En enero de 1516, nadie se opuso abiertamente a Cisneros cuando este, conforme al testamento del Rey Católico, tomó las riendas del poder, pero la situación no tardó en deteriorarse. Las regencias, por ser provisionales, se prestan a toda clase de disturbios e intrigas, y más en 1516, cuando el poder se encontraba repartido entre Madrid, residencia de Cisneros, y Bruselas, sede de la corte del nuevo rey. Aquella dualidad dio lugar a una serie de alteraciones que se pueden agrupar en dos clases: las revueltas antiseñoriales y las rivalidades entre nobles, deseosos de aprovechar las circunstancias para saldar cuentas atrasadas o satisfacer ambiciones de medro.
En el siglo XVI, el señorío tiene mala fama; viene a ser sinónimo de opresión e injusticia[94]; de ahí surgen las reacciones de los pueblos cuando se pretende convertirlos en señoríos jurisdiccionales. Tres fueron los principales movimientos en este sentido durante la segunda gobernación de Cisneros: los de algunas villas de Castilla la Vieja; los de la villa de Huéscar contra el duque de Alba, y, sobre todo, el levantamiento de la ciudad de Málaga contra los privilegios del almirante de Castilla.
En su testamento, el Rey Católico le había dejado a Germana de Foix, su segunda esposa, una renta de 30 000 florines de oro. No se sabe bien por qué, Cisneros sugirió que aquella renta se situara no en el reino de Nápoles, como estaba previsto, sino en las villas de Arévalo, Madrigal, Olmedo y Santa María de Nieva, que, en estas condiciones, dejarían de formar parte del patrimonio real, solución que satisfizo a la reina Germana[95], pero que suscitó la oposición de los interesados; Cisneros tuvo que enviar tropas para ocupar la fortaleza de Arévalo, pero los vecinos seguían resistiendo. El cardenal logró convencer a los más exaltados adversarios de la devolución; luego, en el verano de 1517, hizo algunas concesiones: prometió que Olmedo y Arévalo volverían a formar parte del patrimonio real después de la muerte de la reina Germana; esta se quedaría con la villa de Madrigal y una renta de diez millones de maravedís, solución que el rey don Carlos confirmó en las Cortes de Valladolid (1518[96]).
Huéscar era un pueblo situado en el norte del reino de Granada. En 1513, el Rey Católico lo había concedido al segundo duque de Alba, don Fadrique de Toledo, para agradecerle la ayuda que le había prestado durante la rebelión de los moros. En febrero de 1516, la población —compuesta de cristianos viejos y de moriscos mezclados— asaltó la fortaleza, mató a sus defensores y se dirigió a la Chancillería de Granada para pedir que se la reintegrara al patrimonio real en virtud de los privilegios que decía poseer en este sentido; la Chancillería opinó que la causa era de la incumbencia del cardenal gobernador. Por su parte, el duque de Alba acudió también a Cisneros para pedir justicia. El cardenal consideró que aquel asunto planteaba desde luego un problema de derecho: ¿era válida la decisión de convertir Huéscar en ciudad de señorío o había que reintegrarla en el patrimonio real? Ahora bien, en Huéscar, se había procedido con violencia y se habían cometido muertes que no podían quedar sin castigo. Cisneros envió un alcalde de corte para averiguar el caso. Este mandó dar pena de muerte a varios de los culpables, desterrar y multar a otros; ordenó además que la ciudad y la fortaleza fuesen devueltas al duque de Alba, mientras el rey no decidiera otra cosa. Lo que hizo el alcalde, por orden de Cisneros, fue, pues, sancionar una situación que el cardenal gobernador juzgó inadmisible: nadie tenía derecho a tomarse la justicia por su mano; había que dejar a las chancillerías examinar el asunto y decidir lo que les parecía conforme a derecho. En el caso de Huéscar se añadían además las muertes cometidas contra los servidores del duque de Alba, actos que merecían ser castigados.
Mucho más seria fue la rebelión de Málaga, que estalló en marzo de 1516. Don Fadrique Enríquez de Cabrera era uno de los magnates más poderosos del reino. Desde el siglo XV la familia ostentaba el título de almirante de Castilla, dignidad que, de hecho, había perdido toda importancia real; durante el reinado de los Reyes Católicos, a nadie se le ocurría ya acordarse de que los Enríquez tenían algo que ver con los negocios marítimos, menos aún acudir a ellos para zanjar cuestiones relativas a dichos negocios. Se conoce que las nuevas perspectivas abiertas por el descubrimiento de América y la instalación en Sevilla de la Casa de la Contratación llamaron la atención de don Fadrique, quien, a principios del siglo XVI, pretendió utilizar sus antiguos privilegios y prerrogativas; envió a Málaga a unos agentes que empezaron a cobrar tasas sobre el comercio local y a intervenir en los litigios que afectaban a las gentes de mar en todo el litoral. Los Reyes Católicos autorizaron en parte aquellas iniciativas; era el precio que se debía pagar al almirante para recompensar su apoyo a la Corona durante la guerra de sucesión. En 1516, aprovechando la nueva coyuntura política, la ciudad de Málaga se negó a acatar los privilegios del magnate y entró en rebelión abierta contra él. Cisneros, preocupado por hacer respetar escrupulosamente el orden público y por impedir que nadie se tomara la justicia por su mano, obligó a la ciudad de Málaga a ceder tras una impresionante demostración de fuerza —el envío de tropas en octubre de 1516—. Pero el almirante no obtuvo todo lo que exigía; se vio obligado a renunciar a sus antiguos privilegios y a cobrar derechos sobre el comercio indiano a cambio de una fuerte compensación económica: 4000 ducados que le fueron entregados el 30 de marzo de 1517 y 173 373 maravedís que recibió el 30 de abril del mismo año.
En Arévalo, en Huéscar y en Málaga fueron los vasallos los que se rebelaron contra lo que consideraban privilegios exorbitantes de los señores. Otra categoría de disturbios que también ocurrieron durante la regencia de Cisneros tuvo como iniciadores a los mismos señores, que vieron en lo que ellos juzgaban un vacío de poder una buena oportunidad para satisfacer sus ambiciones al margen de la ley. El primero en levantarse con mano armada fue don Pedro Girón, hijo primogénito del conde de Ureña, quien reivindicaba para sí el ducado de Medina Sidonia. El último titular del feudo había muerto en enero de 1513 sin dejar heredero directo. Girón pretendía tener derechos sobre la herencia y, en una acción muy rápida, se apoderó del feudo. El rey don Fernando se opuso a ello, ya que pensaba ofrecer el ducado a su nieta, doña Ana de Aragón, hija natural del arzobispo de Zaragoza; el rey desalojó a Girón y entregó el ducado a don Alonso de Guzmán, que casó con su nieta. Muerto don Fernando en enero de 1516, Girón creyó llegado el momento de alcanzar sus objetivos; organizó una expedición militar contra Medina Sidonia y Sanlúcar de Barrameda. Cisneros intervino entonces de modo enérgico, con el respaldo judicial de la Chancillería de Granada y el apoyo militar de don Luis de Mendoza, marqués de Mondéjar y capitán general de Granada. Don Pedro Girón no tuvo más remedio que retirarse.
Girón había actuado de forma aislada. En otros sucesos del mismo tipo, la aristocracia castellana se dividió en bandos opuestos. Este fue el caso del litigio provocado en torno al priorato de San Juan. La Orden de San Juan —cuyo centro principal estaba situado en Consuegra, en el arzobispado de Toledo— no dependía de los reyes de Castilla como las de Santiago, Alcántara y Calatrava; de ahí las rivalidades que surgieron cuando, en 1516, se habló de nombrar a un prior. El litigio oponía a dos magnates: don Antonio de Zúñiga, hermano del duque de Béjar, y don Diego de Toledo, hijo tercero del duque de Alba. En marzo, el Tribunal Romano de la Rota zanjó la disputa a favor del primero, lo cual provocó la ira del segundo[97], quien solicitó el arbitraje del rey don Carlos. En enero de 1517, la corte de Bruselas acabó por encontrar una solución de compromiso: el priorato quedaría anejo a la Corona, pero sus rentas se repartirían entre las dos partes en litigio. El duque de Alba no quiso saber nada y empezó a reunir tropas para ocupar el priorato por la fuerza. Ante aquella iniciativa, en junio de 1517, Cisneros decidió intervenir con mano armada para disuadir al duque de sus pretensiones. El duque, al ver la determinación del cardenal gobernador, desistió de su intento y pidió humildemente su perdón.
Beleña, cerca de Salamanca, era disputada por el duque del Infantado, don Juan de Mendoza, y el conde de Coruña. La villa le había tocado por herencia al hermano segundo del duque, quien la había vendido al conde. Ahora bien, el abuelo del duque había dispuesto en su testamento que la villa no debía nunca ser desmembrada ni enajenada del patrimonio de la casa de Mendoza. Sobre si había que cumplir o no aquella disposición había pleito pendiente desde hacía años ante la Chancillería de Valladolid. Al hacerse cargo de la gobernación, Cisneros dio órdenes para que los jueces zanjaran el litigio y pronunciaran una sentencia a favor de una de las partes. El duque del Infantado se las arregló entonces para obtener de Bruselas una cédula que mandaba suspender la causa hasta la venida del rey. Cisneros no dudó en llamar la atención del monarca: «Su Alteza no debía mandar dar tal cédula ni suspensión, porque, como estas sean cosas de justicia, hanse de dejar que vayan por sus términos, conforme a derecho». El rey acató la advertencia y la Chancillería de Valladolid falló contra el duque. Este, irritado, prendió el fiscal eclesiástico del arzobispado, le hizo apalear y le expulsó de la ciudad de Guadalajara, amenazándole de muerte si volvía. Entonces, Cisneros hizo correr la voz de que el duque había cometido dos delitos: uno contra la religión, maltratando a un clérigo, otro contra la Corona, desacatando a la justicia real. Al duque no le gustó nada la actitud de Cisneros; encargó a un clérigo algo loco que fuese a insultar al cardenal gobernador[98]. Por fin, el duque pidió disculpas a instancias de otros magnates.
Mucho más grave resultó la disputa sobre a quién pertenecía Villafrades, lugar de la Tierra de Campos, ¿a Gutierre Quijada o a Rodrigo Girón, hijo del conde de Ureña? En mayo de 1517, la Chancillería de Valladolid falló a favor del primero, pero el segundo, con el apoyo de un grupo de nobles, se apoderó del pueblo y echó fuera a los ministros de justicia. Cisneros no podía dejar sin castigo tal desacato a la autoridad. Los magnates amigos de Rodrigo Girón —el duque de Alba, el conde de Benavente, el duque del Infantado, entre otros— se pusieron de acuerdo para pedirle perdón al cardenal gobernador, pero, por otra parte, enviaron mensajeros a Bruselas para criticar a Cisneros y acusarle de provocar alborotos y disturbios por su intolerancia y autoritarismo. Mientras tanto, el condestable trataba de sublevar la tierra de Burgos y la montaña de Santander; el conde de Alba de Liste entraba en Valladolid con gente armada; se estaba preparando una verdadera insurrección de los magnates contra Cisneros bajo la dirección del condestable de Castilla, el que lo organizaba todo[99]. Mal informada, la corte de Flandes decidió sobreseer el pleito hasta la venida del rey. Esta decisión equivalía a desautorizar a la justicia y a Cisneros. El cardenal gobernador creyó llegado el momento de dar un escarmiento sonado[100]. Mandó a un alcalde de la Chancillería de Valladolid para que, al frente de una tropa nutrida, fuese a ejecutar la resolución de la justicia. El alcalde hizo pregonar a los insurgentes reos de traición y lesa majestad. La plaza de Villafrades fue tomada; el lugar, arrasado y quemado: el solar fue arado y sembrado de sal; además, varios de los alborotadores fueron ahorcados. Aquel castigo impresionó a toda Castilla, a nobles y a plebeyos[101]. El rey no tuvo más remedio que aprobar el castigo y felicitar a Cisneros.
Conforme iba pasando el tiempo, la oposición al cardenal regente crecía en Castilla. Casi no había mes sin que se tuviera noticia de alguna revuelta o desacato a la autoridad. Tanto es así que algunos historiadores no han dudado en definir la situación ante la cual se encontró Cisneros de precomunera; era como una prefiguración de lo que iba a ocurrir a partir de junio de 1520[102]. Las iniciativas de los magnates, la escasa obediencia que prestaban a los tribunales a la hora de resolver sus diferencias y la tendencia a tomarse la justicia por su mano suponían una amenaza constante y peligrosa para el orden público. Para hacer frente a aquella oposición nobiliaria, Cisneros ideó un instrumento de orden y disuasión de toda clase de revueltas, formando lo que llamó la Gente de Ordenanza, una milicia ciudadana permanente de unos 30 000 hombres, capaz de afirmar la autoridad de la Corona en todas partes. Volveremos sobre aquel proyecto, que era una parte esencial del ideario político de Cisneros. Solo diremos de momento que, ya en junio de 1516, se puso en marcha el aparato administrativo destinado al reclutamiento y suministro de armamento de aquella tropa: cada ciudad habría de aportar un número de soldados, conforme a su población, dotarlos de las armas necesarias y darles una instrucción militar conveniente; estos soldados no recibirían paga, pero gozarían de varias exenciones fiscales que les asimilarían a los hidalgos. El proyecto fue acogido sin problemas mayores en Castilla la Nueva y en Andalucía, no así en Castilla la Vieja, donde los nobles vieron el peligro que se les venía encima, procuraron estorbar su realización y, finalmente, fomentaron rebeliones en algunas ciudades, la principal de todas en Valladolid. La documentación que se puede manejar sobre el tema no deja ninguna duda: fueron los magnates —el almirante de Castilla, sus parientes y clientes, el conde de Benavente, el duque del Infantado…— quienes, indirecta o, las más de las veces, directamente, provocaron alborotos para impedir que la formación de la Gente de Ordenanza siguiera adelante y, sacando argumento de los disturbios que ellos mismos provocaran, intrigaron en Flandes cerca del rey hasta convencerle de que Cisneros andaba equivocado y que era más prudente renunciar a un proyecto que tanta oposición suscitaba.