Medidas restrictivas son aquellas que las autoridades adoptan principalmente con el propósito de apartar la producción, en el sentido más amplio de la palabra —esto es, incluido el comercio y el transporte—, del camino que hubiera seguido en una economía no sometida a trabas. Toda interferencia desvía la producción de los canales que prescribe el mercado, pero la característica peculiar de las medidas restrictivas se halla en el hecho de que ese desvío de la producción es un resultado necesario, no inintencionado, de la intervención, y es ese desvío precisamente lo que la autoridad pretende conseguir. Toda intervención también provoca necesariamente una desviación del consumo respecto del camino que hubiera seguido en una economía de mercado sin trabas. Las medidas restrictivas no son una excepción. Sin embargo, la desviación del consumo no es el objetivo que persiguen quienes imponen medidas restrictivas; su objetivo es influir en la producción. El hecho de que estas medidas influyan también en el consumo es para ellos un efecto secundario que no desean en absoluto, o que aceptan como inevitable.
Las autoridades, a través de medidas restrictivas, prohíben la fabricación de ciertos bienes, prohíben la aplicación de ciertos métodos de producción, o la hacen más difícil y cara. Las autoridades eliminan de este modo algunos de los medios indispensables para la satisfacción de las necesidades humanas. El efecto de la intervención es que las personas se encuentran en una posición en la que sólo pueden emplear sus conocimientos y capacidades, su esfuerzo y sus recursos materiales de una manera menos eficiente. Tales medidas hacen a la gente más pobre.
A pesar de todos los intentos de invalidar el argumento, se trata de un hecho incuestionable. En un mercado sin trabas, existen fuerzas que tienden a asignar todos los medios de producción a los usos que son más beneficiosos para la satisfacción de las necesidades humanas. Cuando las autoridades interfieren en este proceso con el objeto de dar un empleo distinto a los factores productivos, lo único que consiguen es empeorar el abastecimiento, no mejorarlo.
Esto ya ha sido probado de forma excelente e irrefutable, en lo que respecta al grupo más importante de medidas restrictivas, por el amplio estudio que han recibido los efectos provocados por las barreras al comercio internacional. A este respecto, parece superfluo añadir algo más a las enseñanzas de la economía política clásica.
Podría pensarse que los inconvenientes que ocasionan las medidas restrictivas al disminuir la productividad, empeorando consiguientemente el abastecimiento, son compensados con creces por ventajas en otros campos. Las autoridades pueden afirmar, por ejemplo, que la preservación de un grupo de productores menos eficientes es tan importante que el consiguiente recorte en el consumo parece bastante justificado. Podrían considerar justificado encarecerle a la gente el pan, de tal forma que los propietarios de tierras menos fértiles puedan aumentar sus ingresos. Las autoridades podrían también considerar propio de los grandes estadistas prohibir la introducción de determinada maquinaria, con el objeto de proteger a aquellas empresas que no pueden permitirse tales instalaciones por la competencia de industrias mejor equipadas. Prohibiendo los grandes almacenes, las cadenas de tiendas y otras formas similares de organización comercial, las autoridades hacen posible que los pequeños minoristas se mantengan en el mercado, aunque se lesionen los intereses de los consumidores.
Si se adoptan tales medidas con plena consciencia de sus efectos, si las autoridades se dan perfecta cuenta de lo que están haciendo y de los resultados que van a obtener, podría desaprobarse su acción sólo si se desaprueba el objetivo. Pero no es posible considerar que los actos de las autoridades carecen de propósito o de sentido. Desde el punto de vista de sus objetivos y propósitos, sus actos parecen correctos. Para mejorar la situación de los agricultores, imponen una carga en el pan que compran los consumidores; para conseguir este propósito, al imponer un arancel proteccionista o al prohibir la importación de grano y de harina, han escogido los medios adecuados.
Todos sabemos que estas cosas se presentan al público con un enfoque muy diferente. Se intentó con éxito convencer a la opinión pública de que las barreras arancelarias no reducen la oferta, sino que más bien la incrementan. Tanto la protección del pequeño artesano frente a la competencia de los «gigantes», como la protección del pequeño tendero contra la competencia de los grandes almacenes y las cadenas de tiendas, fueron presentadas como medidas en pro del bienestar colectivo que servían para proteger a los consumidores contra la explotación. Esta era la única forma de conseguir un clima favorable para un programa político cuya verdadera esencia radica en la concesión de privilegios y ventajas a determinados grupos sociales, a expensas del resto de grupos de la sociedad.
Se cree que las medidas restrictivas son favorables a los productores, mientras que las políticas cuyo objetivo es no dañar el funcionamiento de los procesos de mercado favorecen a los consumidores. Los defensores de las primeras justifican su postura señalando que el cometido de las autoridades no es adoptar políticas en beneficio de aquellos que sólo se limitan a consumir el producto de los esfuerzos de otra gente; más bien, las autoridades deberían servir al hombre que desempeña un papel activo en la producción. Pero en un sistema basado en la división del trabajo, todos son productores y consumidores. No existen consumidores cuya renta no proceda de la producción. El consumidor es o un empresario, o un propietario de medios de producción, o un trabajador. O bien, como miembro de una familia, es mantenido por un empresario, por un capitalista o por un trabajador. Cada productor, por otro lado, es necesariamente un consumidor. Es una ingenuidad afirmar que tan sólo una simple medida o política protegerá los intereses de los productores contra los intereses de los consumidores. La única afirmación que puede hacerse con propiedad es que casi todas las medidas restrictivas[219] aportan ventajas sólo a un grupo limitado de gente, mientras que perjudican a todos los demás, o al menos a la mayoría. Las intervenciones, por lo tanto, pueden ser consideradas como privilegios que se otorgan a algunos a expensas de otros.
Los privilegios benefician al receptor y perjudican la posición de otros miembros del sistema. Si los privilegios benefician sólo a un número limitado de personas, entonces consiguen su propósito; benefician a esas personas a expensas de otros no favorecidos. Sin embargo, si todos se benefician igualmente, entonces el sistema de privilegios carece de sentido. Si los aranceles proteccionistas benefician sólo a los productores o a varios grupos de productores en una medida diferente, entonces algunos productores disfrutan aún de privilegios. Pero si todos los productores reciben la misma protección, entonces la política proteccionista se vuelve contraproducente. Nadie gana, y todo el mundo pierde.
Podría considerarse que algunas medidas restrictivas están justificadas si se las ve como parte de la política de gasto público, en lugar de verlas como medidas orientadas a la producción y la oferta. Si por amor a la naturaleza, o por fines científicos, queremos preservar una extensión de tierra en su estado natural como parque nacional y, por lo tanto, queremos mantenerla al margen de cualquier fin productivo, podremos contar con la aprobación general siempre y cuando mantengamos este plan dentro de los límites de los presupuestos públicos. Podríamos creer entonces más apropiado no imponer la carga de este gasto a los propietarios de esas tierras sino distribuirla entre todos los ciudadanos comprándoles las tierras en lugar de expropiárselas. Pero esto no es importante de cara a nuestro análisis.
Lo decisivo es el hecho de que consideremos esta proposición desde el punto de vista del gasto, no de la producción.
Este es el único punto de vista correcto que puede asumirse en relación con las medidas restrictivas. Estas medidas, cuyo único efecto posible sólo puede ser el deterioro del abastecimiento, no deben ser consideradas como políticas orientadas hacia la producción. Surten sus efectos en el consumo, pero no en la producción. Las medidas restrictivas jamás pueden dar como resultado la eficiencia económica, nunca pueden estructurar un sistema de producción de bienes, ni tampoco pueden dar lugar a la mejora del abastecimiento. Se puede discrepar sobre si es aconsejable establecer un arancel a la importación de grano para proteger a los Junkers prusianos de la competencia de los agricultores canadienses, quienes cultivan tierras más fértiles. Pero si defendemos un arancel para proteger a los productores de grano prusianos, no estamos recomendando una medida que favorezca la producción o el abastecimiento de grano, sino una medida pensada para subsidiar a los propietarios alemanes de tierra a expensas de los consumidores alemanes de grano. Jamás será posible basar un sistema económico sobre tales subsidios privilegiadores; estas medidas sólo pueden considerarse como gastos de recursos obtenidos por otras vías. Cuando Luis XIV otorgaba con cargo a los ingresos públicos una canonjía a uno de sus favoritos realizaba un gasto; no política económica. El hecho de que las medidas restrictivas no merezcan una consideración diferente de estos privilegios reales queda obscurecido por la técnica con que se ejecutan. Pero esta no cambia la naturaleza esencial de las medidas. Que tales gastos estén justificados o no, no concierne a la evaluación económica; incluso los reyes del ancien régime no siempre concedían favores a hombres indignos.
Indudablemente, hay casos en que las medidas restrictivas parecen justificadas para la mayoría de nuestros ciudadanos. Pero todas las medidas restrictivas se traducen fundamentalmente en gastos. Disminuyen la oferta disponible de medios de producción para otros bienes. En consecuencia, sería contrario a la lógica presentar una economía de mercado lastrada por tales medidas como un sistema diferenciado de cooperación social en contraste con una economía de mercado libre de trabas. Una medida restrictiva debe considerarse como una política de gasto, no como un medio para incrementar la oferta de bienes productivos.
Una vez que reconocemos la verdadera naturaleza de las medidas restrictivas y rechazamos ser confundidos por los ingenuos esfuerzos que pretenden justificarlas como «promoción del bienestar» o incluso «promoción de la producción», descubrimos que los fines perseguidos por esas medidas se alcanzan con frecuencia de un modo mucho más barato por medio de subsidios directos con cargo a los fondos públicos. Si no impedimos a los productores que obtengan el máximo rendimiento posible de los recursos productivos disponibles, no perjudicaremos la productividad de la economía y estaremos en una mejor posición para detraer de una mayor riqueza los medios necesarios para subsidiar a aquellos a quienes deseemos privilegiar.