CAPÍTULO 5

LOS PRESOS POLÍTICOS

1. LA MUERTE DEL DIBUJANTE BLUFF

Orden del Ministerio de Justicia de 11 de marzo de 1940

Uno de los aspectos más estudiados en la definición del franquismo como un régimen totalitario ha sido su utilización simultánea de violencia y propaganda. Se ha hablado de la represión como una forma de castigo colectivo llevada a cabo para atemorizar a la población mediante una «pedagogía del terror». Una visión que en raras ocasiones precisa el efecto de las medidas represivas sobre la población ni cómo se llevaron a cabo en el medio plazo. Al menos no recoge lo que durante un largo tiempo sucedió en prisión, ni la selección de objetivos ni el estrechamiento de las medidas de vigilancia que se seguían contra los individuos considerados peligrosos. La dirección de las prisiones establecía claramente las órdenes para ello, aunque muchas de las acciones contra las actividades clandestinas venían dirigidas por los servicios de información, que mantenían infiltrados desde la guerra y que más tarde serían utilizados por la Ley de Seguridad, los juzgados especiales de espionaje o el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo.

En prisión las reglas de funcionamiento venían marcadas desde la Dirección General, pero las normas internas tenían que adecuarse a la «psicología de cada prisión». Durante toda la década de 1940 estará en vigor la normativa de guerra, por la que podían quedar suspendidas las comunicaciones de los reclusos con el exterior y se debía extremar el cuidado con la entrada de paquetes, la ropa, la censura de la correspondencia, así como prohibir toda comunicación telegráfica. Todo aquél que ingresaba en prisión debía someterse al corte de pelo, el afeitado, la ducha, la fricción y el examen de parásitos, y permanecer aislado hasta que el médico autorizaba su ingreso en un departamento. Tras la descripción física vendría la política, hecha por las comisiones de clasificación y revisada posteriormente por las comisiones de examen de penas. Por último vendría la clasificación de conducta, la educativa, la religiosa y, finalmente, la nacional, que debía realizar el director mediante la observación estrecha del «grado de aclimatación» del recluso^[199].

Las normas eran muy estrictas al respecto y reproducían los puntos estipulados por Cuervo en la inauguración del curso académico de 1940, que fueron prácticamente calcados en los libros de órdenes de cada prisión:

Del estudio y observación que sobre la conducta de cada uno de los reclusos se debe hacer nacerá la consecuencia de cuáles son los que merecen concesiones especiales que premien su adhesión al régimen y que autoriza el Reglamento, o de las medidas de restricción, privación o correctivos aplicables a aquellos otros que perturben con su carácter díscolo o inadaptable la buena marcha regimental de la vida penitenciaria^[200].

Una vez identificados y clasificados los presos, las medidas podían ser muy amplias, pero iban por lo general dirigidas a evitar fundamentalmente tres aspectos: la correspondencia clandestina, las fugas y los suicidios. Para la primera, que se consideraba esencial para evitar el contacto con extremistas políticos del exterior, se había organizado desde la guerra un servicio de censura oficial de la entrada y salida de correspondencia. En los economatos se vendían unas tarjetas donde los presos podían mandar unas líneas a sus familiares, pero existía todo un tráfico de sellos y de correspondencia clandestina. La mayoría, amorosa o familiar, era permitida, ya que la que preocupaba era la dirigida a la información política. Para ello estaba previsto que no se entregaran a los presos los sobres de sus cartas recibidas, papeles en blanco, «ni permitiendo la salida de estos examinándolos al trasluz por si contuvieran escritura invisible (zumo de limón u otros ácidos)». También debían registrarse con atención las ropas y encargos venidos de fuera para prevenir la entrada «de esquelas o notas en las prendas de vestir y demás objetos». Incluso se prohibió la entrada de latas de conserva porque en ellas se introducían notas y mensajes. Cuando algún recluso infundiera sospechas o sus antecedentes así lo indicaran había que hacer registros sin avisar «así como retirarle durante la noche los vestidos u otros objetos con el fin de evitar que intente evadirse o suicidarse». Por último, el director debía impedir de cualquier forma «que los reclusos exterioricen en forma de silencio absoluto su disgusto o protesta por las ejecuciones».

La utilización de la propaganda activa fue también uno de los principales medios de conversión previstos para el nuevo sistema penal. Sin embargo, como advirtiera en varias ocasiones José Marín, bibliotecario jefe de la Delegación Nacional del Frente de Juventudes, esos medios de expresión, a pesar de estar férreamente censurados y controlados, dejaban escapar la imaginación de los presos invirtiendo el fin para el que se les había requerido por su experiencia técnica o artística antes de la guerra^[201]. Pero por encima de las disputas entre falangistas y católicos sobre el alcance de la cultura para redimir a los presos, el espionaje franquista mantuvo con las cárceles una verdadera relación obsesiva sobre todo en los años finales de la II Guerra Mundial, cuando extendió la desconfianza de manera radical hacia todo lo que entraba y salía de prisión. Con la puesta en marcha de Redención ,un gran número de corresponsales tenían contacto entre sí y ello había obligado a estrechar la vigilancia. En mayo de 1940, los servicios secretos detectaron un incremento de la actividad en torno al semanario. Había crecido mucho el número de suscriptores, especialmente en la zona levantina, donde habían pasado de 500 a 1000 en un solo mes. Al principio lo habían achacado a que a los presos se les concedía una visita extraordinaria si se suscribían, pero más tarde llegó la confirmación de un infiltrado de que los reclusos se estaban enviando mensajes cifrados por medio de dibujos y viñetas. La investigación determinó que algunas de las caricaturas del diario «tenían sentido propagandístico rojo», por lo que se debía vigilar y depurar a aquellos colaboradores sospechosos de posible infiltración y utilización comunista. El 12 de mayo de 1940 le fue comunicado al director del Reformatorio de Adultos de Alicante que los dibujos que salían de allí tenían interpretaciones de doble sentido contrario al Nuevo Estado, ya que era mucha casualidad que apareciesen en un solo dibujo «todos los atributos y símbolos del Frente Popular perfectamente combinados^[202]».

Bajo la historieta Don Canuto, ciudadano peso bruto ,firmada con el seudónimo de Bluff, se escondía en realidad propaganda roja destinada a subir la moral de los presos. La información del servicio secreto de Valencia daba además el significado de dos historietas. La del número 56 significaba «el vendaval de la revolución roja llevará a la guillotina a las derechas». Y la del número siguiente vendría a decir: «Requeté y Falange pescan a espalda con el triunfo del Frente Popular. En esta última se ven los símbolos de los partidos que compusieron aquel nefasto conglomerado». Al día siguiente comenzaron los interrogatorios de los reclusos para que aclarasen la interpretación de los signos utilizados en la viñeta. En primer lugar se eligió a presos de confianza destinados en puestos clave de la prisión. Según Santos González, destinado en el economato y condenado a 12 años, la caricatura del número 57 formada por dos tipos peleando en el agua quería decir en realidad que un falangista y un requeté trataban de sacar a flote a España, pero reñían y de la pelea salían los símbolos políticos más destacados del Frente Popular: la estrella de cinco puntas (una mano abierta), el brazo en alto (un puño) y Azaña (el pez). La viñeta del número anterior, la 56, fue interpretada por Rafael Richard, destinado en oficinas y también condenado a 12 años, quien en presencia del director declaró que el vendaval era en realidad un vendaval político que llevaría al Nuevo Estado a la guillotina, «donde han de caer muchos», simbolizado por los puntos suspensivos.

Y llegó el turno del interrogatorio al propio Bluff, identificado como Carlos Gómez Carrera, preso preventivo por haber colaborado en la Correspondencia de Valencia y La Traca y Adelante ,también bajo el seudónimo de Bluff. La información era bastante completa, muy probablemente, dada la cantidad de detalles, fue facilitada por otro dibujante o algunos de los cientos de artistas que fueron llevados a prisión por su colaboración en la propaganda republicana^[203]. Según el informe, Carlos Gómez había empezado de dibujante en 1933 en Gracia y Justicia ,haciendo caricaturas en un periódico de derechas. Luego se hizo socialista y durante la guerra se dedicó a la elaboración de una caricatura completamente antifascista que personificó en Canuto y que ridiculizaba a todo el orden social del bando nacional. En su declaración dijo que a los pocos días de estar en prisión había empezado a colaborar en Redención ,«obligado por el corresponsal de dicho periódico», que le había dicho que todas las semanas tenía que publicar algo^[204]. Sobre las caricaturas 56 y 57 alegó que no tenían intención política alguna y que eran reproducciones de otras de ocho o nueve años atrás. A continuación el director fue reinterpretando las viñetas y esclareciendo los símbolos que los presos interrogados y el informe del confidente le habían facilitado previamente. Ante aquellos detalles, Bluff se derrumbó y sólo dijo que era una «fatalidad» que apareciesen el puño en alto y la mano abierta hacia abajo, pero afirmó «que si hay una estrella de cinco puntas hay otra de seis y otra de ocho». Tal vez aquella contestación le costó la vida, aunque sin duda ayudaron mucho más las caricaturas de Franco que había dibujado durante la guerra en La Traca, en las que aparecía como una figura mofletuda y un tocado hecho con plátanos. También se aportó como prueba una carta que el director de Bellas Artes republicano, Josep Renau, le había dirigido para publicar una selección de sus dibujos a finales de 1938. La sentencia dictada por el consejo de guerra condenaba a muerte a Bluff por rebelión e incitación a la rebelión y calificaba literalmente al dibujante de portador de la «inteligencia satánica» que había engañado a España. Fue fusilado el 30 de junio de 1940 en el campo de tiro de Paterna^[205].

No era la primera vez que la caricatura y las viñetas contra militares derivaban en una acción de castigo fulminante. En 1905, con la ley de jurisdicciones de fondo, un grupo de militares asaltó las oficinas de la revista satírica catalana Cu-Cu ,por la que se sentían ultrajados. La necesidad de repeler cualquier agresión contra el honor utilizando la violencia física siguió arraigada entre los africanistas, que la potenciaron durante la guerra colonial y finalmente en la Guerra Civil^[206]. Tampoco fue la única vez que el diario Redención fue puesto bajo sospecha y utilizado para restringir la actividad de los presos políticos. La Dirección General de Seguridad comunicaba un aumento de la actividad comunista en la prisión de Almería coincidiendo con la guerra en el frente del este. El informe decía: «Hace unos días llegó a sus manos un número del periódico Redención en donde aparecía un dibujo con el título de “náufragos” y abajo la leyenda “con el agua al cuello”, que ellos comentan en el sentido de que los náufragos eran Hitler y Mussolini». Según la información, cuando se daba la vuelta al dibujo se veían los perfiles de los dos dictadores^[207].

El desarrollo de la II Guerra Mundial y la esperanza de que los aliados invadieran la península Ibérica desembocarían en un progresivo aumento de la actividad política y de la conflictividad en el interior de las prisiones, y algunos penales, como el de Chinchilla, resultaron destruidos en un incendio provocado por los presos. Paralelamente a estas medidas de persecución y eliminación directa de los considerados elementos más peligrosos, se utilizó otra forma de impartir justicia que consistía expresamente en dejarlos morir en prisión, en lugar de ejecutarlos.

2. LAS PRISIONES ESPECIALES Y EL CASO BESTEIRO

El 27 de septiembre de 1940 moría en la prisión de partido de Carmona Julián Besteiro. Apenas un año y medio más tarde lo hacía el poeta Miguel Hernández, confinado en el mismo Reformatorio de Adultos de Alicante que el dibujante Bluff. Junto al cumplimiento inmediato de las sentencias de muerte como en el caso del caricaturista, existió este tipo de condena a muerte mucho más dilatada y calculada, que consistía en dejar que ciertos personajes languidecieran. Por distintas vías, el régimen esperaba poder certificar su muerte natural en prisión. Besteiro, cuyo consejo de guerra celebrado en julio de 1939 le conmutó la pena de reclusión perpetua por la de 30 años y al que el propio fiscal calificó de «mito^[208]», podría morir de viejo, y en cuanto al estado de salud de Hernández era sólo cuestión de tiempo que se deteriorara hasta llevarlo a la muerte. El profesor y dirigente socialista, después de pasar por las prisiones madrileñas de Porlier y Cisne, fue encarcelado finalmente en la prisión de partido en Carmona (Sevilla) con parte del clero vasco nacionalista. Allí murió, y fue enterrado en el mismo Carmona en presencia de su mujer y de muy pocas personas más, porque la Dirección de Prisiones desautorizó el traslado del cadáver a Madrid. El poeta de Orihuela, que desde el fin de la guerra había sufrido un interminable periplo por distintas cárceles y que incluso había quedado en libertad condicional hasta que una denuncia volvió a encarcelarlo, murió el 28 de agosto de 1942 en la prisión de Alicante y su féretro fue sacado a hombros por sus compañeros en medio de un impresionante silencio^[209]. Al día siguiente ,Redención informaba del imparable avance alemán en Rusia.

A pesar de que el Ministerio de Justicia había declarado oficialmente que no podía mejorar la alimentación de la población reclusa dados la carestía de víveres y el incremento continuo del volumen de presos entre 1940 y 1941, existían cárceles que parecían ajenas a la realidad. A ellas iban destinados presos «especiales» por sus características políticas o procedencia interna del régimen. Algunos militares republicanos y parte del clero que no se sumó al levantamiento, los llamados «curas rojos», pero también parte de los sacerdotes que militaron en el nacionalismo, además de personalidades de derechas que habían cometido algún delito. La mayoría de estos últimos fueron destinados al hospital de Yeserías, en Madrid, mientras que el resto fue diseminado por distintos centros, concentrados sobre todo en la provincia de Sevilla. En uno de ellos, la prisión de partido de Carmona, fue recluido Julián Besteiro junto con nueve sacerdotes afines al Partido Nacionalista Vasco. La Dirección General de Prisiones era responsable de todo lo que sucediera a los presos de aquella cárcel y ya había recibido quejas del Vaticano a través del cardenal Segura por el trato vejatorio a los sacerdotes, que entraron en la ciudad en un camión de ganado. Por todo ello Máximo Cuervo, que tampoco olvidaba que el lehendakari Aguirre seguía siendo propagandista, recibía informes periódicos de la situación de las prisiones especiales.

El encargado de elaborar estos informes con carácter reservado era el inspector central Miguel Pérez Blasco, que visitaba Carmona periódicamente. En el primero, con fecha de 4 de febrero de 1940, describe una prisión totalmente distinta a las demás, con espacios amplios, alimentación suficiente y un régimen disciplinario muy relajado. La situación descrita allí resulta casi una inversión, punto por punto, de la dura realidad que se estaba imponiendo desde las prisiones habilitadas. En primer lugar, la prisión de Carmona tenía espacio para 150 presos y sólo había 64. La alimentación era infinitamente superior en calidad y cantidad con relación a otras prisiones. La comida la adquirían los reclusos directamente y después la cocinaban «sin limitación». El inspector había visitado la prisión en distintos días y siempre había visto corderos desollados, conejos y cabritos dispuestos para ser guisados, además de pescado fresco, frutas y legumbres. Todo ello lo compraban los sacerdotes con las cinco pesetas diarias que recibían por dar misas. Su cuenta, a 2 de febrero de 1940, era de 20 000 pesetas (la de Besteiro ascendía a 100 pesetas). Había agua potable en todas las celdas, lavabos para el aseo personal y un pilar para los lavados comunes. La ropa, incluida la de Besteiro, la cosían y planchaban las Hermanitas de la Cruz de un convento cercano. Un médico visitaba diariamente a los enfermos y verificaba las buenas condiciones de salubridad del establecimiento. Por último el informe revela que, en tanto que prisión especial, en Carmona se aplicaba el Reglamento «dulcificado» y se hacían ciertas concesiones de libertad en el interior. Se permitían las prácticas religiosas con absoluta libertad y los ancianos y los enfermos estaban eximidos de formar y cantar los himnos nacionales brazo en alto^[210].

El resto del informe del 4 de febrero, una hoja y media que se reproduce íntegramente, iba exclusivamente dedicado a Besteiro:

El informe al que se refería el inspector lo había redactado unos días antes el médico de la prisión y reiteraba por dos veces que el estado de Besteiro era senil. Con este diagnóstico médico podía quedar en libertad condicional, pero la decisión política —puesto que de no precipitar la excarcelación o de no autorizar mayores cuidados médicos era claro que Besteiro moriría— estaba ya tomada. El director de la prisión envió a Madrid este informe médico:

Unos días después, el 19 de febrero de 1940, el diario Euzko Deya publicaba en portada desde París la foto de los sacerdotes vascos en Carmona, con la imagen demacrada de Julián Besteiro en el centro y el titular «Besteiro n’est pas mort!». Aquello levantó un gran revuelo, sobre todo por las posibles repercusiones internacionales de la foto. El director general de Prensa envió una nota el 2 de abril de 1940 a Máximo Cuervo en la que le indicaba que «sería de gran interés averiguar quién tomó la citada fotografía y una vez averiguado esto obtener datos sobre los medios de que se valió su autor para que pasara a Francia y se pusiera al servicio de los rojos separatistas vascos emigrados en París. Por este medio indudablemente se obtendrían datos de un gran interés sobre el funcionamiento del espionaje rojo en nuestra Patria».

Prisiones encargó un informe para averiguar de qué manera se había sacado esa foto y depurar responsabilidades, empezando por el cese del director Ángel Sunico Pujol. Para ello rescató un expediente anterior motivado por una denuncia de los sacerdotes vascos contra el director, después de que éste y un grupo de falangistas se dieran un banquete a base de pollo, vino y gambas delante de sus celdas el Viernes Santo de 1939. La denuncia llegó a Cuervo por el prelado de Sevilla, vía las Damas de Acción Católica. Desde entonces, el director tenía la orden de no incordiar a los presos y aquello, según él mismo, fue lo que motivó el asunto de la fotografía. El director (que aparece en el centro de la fotografía y del que Besteiro únicamente declaró «que tenía la delicadeza de entregarle a diario la tisana que le enviaba su mujer») permitió la entrada de un fotógrafo particular para celebrar las bodas de oro del presbítero Ángel Aldama Guinea; pero días después y a petición de éste autorizó el envío de numerosas copias a los familiares, una de las cuales, era imposible saber cuál, pasó sin duda a Francia.

El director de Carmona fue sustituido por Marcos Villa Gómez, quien advirtió en su primer informe del «peligro que se corre, aun en la casuística de prisión especial, haciendo concesiones, prodigando atenciones y cortesías en grado de caer en adulación y adquirir el reo relieve de víctima desvirtuando la acción de la justicia al ampliar o disminuir los preceptos del cumplimiento de penas». Advertía además de la gran cantidad de dinero que los presos especiales ingresaban por distintas vías, lo que favorecía su capacidad de maniobra en el exterior y, sobre todo, permitía la conexión con las otras prisiones especiales de la provincia. En ellas no sólo había curas y viejos mitos políticos, sino militares activos y destacadas personalidades republicanas y, lo que era aún más peligroso, algunos de ellos eran masones. La Dirección General, amonestada por el asunto de la foto, que había dejado en mal lugar a la Dirección de Prensa y Propaganda, entre otros por el embajador en Francia en persona, decidió incrementar la vigilancia sobre los centros especiales de la provincia.

El último informe de actuaciones que recibió antes de la muerte de Besteiro estaba fechado el 30 de junio de 1940. Aunque no está rubricado, lleva el sello de la Falange de Sevilla, a la que pertenecía Sunico desde 1938 y en la que su hijo desempeñaba un papel activo desde Carmona. La nueva depuración de responsabilidades cayó sobre la prisión provincial de Sevilla, de la que dependía en definitiva la de Carmona, y así se pudo justificar el fin del trato especial a Besteiro, que equivalió directamente a su sentencia de muerte y a la de muchos otros a los que se les había conmutado dicha pena. El informe de Falange calificaba el lugar de «perfecto sanatorio y pensión de presos antiespañoles» y en algunos momentos arremete contra la orientación de la política del Estado, ya que resulta especialmente elocuente a la hora de describir todo lo que estaba en peligro si Franco seguía permitiendo que los rojos vivieran a sus anchas en prisión. Todo por lo que ellos habían combatido en la guerra quedaba relegado por una política favorable a una clase de individuos que «llevarían mientras vivieran el virus de la rebeldía marxista en la sangre».

El siguiente fragmento es muy representativo del tipo de razonamientos empleado: «Los comunistas, socialistas, izquierdistas o de Acción Republicana, UGT, rusófilos, controlan la prisión desempeñando destinos en las oficinas, economatos, enfermería, brigadas, etc. de entrada ellos realizan la clasificación de los presos y si se huelen que alguno pertenece a Falange o a nuestra Santa Cruzada lo meten con los chorizos, invertidos, carteristas, gente maleante, en fin, toda la chusma del hampa^[212]». El trato de favor era evidente, insistía, porque frente a los presos comunes que estaban llenos de sarna y tracoma, muchas «personalidades rojas» vivían aisladas en áreas equipadas con todas las comodidades. Entre ellos denunciaba la situación de privilegio del alcalde de Aracena Pérez Tello o de Francisco Vega, antiguo director general de Prisiones, del comunista Benito Galán y del propio Francisco Largo Caballero, «hijo del tristemente célebre Largo Caballero y es un honor entre los reclusos tener amistad con él». El punto fundamental del informe trataba de demostrar que el socialista Besteiro era quien había conseguido estos privilegios para todos ellos, ya que eran evidentes el trato de favor y la protección que el director de la prisión de Sevilla le brindaba. Según la información, le tenía toda clase de consideraciones y cada vez que iba a Carmona «lo llama a su despacho, conferenciando con él, habiendo dado orden de que no se le moleste en bajar cuando se canta el Himno Nacional y los del Movimiento». El informe del inspector central ya se había hecho eco de esta denuncia previamente, y por eso justificó que no formara, junto con los sacerdotes más mayores, para cantar brazo en alto aludiendo a su estado de salud. Pero el informe de Sevilla fue mucho más allá, insinuando que había sido la propia jerarquía católica la que había sacado las fotos para precipitar una excarcelación, facilitando la excusa perfecta para endurecer las condiciones de Carmona y otras prisiones especiales.

Este tipo de denuncias, informaciones y notas reservadas que terminaban propiciando una nueva ola de depuración se utilizaron políticamente cada vez que el régimen determinaba endurecer las medidas represivas. Pero en el día a día de las cárceles las denuncias se sucedían y continuaron siendo un vehículo fundamental de promoción política y profesional, auspiciadas por unas medidas de excepción prolongadas que terminarían instalándose en el corazón de la dura posguerra. La persecución política parecía no tener fin. El 15 de diciembre de 1941, la DGS remitía un informe sobre el antiguo alcalde de Carmona, Francisco Rodríguez Ojeda, conocido como Curro el de Elías ,en cuya celda «se están sosteniendo tenidas masónicas con el consentimiento de los empleados de prisión». El informe llegó justo al inicio del consejo de guerra. El juez Sáenz Agüero solicitó informes a Salamanca sobre antecedentes masónicos de los seis presos de las celdas colindantes y pidió también explicaciones a Máximo Cuervo sobre un supuesto trato de favor. La Dirección lo negó y alegó que padecía asma, razón por la que dormía fuera de la celda^[213].

En marzo de 1940 las prohibiciones para los masones se habían ampliado no sólo para los condenados, también para aquéllos acusados de serlo^[214]. Este ambiente de alarma y denuncia constantes, favorecido por los sectores que querían profundizar la represión ante la posibilidad de un cambio en el rumbo internacional, convirtió las cárceles en un escenario clave de la conflictividad de la década de 1940. Con la II Guerra Mundial como telón de fondo, las denuncias falangistas y los informes de los confidentes e infiltrados apuntaban a la colaboración de los cónsules extranjeros en el incremento de la acción extremista en la cárcel. Las denuncias referidas a británicos, fundamentalmente, coincidieron con algunas provocaciones frente a sus embajadas, que, como demuestran los informes del Foreign Office, conocían a la perfección lo que sucedía en las cárceles españolas. Pero no eran los únicos. Terminada la Guerra Mundial, una información reservada francesa alertaba de nuevos miembros del servicio de espionaje y de sabotaje franquista, el denominado «2 Bis», que habían cruzado la frontera tras la liberación y se integraban en los grupos de exiliados gracias a que procedían de cárceles franquistas. «Tous ces éléments viennent d’Espagne et de la Falange à prison. Ils sont envoyés pour Franco pour entrever [sic ]les mouvements républicains espagnols en France^[215]».

3. LA RECONSTRUCCIÓN

El ambiente de la prisión puede considerarse de izquierdas y es ni más ni menos el que se respira en todos los establecimientos de esta clase, cosa no sorprendente puesto que el 85% de la población reclusa procede de la rebelión marxista.

Las copias de los informes del servicio de información militar reproducen milimétricamente los pasos que daba la supuesta organización, como también sus preocupaciones, en especial la actividad diplomática con los presos extranjeros como telón de fondo y la conexión entre el interior y el exterior de la prisión, «ambos extremos muy peligrosos». A finales de enero de 1941 consideraron que tenían suficientes pruebas y pasaron a actuar tras remitir dos notas al gobernador. La primera, del 8 de enero, denunciaba que en el local donde estaban los reclusos extranjeros se leía diariamente la prensa francesa, inglesa, portuguesa y la nacional. Se había dado el caso de que varias veces habían dado noticias al personal de la prisión que no aparecían en la prensa de la mañana. Dos eran las posibles fuentes señaladas para la obtención de la información: que tuvieran una radio o bien —y era lo que apuntaba el informe— que el vicecónsul Jon Gardiner les pasase los periódicos y el parte de guerra. El informante consideraba que «a Gardiner se le tienen demasiadas consideraciones, se queda solo con ellos en la sala de abogados y no sólo con los súbditos ingleses, también con los franceses^[218]».

La segunda información, dada una semana después, señalaba el lugar donde se producía el encuentro entre los presos y el enlace del exterior: era el campo de deportes, donde aprovechaban la confusión entre los reclusos que trabajaban y la gente que iba a verlos con la excusa de jugar al fútbol. El encargado de contactar era el preso Luis Puig, al que se acercaba siempre la misma muchacha vestida con un abrigo marrón. El 21 de enero ordenaron cachearlo y le requisaron dos cartas. Cuatro días más tarde presentaron al gobernador las siguientes conclusiones sobre la célula extremista que se estaba intentando reconstruir desde la cárcel. Por los sellos y los símbolos encontrados podía ser el comité ejecutivo de un llamado PSJ (Partido Socialista y Juventudes), que estaba intentando contactar a través de una joven llamada María, que acudía al campo de fútbol con el comité central del partido. Era muy posible, puesto que ya habían establecido contacto con los socialistas a través de los médicos reclusos Pedro Santguni y Manuel Bernal. La carta intervenida a Luis Puig decía así:

La copia del documento traducido del catalán y encontrado también en las ropas de Luis Puig decía lo siguiente:

El interrogatorio de Luis Puig reveló las claves para leer las cartas y dio un vuelco a la situación. Candela era el sobrenombre de su novia Montserrat Costas, que a través de su tía Alberta contactaba con su hermano, preso en la compañía de oficiales del Batallón Disciplinario de Trabajadores de Manresa. Las noticias le llegaban a través de otra chica de su pueblo, María, con la que se encontraba en el campo de fútbol. Las siglas PSJ no eran de un partido, sino la representación de los tres núcleos políticos más importantes y todavía con algún miembro en la provincia. Significaban Partido Comunista (P), Partido Socialista (S) y Juventudes Libertarias (J). La clave era Mateu. Se trataba de Mateu Ribot, un liberado condicional al que venían siguiendo desde el campo de concentración de Albatera en Alicante, y que después de huir a Francia había vuelto a España con la orden de reagrupar las organizaciones clandestinas en prisión. No se dieron cuenta hasta recibir el telegrama, que confirmaba que lo habían detectado entre las visitas del campo de Manresa. No era el Partido Socialista sino el propio PSUC en toda Cataluña lo que estaban intentando reconstruir. Al día siguiente, 22 de enero de 1941, el director de la prisión recibió la lista de los presos que debía aislar y que serían trasladados a la Modelo de Barcelona, donde pasarían inmediatamente al consejo de guerra. Otros 10 más fueron aislados e incomunicados en sus celdas. La mayor parte eran oficiales del ejército republicano y comandantes de milicias. Luis Puig, al que se le había intervenido la nota, estaba condenado a 20 años y era albañil en su pueblo natal Caballera. Antonio Moñino, de las JSU (al que iba dirigida la nota de Mateu), era considerado el elemento más peligroso, pero estaba condenado a sólo 12 años. Por su parte, Camilo Castelló Pou era el enlace de correspondencia, aprovechando que trabajaba de ordenanza. José Saguer, preso común, había gestionado la libertad condicional de Francisco Masergas, un hojalatero que fabricaba fiambreras con doble fondo con las que pasaban la correspondencia en el campo. Por último, José Alsina, José Ballesteros, Manuel Ben y Joaquín Serra estaban clasificados como extremistas que hacían averiguaciones sobre las personas que les rodeaban para proteger la célula. Pero el confidente no fue descubierto. Se trataba de José María Maurici, un falangista preso a disposición de la fiscalía de tasas. El delegado de Orden Público en Gerona le había ordenado que no le pasara las notas al director, sino directamente a él a través de una tercera persona, que las recogería en las visitas. De hecho, el director y el jefe de servicios fueron suspendidos de empleo y sueldo acusados de pasividad en sus funciones.

El hambre de 1940 y de 1941, las ejecuciones y el endurecimiento de las medidas disciplinarias frenaron la actividad clandestina en los penales. Sin embargo, dos elementos iban a cambiar este panorama, intensificando la actividad política y la frecuencia de las medidas de protesta hasta prácticamente 1946. En primer lugar, el reforzamiento de la legislación de seguridad de 1941 facilitó los contactos entre el interior y el exterior, al enviar a un gran número de personas a la cárcel por delitos posteriores al 18 de julio, muchos de ellos relacionados con la guerrilla. En segundo lugar, desde abril de 1942 el freno del avance alemán en el frente ruso produjo un creciente estado de optimismo en los presos políticos. Los directores y los oficiales de prisiones enviaban por doquier informes y notas a Madrid, denunciando el incremento de su activismo y su actitud desafiante. El nerviosismo sobre la posibilidad de un cambio de régimen alertó a todas las autoridades. El 3 de mayo de 1942, un informe de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas de Gran Canaria señalaba algo que habría sido inconcebible en la población civil. Los reclusos se saludaban con el puño en alto y al terminar la misa daban el grito de ¡Viva el comunismo! «Y todo ello, lo hacen protegidos por los extranjeros^[219]».

La cuestión internacional fue la baza decisiva durante los años siguientes. La orden de la Dirección de Prisiones fue aguantar y suavizar el discurso sobre el trato a los presos. Había que evitar cualquier escándalo que pudiera interpretarse como una provocación por los aliados. El relevo de Máximo Cuervo al frente de prisiones y el cambio en Justicia iniciado por Eduardo Aunós fueron las piezas que movió el régimen para adecuarse al plano internacional, mientras en el interior se ampliaba la capacidad represiva bajo el paraguas de las nuevas medidas de la seguridad del Estado. El ingreso de una nueva hornada de presos políticos tras las leyes de 1941 facilitó también la entrada de nuevos infiltrados y confidentes en prisión. El 24 de mayo de 1942, el director de la provincial de León ordenó el traslado de uno de ellos, que fue reconocido «inmediatamente después de ser levantada la incomunicación». La DGS había telegrafiado días atrás anunciando que mandaban a un policía procedente de Zamora con dos órdenes: primera, averiguar si alguien de dentro, un oficial o un guardia, actuaba como enlace «entre los elementos avanzados de la prisión y los del exterior». Segunda, comprobar si existía organización de Socorro Rojo en la prisión con enlaces en organizaciones de la calle^[220].

Controlar las conexiones entre el interior y el exterior se convirtió en una prioridad para la dictadura. Se recordó a todas las direcciones generales que las órdenes sobre prohibición de las comunicaciones dadas en 1938 seguían vigentes y se ordenó controlar sobre todo las comunicaciones de diplomáticos británicos, especialmente activos a la hora de visitar a los presos. El 10 de agosto de 1942 la embajada británica formuló una queja ante la Dirección de Política Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el estado de algunas prisiones, denunciado por varios cónsules y por el propio embajador, que había visitado la cárcel de Jaca. «Por el buen nombre de España todos tenemos la obligación ineludible de velar para que los agentes diplomáticos que visiten a los reclusos no reciban la penosa impresión que recibió el Sr. Embajador británico». En la carta no se dice que otras cárceles fueron el objeto de las quejas, pero la embajada británica recomendó el traslado de los presos británicos que había en Jaca a la cercana prisión de Barbastro^[221].

La Nochebuena de ese año un oficial de la prisión de Conde de Peñalver en Madrid fue sorprendido con un parte de guerra inglés. Aunque alegó que el recluso Antonio Manfredi sólo le daba clases de inglés, no pudo ocultar a tiempo las notas sobre la ofensiva británica en el norte de África que éste le había traducido. El nerviosismo cundía por todas partes y algunos sectores exigían una actuación preventiva, como las emprendidas al final la guerra. En este sentido fue «dirigida» la información de la DGS de 9 de enero de 1943 sobre células comunistas en las cárceles de Porlier y de Alcalá de Henares:

Según el jefe de servicios de Porlier, a pesar de las limitaciones de espacio (se trataba de un edificio con capacidad para 500 reclusos que albergaba todavía a más de 3500), existían dos locales de peligrosos o comunistas incomunicados y vigilados y no funcionaba ninguna organización. El maestro de talleres penitenciarios confirmó que se leía el parte inglés, «pero eso no significa que haya troikas». El informe de Alcalá no negaba que se introdujera información del exterior y en concreto de la guerra, pero eso tampoco significaba que funcionaran clandestinamente. En los trabajos forzados y las colonias militarizadas salía y entraba todos los días dos veces un grupo de más de 60 presos. Éstos eran los conductores de las noticias del exterior. El jefe de servicios descartó que hubiera troikas organizadas, pero sí creía que los comunistas y los socialistas tenían alguna relación «que les lleva a prestarse mutuo apoyo y ayuda económica, principalmente en cosas de comida».

El general Jesualdo de la Iglesia, juez especial para la Represión del Comunismo, envió una nota a la DGS respecto al tema. En ella decía: «No creo que dentro de Porlier tengan los comunistas ninguna organización, pero es evidente que fuera trabajan y tienen algún medio de comunicación o contacto con los presos». La culpa del ambiente izquierdista de las prisiones, según el general, era de la aglomeración que reinaba allí dentro. En Porlier, sin ir más lejos, «hay galerías que tienen más de 1000 individuos y en la puerta del exterior hay un funcionario que en ocasiones tiene a su cargo las dos galerías». El cambio de rumbo en la II Guerra Mundial disparó las esperanzas de los presos y su entorno. Las señales llegaban de todas partes. Tras la visita del 14 de diciembre de 1942 en Yeserías, el funcionario de los locutorios transcribía a su superior: «Por todas partes se cuenta lo mismo, que Stalingrado no lo habían tomado, que la gente trabajaba en la calle o que ya veremos cómo reacciona esta gente, refiriéndose a nuestro régimen^[223]».

4. MOTINES Y CAMPAÑAS DE PROTESTA

El grado de violencia que se alcanzó en las prisiones contrasta abiertamente con la apariencia de normalidad que se pretendía garantizar a toda costa. El año clave en el tránsito de la apariencia de normalidad política y social de cara al exterior fue 1944. El Código Penal y el comienzo del desmantelamiento de las prisiones habilitadas, que se sustituyeron por otras, como Carabanchel, fueron simultáneamente boicoteados por los presos políticos, que aumentaron la conflictividad de forma organizada pero también espontánea. Muchos de los motines que se produjeron en las prisiones en la segunda mitad de la década de 1940 guardan una importante similitud con algunos de los protagonizados por los llamados presos sociales de la de 1930. Se recuperaron pero también se modificaron elementos de protesta muy anteriores que perdurarían mucho tiempo en la clandestinidad. La organización y la centralización de la protesta política tuvieron que adecuarse a las normas de vida de la prisión. Existía una tradición que hundía sus raíces en las luchas del movimiento obrero, pero éste había sido desmantelado por completo. Ésa fue la gran diferencia, por ejemplo, con los conflictos de 1934, y puede decirse que ese aislamiento resultó fatal para los objetivos que perseguían los presos políticos.

Las dos prisiones madrileñas que estaban en el ojo del huracán ante los posibles apoyos extranjeros seguían siendo Porlier y Alcalá de Henares. Porlier, el antiguo colegio de escolapios de la calle Padilla, seguía teniendo la galería de presos provisionales mayor de España. Desde que se habilitó como centro de las prisiones especiales del Madrid de la liberación, su fama de dureza no había dejado de crecer, como refleja su índice de suicidios. Cárcel de primera hora para miles de presos, Porlier también seguía siendo el primer destino de muchos funcionarios. Según la relación de personal de 1943, la mayoría (un abrumador 95%) eran oficiales provisionales procedentes del ejército y de Falange. Desde comienzos de 1944 las confrontaciones abiertas no habían hecho más que aumentar. El 12 de febrero de 1944 apareció muerto en el retrete el agente de policía secreto López Zúñiga. La Dirección General de Seguridad decidió entonces sacar de allí a un infiltrado llamado Andrés Velasco. Era un estudiante de veintiséis años, falangista desde 1934, que denunció al orfeón y al cuadro artístico por actividades comunistas. Según el director, Miguel Pérez Blasco, su último informe era del 8 de enero. Lo había titulado Estado de cosas que habían causado malestar entre la población reclusa. En él describe la siguiente escena:

Últimamente en un sermón que predicó el señor cura dijo que todo aquél que hablara mal de la Causa Nacional o de la política en contra del Generalísimo sería llevado al penal de Burgos. Los presos españoles procuran no hablar mal ya que si lo hacen además del traslado les espera una monumental paliza, pero los extranjeros no ponen cuidado. Después de comer toda la población reclusa forma en el patio, unos 2500 hombres formados y en posición firme con el brazo en alto cantan los himnos nacionales, todos menos los extranjeros, éstos no saludan ni contestan y reciben comida y tabaco de la embajada inglesa. Una vez sorprendieron a cuatro que no cantaban y les mandaron dar diez vueltas al patio y con el brazo extendido les metieron en una galería de castigo^[225].

La situación de una prisión situada en el centro de Madrid aceleró la desaparición de Porlier. El 28 de enero de 1944 se iniciaba su desmantelamiento y el traslado gradual de los presos a Carabanchel, que también absorbía a los reclusos de Santa Rita. Ese mismo día salieron de madrugada 236 reclusos y tres de ellos se fugaron en plena calle. Aunque la policía detuvo el tráfico y acordonó la zona, consiguieron huir. Se decretó el estado de máxima alerta en toda la ciudad^[226]. Por su parte, la situación en Alcalá, más alejada de la capital y de la prensa extranjera, se intentó reconvertir por otros caminos, sobre todo los de la policía secreta. El 9 de noviembre de 1944, el comisario de la Brigada Político-Social, Luis González, envió una queja por escrito a la Dirección de Prisiones porque con sus agentes y los de las autoridades locales «habían montado un servicio en prisión y el Director entorpecía la labor de los reclusos que se han prestado a servir de confidentes». Según la queja, actuaban a instancias de la policía gubernativa, que consideraba la proporción de presos comunistas muy elevada, ya que era superior al 85% del total de la prisión^[227].

Fuera de Madrid, la política de trasladar y alejar a los peligrosos y reincidentes, aunque seguía alejando los posibles contactos con el exterior y facilitaba el seguimiento de las redes políticas del interior, produjo un efecto contrario al deseado. El 28 y el 29 de septiembre de 1944 los reclusos de Las Palmas de Gran Canaria se negaron a comer. La dirección se apresuró a afirmar que la causa no era el rancho, ya que entre las dos comidas «arrojan 1250 gramos por plaza», sino que los reclusos condenados por auxilio a la rebelión eran los verdaderos promotores. Según el director la situación en las islas estaba al límite, ya que la gran influencia extranjera se veía agravada por ser la mayor parte de los presos delincuentes políticos, castigados por su «contumancia y perseverancia», lo que suponía una fuente de problemas constante^[228].

El director del penal de El Puerto de Santa María, Ramón Caballero, confesaba por carta al capitán general de la Segunda Región Militar que al asumir su cargo en la cárcel penal se había sentido desanimado, aunque juzgó normal todo lo que allí sucedía, habida cuenta del triunfo de Rusia en la guerra. Con el tiempo se aquietaron los ánimos, no sin antes provocar dos plantes «con el pretexto de la comida pero con idénticas finalidades subversivas, como los hubo en todas las prisiones importantes de España entre 1945 y 1946^[229]». En opinión de Caballero al hacerse cargo del centro en 1946, aquella población penal era la peor de España, pues se componía sobre todo de fugistas, sancionados graves y de los rebeldes de Chinchilla que habían sido trasladados allí tras haber incendiado el penal. Durante su primer año, la junta de disciplina tuvo que imponer 230 sanciones de reclusión en celda. Con una media de 1000 presos al día y con esa conducta, el número no le parecía en absoluto excesivo, ya que sólo así pudo lograr reconducir la situación^[230].

Junto a motines y plantes, se impuso otro tipo de protesta basada en el silencio absoluto; se trataba de una estrategia muy común en los conflictos finales del periodo republicano y basada en guardar un silencio total en el cortejo fúnebre de las víctimas de la violencia política derechista. En las prisiones franquistas de la década de 1940 se reprodujo de distintas maneras, tanto para protestar por una ejecución como para organizar una campaña demostrando la fuerza de la organización interna. Incluso los casos más espontáneos de silencio eran prohibidos para evitar el contagio, mientras que los actos organizados y más preparados eran duramente reprimidos. En Huesca, durante todo el primer trimestre de 1946 los guardias describieron la situación de la prisión de la siguiente manera: «Todos los presos guardan silencio durante el día y durante las noches cantan a la vez aunque estén aislados. Fue desmantelado el coro, pero la protesta sólo se disolvió con el traslado de 20 presos^[231]».

El verano de 1946 fue especialmente intenso en prisiones. El 15 de julio una información de la DGS revelaba un recrudecimiento de la campaña internacional contra el régimen centrada en la situación de los presos. A las embajadas en Madrid llegaban de forma constante notas sobre la cárcel de Carabanchel, escritas supuestamente por los propios presos; denunciaban varios aspectos destinados a acabar con la imagen de moderna prisión transmitida en las visitas de las delegaciones diplomáticas. Sólo habría un cuarto de baño por cada 600 presos, la alimentación era absolutamente deficiente y a los familiares se les cobraba 2,25 pesetas por entregar un paquete y otras 1,25 por cada visita. La nota pedía que se enviasen copias del escrito a todas las embajadas acreditadas en Madrid^[232]. La respuesta no tardó en llegar. Como señalara el ministro de Justicia Fernández-Cuesta, utilizarían cualquier método para evitar la injerencia extranjera agitada por los enemigos de España y mostrar al mundo la firmeza de su lucha contra el comunismo. Las medidas hacia el exterior iban dirigidas fundamentalmente a camuflar la existencia de los presos políticos. En el interior la cortina de humo se traducía en una presión y una vigilancia mayores de los sectores peligrosos. Para mostrar al mundo cómo eran las prisiones españolas se podían organizar más visitas con delegaciones extranjeras, pero primero había que asegurar que todos presentaban la misma apariencia de presos comunes.

El 26 de julio de 1946 el Patronato Central adquirió 2500 monos para los reclusos y procedió a repartirlos por algunas prisiones como uniforme reglamentario. El 6 de agosto los presos de Alcalá de Henares se negaron a vestir este nuevo uniforme. El día 7 por la tarde 80 de ellos se lo pusieron, pero a la mañana siguiente todos los presos formaron en el patio sin él. Se continuó repartiendo la ropa, pero entonces la negativa fue rotunda; sólo hubo unos pocos que no pusieron reparo y aceptaron vestirse el uniforme a cambio de una visita extraordinaria. El director consideró la situación de «rebeldía clara y definida postura imposible de tolerar en semejante masa de individuos» y tomó una serie de medidas. Ordenó que todos fueran encerrados y vigilados en sus celdas, para lo cual llamó a los funcionarios de permiso. Ya con la plantilla al completo, fueron sacando a los presos de sus celdas de 10 en 10 para hacerles vestir el uniforme. Al ser preguntado por qué se negaba a vestir la ropa, uno ellos manifestó que «ellos no pueden aceptar ni vestir un uniforme que les entrega un régimen político que no es el suyo, condenados como vulgares delincuentes, ya que ellos son sólo actos políticos los que realizan en la calle, no delitos comunes». A pesar de que fueron sancionados con dos meses de castigo en sus celdas, 198 de ellos siguieron sin ponerse el uniforme y sólo 21 terminaron vistiéndolo. La victoria fue total, pero duró muy poco^[233].

La organización política y la difusión de la actividad clandestina que salía al exterior del penal alcanzaron su punto álgido. Los talleres penitenciarios de Alcalá, que representaba el centro modélico del trabajo técnico de los reclusos, terminaron siendo talleres de propaganda clandestina y falsificación acelerada. El 11 de octubre de 1946 dos presos, Santiago Cuesta y Asensio Bengoa, consiguieron salir del penal con órdenes de libertad falsas firmadas por el coronel Eymar, presidente del Juzgado Especial de Comunismo y Espionaje. A partir de entonces Eymar exigió que las órdenes de libertad le fueran entregadas personalmente en el juzgado. También exigió un informe sobre la situación política del penal, en el que se concluye de manera determinante que «los reclusos funcionan en sus partidos, tienen sus cuadros, sus enlaces y sus socorros. La masa penal funciona en todos los actos como un solo hombre^[234]».

Había llegado el momento de actuar. Justo un mes después, tras una información reservada de la DGS que aseguraba que los presos de Alcalá se estaban reorganizando y preparaban una fuga masiva, se llevó a cabo la intervención. El director, Justo Herráiz, autorizó a todos los funcionarios a llevar pistola y éstos fueron entrando en las celdas para efectuar un registro exhaustivo y aislar a los dirigentes políticos, que fueron trasladados. Aquel día se desarticuló gran parte de la dirección política clandestina a nivel nacional, ya que fueron arrestados los comités del Partido Comunista, de Juventudes Socialistas Unificadas, de la CNT, del Partido Socialista y de los republicanos. El golpe resultó brutal y sólo fue el comienzo de un escarmiento generalizado que tuvo varias manifestaciones más en distintos presidios de la geografía española^[235]. El 5 de septiembre de 1947 estalló un polvorín del ejército a las afueras de Alcalá. Se acusó de sabotaje a una célula reconstituida de las Juventudes Comunistas (JSU) con ayuda de los dirigentes políticos presos en el penal. El consejo de guerra dictó la pena de muerte para los ocho detenidos, que fueron ejecutados en el penal de Ocaña a comienzos de 1948. Pero la reacción había empezado, en realidad, el 17 de mayo de 1946 en el consejo de guerra número 132 638 contra Félix Villa Moreno, condenado a 13 años por actividades políticas. Tiempo atrás la Dirección de Prisiones había decidido ponerlo en circulación por distintas cárceles para ver hasta dónde los conducía. Y no los defraudó. De Alcalá pasó Villa Moreno a Ocaña, de allí a Guadalajara y, en diciembre de 1947, se decidió mandarlo a Burgos, siempre notificando que lo sometieran a estrecha vigilancia «garantizando así la no divulgación de la censura que el estado ejerce sobre la correspondencia de estos elementos». De esta manera, a través del control de la correspondencia que él creía secreta, fueron desarticulando buena parte de la dirección política de la oposición franquista que actuaba desde prisión y deteniendo uno tras otro a todos los integrantes de la reconstrucción política en libertad^[236].