La economía escolástica tardía:
una comparación con los enfoques liberales modernos
Las acciones son el resultado de las ideas. Al estudiar el origen de las ideas estudiamos también el origen de las acciones. Las ideas que dieron nacimiento a la así llamada «sociedad libre» no fueron el resultado de un proceso súbito, de generación espontánea. La riqueza de las naciones[1] de Adam Smith, por ejemplo, lleva la marca de numerosas obras anteriores, y éstas a su vez fueron influidas por trabajos más antiguos aún. El camino por el cual las ideas influyen en los pensamientos y las acciones posteriores no es siempre recto y bien señalizado. El análisis se facilita cuando un autor cita a otro y reconoce su deuda. Pero ocurre a menudo que la gente adopta las ideas de autores para ellos desconocidos. Allí donde sólo encontramos gran similitud entre los juicios de dos diferentes autores podemos concluir que uno pudo haber producido un efecto en el otro. En ciertos temas, el camino que lleva desde el pensamiento de los doctores hasta las ideas de los autores liberales se ve claramente. En varios otros este camino está encubierto.
Existen interesantes similitudes, y en ciertos casos contradicciones, entre el pensamiento escolástico tardío y el de importantes autores liberales modernos. Es ineludible estudiar las obras de Grocio y Pufendorf, ya que éstas fueron el conducto por el cual muchas de las ideas de los pensadores católicos pasaron a los autores clásicos.
Los fisiócratas, Turgot y los clásicos, y los economistas «austriacos» forman la médula de la tradición liberal occidental. Pese a reconocer la distancia considerable entre el laissez faire de los economistas franceses y las teorías austríacas, no es equivocado clasificar a todos estos pensadores y escuelas como abrazando un mismo ideal, el ideal de la libertad humana.
Las páginas que siguen representan una breve investigación del incierto origen de muchas de las ideas modernas dentro del extenso campo cubierto por los autores escolásticos. Muchos de los tópicos discutidos a continuación han sido objeto de extensos análisis[2]. Existe, sin embargo, un amplio campo para nuevos y más completos estudios.
Los escolásticos medievales declararon que pese a que la propiedad privada estaba de acuerdo con la ley natural, no estaba fundamentada en ella. Encontraron que la propiedad privada también estaba de acuerdo con otros derechos naturales tales como la vida y la libertad. Después de explicar que la ley natural se refiere a principios autoevidentes, Báñez estableció que la propiedad privada no estaba fundamentada en ellos, pero sí en principios utilitarios tales como «los campos no van a ser bien cultivados»[3]. Es interesante notar que al tratar los derechos naturales, Adam Smith llegó a una conclusión similar:
El origen de los derechos naturales es bien evidente. Nadie duda de que una persona tiene derecho a que no se le dañe su cuerpo, y que no se le infrinja su libertad a menos que exista justa causa. Pero derechos adquiridos tales como la propiedad requieren más explicación. La propiedad y el gobierno civil dependen el uno del otro […] el estado de la propiedad debe siempre variar con la forma de gobierno[4].
En cierta forma su argumento es comparable con la conclusión escolástica de que el derecho natural es una adición al derecho natural y que más bien debe ser tema del derecho civil. Ludwig von Mises, un acérrimo defensor de la sociedad libre, también argumentó que la propiedad privada está fundamentada en argumentos utilitarios, más que en el derecho natural[5].
Economistas de gran prestigio siguieron utilizando muchos de los argumentos escolásticos en defensa de la propiedad privada. Para Hans E Sennholz la propiedad privada es una institución natural que facilita la producción y la división del trabajo[6]. Von Wieser argumentó que si no existiera la escasez, la propiedad privada no tendría ningún sentido[7].
Uno de los argumentos favoritos de los escolásticos era que la propiedad privada era una institución que ayudaba a alcanzar una mayor paz social. Muchos de los libertarios concuerdan. Mises escribió que el derecho es un instrumento de paz precisamente porque protege las posesiones privadas[8]. La teoría liberal clásica también guarda paralelo con los argumentos escolásticos acerca de que la propiedad privada estimula una mayor producción. Según Mises, una de las principales razones por esta productividad superior es la mayor paz que existe en aquellas sociedades que respetan tal derecho[9].
Es común escuchar argumentos en contra de la propiedad basados en el principio del «hombre malo y pecador». Proclaman que «mientras que exista gente a la que no le importe explotar a su prójimo, no podemos respetar la propiedad privada». Los escolásticos reconocieron que el hombre es capaz de hacer el mal. Pero también se percataron de que, lejos de ser una solución, la propiedad en común incrementaría el mal existente en la sociedad. Convencidos de que los «hombres malos sacarán más y pondrán menos en el granero común», los escolásticos previnieron de que en tal sociedad los hombres malvados (los ladrones y avaros, como notó Vitoria) tenderían a alcanzar las posiciones más altas.
La actual doctrina católica reconoce que la propiedad privada es un derecho natural[10]. Puede parecer paradójico que aquellos que rechazaron el «derecho natural» a la propiedad privada defiendan la propiedad privada en forma más determinada que los que la defienden como un derecho natural[11]. El enfoque escolástico de la propiedad promueve una teoría de la función social de la propiedad muy similar a la expuesta por los autores liberales. Los escolásticos medievales favorecieron la propiedad privada porque esto permite que la propiedad sea usada de una forma más beneficiosa. Creían que una sociedad basada en el respeto a tal derecho sería más pacífica, más productiva y, sobre todo, más moral.
Como los escolásticos, Mises definía el dominio como el poder de usar un bien económico. Definiendo a un dueño como a aquel que dispone de un bien económico, también reconoció que, desde un punto de vista legal, era posible ser dueño de un bien aun cuando uno no posea físicamente el mismo[12]. Este economista austríaco distinguió entre el dominio y el uso de los factores productivos. Esto era particularmente cierto en los bienes que se fundan en la división del trabajo:
La posesión de los bienes de producción se presenta bajo un aspecto doble […] uno físico inmediato y otro social mediato. Por un lado, el bien pertenece a quien lo detenta y explota materialmente. Por otro lado pertenece a quien, sin tener la posesión material o jurídica de él, se encuentra capacitado para utilizar los productos o los servicios de este bien mediante cambio o compra[13].
Es decir, que la propiedad de los bienes de producción está en realidad dividida entre el poseedor y la sociedad para quien produce. En una sociedad basada en la división del trabajo nadie es dueño exclusivo de los medios de producción[14], y Mises concluyó diciendo que la propiedad debe ser privada para cumplir con su función social[15].
Cuando viene protegida por privilegios (leyes «privadas») la propiedad pierde su función social. Los razonamientos escolástico-tardíos en favor de la propiedad privada allanaron el camino para las grandes transformaciones del siglo XIX. En todas las épocas —y los siglos XX y XXI no son excepción— muchos han adquirido propiedad a través de la fuerza y el privilegio. En las últimas décadas, ha habido una tendencia a interpretar la función social de la propiedad de manera muy diferente. Pese a que se mantuvo el término «propiedad privada», muchos pensadores modernos estarían dispuestos a preservar tal institución sólo de nombre. De acuerdo con ellos, la «sociedad» debería determinar cómo han de usarse estos bienes. La «teología de la liberación» y otras escuelas colectivistas de pensamiento abrazan la teoría de que la fuerza y la ley, y no las personas actuando en el mercado, deben dictar cuál es la función de la propiedad. En este sentido, las teorías escolásticas son mucho más semejantes a las doctrinas de Mises que a la de los teólogos de la liberación[16].
La responsabilidad privada desaparece en una sociedad en la que los propietarios no pueden decidir cómo usar sus bienes. Cuando la «sociedad» dirige al dueño de una fábrica para que invierta en cierto campo, para que emplee a una determinada cantidad de obreros a un salario estipulado por ley, y para que venda sus bienes a un precio fijado por las autoridades, el dueño no puede ser responsabilizado si el negocio va mal. Esta teoría dictamina que la sociedad debería entonces soportar esta pérdida, y a veces incluso estipula que el propietario tiene derecho a una «justa ganancia». Las ganancias y la propiedad pierden así su dependencia de la satisfacción de los consumidores. El resultado paradójico es que al intentar usar la fuerza para promover la función social de la propiedad, el gobierno torna imposible esta función. En tal sociedad la gente luchará para obtener los favores de la ley en lugar de satisfacer a los consumidores. La lucha por el poder y los conflictos y choques entre los grupos de presión reemplazan la cooperación pacífica del mercado. Sólo en una sociedad libre la «propiedad de los medios de producción no es un privilegio, sino una responsabilidad social»[17].
Creer en la propiedad privada significa creer en un gobierno limitado. Los escolásticos tardíos señalaban que los gobiernos no tienen que ser todopoderosos ni estar por encima del pueblo. La mayoría de los aspectos de la vida humana debían estar libres de la intervención estatal.
Los doctores, al reconocer que la gente está por encima del gobierno, no estaban diciendo que el mejor gobierno es el de la mayoría ni que el pueblo siempre tiene razón. Reconocían que por más apoyo popular que tengan, una política injusta o una idea equivocada seguirán siendo injustas y equivocadas.
Para los escolásticos, el término «democracia» no era sinónimo de «república». La democracia era uno de los tantos sistemas que la gente podía adoptar para ser gobernados. Los derechos que las personas pueden disfrutar en una sociedad dada son decididamente más importantes que el sistema; de ahí el juicio de Mariana de que ha habido progreso tanto en repúblicas ordenadas como en monarquías justas[18].
El objetivo de una política, de acuerdo con los escolásticos, es la promoción del bien común. Esto está de acuerdo con el principio de que el bienestar general es más importante que los intereses individuales[19]. En el pensamiento de estos autores la determinación del bien común no se dejaba al antojo del rey o de las mayorías. Sabían que la dilucidación de los objetivos de las políticas, así como la selección de los medios apropiados para su consecución, siempre involucran una cierta dosis de arbitrariedad. Cuando la pregunta es si debemos tener más policías, mantener un ejército más poderoso o construir un nuevo palacio para la corte, no hay ninguna solución «objetiva», ninguna regla fácil que seguir.
Notando que en aras del bien común las políticas nunca deberían ir en contra del orden natural o de los derechos naturales de la persona, los escolásticos tardíos defendieron los derechos de los indígenas americanos a poseer propiedad, intercambiar bienes, y elegir sus autoridades. Se percataron, sin embargo, de que los intereses individuales no siempre promoverán el bienestar general. Este convencimiento no es extraño al pensamiento liberal contemporáneo. Mises, por ejemplo, argumenta que «[l]a política del liberalismo es la política del bien común, la política de sujetar los intereses particulares al bienestar general»[20]. Las ideas de los doctores referentes a la sociedad, el gobierno y los derechos de la persona son muy similares a las hoy defendidas por autores liberales. Su actitud frente al gasto gubernamental estaba íntimamente relacionada con sus ideas acerca de la naturaleza de gobierno y no se la puede catalogar como laxa. Condenaron los gastos elevados porque entendieron los efectos negativos que estos producirían y porque podían llegar a significar una violación de los derechos de propiedad.
El rechazo a la inflación como método de superar dificultades financieras abrió el camino para sus propuestas de presupuesto equilibrado. En opinión de los escolásticos tardíos, el monarca debería esforzarse por equilibrar su presupuesto reduciendo gastos y subsidios y disminuyendo el número de cortesanos. La elevada presión tributaria fue una de las principales preocupaciones de estos pensadores y también se opusieron a la política de financiar gastos incurriendo en deudas públicas elevadas. De acuerdo con su experiencia, las deudas elevadas del gobierno no sólo no conducen a una reducción en los gastos, sino que comprometen el futuro del reino.
Para los doctores, el objetivo de los impuestos era recaudar recursos para las actividades justas de un gobierno. Declararon que los impuestos deberían ser moderados y proporcionales, sin hacer mención de los mismos como mecanismos de redistribución de riquezas. La gran mayoría de los pensadores liberales contemporáneos también defienden la idea de que los impuestos deberían ser un mecanismo para obtener ingresos y no para equilibrar posiciones patrimoniales[21]. Asimismo recomiendan que los impuestos se cobren teniendo en cuenta el principio de neutralidad. Un impuesto neutral es aquel que no modifica la asignación natural de recursos existente antes de imponer el tributo[22]. Reconociendo que tal neutralidad es imposible de alcanzar, los autores liberales señalaron que alcanzar la mayor neutralidad posible debe ser el principio rector de las autoridades fiscales[23].
Al reclamar impuestos moderados, Navarrete se percató de que los impuestos excesivos podían reducir los ingresos del rey, ya que pocos podrían pagar tan altas tasas. En época reciente algunos economistas han argumentado en forma similar, proponiendo reducciones de impuestos para incrementar la recaudación impositiva, que sería el resultado de una mayor actividad productiva.
Mises no estaba lejos de esta idea cuando remarcó que pasado un cierto nivel de tasas, tanto cada impuesto específico como el sistema impositivo en su totalidad comienzan a ser contraproducentes y la recaudación total disminuye. En el campo de la ética económica, los escolásticos tuvieron cuidado de señalar que algunas de las leyes que obligan legalmente no obligan en conciencia.
Las teorías acerca del origen y la naturaleza del dinero influyen directamente en las discusiones acerca del valor del dinero y las recomendaciones de política monetaria. Aquellos que consideran que la moneda es un simple fenómeno legislativo están más predispuestos a aceptar la intervención del gobierno en asuntos monetarios. Esta intervención generalmente se dirige a tratar de influir en el valor de la moneda.
Al igual que los escolásticos, Pufendorf, Adam Smith y los economistas austriacos también explicaron el origen del dinero de manera aristotélica. Los escritos de Pufendorf llevan estampa de la tradición escolástica tardía. Explicaba que, a medida que las sociedades se desarrollaron, el intercambio indirecto comenzó a reemplazar al cambio directo:
[n]o era fácil para los hombres procurarse bienes que serían queridos por personas dispuestas a intercambiarlos por los bienes que nosotros queremos, o que fueran equivalentes a los bienes de otro. Y en sociedades civilizadas donde los ciudadanos están divididos en diversos sectores del orden social, debe haber necesidad de diversas clases de hombres, que no podrían subsistir en lo más mínimo, o a lo sumo lo harían con la máxima dificultad, si este intercambio simple de bienes y trabajo hubiese persistido. Es perfectamente claro que aquellas naciones que no están familiarizadas con el uso del dinero, no comparten los avances de la civilización[24].
En lo que se refiere a los factores que influyen en el valor del dinero, Pufendorf le dio más importancia a la interacción y al consenso humano que a la naturaleza:
Pero como esta función del dinero no viene dada por necesidad alguna emanada de su naturaleza, sino por la imposición y los acuerdos humanos […] es obvio que otros materiales pueden usarse y son usados bajo la presión de las circunstancias o por simple preferencia[25] […]. Pero pese a que el valor del oro y la plata, y de la moneda, depende de la imposición y los acuerdos humanos, los gobernadores de los estados no tienen la libertad de modificar ese valor a su voluntad, sino que tienen que tener en mente ciertas consideraciones […] la moneda también es creada para asistir mejor al comercio, no solamente entre los ciudadanos de un mismo estado, sino también para los que son de diversas naciones. Por lo tanto, si el soberano de un estado ha fijado un valor escandaloso a su moneda, la torna inútil para ser usada por sus ciudadanos en sus intercambios con extranjeros[26].
Pese a que Turgot también explicó el origen del dinero de manera aristotélica, señaló que el oro y la plata fueron constituidos en moneda, y en moneda universal, sin ninguna convención arbitraria de los hombres, sin la intervención de alguna ley, sino «por la naturaleza de las cosas»[27]. Según Turgot, toda moneda es esencialmente una mercancía, y cualquier bien económico puede servir para intercambios directos[28]. El concepto de que «una moneda puramente convencional es por lo tanto una imposibilidad»[29], lo llevó a concluir que los metales —especialmente el oro y la plata— eran la mercadería más apropiada para ser utilizada como moneda[30].
Al igual que Aristóteles, remarcó que tanto la convención como la naturaleza del intercambio indirecto fueron los factores que más influyeron en el origen de la moneda, tanto Pufendorf como Turgot pudieron haber desarrollado sus teorías partiendo de las ideas del filósofo griego[31]. Los autores de la Escuela Austríaca también dieron explicaciones similares a las aristotélicas[32]. Continuaron en la línea de Turgot, que según Carl Menger fue fundada por John Law[33]. La moneda surgió espontáneamente, sin ser creada o inventada por nadie. El Estado o la ley no crearon la moneda, pero al darle carácter legal a un medio de cambio en ciertas circunstancias históricas reforzaron algunos de los atributos monetarios[34]. De acuerdo con la teoría subjetiva del valor, es correcto compartir el juicio de Mises de que los hombres eligieron los metales preciosos como moneda debido a sus características mineralógicas, físicas y químicas, pero que se haya elegido el oro y no otra cosa es «un simple hecho histórico, que como tal no puede ser concebido por la cataláctica»[35].
De acuerdo con los escolásticos tardíos el valor de la moneda debería ser determinado de la misma manera en que se determina el valor de cualquier otro bien[36]. La utilidad y la escasez eran los factores que más influían en el valor de la moneda, pero descubrieron que su utilidad guardaba una estrecha relación con la cantidad: la gente reducirá la demanda de aquella moneda que sufre constantes adulteraciones. Una reducción en el valor legal de la moneda causará, por lo tanto, un incremento de similares proporciones en los precios. También observaron que el valor de la moneda tenderá a ser más alto allí donde sea más necesario para transacciones (como en las ferias).
Los doctores en general —y Azpilcueta en particular— han sido reconocidos como los primeros formuladores de la «teoría cuantitativa del dinero»[37]. Las citas presentadas en el capítulo 5 son suficiente prueba de que el prestigio de las teorías monetarias escolásticas está bien ganado. Estos autores tenían conocimiento de prácticamente todos los factores que pueden influir en el valor de la moneda, y que por lo tanto el mismo estaba sujeto a fluctuaciones. A pesar de ello, se esperaba que el precio de la moneda varíe menos que el precio de los demás bienes. Turgot también reconoció esta natural variabilidad en el «precio» de la moneda[38]. Reconoció la estabilidad monetaria como un fin deseable, pero que la estabilidad perfecta no podía alcanzarse.
Debido a que los escolásticos tardíos basaron sus recomendaciones y análisis de política monetaria en sus teorías del valor de la moneda, no sorprende que, en el campo de la política económica, hayan llegado a conclusiones similares a las de los liberales modernos. Estos moralistas reconocieron que las degradaciones monetarias producían una revolución en las fortunas, dificultaban la estabilidad política y violaban derechos de propiedad. También creaba confusión en el comercio (interno y externo), llevando al estancamiento y a la pobreza. La degradación de la moneda, al menos para Mariana, representó un instrumento tiránico de expoliación[39].
En el campo de la ética económica, los escolásticos condenaron el uso de la inflación monetaria como medio para un masivo repudio de la deuda pública. Mariana criticó severamente a aquellos príncipes que adulteraban los patrones monetarios para así poder pagar sus deudas. Otros escolásticos tardíos especificaron que las deudas deberían pagarse en la moneda vigente en el tiempo del contrato[40].
Samuel von Pufendorf empleó argumentos similares para criticar las políticas de degradación monetaria[41]. Incluso mencionó a Mariana, pero sin citar sus escritos. Pufendorf reconoció que la adulteración monetaria dañaría seriamente a los patrimonios privados. Declaró que «si se mezcla tanto metal bajo en la moneda […] las mismas monedas se pondrán coloradas ante su bajeza»[42]. Pufendorf excusó a los reyes que en tiempos de necesidad utilizaban este arbitrio siempre y cuando «corrijan el mal causado una vez desaparecida la necesidad».
La lectura cuidadosa de las Lectures y La riqueza de las naciones de Adam Smith, revelan que estos argumentos ejercieron gran influencia en sus pensamientos[43]. En sus Lectures argumentó que este método inflacionario para pagar deudas era muy predominante:
Cuando en ciertas instancias, o en ocasiones importantes, como el pagar deudas, o a los soldados, el gobierno necesita de dos millones, pero no tiene más que uno, reclama todas las monedas y, mezclándolas con una cantidad mayor de aleación, las torna en dos millones tratando de que se parezcan lo más posible a la moneda antigua. Muchas operaciones de este tipo han tenido lugar en cada país[44].
En La riqueza de las naciones Smith repitió estos argumentos acerca de que la degradación monetaria ha sido el método más usual por el cual se han ocultado las bancarrotas gubernamentales. La mayor cantidad de moneda nominal permite que se realicen pagos y que, al menos desde el punto de vista legal, se salden las deudas públicas[45]. En ambos libros, Adam Smith censura fuertemente estas prácticas.
Enfatizando la importancia del comercio y el intercambio y notando que la sociedad humana se beneficia con las transacciones de bienes, los seguidores de los escolásticos tardíos ofrecieron pruebas elaboradas de la necesidad del comercio interno y externo. Discernían que es una necesidad enraizada en las limitaciones humanas y en las diferencias geográficas. Distintas tierras ofrecen distintos productos, y sólo mediante el comercio puede un país disfrutar una provisión equilibrada y diversificada de bienes.
Pese a que Pufendorf reconoció los beneficios del comercio,[46] parecía mucho más predispuesto a proponer restricciones que los escolásticos hispanos. Su cita de las Oraciones IH, de Libanius, remonta el origen del comercio a la voluntad divina:
Dios no ha conferido sus presentes a todas las comarcas, pero las dividió de acuerdo a las regiones, para inclinar a los hombres hacia las relaciones sociales debido a la necesidad de asistencia mutua; y Él ha abierto las avenidas comerciales, con la intención de que toda la humanidad disfrute en común de las cosas producidas por unos pocos[47].
Al contar que los antiguos atenienses excluyeron a los megarios de todos sus mercados y puertos, Pufendorf notó que los últimos se quejaban de que esto era contrario a las leyes generales de justicia. No estaba totalmente de acuerdo con este lamento y comentó que tal aseveración «permite muchas restricciones»[48]. Según su opinión, el Estado tiene el derecho de prevenir que los extranjeros comercien en aquellos bienes que no son absolutamente necesarios para su existencia, particularmente «si nuestro país por ello perdería una considerable ganancia o de alguna manera indirecta sufriría algún daño»[49]. En el contexto de la popularidad de las ideas proteccionistas durante el siglo XVII, Pufendorf declinó censurar al país que, para favorecer a la nación, prohíbe la exportación de ciertos bienes o regula el comercio entre estados. Consideraba apropiadas las leyes que restringen importaciones «tanto porque el Estado puede sufrir una pérdida, o para incitar a los ciudadanos a mayor industria, o para evitar que nuestras riquezas pasen a manos extranjeras»[50]. Citando a Platón a favor de su opinión, criticó explícitamente la actitud liberal de Vitoria:
Por tal razón la posición de Franciscus a Victoria es ciertamente falsa cuando mantiene: «La ley de gentes permite que cada persona lleve a cabo el comercio en las provincias de otros mediante la importación de mercaderías que les faltan o por la exportación de oro y plata, así también de otras mercaderías abundantes»[51].
Hacía notar que por la misma razón que les permite cobrar impuestos, las autoridades tienen el derecho de imponer restricciones al comercio. Esta razón es «el bien de la comunidad pública», y los ciudadanos no tienen derecho de ejercer este derecho[52].
Su postura, empero, era a favor del comercio: «Sería inhumano e injusto prevenir que una persona obtenga las cosas que necesite mediante el intercambio de los bienes que posee en abundancia»[53].
Fueron los fisiócratas quienes acuñaron la frase laissez faire, laissez passer, que describe bien sus posturas favorables hacia el comercio. Turgot, contemporáneo de estos autores, señaló que la diversidad de tierras y la multiplicidad de las necesidades llevó al intercambio de productos[54]. Explicó que el comercio beneficia a la sociedad humana, y que «todos se benefician con tal arreglo, ya que al dedicarse a un sólo tipo de trabajo tienen mucho más éxito en él»[55].
La conclusión de Adam Smith acerca de que la división del trabajo es la causa principal de la riqueza de las naciones, brinda considerable apoyo a la justificación del intercambio doméstico e internacional. Ni siquiera él, sin embargo, pudo divorciarse del clima de opinión mercantilista. Los enemigos de un mundo unido por el libre comercio suelen citar frecuentemente su defensa de las tarifas proteccionistas para la industria naval[56].
Entre los economistas liberales modernos, Ludwig von Mises consideró que la división del trabajo, y su corolario, la cooperación social, como el fenómeno social por excelencia[57]. Estableció que el principio de la división del trabajo, y por lo tanto el comercio, está fundamentado en las leyes naturales y es lo que hace posible la sociedad humana:
La sociedad, en definitiva, es un fenómeno intelectual y espiritual: el resultado de acogerse deliberadamente a una ley universal determinante de la evolución cósmica, a saber, aquella que predica la mayor productividad de la labor bajo el signo de la división del trabajo. Como sucede en cualquier otro supuesto de acción, este percatarse de la operación de una ley natural viene a ponerse al servicio de los esfuerzos del hombre deseoso de mejorar sus propias condiciones de vida[58].
En opinión de Mises, la división del trabajo, además de producir frutos económicos, también produce que broten, «a veces, entre los distintos miembros actuantes, sentimientos de simpatía y amistad y especie de sensación de común pertenencia»[59].
No puede decirse que las doctrinas de los escolásticos tardíos estaban libres de creencias mercantilistas[60]. A pesar de ello, estuvieron a favor del libre comercio. La mayoría de ellos estaba al tanto de la miseria que las políticas mercantilistas españolas producían en las colonias americanas. Los relatos de sus compañeros de orden, que retornaban de Hispanoamérica, describían estas penurias en gran detalle. La visión de una comunidad internacional libre y unida no estaba lejos de la perspectiva de estos autores católicos.
La teoría escolástica de valor y precio influyó fuertemente en el pensamiento económico posterior. Grocio, Pufendorf, Turgot, algunos de los escritos de la escuela escocesa y la tradición austríaca, analizaron temas utilizando similares análisis a los escolásticos.
Pufendorf reconoció la influencia de la virtuositas[61] y de la utilidad[62]. Rechazó el análisis aristotélico de Grocio de que «la necesidad es la medida de valor más natural de una cosa»[63]. Si esto fuera cierto, argumentaba, aquellas cosas que sólo sirven al ocio placentero deberían ser gratis y, sin embargo, «la humanidad le otorga un precio a tales cosas»[64].
Las ideas de los escolásticos también encontraron eco entre los protestantes del Nuevo Mundo. John Cotton (1584-1652), el famoso clérigo puritano, ofrece un análisis con muchas similitudes. John Winthrop contó que Cotton, en uno de sus sermones, proporcionó una lista de reglas éticas para el comerciante:
Reglas similares podrían haber sido escritas por la mayoría de los escolásticos tardíos.
La teoría del precio veraz (prix veritable) de Turgot también es muy similar a la teoría escolástica del justo precio. Según este autor, «las necesidades recíprocas condujeron al intercambio de lo que la gente tiene por lo que no tiene»[66]. Añadía, asimismo, otros elementos a su teoría de valor y precio:
Mientras que consideremos cada intercambio como aislado y en sí mismo, el valor de cada una de las cosas intercambiadas no tiene otra medida que la necesidad o el deseo y los medios de las partes contratantes, equilibrando uno con otro, y fijado por nada que no sea el acuerdo de su voluntad[67].
En un libro publicado en 1747, Hutcheson incluyó un corto capítulo tratando el tema del valor, o precio, y los bienes. Sus argumentos muestran cierto paralelismo con los de Pufendorf[68]. Quizás es ésta la razón por la que por un tiempo, en sus clases, Adam Smith enseñó una teoría de los precios muy similar a las teorías escolásticas. La gran mayoría de los historiadores modernos declaran que la teoría de valor de éste era una teoría basada en el costo de producción[69]. En sus Lectures, sin embargo, Adam Smith razonaba de forma distinta:
Cuando un comprador viene al mercado, nunca le pregunta al vendedor el monto de los costos en que ha incurrido para producir el bien. La regulación del precio de mercado de los bienes depende de los siguientes artículos:
Primeramente, la demanda, o la necesidad por el bien. No hay demanda para un bien de poca utilidad; no es un objeto de deseo racional.
En segundo lugar, la abundancia o escasez de un bien en relación con la necesidad que de él existe. Si el bien es escaso, el precio se aumenta, pero si la cantidad es más que la necesaria para proveer a la demanda, el precio cae. Por ello los diamantes y las piedras preciosas son caras, mientras que el hierro, que es mucho más útil, es tantas veces más barato, aunque esto depende principalmente de esta última causa.
En tercer lugar, la riqueza o pobreza de aquellos que demandan[70].
Estos párrafos exponen una teoría del valor que está en casi total acuerdo con los escritos escolásticos tardíos. La necesidad, el uso, el deseo y la escasez, son todos términos usados por estos autores para expücar la determinación de los precios. El tercer factor mencionado por Smith había sido analizado por Conradus y la escolástica hispana también lo aceptó. Raymond de Roover notó que «en la teoría escolástica de valor y precio no hay nada básicamente incorrecto. Descansaba en la utilidad y en la escasez, y Adam Smith no la pudo mejorar»[71]. Sólo después de tres siglos, con las contribuciones de la Escuela Austríaca, la teoría del valor sufrió una considerable mejora. En un artículo publicado en 1891, Eugene Böhm-Bawerk describió las cualidades distintivas de la economía austríaca. Comenzó su artículo señalando que «la provincia de la economía austríaca es la teoría en el estricto sentido de la palabra». En el campo de la teoría positiva, el principal rasgo característico de esta escuela es la teoría del valor. La teoría de la utilidad marginal o final, como él solía describirla, es la piedra angular del pensamiento económico austríaco. Después de declarar que la idea del valor «se extiende sólo a aquellos bienes que no se pueden obtener en una abundancia suficiente para satisfacer toda la demanda posible», F. von Wieser explicó la teoría marginal o final de valor de la siguiente manera:
Un bien no es valorado de acuerdo con la utilidad que actualmente posee, sino por el grado de utilidad que depende de un bien en particular, por ejemplo el grado de utilidad que no podría ser satisfecho si uno no poseyera el bien en cuestión[72].
El ejemplo de San Bernardino ilustra el punto de Wieser con claridad. Si comparamos el precio del agua y del oro en una montaña, puede llegar el caso en que la falta de agua acarree la muerte: ¡el grado de utilidad a que uno debe renunciar es extremo! Por ello San Bernardino concluye que en esas condiciones el agua puede llegar a costar más que el oro[73]. Sin lugar a dudas, en este punto los autores escolásticos fueron precursores de la economía austríaca[74]. Basando su teoría en la utilidad, la escasez y la estima, presentaron todos los elementos necesarios para explicar el valor de los bienes económicos. E. Böhm-Bawerk puntualizó que uno de los problemas teóricos de más importancia para un economista es el de resolver «la relación entre el precio de mercado de un bien dado, y la estimación subjetiva que de tal bien hacen los individuos de acuerdo con sus variados deseos e inclinaciones por un lado y su riqueza e ingreso por el otro»[75]. Según él, los precios (o el valor objetivo) son «el resultante de las diferentes estimaciones subjetivas de los bienes, realizadas por los compradores y los vendedores de acuerdo con la ley de la utilidad final»[76].
Los doctores concordaban en que el gobierno tiene derecho a establecer precios legales. No estaban de acuerdo, sin embargo, en la conveniencia de dichos controles de precios. Basando sus argumentos en puntos de vista utilitaristas, muchos economistas modernos no presentan objeción al derecho de la autoridad para fijar precios. En cambio, y en forma similar a Azpilcueta, Molina o Villalobos, argumentan que la fijación de precios no es un medio idóneo para conseguir buenos resultados y que sería mejor vivir sin ellos[77]. Muchos liberales aceptan los impuestos como una inevitable restricción a la propiedad privada, pero necesarios para protegerla, y sin embargo consideran que los precios oficiales son una inadmisible restricción al derecho de propiedad.
En los casos en que el precio legal era injusto, los escolásticos eran categóricos: tales precios no obligan en conciencia. Sería extraño para estos autores condenar a priori todas aquellas transacciones que tienen lugar en la economía informal o subterránea[78]. Todo precio legal que no cubriese los costos de producción era considerado injusto. Los escolásticos eran extremadamente condescendientes con aquellos que violaban tales precios. Justificaban incluso que uno disminuyera el peso o la calidad de un producto para así compensar las injusticias de precios arbitrarios[79].
Para la gran mayoría de los autores liberales, un intercambio es considerado justo si los participantes actuaron de forma libre y voluntaria. Los autores escolásticos tenían una postura similar pero diferían en la definición de «acto voluntario». Para estos últimos, la inexistencia de coerción no alcanza para demostrar que las partes actuaron voluntariamente. Sus argumentos se basaban en el dictamen aristotélico de que nadie sufre daño voluntariamente (volenti non fit injura). Esta frase puede dar lugar a dos interpretaciones. El enfoque ex ante da lugar a juicios del tipo «si tú realizaste esta transacción voluntariamente es porque pensabas ganar, si luego descubres que no te convenía no tienes mucho derecho para quejarte»[80]. La interpretación expost, mucho menos frecuente, daría lugar a razonamientos del tipo «si después de un intercambio notas que te has hecho daño, es claro que la transacción fue involuntaria ya que nadie sufre perjuicios voluntariamente». Análisis escolásticos determinaban que, en ciertos casos, la ignorancia del comprador o vendedor pueden tornar un intercambio en involuntario. Pese a que reconocían el derecho a ganancias debido al mejor conocimiento del mercado, condenaban a aquellos que sacaban ventajas de los consumidores ignorantes.
Martín de Azpilcueta, «Doctor Navarrus» (1492-1586), está considerado uno de los más eminentes expertos en derecho canónico de su tiempo.
Los autores escolásticos tardíos eran unánimes en su condena a los monopolios[81]. Es importante hacer notar que estos autores no condenaban a los monopolios per se. El gran tamaño o el ser la única empresa o negocio en una rama particular de la producción o el comercio no eran argumentos suficientes para censurar la acción de una compañía en particular. Condenaban actividades monopolísticas de aquellos que tenían un privilegio oficial y de aquellos que en forma secreta conspiraban para acaparar toda la oferta de una mercancía[82].
Los escolásticos tardíos se percataron de que toda vez que el rey permitía un monopolio otorgándole un privilegio exclusivo, se abrían las puertas al abuso en los precios. Es por ello por lo que en estas circunstancias reclamaban que la autoridad fijara precios justos. La única regla que pudieron recomendar era la política de fijar precios que cubrieran los costos más un porcentaje de ganancias (cost plus). Esta misma regla es la que se usa hoy en día para determinar los precios de los servicios y productos de la mayoría de las empresas gubernamentales o paragubemamentales que cuentan con un privilegio monopolistico. Según Raymond de Roover, no caben dudas de que las teorías conspirativas que fundamentan la legislación antimonopolística moderna, tuvieron su origen en las doctrinas medievales del justo precio[83].
Grocio mantuvo una teoría monopolistica muy similar a la de los autores católicos, condenando a los mismos porque violaban la ley natural. Los únicos monopolios que podían permitirse eran:
De los cuatro tipos distintos de monopolio descritos por los escolásticos[85], Pufendorf consideraba que los únicos que debían considerarse propiamente como tales eran aquellos establecidos por ley:
En el sentido propio del término, un monopolio no puede ser establecido por ciudadanos privados porque necesita la fuerza del privilegio. Porque, ¿cómo puede un ciudadano que no tiene derecho de ordenar y que no puede usar la fuerza, prohibir que otros, ciudadanos como él, negocien con un tipo especial de mercadería?[86]
Los privados sólo pueden establecer monopolios espurios mantenidos en base a «fraudes y conspiraciones clandestinas». Pufendorf anotó las acciones que podían engendrar tales «monopolios»:
Condenaba a todos aquellos mercaderes que utilizaban estos medios para poder vender a «precios injustos». También censuraba a los trabajadores y artesanos que acordaban secretamente no vender sus servicios por debajo de un precio determinado[88]. Pese a estar basado en el pensamiento escolástico tardío, el análisis de Pufendorf parece estar más de acuerdo con las conclusiones del liberalismo clásico. Los liberales del siglo XX condenan usualmente sólo aquellos monopolios establecidos por leyes que restringen la libertad de entrada a un mercado en especial o que le otorgan un privilegio exclusivo que hace imposible la competencia (como pueden ser las exenciones impositivas o los subsidios directos). La mayoría de los analistas modernos concuerdan en que la coerción o el fraude toman un intercambio en involuntario, pero en los casos en que un monopolista se aprovecha de la ignorancia ajena, existe diversidad en los juicios[89].
El pensamiento contemporáneo puede cuestionar algunas de las recomendaciones de política económica de los escolásticos (la aceptación de controles de precios y la condena a los monopolios). Esto es cierto tanto para los que comparten como para los que discrepan con los principios teóricos de los escolásticos. Este cuestionamiento, empero, no desdice las numerosas contribuciones de estos autores.
En los tiempos actuales se suele confundir la idea de una «justa distribución de la riqueza» con el concepto de «justicia distributiva». Mientras que el primer término suele referirse a las posiciones patrimoniales de los individuos que integran una sociedad (la cantidad de bienes que tienen los individuos), el segundo se refiere (al menos en la concepción aristotélico-tomista) a la justa distribución de bienes comunes. Autores de la talla de E A. Hayek y Robert Nozick critican el ideal que se esconde detrás del primer concepto. Suelen pasar por alto el hecho de que, existiendo bienes comunes, siempre habrá lugar para la justicia distributiva, es decir, para que se establezcan reglas justas referidas a la distribución y al sostenimiento de los bienes públicos.
En economías privatistas sólo puede haber redistribución allí donde previamente hay confiscación. No puede negarse que los impuestos pueden considerarse, bajo muchos puntos de vista, como una confiscación (este término proviene de la palabra latina confiscare; de cum, con, y fiscus, el fisco, y significa privar a uno de sus bienes y aplicarlos al fisco). En la concepción del Estado ideal de Nozick y de Hayek hay lugar para los impuestos, ¿no se puede entonces concluir que los impuestos deben cobrarse siguiendo un criterio de justicia y que este criterio es distinto de la justicia conmutativa? ¿No se puede entonces concluir que la asignación (distribución) de estos fondos debe realizarse siguiendo algún principio de justicia?
Los bienes y servicios que se crean en el mercado no son primero producidos y luego distribuidos. Parte de esos bienes, sin embargo, son confiscados (pasan a poder del fisco) y luego son distribuidos, asignándolos a la provisión de ciertos servicios que se prestan al margen del mercado. Para el liberalismo clásico, la provisión de alguno de estos servicios, que se prestan al margen del mercado, son condición necesaria para que funcione el mercado. Estos bienes, claro está, deben ser provistos en una forma justa. Von Mises, por ejemplo, critica las políticas impositivas «discriminatorias». ¿Acaso este concepto no es similar al de «acepción» utilizado por los escolásticos?
«Lo que propugnamos», nos dice Hayek, «es que lo que el gobierno realice sea conforme a la justicia»[90]. No difiere este juicio de la postura escolástica. Hayek, en otro párrafo, acepta un principio que para «nuestros» autores sería de justicia distributiva: «La existencia de una organización gubernamental coactiva y las normas por las que la misma se rige dan pie a que, en justicia, se goce del derecho de participar en los servicios del gobierno, e incluso pueden justificar la aspiración a una equitativa codeterminación de lo que el gobierno deba hacer»[91]. Estas relaciones del «todo» (gobierno) con las partes deben realizarse respetando los criterios de justicia distributiva.
Hayek comienza su capítulo sobre la justicia «social o distributiva» con una crítica de David Hume: «Tan grande es la incertidumbre en cuanto al mérito, tanto por su natural oscuridad como por el alto concepto que de sí mismo tiene cada individuo, que ninguna norma de conducta puede basarse en él»[92]. El economista austríaco incluye esta cita para señalar el carácter subjetivo e incierto que tiene el concepto de mérito. Ahora bien, no existe ningún patrón objetivo y certero para determinar cuál es la forma «justa» de sustentar los bienes comunes y soportar las cargas públicas. Los economistas discrepan en cuál es la mejor manera para determinar el impuesto «justo» o neutro (que no beneficie a unos a costa de otros). ¿Sobre la base de qué criterio se determinará el monto de impuestos a pagar por cada ciudadano? ¿Se tomará en cuenta su riqueza, sus ingresos anuales, sus gastos, o se aplicará un impuesto per cápita?
Una cosa es decir que es difícil asignar méritos para aplicar criterios de justicia y otra muy distinta es decir que la idea de mérito es inadmisible como criterio de justicia.
El término «mérito» proviene del griego: recibir una parte. También significa adquirir derecho a una recompensa, un premio o un honor. Como señalamos antes, Hayek está de acuerdo en que por el hecho de pagar impuestos adquirimos un derecho a usar los bienes y servicios que el Estado financia con esos fondos. Esto parece debilitar su postura en contra de la utilización del mérito como criterio de justicia. Es parte de la justicia distributiva la determinación de los principios y las reglas por las cuales se decide la adjudicación de estos derechos.
Volviendo al tema de los impuestos, es doctrina común entre los economistas que la estructura impositiva nunca será neutral, y que siempre beneficiará a unos a expensas de otros. Distintos tipos de impuestos, además, tendrán efectos dispares en los ingresos y en los patrimonios de los individuos. Por eso las discusiones acerca del impuesto ideal implican una discusión de justicia distributiva. Si uno no realiza juicios morales no sólo será difícil, sino imposible probar que un impuesto debe ser preferido a otro.
Desde el punto de vista técnico es posible, en cambio, concluir que para conseguir determinado objetivo, un tipo de impuesto puede ser más económico, o conseguir el objetivo más rápidamente que otro. Pero de esta conclusión no podemos deducir que, por lo tanto, ese impuesto también debe preferirse por razones de justicia.
Por un lado, podemos compartir la idea de que lo justo es aquello que la mayoría de la población o la autoridad establecida define como tal[93]. Por el otro, podemos adoptar la postura escolástica de que para que los impuestos sean justos, los mismos deben estar de acuerdo con los principios de justicia distributiva que emanan de un correcto entendimiento de la naturaleza humana. Este enfoque puede compartir la preferencia de los economistas liberales por un sistema impositivo «neutral», pero no puede ser justificado con un análisis puramente positivo. Aquellos que, por medio de la razón, pretenden justificar el cobro de impuestos, necesitarán forzosamente recurrir a una concepción de mérito y a la de justicia distributiva[94].
Si queremos aferramos a la postura de que el mérito no puede utilizarse como regla de justicia porque no puede ser medido, deberíamos abandonar también todo intento de pretender justificar el cobro de impuestos (ya que sin hablar de mérito es imposible hablar de justicia impositiva).
Hayek critica a John Stuart Mill por señalar que «se considera universalmente justo que cada persona reciba lo que merece (sea bueno o malo), e injusto que reciba un bien, o que se le haga sufrir un mal, que no merece»[95]. Señala, asimismo, que Stuart Mill, al relacionar el concepto de justicia social y distributiva con el «trato» que la sociedad otorga a los individuos, según sus correspondientes méritos, crea un significado de justicia que conduce a un auténtico socialismo[96]. El párrafo de Mill es como sigue: «La sociedad debe tratar igualmente bien a los que han contraído iguales méritos con ella… Este es el principio abstracto más elevado de la justicia social y distributiva».
Hayek reconoce que el concepto de justicia que él critica difiere del concepto escolástico[97], pero critica fuertemente el concepto moderno de justicia social. Muchos autores identifican la justicia social con la justicia distributiva, pero no todos utilizan esta terminología. Luigi Taparelli D’Azeglio fue uno de los primeros en usar el término justicia «social» en una acepción que puede resultar compatible con el pensamiento clásico-liberal.
«De la idea del derecho nace espontáneamente la de “justicia social” […] La “justicia social” es para nosotros justicia entre “hombre y hombre”». Aclara que considera al «hombre» en abstracto, el «hombre considerado en cuanto a las “solas dotes” que entran en la idea de “humanidad”, del hombre considerado como animal racional»[98].
Desde este punto de vista, la relación entre hombre y hombre es de perfecta igualdad, ya que ambos participan de la esencia humana. De aquí concluye que «la justicia social debe igualar de hecho a todos los hombres en lo tocante a los “derechos de humanidad”», ya que el Creador los hizo iguales en naturaleza.
Los hombres, pese a ser iguales en esencia, difieren entre sí en lo que se refiere a su individualidad y personalidad. Debido a esta desigualdad, Taparelli se pregunta qué hacer cuando «dos o más individuos asociados para un fin común […] disputan entre sí por algún oficio o preeminencia. ¿Daréis en tal caso a todos lo que dais a alguno de ellos?». Responde que esto sería ridículo e imposible de ejecutar. Y ¿cómo se logra la justicia en estos casos? Según este autor, la misma se alcanza equiparando «los oficios con las capacidades, las recompensas con los merecimientos, los castigos con las faltas y el orden real con las proporciones ideales de los medios con el fin»[99].
El reverendo William Ferree realizó hace ya seis décadas un análisis de la justicia social que es digno de volverse a estudiar[100]. Ferree basa muchos de sus razonamientos en la obra del papa Pío XI, especialmente en la Encíclica Quadragesimo anno. Comienza por aclarar que el principio fundamental de «no robarás» debe permanecer inmutable, pero que han existido y existen regímenes de propiedad muy distintos[101]. Dada la naturaleza humana, todo sistema legal será imperfecto.
Según Ferree, el concepto de justicia social utilizado por Pío XI es similar a los antiguos conceptos de «justicia legal» o «justicia general». Según él, este tipo de justicia es la virtud que tiene al bien común como objeto directo.
El primer ejemplo que brinda Ferree es el del punto 71 de Quadragesimo anno, en el que Pío XI señala que se le debe pagar a cada trabajador un salario suficiente para mantenerse a sí mismo y a su familia.
Según Ferree esto no significa que el Sumo Pontífice demande un «salario familiar», sino que reclama una reorganización del sistema. «Porque es el sistema como un todo el que está mal organizado (injusto socialmente) cuando priva a los seres humanos del poder de proveer a sus necesidades comunes de manera adecuada».
La justicia social es definida como la organización que tiene por objeto el bien común. Pío XI se refería a ella como una justicia que va más allá de la justicia de los tribunales[102]. En su visión, la ley es una de estas instituciones que se crean para el bien común por justicia social.
La justicia social, mediante una organización adecuada del sistema industrial, hace posible que se paguen salarios «justos». Pero esto no significa, añade Ferree, que el pago de un salario determinado sea debido por justicia «social». El pago de un salario justo sólo puede ser requerido mediante la justicia conmutativa, «la justicia social no crea un derecho adicional a reclamar un salario “justo” independientemente de las circunstancias».
Ahora bien, la creación de estas instituciones no es función de un tirano, un partido o de un individuo aislado, sino que es función de la sociedad en su conjunto.
¿Cómo podemos juzgar si un ordenamiento social determinado está estructurado sobre la base del respeto por los principios de justicia social? Ferree aclara correctamente que el único criterio que utiliza Pío XI es el de «por los frutos los conoceréis»[103]. Si utilizamos este criterio para comparar niveles de vida, posibilidades de empleo y capacidad de ahorro, es indudable que las sociedades que más respetan la propiedad privada son también las que más respetan la justicia social.
Llevando el análisis de Ferree a términos más concretos podemos imaginarnos un típico país del tercer mundo, en donde las trabas, los impuestos, las regulaciones y el proteccionismo impiden el desarrollo económico. Un empresario aislado, o un obrero aislado, poco puede hacer para cambiar esta situación. Es preciso remover las trabas, lograr un cambio institucional y para ello es necesaria la acción de un grupo y el cambio de leyes que afectan a la sociedad en su conjunto.
Este concepto de justicia social engloba, pero no se identifica con él, el concepto escolástico de justicia distributiva. Ferree rebate a quienes creen que «la justicia distributiva es la virtud que evalúa quién debería pagar los impuestos mientras que la justicia social es la virtud de pagarlos». Ambas acciones, concluye Ferree, son distributivas y sólo se toman en justicia social cuando promueven el bien común.
El concepto de justicia distributiva es usado por la mayoría de los autores modernos en una forma distinta a la de los escolásticos. Todos los bienes, y no sólo los bienes comunes, parecen ser objeto de esta justicia. Así está tratado este concepto por Robert Nozick[104] y por John Rawls[105].
La doctrina de Rawls puede ser explicada de la siguiente manera. Imaginemos un grupo de individuos que no cooperan entre sí y que viven con su propio esfuerzo. Llamemos a este grupo H. Llamemos S a la suma total de ingresos de este grupo. Si cooperan entre sí podrían obtener T, una suma total mayor. Para Rawls, la asignación y la distribución del producto T (que es fruto de la cooperación) constituye el problema de la justicia social distributiva.
Los autores escolásticos tienen, como hemos visto, un enfoque diferente. El objeto de distribución sería solamente el conjunto de bienes comunes y de cargas públicas necesarios para pasar a una situación de cooperación. Gran parte de los beneficios de la cooperación (T - S) van a parar a manos de los individuos sin que exista ninguna autoridad encargada de la distribución. Los costos y la asignación de los recursos en manos de la autoridad (que con su función debería facilitar la cooperación social) son para los escolásticos objeto de la justicia distributiva.
Existe marcada diferencia entre la concepción escolástica de justicia distributiva y las ideas de John Rawls. Las críticas que este último hace a la distribución que resultaría de un sistema de libertad natural pueden servimos de ejemplo. Según Rawls, la distribución que resulta de un ordenamiento basado en una economía de mercado libre y en la igualdad ante la ley, será «incorrecta». En este sistema, el efecto acumulado de distribuciones previas de bienes, las circunstancias sociales, los accidentes o la buena fortuna, modificarán las «participaciones distributivas»[106].
Las modificaciones patrimoniales, fruto de estos «accidentes», difícilmente serían catalogadas por los escolásticos como incorrectas. A primera vista parecería que aceptarían la recomendación de Rawls de que «aquellos que se hallan en el mismo nivel de talento y capacidad, y que están igualmente dispuestos a hacer uso de ellos, deben tener las mismas perspectivas de éxito, independientemente de la clase en la cual nacieron». Pero también se opondrían a ella porque, tal como lo reconoce Rawls, para que esto fuera posible habría que modificar radicalmente la idea de familia, y esto repugnaría a los escolásticos. ¿Acaso debería prohibirse que los miembros de una familia favorezcan y privilegien las relaciones y la colaboración mutua con los miembros de la misma familia?
La fortuna social y el sorteo de dotes naturales, que tanto preocupa a Rawls[107], no presenta ningún problema para la teoría escolástica.
A la pregunta de Nozick de por qué razón la cooperación social crea el problema de justicia distributiva[108], los escolásticos responderían diciendo que, por lo general, la cooperación social implica la aparición de bienes comunes (bienes en propiedad común) y que al existir bienes comunes los mismos deben distribuirse siguiendo criterios de justicia distributiva. Generalmente han surgido reglas comunes para promover y proteger la cooperación social. Estas reglas necesitan instituciones que las hagan cumplir. Estas instituciones estarán a cargo de hombres que necesitarán recursos económicos que deberán provenir de aquellos que conforman la sociedad en cuestión. La recaudación de estos recursos económicos, así como su asignación, deberían realizarse siguiendo algún criterio de justicia distributiva. No habría lugar para la justicia distributiva en el caso de que cada ser humano fuera un sujeto aislado (un «Robinson Crusoe»).
Desde el punto de vista escolástico tardío, la determinación de la distribución del producto, fruto de la cooperación social, no es función de la justicia distributiva. La necesidad de justicia distributiva aparece solamente allí donde una persona o un grupo controla un conjunto de bienes que no le pertenece. La distribución y el sostenimiento de esos bienes deben realizarse siguiendo criterios de justicia distributiva.
En una sociedad libre, mientras existan bienes comunes existirá la necesidad de la vigencia de la justicia distributiva. Esto no desmiente el hecho de que suele ser más difícil determinar qué es lo justo en el campo de las distribuciones que en el campo de las conmutaciones. Debido, en parte, a esta dificultad, es aconsejable que los bienes comunes sean tan sólo una pequeña posición del total de bienes que existan en una sociedad. El concepto moderno de justicia distributiva (que es función de la «sociedad» determinar los ingresos de todos los ciudadanos) es incompatible con un orden social basado en el respeto por la propiedad privada.
Varios temas de gran actualidad pueden ser iluminados por los correctos principios de justicia distributiva y social. Algunos de los más relevantes que vienen a mi mente son:
Los autores de la escolástica tardía abordaron el tema de la conveniencia de los presupuestos equilibrados[109] y también condenaron la discriminación. Los escolásticos estarían a favor de promulgar leyes que impidan la discriminación o el favoritismo por parte de las autoridades. No favorecerían, sin embargo, leyes que impidan el favoritismo o discriminación en el uso de la propiedad privada. Un príncipe que a sabiendas nombra a un incompetente para un cargo público podría estar violando la justicia distributiva. Un empresario de una empresa privada que realice esta misma acción, o que discrimine entre sus clientes, podría ser poco caritativo pero no estaría necesariamente violando la justicia distributiva[110].
Las teorías acerca de la justicia distributiva, expuestas en este ensayo, nos pueden servir en nuestra argumentación a favor de un gobierno limitado. La enorme dificultad en establecer qué es lo justo en nuestras relaciones con el gobierno (especialmente dada la naturaleza coercitiva de los impuestos) es una razón más para limitar la actividad del gobierno.
Desde la perspectiva liberal, la teoría escolástica de la justicia distributiva sólo nos da una respuesta parcial al problema. Si la justicia distributiva tiene como objeto regular la distribución de bienes comunes nos queda por resolver el problema de la definición de los bienes comunes. Podemos imaginamos una sociedad en la que todos trabajan para el Estado y los salarios pasarían entonces a ser materia de justicia (o injusticia) distributiva.
Los escolásticos respondieron a este dilema de manera más que adecuada. En sus tratados demostraron que la propiedad en manos privadas será usada de una manera más beneficiosa para la sociedad que en manos de la comunidad[111].
Por ello favorecían un gobierno limitado e impuestos reducidos. No sólo aquellos que creen en un gobierno limitado sino aquellos que creen en un Estado mínimo deberán lidiar con el tema de la justicia distributiva.
Aquellos que mantienen que los gobiernos coercitivos nunca pueden actuar en forma justa señalan que la propiedad común de bienes es justa, siempre y cuando este arreglo no sea fruto de la violencia. El campo de la justicia distributiva puede que sea muy pequeño en una sociedad sin gobierno coercitivo, o con un Estado mínimo. Pero por más pequeño que sea este campo, es mi opinión que ciertos principios de justicia distributiva acordes con las doctrinas católicas (tales como las ideas escolásticas, de Taparelli o de Ferree) seguirán siendo útiles para aquellos que buscan establecer un ordenamiento legal basado en el respeto por la persona humana.
La teoría escolástica de los salarios justos tenía los mismos vicios y virtudes que su teoría del justo precio. El aspecto más positivo de su análisis fue la explicación de los precios de los factores de producción utilizando una teoría general. Reconociendo que el precio de los factores de producción viene determinado por las fuerzas de mercado, los doctores trataron el precio del trabajo (salarios) del mismo modo que el precio de otros bienes. Concluyeron que el salario justo es el determinado por la estimación común en el mercado, resultado de la interacción de la oferta y la demanda de trabajo[112].
La cadena de pensamiento en Pufendorf era muy similar. En su De jure naturae, escribió: «El alquiler y el arrendamiento, por los cuales a cambio de un precio se le suministra a otro el uso de un bien o de servicios laborales, es similar a la compra y venta y es gobernado prácticamente por las mismas reglas»[113]. Su enfoque era también muy realista, ya que añadió que «quienquiera que es empleado estando previamente sin trabajo, deberá contentarse con un salario modesto, mientras que aquellos que sus servicios son grandemente solicitados podrá valorarlos altamente»[114].
Los escolásticos tardíos no tenían una visión pesimista acerca de la influencia de la oferta y la demanda laboral sobre los salarios. Turgot, por otro lado, fue uno de los primeros en escribir que los trabajadores están condenados a recibir salarios de subsistencia. Según él, «en distintas ramas de ocupaciones no puede dejar de suceder, y de hecho sucede, que los salarios de los trabajadores están limitados por lo que es necesario para procurarles una subsistencia»[115].
Los autores liberales clásicos también utilizaron el análisis de la oferta y la demanda para analizar la determinación de los salarios. Sus razonamientos no se limitaban a la oferta y demanda laboral. Ricardo, por ejemplo, razonó que el precio natural es «aquel que es necesario para permitir a los trabajadores subsistir y perpetuar su raza, sin aumento ni disminución […] subirá con un aumento del precio de los alimentos y de las cosas necesarias y convenientes requeridas para el sostenimiento del trabajador y de su familia»[116]. Unas décadas antes, Adam Smith desarrolló una teoría salarial que contenía los rudimentos de una teoría del mínimo de subsistencia[117].
La transcripción de las lecturas de clase de Adam Smith nos presentan a éste diciendo que el precio natural del salario viene dado cuando compensa exactamente lo suficiente para mantener a la persona, recompensar los gastos de educación, el riesgo de fallecer antes de recuperar su inversión, y la posibilidad de fracaso[118].
Smith también apoyó la idea de un fondo de salarios (destinar una porción del capital para mantener a los trabajadores), idea ésta que luego fue más extensamente desarrollada por John Stuart Mill[119].
Ganancias, salarios y alquileres eran tema de justicia conmutativa. Hoy en día hay quienes consideran que éstos son típica materia de justicia distributiva[120]. Los autores clásicos analizaron la producción y la distribución en forma muy diferente, aduciendo que ambos fenómenos están gobernados por leyes diferentes. Es posible que esta forma de tratar los precios de los factores de producción de manera muy diversa a los precios de los bienes de consumo haya influido en el dispar tratamiento legal de los mismos[121].
Los razonamientos de Adam Smith sobre la disparidad salarial se asemejaban mucho a los de San Bernardino. Los salarios vendrán influidos por la dificultad de aprender el arte, las condiciones de trabajo, y el honor de llevar a cabo tales tareas[122]. Siempre tenderá a haber diferencias entre los salarios de un simple herrero con el de un fabricante de relojes. Mientras que el primero no necesita saber leer ni escribir para llevar a cabo su tarea, el segundo deberá saber de «aritmética, un poco de geometría, trigonometría, y astronomía»[123]. Smith citaba a Mandeville, quién asignaba gran importancia a la escasez como factor determinante de los salarios[124].
Estas teorías de Smith parecen coherentes con su teoría del valor basada en el costo de producción. San Bernardino, quien tenía una teoría de valor diversa, también manifestó que «cæteris paribus, aquellos trabajos que requieren más trabajo, peligros, arte e industria, son los más estimados por la comunidad»[125]. Pese a ello, no es inconsistente que en una teoría general del valor económico se hable de la importancia que los costos tienen en la determinación de los precios[126].
Otra de las contribuciones escolásticas es el análisis de Sylvestre acerca de que los precios de los bienes productivos (reí fructuosa) dependen de los ingresos (reditus) que se esperan de los mismos. Tal razonamiento puede ser catalogado como una teoría implícita de la imputación, la misma utilizada por los economistas de la Escuela Austríaca para determinar el valor de los factores de producción. Friedrich von Wieser está catalogado como aquel que utilizó por primera vez el término «imputación» para describir el concepto de que «el grado de utilidad poseído por los medios de producción depende, y esta basado enteramente en él, del grado de utilidad de los bienes producidos por los mismos»[127]. Wieser añadió que desde el punto de vista de la economía austríaca «la estimación del valor debería comenzar como la estimación de la utilidad, sobre la que está basada, con los productos, y proceder después a los medios de producción»[128]. Wieser aplicó esta teoría para analizar el trabajo y el precio del mismo. La escasez de trabajadores y la productividad de los mismos determinan los salarios. Es por ello por lo que el factor trabajo puede recibir una recompensa incluso cuando no requiera de «gasto o esfuerzo alguno». De acuerdo con Wieser, la estima humana es un elemento esencial en la teoría de valor y precio (incluyendo el precio del trabajo). Un factor de producción pierde valor apenas sus frutos dejan de ser estimados[129].
Wieser juzgó de suma importancia que el valor de las propiedades y los poderes productivos anticipa el valor total esperado de los bienes por éstos producidos[130]. En aquellos casos en que los bienes producidos no pueden ser vendidos, los contratos salariales debían ser cumplidos, recayendo la pérdida en aquel que contrató a los factores de producción. De la misma manera, si los bienes pueden ser vendidos con gran ganancia, es el empresario quien tiene derecho a la misma, y por lo tanto, salvo que el contrato estipule lo contrario, no tiene obligación de compartirla con los factores de producción.
Tanto Adam Smith como los escolásticos criticaron por igual las prácticas injustas de empleados y empleadores en el mercado laboral. Pese a que Smith, al igual que San Antonino, aceptó la legalidad de salarios pagados en especie, el economista escocés consideró justas y equitativas las leyes que obligaban a los empleadores a pagar los sueldos en dinero. Sólo existiendo conformidad por parte de los trabajadores se podía obviar este requisito[131].
En materia político-económica, los economistas de mercado, y especialmente los de la Escuela Austríaca, sólo han favorecido la coerción estatal cuando la misma tiene como objetivo la defensa de los derechos de vida y propiedad. Todos se han opuesto a los esfuerzos de trabajadores o empleadores para fijar salarios a niveles distintos de los de mercado. Es por ello por lo que la gran mayoría se considera opuesta a las actividades coercitivas de los sindicatos. No se condenaba, por lo general, a los sindicatos en sí mismos, y varios autores clásicos miraban con mayor desprecio a las confabulaciones de empleadores que a las de trabajadores[132].
El concepto de salario familiar ha cobrado gran importancia en las discusiones de política económica. Los doctores fueron explícitos en sus críticas a la proposición de que el salario justo debía determinarse teniendo en cuenta las necesidades del trabajador y su familia. No ignoraron el tema del salario familiar, lo rechazaron fundamentándose en el hecho de que el mismo contradecía su postura de que el salario justo era el establecido por la común estimación en ausencia de fraude[133]. Los economistas liberales también están de acuerdo con este principio de que el trabajador no puede quejarse de injusticia si recibió un salario igual al pactado libremente entre él y el empleador[134].
Los escolásticos medievales trataron los temas de las ganancias y de la remuneración laboral en distintos capítulos de sus obras. Sin embargo, a veces consideraron como ganancias actividades que la mayoría de los economistas contemporáneos considerarían como salarios. Estos últimos definen como ganancia pura, o beneficio empresarial, la recompensa por la labor empresarial de anticipar correctamente los deseos de los consumidores y las condiciones de mercado. El acierto en la estimación de estos eventos fue un argumento utilizado por los escolásticos para justificar las ganancias como resultado de la compra y venta a precios justos. Citaban el caso de un comerciante que compraba bienes allí donde pensaba que abundaban para venderlos allí donde estimaba que su precio sería alto. Sus pérdidas o ganancias dependerán de la certeza de sus expectativas.
Los escolásticos consideraban que el empresario podía quedarse con las ganancias procedentes de tal comercio sin tomar en consideración sus labores y costos. Fueron explícitos en su condena de la idea de que los costos, el riesgo, y el trabajo empleados eran justificación suficiente de las ganancias. Descartaron la viabilidad de los límites legales a las ganancias. Fundamentaban su posición en su convencimiento de que las ganancias justas eran las provenientes de la compra y venta a precios de mercado. También por eso se oponían a garantizar ganancias por encima de los costos. Partiendo de su análisis de que la actividad comercial debe estar abierta a ganancias y pérdidas, condenaron como antinatural la idea de obtener ganancias sin riesgo, y censuraron a los empresarios que buscaban cubrir sus pérdidas con ayuda estatal.
Los autores liberales también condenaron tales actitudes. Según Mises, el empresario…
Si piensa en el destino de sus descendientes y si quiere asegurar y consolidar su propiedad contra el interés de la comunidad, debe transformarse en adversario de la sociedad capitalista y pedir que se establezcan restricciones de toda clase a la competencia […]. Todos los esfuerzos cuyo fin sea oponerse a la formación y crecimiento de los patrimonios, en particular las medidas tendentes a restringir la libertad económica, deberían hallar la aprobación del empresario, pues resultan de naturaleza adecuada para consolidar, mediante la eliminación de nuevos competidores, un ingreso que de otra manera está obligado a ganar en la lucha diaria mientras la concurrencia sea libre[135].
Al declarar que las ganancias se pueden justificar incluso en aquellos casos en que eran el resultado de acciones inmorales, y al reconocer como justas ciertas ganancias provenientes del juego, los escolásticos abrieron las puertas a la justificación de todo tipo de actividad empresarial[136]. Lo mismo puede decirse de la postura escolástica tardía ante las ganancias fruto de la prostitución[137].
La teoría escolástica del interés no debe considerarse como un factor decisivo en el desarrollo de teorías posteriores que justificaron el cobro y pago de intereses. Sin embargo, debido al énfasis que pusieron en el hecho de que «el dinero presente tiene más valor que el ausente»[138], y la postura de algunos considerando el dinero como un bien productivo, es posible que haya promovido una actitud favorable al pago de intereses. Pero ellos mismos aclaraban que sus argumentos eran insuficientes para justificar estos pagos. El padre Felipe de la
Cruz fue la excepción a la regla. Pese a que De la Cruz fue muy riguroso y académico en sus citas de autores escolásticos, es imposible catalogarlo como exponente típico de la teoría escolástica del interés.
Las ideas de Pufendorf eran muy similares a las expuestas por De la Cruz. Reconoció que con la industria humana el dinero se transforma en algo sumamente útil para obtener bienes productivos[139], y que no era contra la naturaleza de las cosas alquilar lo de uno[140], incluyendo el dinero.
Durante sus años de seminarista Turgot fue grandemente influenciado por las doctrinas de los teólogos[141]. Estaba en desacuerdo con las condenas del cobro de interés y dedicó una sección entera de sus Des Richesses a la refutación de las doctrinas escolásticas del interés[142]. Por no enfocar el estudio desde una perspectiva correcta, teólogos escolásticos (más rígidos que iluminados) concluyeron que el cobro de interés es un crimen. El dinero, considerado como una sustancia física, no produce nada, pero utilizándolo para realizar adelantos en las actividades empresariales y comerciales, proporciona un rédito[143]. «Con dinero uno puede procurarse un terreno que le produzca un ingreso»[144].
Para Turgot la verdadera justificación del pago de interés venía dada por la aplicación del principio de la libertad de hacer lo que uno quiere con lo suyo: «uno puede exigir interés por la sola razón que el dinero es suyo»[145]. Si aquel que pide prestado acepta el interés que se le reclama es claro que ambas partes pensaban que la transacción es conveniente.
Los escritos de los pensadores liberales clásicos John Locke, Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill le dieron un gran empuje a la legitimación de los intereses. Todos consideraron tales pagos como un fenómeno natural. Correspondió a los economistas de la Escuela Austríaca realizar las contribuciones más importantes en este campo. Explicaron que la tasa natural de interés —o «interés originario», según Böhm-Bawerk— se desprende del hecho de que los seres humanos valoran más un bien en el presente que el mismo bien en el futuro. Esta teoría de la preferencia temporal considera el interés como algo inherente a la naturaleza humana[146]. A pesar de los muchos años que han pasado desde su primera edición, la obra Capital and Interest, de Eugene Böhm-Bawerk, sigue siendo el mejor tratado sobre el tema. Más adelante, otros economistas austriacos, en especial Ludwig von Mises, mejoraron y desarrollaron aún más las teorías de Böhm-Bawerk.
Este último dedicó un capítulo de su obra a las doctrinas medievales y medievales-tardías del interés. Citó y criticó a Santo Tomás y a algunos de sus seguidores. Atacó las ideas de Covarrubias y Leiva y relegó a un oscuro pie de página la mención de que los escolásticos habían determinado que el «dinero presente tiene un valor más alto que el ausente»[147]. Los trabajos de los teóricos que más contribuyeron al avance de la teoría del interés no parecen indicar que los escolásticos tardíos hayan tenido una influencia positiva. Es más fácil ubicarlos como tempranos proponentes de la largamente defendida condena del pago de intereses[148]. Esto no significa que pueda culparse a la escolástica por el lento progreso en la teoría del interés. No se puede pretender que una persona o un grupo de académicos encuentren solución satisfactoria para todos los problemas abordados por ellos. La poca habilidad de los escolásticos tardíos para formular una teoría del interés consistente y coherente no desdice sus otras contribuciones. Actitudes de tal tipo nos forzarían a no considerar las enseñanzas de los economistas clásicos debido a los errores inherentes a su teoría del valor.
Pese a que la falta de resolución del problema del interés llevó a un análisis insuficiente de la función de la banca, algunos de los estudios bancarios todavía son de interés para el economista contemporáneo. La observación de Molina acerca de que la única obligación legal del banquero es la de tener el dinero disponible cuando alguno de los depositantes lo reclame es similar a algunos argumentos a favor de la libre competencia bancaria y monetaria y en contra de los requisitos legales de reserva mínima. Aun así, es difícil hablar de libertad bancaria cuando los intereses están prohibidos por ley.
De Roover argumentó que debido a la prohibición de prestar a interés «los banqueros encontraron otro camino para obtener ganancias comerciando en cambios de moneda extranjera». Reconoció que debido a la lentitud en las comunicaciones la compra de una letra de cambio o la realización de un giro bancario, además de operaciones de cambio, casi siempre involucraban operaciones de crédito[149]. Indiscutiblemente, los bancos pueden esconder pagos de interés dentro de sus operaciones de cambio, pero hay que hacer notar que tal tipo de actividades «en negro» desnudan una postura contraria al acto de pedir prestado dinero a cambio de un precio. Por esta razón se puede compartir la conclusión de De Roover: «La doctrina de la usura fue el gran punto débil de la economía escolástica»[150].