrara en las empresas alemanas del sector privado y, en particular, en las que operan en EEUU»^[64]. Con objeto de atizar la histeria pública contra Alemania, la industria del Holocausto sacó en la prensa de octubre múltiples anuncios a toda página. La abominable verdad no bastaba; se tocaron todos los puntos sensibles del Holocausto. Un anuncio que denunciaba a la corporación farmacéutica alemana Bayer mencionaba sin venir a cuento a Josef Mengele, pese a que no había la menor evidencia de que la Bayer hubiese «dirigido» sus sanguinarios experimentos. Al comprender que era imposible resistir ante el ciclón del Holocausto, antes de que acabara el año los alemanes convinieron en pagar una sustanciosa indemnización. El Times de Londres atribuía el éxito de esta capitulación a la campaña estadounidense del Holocash^[65]. «No habríamos podido llegar a un acuerdo —declaró más adelante Eizenstat ante la Comisión de Banca de la Cámara— sin la intervención personal y el liderazgo del presidente Clinton […], así como de otros cargos importantes» del gobierno de EEUU^[66].

La industria del Holocausto alegaba que Alemania tenía la «obligación moral y legal» de indemnizar a los judíos esclavizados en el pasado. «Estos trabajadores en régimen de esclavitud merecen que se les trate con un mínimo de justicia —argumentó Eizenstat— durante los pocos años que les quedan de vida». Sin embargo, como ya se ha indicado antes, no es cierto que no hubieran recibido ninguna indemnización. Los judíos esclavizados se acogieron a los acuerdos originales suscritos con Alemania para indemnizar a los reclusos de los campos de concentración. El gobierno alemán indemnizó a la mano de obra esclavizada por «la privación de la libertad» y por los «daños físicos». Únicamente no hubo compensación alguna por los sueldos retenidos. Quienes habían sufrido lesiones permanentes recibieron una sustanciosa pensión vitalicia^[67]. Asimismo, Alemania entregó a la Conferencia sobre Solicitudes Materiales Judías aproximadamente mil millones de dólares al cambio actual para los judíos que habían estado encerrados en campos de concentración y solo habían recibido una indemnización mínima. Como ya se señaló antes, la Conferencia sobre Solicitudes Materiales violó los términos del acuerdo con Alemania y dedicó los fondos a varios proyectos que le interesaban. Justificó este (ab)uso del dinero alemán argumentando que «antes de que los fondos de Alemania estuvieran disponibles […] las necesidades de las víctimas del nazismo “necesitadas” ya se habían satisfecho en gran medida»^[68]. Lo que no fue óbice para que, cincuenta años más tarde, la industria del Holocausto reclamase dinero para las «víctimas del Holocausto necesitadas» que habían vivido en la pobreza porque, supuestamente, los alemanes nunca les habían compensado.

Cuál sería la indemnización «justa» para los judíos esclavizados por los nazis es a todas luces una pregunta imposible de responder. Pero sí es posible afirmar lo siguiente: según los términos del nuevo acuerdo, cada uno de los judíos que fueron esclavizados por los nazis debería recibir unos 7.500 dólares. Si la Conferencia sobre Solicitudes Materiales hubiese distribuido adecuadamente los fondos alemanes originales, muchos más judíos esclavizados por los nazis habrían recibido mucho más dinero mucho antes.

Cabe preguntarse si las «víctimas del Holocausto necesitadas» llegarán a disfrutar alguna vez de los fondos aportados nuevamente por Alemania. La Conferencia sobre Solicitudes Materiales aspira a reservarse una buena porción para su «fondo especial». Según el Jerusalem Report, la Conferencia tiene «mucho que ganar si logra que los supervivientes se queden sin nada». El miembro de la Kneset israelí Michael Kleiner (Herut) censuró duramente a la Conferencia diciendo que era un «Judenrat ^[69] que prosigue la obra nazi de una manera distinta». Y continuó en estos términos: es una «organización deshonesta que mantiene el secreto profesional y está infectada por una abominable corrupción pública y moral», «una organización tenebrosa que está maltratando a los judíos supervivientes del Holocausto y a sus herederos, y, mientras reposa sobre una montaña de dinero perteneciente a personas privadas, hace todo lo posible por heredar [el dinero] aunque ellas continúen en vida»^[70]. Entretanto, en su testimonio ante la Comisión de Banca, Stuart Eizenstat continuó prodigando halagos a «la transparencia de la actuación de la Conferencia sobre Solicitudes Materiales Judías durante los últimos cuarenta y tantos años». Pero, a la hora de ser cínico, no hay quien gane al rabino Israel Singer. Además de detentar el cargo de secretario general del Congreso Judío Mundial, Singer ha sido vicepresidente de la Conferencia sobre Solicitudes Materiales y negociador clave en las conversaciones sobre la mano de obra esclavizada mantenidas con los alemanes. Después de los acuerdos con Suiza y Alemania, Singer reiteró virtuosamente ante la Comisión de Banca que «sería una pena» que los fondos de indemnización por el Holocausto fueran «entregados a los herederos en lugar de a los supervivientes». «No queremos que el dinero se entregue a los herederos. Queremos que el dinero sea para las víctimas». Sin embargo, Haaretz informa de que Singer fue el principal impulsor de la idea de que los fondos de indemnización por el Holocausto se empleasen «para cubrir las necesidades de todo el pueblo judío, y no solo de los judíos que tuvieron la fortuna de sobrevivir al Holocausto y vivir hasta una edad avanzada»^[71].

En una publicación del Museo Conmemorativo del Holocausto de EEUU, Henry Friedländer, respetado historiador del holocausto nazi y antiguo recluso de Auschwitz, trazaba el siguiente panorama numérico de los tiempos en que finalizó la guerra:

Si a principios de 1945 había unos 715.000 prisioneros en los campos de concentración, y al menos una tercera parte —es decir, alrededor de 238.000— perecieron durante la primavera de 1945, podemos suponer que como mucho sobrevivieron 475.000 prisioneros. Teniendo en cuenta que los judíos habían sido asesinados sistemáticamente, y que solo aquellos elegidos para trabajar —en Auschwitz, alrededor de un quince por ciento— tuvieron siquiera la posibilidad de sobrevivir, debemos suponer que los judíos no constituían más de un veinte por ciento de la población de los campos de concentración.

«Por consiguiente, podemos calcular —concluía Friedlander— que el número de judíos supervivientes no ascendía a más de 100.000». La cifra de judíos que, según Friedländer, sobrevivieron a la esclavización al final de la guerra es, dicho sea de paso, una de las más altas que manejan los estudiosos. Leonard Dinnerstein afirmaba en un estudio de autoridad reconocida: «60.000 judíos […] salieron de los campos de concentración. Al cabo de una semana, más de 20.000 habían muerto»^[72].

En una sesión informativa celebrada por el Departamento de Estado en mayo de 1999, Stuart Eizenstat, citando la cifra de los «grupos que los representan», dijo que el número total de trabajadores esclavizados, judíos y no judíos, que seguían vivos era «tal vez de 70.000-90.000»^[73]. Eizenstat fue el jefe de la representación estadounidense en las negociaciones mantenidas con Alemania sobre los trabajadores en régimen de esclavitud y colaboró estrechamente con la Conferencia sobre Solicitudes Materiales^[74]. Esto situaría el número total de judíos esclavizados que siguen vivos en 14.000-18.000 (un veinte por ciento de 70.000-90.000). Sin embargo, al entablar negociaciones con Alemania, la industria del Holocausto solicitó indemnizaciones para 135.000 judíos esclavizados todavía vivos. La cifra global de trabajadores esclavizados aún con vida, tanto judíos como no judíos, se situó en 250.000^[75]. En otras palabras, el número de antiguos trabajadores judíos en régimen de esclavitud que seguían vivos se había multiplicado casi por diez desde mayo de 1999, en tanto que la relación porcentual entre judíos y no judíos también se había modificado sustancialmente. Tanto es así que, de creer a la industria del Holocausto, hoy día habría en vida más judíos esclavizados por los nazis que hace medio siglo. «Qué red tan enmarañada urdimos —escribió Sir Walter Scott— cuando practicamos por primera vez el arte del engaño».

Mientras la industria del Holocausto juega con los números para elevar las reclamaciones pecuniarias, los antisemitas se burlan alegremente de los «embusteros judíos», que hasta «regatean» con sus muertos. Con sus juegos malabares numéricos, la industria del Holocausto está mejorando sin darse cuenta la imagen del nazismo. Raul Hilberg, autoridad máxima sobre el holocausto nazi, sitúa la cifra de judíos asesinados en 5,1 millones^[76]. Ahora bien, si hoy siguen con vida 135.000 judíos esclavizados por los nazis, los que sobrevivieron a la guerra debieron de ser unos 600.000. Esta cifra supera al menos en medio millón las estimaciones normalmente aceptadas. Si se da por buena, habría que deducir este medio millón de los 5,1 millones de asesinados. Así, la cifra de «seis millones» se vuelve más insostenible y, no solo eso, los cálculos de la industria del Holocausto se aproximan cada vez más a los de quienes niegan el Holocausto. Pensemos en que el dirigente nazi Heinrich Himmler afirmaba que la población total de los campos de concentración superaba escasamente los 700.000 presos en enero de 1945 y que, según Friedländer, alrededor de un tercio de estos presos fueron asesinados antes de mayo. Ahora bien, si los judíos tan solo constituían un veinte por ciento de los presos supervivientes y, tal como da a entender la industria del Holocausto, 600.000 presos judíos sobrevivieron a la guerra, el número total de supervivientes de los campos de concentración debió de ser de tres millones. De las estimaciones de la industria del Holocausto solo cabe deducir que las condiciones de vida no eran en absoluto duras en los campos de concentración; de hecho, hay que suponer que la fertilidad era significativamente elevada y la tasa de mortalidad, notablemente baja^[77].

Suele decirse que la solución final fue un exterminio industrial en cadena de eficacia única^[78]. Pero si, tal como lo afirma la industria del Holocausto, cientos de miles de judíos sobrevivieron, la solución final no pudo ser ni mucho menos tan eficaz. Debió de ser más bien una actividad chapucera, como lo argumentan quienes niegan el Holocausto. «Los extremos se tocan».

En una entrevista reciente, Raul Hilberg hizo hincapié en que las cifras son importantes para comprender el holocausto nazi. En este sentido, las cifras revisadas de la Conferencia sobre Solicitudes Materiales ponen radicalmente en cuestión su propia interpretación. Según el «documento base» sobre la mano de obra en régimen de esclavitud que empleó la Conferencia sobre Solicitudes Materiales en las negociaciones con Alemania: «La esclavización de la mano de obra fue uno de los tres métodos principales empleados por los nazis para asesinar a los judíos; siendo los otros dos el fusilamiento y las cámaras de gas. Uno de los propósitos de la esclavización de la mano de obra era matar a los individuos a fuerza de trabajar […]. El término esclavo es un vocablo impreciso en este contexto. En general, los amos de los esclavos están interesados en preservar la vida y la condición física de sus esclavos. Sin embargo, el plan nazi para los “esclavos” era utilizar su potencial laboral y luego exterminarlos». Aparte de quienes niegan el Holocausto, nadie ha discutido de momento que el nazismo reservase este espeluznante destino a la mano de obra esclavizada. Ahora bien, ¿cómo pueden compaginarse estos hechos establecidos con la afirmación de que muchos centenares de miles de judíos esclavizados sobrevivieron a los campos de concentración? ¿No se ha saltado la Conferencia sobre Solicitudes Materiales el muro que separa la espantosa verdad sobre el holocausto nazi de la corriente negacionista del Holocausto?^[79].

En un anuncio a toda página publicado en el New York Times, varias lumbreras de la industria del Holocausto como Elie Wiesel, el rabino Marvin Hier y Steven T. Katz condenaban «la negación del Holocausto por parte de Siria». El texto censuraba un editorial de un periódico oficial del gobierno sirio donde se afirmaba que Israel «inventa historias sobre el Holocausto» con objeto de «recibir más dinero de Alemania y de otras instituciones occidentales». Desafortunadamente, lo que decían los sirios es cierto. La paradoja en la que no han reparado ni el gobierno sirio ni los firmantes del anuncio es que esas historias que hablan de muchos centenares de miles de supervivientes constituyen en sí mismas una forma de negar el Holocausto^[80].

La extorsión de Suiza y Alemania no fue más que un preludio de la gran escena final: la extorsión de Europa del Este. Con el hundimiento del bloque soviético se abrieron atractivas perspectivas en el antiguo centro de la comunidad judía europea. Virtuosamente arropada con la bandera de «las víctimas del Holocausto necesitadas», la industria del Holocausto se propuso extorsionar miles de millones de dólares a estos países ya de por sí empobrecidos. Y, al empeñarse en lograr este propósito con un entusiasmo tan temerario como despiadado, se ha convertido en la principal impulsora del antisemitismo en Europa.

La industria del Holocausto se ha erigido en única reclamante legítima de todas las propiedades comunitarias o privadas de quienes perecieron durante el holocausto nazi. «Se ha acordado con el gobierno de Israel —comunicó Edgar Bronfman a la Comisión de Banca— que los activos sin herederos revertirán a la Organización Judía Mundial para la Restitución». En virtud de este «mandato», la industria del Holocausto ha requerido a los países del antiguo bloque soviético que entreguen las propiedades de preguerra de los judíos o, en su defecto, las sustituyan por una indemnización pecuniaria^[81]. A diferencia de su actuación con los suizos y los alemanes, la industria del Holocausto ha optado en este caso por presentar sus exigencias evitando toda publicidad. La opinión pública no se ha mostrado hasta el momento contraria a que se chantajee a los banqueros suizos y a los industriales alemanes, pero tal vez no vería con tan buenos ojos un chantaje a los campesinos polacos, medio muertos de hambre. Por otra parte, las maquinaciones de la OJMR podrían despertar la envidia de los judíos que perdieron a sus familiares durante el holocausto nazi. Al presentarse como legítima heredera de quienes perecieron con el fin de recibir sus propiedades, la OJMR bien podría dar lugar a equívocos y a que sus actividades se tomaran por un saqueo de sepulturas. Por otra parte, la industria del Holocausto no necesita a una opinión pública movilizada. Con el apoyo de una serie de dirigentes estadounidenses importantes, no le será difícil quebrantar la débil resistencia de unas naciones que ya están postradas.

«Es importante comprender que nuestros esfuerzos para lograr la restitución de las propiedades comunitarias —dijo Stuart Eizenstat ante una comisión— son esenciales para el renacimiento y la renovación de la vida judía» en Europa del Este. Con la supuesta intención de «promover la reanimación» de la vida judía en Polonia, la Organización Judía Mundial para la Restitución está reclamando los derechos de propiedad de las 6.000 propiedades comunitarias judías de preguerra, incluidas aquellas que hoy día se utilizan como hospitales y colegios. La población judía de Polonia ascendía a 3,5 millones de habitantes antes de la guerra; la población judía actual suma unos cuantos millares de personas. ¿Es realmente necesario que, para reanimar la vida judía, haya una sinagoga y un edificio escolar por cada judío polaco? La organización reclama asimismo centenares de miles de parcelas de terreno de Polonia valoradas en muchas decenas de miles de millones de dólares. «Los dirigentes polacos temen», según informa Jewish Week, que la reclamación «pueda provocar la bancarrota nacional». Cuando el Parlamento polaco propuso establecer unos límites a las indemnizaciones con objeto de prevenir la insolvencia, Elan Steinberg, del CJM, denunció esa medida legislativa como «una ley fundamentalmente antiestadounidense»^[82].

Para apretarle las tuercas a Polonia, los abogados de la industria del Holocausto interpusieron una demanda colectiva ante el tribunal del juez Korman en la que se exigía que se compensara a «los supervivientes del Holocausto ancianos y moribundos». Los cargos que se presentaban eran que los gobiernos polacos de posguerra habían «continuado aplicando durante los últimos 54 años» una política genocida contra los judíos de «expulsión hasta el extremo de la extinción». Los miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de Nueva York se lanzaron al ruedo con una resolución unánime en la que se exhortaba a Polonia a «promulgar una amplia legislación» que garantizase «la total restitución de los activos del Holocausto», en tanto que 57 congresistas (liderados por Anthony Weiner, de Nueva York) enviaron una carta al Parlamento polaco solicitando «una amplia legislación» que devolviese «el cien por cien de las propiedades y los capitales incautados durante el Holocausto». «Las personas implicadas se van haciendo más mayores día a día —decía la carta—, con lo que el tiempo para compensar a los damnificados se está agotando»^[83].

En su testimonio ante la Comisión de Banca del Senado, Stuart Eizenstat deploró la demora con que estaban efectuándose los desahucios en Europa del Este: «En la devolución de las propiedades ha surgido toda una variedad de problemas. Por ejemplo, en algunos países se ha pedido, y a veces exigido, a las personas o comunidades que han tratado de reclamar propiedades […] que permitan a los actuales inquilinos permanecer en la propiedad durante un periodo prolongado de tiempo pagando un alquiler de tipo renta controlada»^[84]. La morosidad de Bielorrusia exasperaba particularmente a Eizenstat. Este dijo ante la CRI que Bielorrusia estaba «muy, muy retrasada» en la devolución de las propiedades judías de antes de la guerra^[85]. La renta mensual media de un bielorruso es de cien dólares.

La industria del Holocausto maneja el arma de las sanciones de EEUU con objeto de lograr la sumisión de los gobiernos recalcitrantes. Eizenstat instó al Congreso a «elevar» las indemnizaciones por el Holocausto y situarlas «en los primeros puestos de la lista» de requisitos que han de cumplir los países de Europa del Este que pretenden incorporarse a la OCDE, la OMT, la Unión Europea, la OTAN y el Consejo de Europa: «Si el Congreso de EEUU habla, le escucharán […]. Se darán por aludidos». Israel Singer, del CJM, exhortó al Congreso a «continuar revisando la lista» para «comprobar» que todos los países saldaban sus deudas. «Es de extrema importancia que los países implicados en esta cuestión comprendan —declaró el congresista Benjamin Gilman, de la Comisión de Relaciones Internacionales— que su respuesta […] es uno de los baremos con los que los Estados Unidos evalúan sus relaciones bilaterales». Avraham Hirschson, presidente de la Comisión de Restitución de la Kneset israelí y representante de Israel en la Organización Judía Mundial para la Restitución, mostró su agradecimiento por la complicidad del Congreso en la extorsión. Rememorando sus «peleas» con el primer ministro rumano, Hirschson testificó: «Pero le pregunté una cosa, en medio de la pelea, y eso cambió el ambiente. Le dije: “¿Sabe que dentro de dos días voy a ir a comparecer ante el Congreso? ¿Quiere que cuente esto en la audiencia?”. Y el ambiente cambió por completo». El Congreso Judío Mundial ha «creado una auténtica industria del Holocausto —advierte uno de los abogados de los supervivientes— y es culpable de promover […] un deplorable resurgimiento del antisemitismo en Europa»^[86].

«Si no fuera por los Estados Unidos de América —señaló acertadamente Eizenstat en su recitación triunfal ante el Congreso—, muy pocas o ninguna de estas actividades estarían desarrollándose hoy día». Para justificar las presiones ejercidas sobre Europa del Este, Eizenstat explicó que uno de los sellos distintivos de la moralidad «occidental» es «devolver las propiedades comunitarias o privadas ilegítimamente adquiridas o pagar una indemnización por ellas». Cumplir esta norma sería para las «nuevas democracias» del Este de Europa una «prueba de su transición del totalitarismo al Estado democrático». Eizenstat es un funcionario estatal estadounidense de alto rango y un destacado defensor de Israel. Sin embargo, a juzgar por las respectivas reclamaciones de los nativos norteamericanos y de los palestinos, ni EEUU ni Israel han efectuado todavía esa transición^[87].

En su testimonio ante el Congreso, Hirschson evocó el triste espectáculo de las «víctimas del Holocausto necesitadas» y entradas en años de Polonia que acuden todos los días a su «despacho de la Kneset […] suplicando que se les devuelva lo que les pertenece […], que se les devuelvan las casas que abandonaron, que se les devuelvan los locales que dejaron». Entretanto, la industria del Holocausto libra sus batallas en un segundo frente. Las comunidades judías de Europa del Este han rechazado el engañoso mandato de la Organización Judía Mundial para la Restitución y han delimitado sus propias reclamaciones de los activos judíos sin herederos. Ahora bien, para beneficiarse de una reclamación de este tipo, un judío debe adherirse formalmente a la comunidad judía del lugar donde reside. Así pues, el esperado renacimiento de la vida judía está teniendo lugar gracias a que los judíos de Europa del Este emplean sus recién redescubiertos orígenes para sacar tajada del botín del Holocausto^[88].

La industria del Holocausto se precia de reservar los fondos de indemnización para causas de beneficencia judías. «La beneficencia es una causa noble —señala un abogado que representa a las víctimas—, pero no está bien practicarla con el dinero ajeno». Una de las causas favoritas es «la educación sobre el Holocausto», el «mayor legado de nuestros esfuerzos», según Eizenstat. Hirschson ha fundado una organización llamada La Marcha de los Vivos, pieza clave de la educación sobre el Holocausto e importante beneficiaria de los fondos de indemnización. Se podría describir como un espectáculo de inspiración sionista, con un reparto de millares de personas, en el que jóvenes judíos de todo el mundo convergen en los campos de exterminio de Polonia para recibir lecciones sobre la maldad de los gentiles en sus mismas fuentes y luego ser enviados a Israel a obtener la salvación. El Jerusalem Report captó un momento típico del kitsch del Holocausto en una de estas marchas: «“Estoy asustadísima, no puedo continuar, querría estar ya en Israel”, repite una joven de Connecticut una y otra vez. Su cuerpo se estremece […]. De pronto, su amiga saca una enorme bandera israelí. Las dos se envuelven en ella y siguen adelante». Una bandera israelí; es fundamental no olvidársela al salir de viaje^[89].

Durante su alocución en la Conferencia de Washington sobre los Activos de la Era del Holocausto, David Harris, del CJA, derrochó elocuencia sobre el «profundo impacto» que tenían en la juventud judía las peregrinaciones a los campos de exterminio nazis. El Forward tomó nota de un episodio particularmente cargado de emoción. Bajo el titular «Adolescentes israelíes se divierten con un espectáculo de striptease después de visitar Auschwitz», el rotativo explicaba que, según los expertos, los estudiantes de los kibbutzim habían «contratado un espectáculo de striptease para liberar las emociones conflictivas despertadas por el viaje». Por lo visto, los jóvenes judíos en viaje de estudios al Museo Conmemorativo del Holocausto de EEUU fueron presa de los mismos tormentos ya que, según elForward, «correteaban por todos lados y disfrutaban a tope, acariciándose unos a otros y ese tipo de cosas»^[90]. ¿Quién puede poner en duda la sabiduría de la decisión de la industria del Holocausto de destinar los fondos de indemnización para la educación sobre el Holocausto en lugar de «malgastar los fondos» (Nahum Goldmann) en los supervivientes de los campos de exterminio nazis?^[91].

En enero de 2000, representantes oficiales de cerca de cincuenta Estados, incluido el primer ministro israelí Ehud Barak, asistieron a una gran conferencia celebrada en Estocolmo acerca de la educación sobre el Holocausto. La declaración final de la conferencia ponía de relieve la «solemne responsabilidad» de la comunidad internacional con respecto a la lucha contra las maldades del genocidio, la limpieza étnica, el racismo y la xenofobia. A continuación, una periodista suiza hizo a Barak una pregunta sobre los refugiados palestinos. Barak replicó que, en principio, estaba en contra de que un solo refugiado entrara en Israel: «No podemos aceptar responsabilidades morales, legales ni de otro tipo con respecto a los refugiados». Es evidente que la conferencia fue un gran éxito^[92].

En la Guía de Indemnizaciones y Restituciones para los Supervivientes del Holocausto, publicación oficial de la Conferencia sobre Solicitudes Materiales Judías, se enumeran muchísimas organizaciones afiliadas. Ha surgido una enorme burocracia bien provista de fondos. La industria del Holocausto tiene en su punto de mira compañías aseguradoras, bancos, museos de arte, industrias privadas, arrendatarios y campesinos de casi todos los países europeos. Pero las «víctimas del Holocausto necesitadas», en cuyo nombre actúa la industria del Holocausto, se quejan de que esta se limita a «perpetuar la expropiación». Muchas de las víctimas han entablado pleitos contra la Conferencia sobre Solicitudes Materiales. Aún es posible que el Holocausto resulte ser el «mayor robo de la historia de la humanidad»^[93].

Cuando Israel entabló por primera vez negociaciones con Alemania sobre las indemnizaciones por la guerra, según nos informa el historiador Ilan Pappe, el ministro de Asuntos Exteriores Moshe Sharett propuso transferir una parte a los refugiados palestinos, «con objeto de rectificar lo que se ha denominado una pequeña injusticia (la tragedia palestina) provocada por otra injusticia más aterradora (el Holocausto)»^[94]. La propuesta no llegó a rendir ningún fruto. Un destacado estudioso israelí ha sugerido que parte de los fondos procedentes de los bancos suizos y las empresas alemanas podrían emplearse para «compensar a los refugiados árabe-palestinos»^[95]. Considerando que casi todos los supervivientes del holocausto nazi ya han pasado a mejor vida, esta idea parece bastante razonable.

En el estilo característico del CJM, el 13 de marzo de 2000, Israel Singer hizo pública la «asombrosa revelación» de que, según un documento estadounidense recién desclasificado, Austria continuaba reteniendo activos judíos sin herederos de la era del Holocausto cuyo valor ascendía a otros 10.000 millones de dólares. Asimismo, Singer lanzó la acusación de que «el cincuenta por ciento de las obras de arte de Estados Unidos proceden del pillaje a los judíos»^[96]. Es evidente que la industria del Holocausto ha perdido el Norte.