EN LA CAVERNA TERRORISTA
Empecemos por el terrorismo. Empecemos por ETA. Empecemos por España en este recorrido sobre las entrañas del progresismo y las cavernas de la izquierda. Y es que la expresión más clara, y la más grave, de las tentaciones radicales y antiliberales de la izquierda está en el terrorismo. En la comprensión del terrorismo. Siempre que el terrorismo sea de izquierdas, antiimperialista o nacionalista o, en nuestro caso, antifranquista. Dado que casi todo el terrorismo de cierta relevancia de la actualidad está encuadrado dentro de esos adjetivos ideológicos, nos encontramos con el hecho de que el rasgo más inquietante del progresismo es precisamente su coqueteo con el terrorismo, con los diversos terrorismos.
En la izquierda radical, la cercana a ETA en el caso español, la justificación del terrorismo es directa. La expresaba uno de sus intelectuales más importantes, el dramaturgo Alfonso Sastre en 2008: «Una parte de la opresión de España sobre el País Vasco ha desaparecido tras 30 años de democracia, pero otra no. La violencia siempre es indeseable. Ahora bien, para obtener la paz hay que llegar a un acuerdo con esa violencia existente de ETA. Solo con la actuación de la policía no se acabará con la violencia etarra y eso parece indudable. Por tanto es necesario negociar con ETA, y, sin negociación, no habrá paz»[1].
Por supuesto, el coqueteo de la izquierda moderada con el terrorismo no se hace en forma de abierta justificación de ese terrorismo, ni siquiera en forma de simple justificación. Pues la izquierda democrática condena el terrorismo en cualquiera de sus formas. «Que quede claro que yo condeno con claridad a este grupo terrorista…», el discurso progresista empieza habitualmente así, pero inmediatamente surge el inevitable pero, «pero… debemos resolver un conflicto pues hay que ir a las raíces del problema, a las causas». Algunos ni siquiera se toman la molestia de establecer la introducción de la condena. Simplemente, van directos a las causas. Como el escritor Bernardo Atxaga, insigne representante de ese nutridísimo grupo de intelectuales vascos que jamás se ha movilizado contra ETA y, sin embargo, o, mejor dicho, por eso mismo, ha recibido todo tipo de parabienes de las instituciones vascas.
Lo de Atxaga ocurría en la última negociación del Gobierno socialista con ETA, allí donde la poco edificante relación de la izquierda con el terrorismo se puso de nuevo en evidencia. Atxaga, siempre ausente en los largos años de movilización contra ETA, consideró necesario, sin embargo, salir a la palestra en abril de 2006 para, ¿condenar a ETA?, ¿celebrar el posible triunfo de la democracia?, ¿recordar a las víctimas? Pues no, lo hizo para recordar el franquismo, es decir, lo que consideraba la causa del terrorismo etarra: «Euskadi era el pájaro, y la dictadura del general Franco era la jaula. El pájaro quería se libre, volar. Pero nadie iba a abrirle la jaula, tenía que rebelarse, perder el miedo y luchar»[2]. Y por si no lo habíamos entendido bien, insistía el autor en las causas, las dos causas que dieron lugar a ETA, los movimientos de liberación nacional y la revolución cubana de los sesenta y lo que denominó la «especificidad de la represión franquista en el País Vasco». Y esta «canción», título de Atxaga para la defensa de las causas de ETA, ha durado cuarenta años incluso tuvo «una subida de volumen durante el Gobierno Aznar», en la época que siguió al cierre del periódico Egunkaria, concluía el autor, con la poco sutil conexión entre el franquismo y el cierre de Egunkaria durante el Gobierno Aznar. ¿Y el periodo democrático, el de casi todos los crímenes de ETA? Carece de relevancia, pues las causas, como se ve con Egunkaria, siguen ahí, nos explicaba Atxaga.
Es aparentemente algo más sutil la vía habitual de la izquierda para colocar la teoría del conflicto, la consistente en poner sobre la mesa la existencia de un sector social que apoya el terrorismo y que los demócratas estaríamos obligados a integrar. Como es bien sabido, la izquierda aplica esta teoría a todos aquellos casos de criminales en la órbita de la izquierda y el mismo argumento vale para ETA, para las FARC o para los fundamentalistas islámicos. Hay que integrarlos. Y, por supuesto, eso se hace negociando con ellos. Pues si no les damos nada, seguirán instalados en el extremismo. Operación que, dicho sea de paso, no desagrada a la izquierda, pues eso que hay que darles forma parte, casualmente, del espectro ideológico de la izquierda.
Durante la pasada negociación, el politólogo y articulista Ignacio Sánchez-Cuenca fue probablemente el representante intelectual más significado de esa teoría, precedido por su más conocida incursión en el análisis del terrorismo, un libro en el que nos explicaba que la mejor manera de acabar con el terrorismo era negociar con él. Por si no habíamos caído todavía en tan brillante a la par que sencilla solución. Dado que su consejo no había sido tenido en cuenta por los Gobiernos de Aznar, y, por lo tanto, el terrorismo de ETA persistía, volvió a la carga en la negociación de Zapatero, esta vez, eso sí, con el apoyo total del presidente, fiel seguidor de sus consejos.
Sánchez-Cuenca nos lo resumió en julio de 2006: «Para conseguir el fin del terrorismo, es necesario hablar no solo con ETA, también con Batasuna». ¿La razón de tan relevante descubrimiento? Muy sencilla de entender, proseguía el autor: «Si queremos que ETA no vuelva a matar nunca más, hay que conseguir que su base social, los seguidores de Batasuna, se integren en el sistema democrático. En los términos utilizados por Zapatero, se requiere un gran pacto de convivencia en el País Vasco que desactive el tinglado montado en torno al terrorismo. Dicho pacto requiere algunas concesiones simbólicas y procedimentales, como las famosas mesas de diálogo, que sin duda serán piezas importantes en este acuerdo incluyente que cierre para siempre el conflicto creado por ETA»[3].
Sobre esa base teórica había anunciado José Luis Rodríguez Zapatero a finales de junio de 2006 la apertura de un diálogo con ETA. Sin precio político, añadió, pero, eso sí «con un pacto de convivencia política en el País Vasco». Pues, al parecer, los vascos no habían sabido convivir adecuadamente y de ahí que a los de ETA les diera por asesinar. El periodista de El País Luis R. Aizpeolea, depositario periodístico privilegiado de las informaciones procedentes de La Moncloa en esta y otras cuestiones durante los dos Gobiernos socialistas, había contado el plan de negociación con ETA del Gobierno unos días antes sin tantos cuidados lingüísticos para disfrazar la negociación. Lo llamó «hoja de ruta para el proceso de paz» y la dividió en seis pasos: 1) el presidente anuncia al líder de la oposición su comparecencia en el Congreso para iniciar el diálogo con ETA, 2) el presidente comparece en el Congreso y anuncia el inicio de conversaciones con los terroristas, 3) se inician las conversaciones con ETA, 4) se entrevistan el PSE y Batasuna, 5) se legaliza Batasuna, y 6) se inicia la mesa de partidos[4].
Los socialistas vascos estaban plenamente de acuerdo con la negociación. Y lo dejaron claro en un documento hecho público en febrero de 2006 y redactado por Jesús Eguiguren en el que definieron el problema «político» que se debía resolver con la negociación: «Ha existido en Euskadi un problema de normalización política, derivado de un consenso insuficiente en torno al marco jurídico-político y a las reglas de juego que hay que respetar. (…) De ahí que nos enfrentemos a dos procesos que deben ser encauzados mediante un orden de prioridades: cese de la violencia, en primer lugar, como paso previo al diálogo entre fuerzas políticas para resolver, sin interferencias del terrorismo, los problemas políticos»[5].
Y por si los ejes de la negociación entre la izquierda española ETA no hubieran quedado claros, la propia ETA los ratificó en entrevista concedida a Gara su diario de referencia, en mayo de 2006. Lo esencial, afirmaron los terroristas, es superar el conflicto, es decir, lo que Zapatero llamaba «acuerdo para la convivencia política en el País Vasco»: «Para nosotros, la clave principal y la base imprescindible se encuentra en el proceso democrático que debe desarrollarse en Euskal Herria, y ahí hay que lograr el acuerdo principal para superar el conflicto, es decir, entre los agentes vascos. (…) La esencia de la negociación entre ETA y los Estados proviene de este punto de partida»[6].
En palabras de José Luis Rodríguez Zapatero, «primero la paz y luego la política», es decir, que «el Partido Socialista está dispuesto a dialogar, pero a través de los cauces institucionales. Además, como es evidente, de las cuestiones políticas solo hablarán las fuerzas políticas. El diálogo con ETA no incluirá ninguna cuestión política»[7]. Entusiasmado por su negociación, el presidente se adelantaba al tiempo y ya daba por legalizado al brazo político de ETA, a Batasuna, incluso lo separaba de ETA para así poder afirmar que el diálogo no se haría con ETA. La misma anticipación del futuro le llevó en esa entrevista a concluir, tras la comparación de las fotografías de la dirigente de Batasuna, Jone Goirizelaia y la dirigente del PSE, Gema Zabaleta, por un lado, y la dirigente del PP, Pilar Elías y la eurodiputada socialista Rosa Diez, por otro, que «Una foto [la de Goirizelaia y Zabaleta] se adelantaba a su tiempo y que quizás la otra [la de Elias y Diez] era una foto un poco retrasada en relación a su tiempo»[8].
No solo tenemos que resolver el conflicto, dice la izquierda cuando de terrorismo de izquierdas se trata. Además, debemos lograr la paz. La paz es el complemento imprescindible del conflicto, pues lo que viene tras la negociación con los terroristas de izquierdas es la paz. No la negociación política, la discusión con los terroristas sobre unos objetivos bastante menos presentables para los ciudadanos, sino algo con mucha mejor imagen popular como es la paz. Así lo anunció el diario cercano al Gobierno, El País, en junio de 2006: «El Gobierno y ETA iniciarán de inmediato las conversaciones de paz»[9]. El contenido de las conversaciones entre Gobierno y terroristas, según este periódico, no eran los acuerdos políticos con ETA, sino que se limitaban a la paz. ¿De qué hablarán ETA y el Gobierno? Del concepto de paz, exclusivamente, ¡cómo nos gusta la paz!, ¡viva la paz! en esos términos conversarían, ahora un etarra, ahora un representante del Gobierno. El periódico referencia del progresismo español podía haberlas llamado «conversaciones de violencia», pues se iban a entablar con unos asesinos que exigían algunas concesiones a cambio del fin de los crímenes, pero, como es habitual en el universo conceptual del progresismo, a lo que ellos acuerdan con los criminales siempre se le llama paz.
Y ¿quién es el mal nacido que no quiere la paz? Entre violencia y paz, entre guerra y paz ¿por cuál apuesta usted? Trampa progresista habitual y siempre muy eficaz. Y la disyuntiva sirve tanto para las guerras como para los terrorismos. La izquierda, prescribe el universo progresista, apuesta por la paz y la derecha lo hace por la violencia y la guerra, máxima que los progresistas repitieron machaconamente cada día de su negociación con los criminales etarras.
La derecha, proclamaba José Luis Rodríguez Zapatero en septiembre de 2006, en pleno «proceso de paz» con los criminales, no distingue entre guerra y paz: «Han pasado más de dos años y hay una derecha que no ha cambiado nada desde su derrota electoral y sigue sin distinguir procesos elementales, como son su proyecto y la España real. No distinguen. Lo vemos ante la decisión de enviar tropas al Líbano para garantizar la paz. No saben si decir sí o decir no porque la derecha no distingue entre la guerra y la paz… Ese es su problema»[10].
Los intelectuales, siempre menos cuidadosos con la corrección política que los políticos, explicaron su proceso de paz con los terroristas. La paz es una buena noticia, escribía Francisco Bustelo en El País «¿por qué, entonces, tantas reticencias de algunos?». ¿Por qué molestarse por esa paz en la que los progresistas se habían puesto de acuerdo con los criminales? Y nos explicaba la paz del progresismo español, corolario de la contienda entre el Estado español y el nacionalismo vasco radical: «Mediante la rendición de una parte o bien con un armisticio, toda guerra, por larga que sea, tiene un final. Hasta la llamada Guerra de los Cien Años lo tuvo. Ganen unos, ganen otros, la paz siempre es bienvenida, pues los conflictos violentos, incluso cuando luchan buenos contra malos, acarrean muertes, sufrimiento, dolor. En la contienda, vieja de 30 años, entre el Estado español y el nacionalismo vasco radical, ambas partes han declarado su disposición a firmar la paz. Una buena noticia, diríase. ¿Por qué, entonces, tantas reticencia de algunos?»[11].
El mismo entusiasmo por la paz acordada con los terroristas tienen, lógicamente, los nacionalistas, sobre todo los más cercanos a ETA. Lo manifestaron, por ejemplo, las parlamentarias y exparlamentarias vascas que, también en pleno proceso de negociación, en febrero de 2006, firmaron un documento en el que apostaron por «la paz y reconciliación» poniendo en valor, decían, «una militancia común al margen de la nuestra propia: la militancia por la paz ante tantos saboteadores que la paz tiene siempre en todos los conflictos en los que es necesario alumbrarla». ¿En qué consiste la paz? Pues ya se sabe, en resolver el «conflicto»: «el concepto de paz desde nuestro punto de vista no está vacío de contenido, sino todo lo contrario. Para nosotras tiene que ver con la democracia, la justicia social, con un proceso de cambio que permita a la ciudadanía dar por concluidos conflictos históricos, cerrar una página en términos de derechos y libertades»[12]. Lo decían parlamentarias y ex parlamentarias nacionalistas, incluidas dirigentes de Batasuna como Jone Goirizelaia, y algunas socialistas como Gema Zabaleta que habían formado un grupo llamado Ahotsak, Voces para la Paz, uno de los más acabados entramados de unión del terrorismo con el progresismo y el nacionalismo. Tal grupo, formado por mujeres, una muestra también muy interesante del feminismo violento, aglutinaba en su seno tanto a progresistas del socialismo y del comunismo como a nacionalistas, y a simpatizantes etarras, y todas ellas pedían, alegres y combativas, en la mejor línea de la propaganda etarra, el abrazo con los criminales… y las criminales, habría que añadir para mantener el espíritu feminista que las animaba.
Añádase a todo lo anterior, al proceso de paz de los progresistas con los terrorismos de izquierdas, el experto de turno en procesos de paz. El experto, especializado en vestir con jerga seudouniversitaria los acuerdos con criminales, adorna, desde la universidad, desde los think tank progresistas o desde alguna capital extranjera las negociaciones con los terroristas. Por ejemplo, Vicenç Fisas, director de la Escuela de Cultura de Paz de la UAB, quien, en la negociación de ETA, durante y después, escribió varios artículos en «defensa del proceso de paz». Tras el fracaso de la negociación, en enero de 2007, expresaba su esperanza de lograr algún día la paz e indicaba el camino para ello, con «la autodisolución de ETA», decía, pero también con «otros componentes señalados por Ahotsak, como la democracia, la justicia social, concluir conflictos históricos y respetar los derechos y libertades de toda persona, sin excepción alguna»[13].
Y añádase también la inefable ONU, en este caso, el secretario general de la ONU en el periodo de la negociación con ETA, Kofi Annan, que, el 30 de junio de 2006, expresó su esperanza de llegar a la paz con los asesinos: «El secretario general desea que el proceso de diálogo con ETA que está a punto de iniciar el Gobierno español conduzca a una nueva era de no violencia y paz para el pueblo español».
Es así como la negociación con terroristas, la aquiescencia de un Gobierno democrático a negociar con los asesinos sus exigencias, se convierte en «proceso de paz», bendecido por todas las fuerzas de la izquierda y elevado al entusiasmo popular por los medios de comunicación afines. Luis R. Aizpeolea, el periodista de El País que hizo el seguimiento de las negociaciones del Gobierno, las convirtió incluso en una serie épica que el 17 de septiembre de 2006 y bajo el título «Los partidos vascos confían en que el diálogo político se desbloquee en enero» y el 17 de diciembre de 2006, bajo el título «El Gobierno iniciará conversaciones formales con ETA antes de un mes» incluso mereció dos grandes recuadros de El País, con lo que el periódico y el periodista llamaron «Principales hitos del proceso de paz».
De vuelta a la fase final de la negociación con ETA, en 2011, los intelectuales de la izquierda insistieron en la paz, entre ETA y la otra parte, y en el recordatorio del origen de todo esto en el universo progresista, el franquismo, claro está. Manuel Rivas escribía en febrero de 2011 sobre la «paz vasca» y nos evocaba un idílico País Vasco que no éramos capaces de ver, concentrados como estábamos en la violencia y el miedo. Animado el escritor por el surgimiento de Sortu, la nueva esperanza de la izquierda, pero firme en su recordatorio del gran mal, el franquismo, «el otro lado del terrorismo etarra», nos daba una perfecta descripción de las dos partes del conflicto según el progresismo: «Condenar la muerte, el crimen como arma política, eso es de verdad nacer. Muchos que lo entienden de forma meridiana respecto de los crímenes de ETA no se muestran, sin embargo, tan esclarecidos cuando se trata del holocausto español causado por una dictadura fascista e impune»[14].
El cuadro de la paz se completa, como es habitual, con los propios terroristas y sus tradicionales apoyos, los partidos nacionalistas, que, al igual que la izquierda, piden la paz. En una de sus múltiples manifestaciones por la paz, justamente el mismo día de la publicación de ese artículo de Manuel Rivas, el 19 de febrero de 2011, los nacionalistas exigieron en Bilbao la legalización de la nueva marca etarra, Sortu, con una gran pancarta que decía: Bakerantz, legalizazíoa. Hacia la paz, para la paz, legalización. En otra palabras, primero la legalización del brazo político de ETA, primero el reconocimiento de sus reivindicaciones, primero su integración en las instituciones democráticas, y después vendrá la paz justa, pues una vez obtenido el reconocimiento de la legitimidad de sus exigencias, ETA dejará de matar y amenazar.
Las dos justificaciones habituales de la izquierda para negociar con el terrorismo etarra, la existencia de un conflicto y el logro de la paz se complementan con un tercer motivo que el progresismo saca a pasear cuando los dos primeros no se muestran eficaces. Se trata de la apelación a los muertos que la integración de los terroristas conseguirá. Los asesinos deben recibir algún tipo de compensación, argumenta el progresismo, pues ello evitará que muera más gente inocente. El logro de un noble fin, la salvación de vidas inocentes, se esgrime sin que importe demasiado lo que haya que darle al asesino para lograr acabar con su amenaza.
No importa el cómo, importa el qué. El objetivo, la salvación de vidas inocentes. Y no importa el cómo, pues aquello que se va a negociar con ETA no desagrada a la izquierda, por lo que esa misma izquierda está dispuesta a ofrecer a la sociedad la salvación de inocentes a través de objetivos que no tiene excesivos problemas en hacer suyos, sea una reforma del Estatuto de autonomía con alguna nueva formulación del «derecho a decidir», sea una nueva relación entre el País Vasco y Navarra, sea un papel relevante para el brazo político de ETA en las instituciones, sea la promesa de beneficios penitenciarios para los presos etarras.
Así lo manifestaba José Luis Rodríguez Zapatero cuando lideraba su negociación con ETA en 2006. Frente a las críticas del Partido Popular a su negociación, replicaba en octubre de 2006 que pensaba perseverar en el objetivo de «terminar con la violencia». Y explicaba: «Es mi deber, y en política el empeño más noble es salvar vidas y garantizar la libertad de nuestros compatriotas»[15].
Alfredo Pérez Rubalcaba, el ministro de Interior que cedió al chantaje del etarra De Juana Chaos y que lo excarceló tras su huelga de hambre, en una decisión que documentos incautados a los etarras revelaron más adelante como parte de la negociación, justificó su cesión como una decisión «para evitar muertes», para «evitar males mayores». Se trata de una solución, explicó en el Congreso, en marzo de 2007, que «menos estimule el odio y el enfrentamiento social, que no permita a los terroristas fabricar mártires e iconos, y que no favorezca a quienes siempre buscan pretextos para justificar la violencia. (…) Es una decisión que evita muertes, empezando por la que se hubiera producido con toda certeza, la de del propio De Juana»[16].
Tras el asesinato de dos personas por parte de ETA a fines de 2006 en el aeropuerto madrileño, Zapatero insistía en la nobleza de su negociación con los asesinos, nuevamente con el argumento de evitar las víctimas inocentes: «Nada ni nadie va a detener el firme derecho de los ciudadanos españoles a vivir sin bombas y sin violencia»[17]. Y, más adelante, y por si no habíamos valorado suficientemente la nobleza de su actitud al intentar evitar nuevas víctimas, citaba al familiar de uno de los dos asesinados en Barajas: «Recuerdo un familiar directo de uno de los dos fallecidos que me preguntó: ‘¿pero cómo han hecho eso, si usted les ha puesto una propuesta de paz?’»[18]. Unos días después, insistía en las supuestas bases morales de su negociación con los terroristas: «Porque esto es lo que los ciudadanos exigen prioritariamente a un Gobierno: que les garantice el derecho a vivir, plenamente, en paz y en libertad»[19].
¿Por qué dialogar con los terroristas? ¿Para qué ofrecerles un acuerdo desde las instituciones democráticas? Se preguntaba José María, Txiki, Benegas, unos días después, en reflexión sobre la negociación del Gobierno socialista con ETA. Porque después de 40 años nadie ha conseguido acabar con el terrorismo ni con sus apoyos, tampoco los Gobiernos de Aznar, se respondía a sí mismo. Y recordaba los muertos, los que Aznar no pudo evitar: «No digo que no haya habido éxitos [durante la etapa de Aznar], pero durante la misma se producen 67 víctimas mortales por acciones del terrorismo de ETA, siendo cierto también que durante los últimos diez meses de ese periodo no sufrimos atentados mortales»[20].
El frente judicial del progresismo colaboró con la izquierda política con los mismos argumentos y muy especialmente este tercero, la evitación de muertes de inocentes. Cándido Conde-Pumpido, el fiscal general nombrado por los socialistas fue, de hecho, un activo colaborador del proceso de negociación con ETA. «Seguiré aplicando la ley para que no haya más muertos», afirmó en octubre de 2006. «La justicia no está para favorecer procesos políticos, pero tampoco para obstaculizarlos». Y explicó nuevamente la naturaleza de su «lucha»; «Lucharé para no tener que acudir a un solo funeral más». Y su visión de quienes criticaban la negociación y el papel de la izquierda judicial: «Generan tensión en la sociedad, confundiendo la justicia con la venganza y la sospecha con las pruebas del delito»[21]. Este mismo fiscal del progresismo, activo colaborador en la negociación con los criminales, también añadió aquello de que se mancharía la toga con el barro del camino, teoría sobre la Justicia que, claro está, el progresismo aplica a los crímenes de los terroristas de izquierdas y, sin embargo, considera siempre inaplicable a crímenes de terrorismos de extrema derecha.
Poco tiempo después de esta declaración de intenciones del fiscal general sobre la necesidad de «colaborar» con los terroristas para llegar a la paz, en diciembre de 2006, la fiscalía daba, casualmente, un giro radical en el caso del diario Egunkaria. De considerar unos meses atrás, justamente antes de la negociación del Gobierno con ETA, que las personas responsables de Egunkaria, «estaban integradas y subordinadas a ETA», la fiscalía pasaba a retirar la acusación, dejando vía libre a la absolución de los acusados.
En el otro frente del progresismo judicial, su juez más relevante, el juez Garzón, el mismo que había desentrañado la trama del brazo político de ETA durante los Gobiernos de la derecha, concluía, en enero de 2007, cuando la negociación entre ETA y el Gobierno proseguía a pesar del atentado de Barajas, que la «izquierda abertzale» no era Batasuna. Cambio de criterio radical respecto de él mismo en un pasado muy cercano que le servía al juez Garzón para no imputar un delito de desobediencia a Arnaldo Otegi, hombre clave en las negociaciones socialistas con ETA. Pues, argumentaba el juez, respecto a unas declaraciones de Otegi el día del atentado de ETA en Barajas que Otegi no lo hacía «en nombre de Batasuna sino en nombre de la izquierda abertzale». «Criminalizar las acciones de la izquierda abertzale diciendo que esta es Batasuna y ETA, es una reducción simplista, no ajustada a la realidad y sin justificación probatoria», afirmó el juez en uno de los ejercicios de travestismo judicial más impresionantes de la negociación de la izquierda con ETA.
Con tales referencias judiciales, el fiscal general Conde-Pumpido y el juez Garzón, no es de extrañar que acabáramos sabiendo, cuando fue publicada el acta de la reunión de ETA con el Gobierno el 22 de junio de 2006, lo que el Gobierno le había dicho a ETA en dicha reunión: «No contábamos con el nivel de ataque del PP, de la mayoría de la prensa y de la AVT. (…) Os quedará la duda, pero el Gobierno ha hecho lo imposible en el campo de la judicatura. Como ejemplo, el caso de Batasuna. Pero el PP ha encontrado un agarradero entre los jueces y las víctimas»[22]. Tras leer el terrible contenido de las actas, se entiende que la exigencia de su conocimiento público por parte de la derecha suscitara tanta carcajada en su día entre el progresismo. Tal era el grado de vileza que contenían que resultaba más práctico tildar de loco o extravagante a quien intuía la verdad de su existencia, como lo hizo el inefable Juan José Millás en aquella incalificable columna en la que ridiculizaba la exigencia de la publicación de las actas hecha por Rajoy en el Congreso en julio de 2007[23].
Y, en el frente intelectual, no podía faltar Ignacio Sánchez-Cuenca, el autor de referencia en la solución progresista de ETA, démosles lo que pidan. Sánchez-Cuenca también apelaba al argumento de la evitación de más muertes como justificación de la negociación con los terroristas: «Cuando se achacan las muertes de Palate y Estacio al proceso de paz (y a Zapatero como responsable político en última instancia), no se habla nunca de los muertos que se han evitado gracias a la estrategia del Gobierno. El proceso de paz ha alargado decisivamente el periodo sin muertes. Si no se hubiera realizado la declaración del Congreso de 2005, si el Gobierno hubiese hecho oídos sordos a las llamadas de ETA pidiendo poner final a la violencia, los etarras quizá no habrían aguantado tanto tiempo sin matar»[24]
Sobre las diferentes explicaciones, negativas y manipulaciones varias del socialismo en torno a su negociación con ETA, cabe añadir la nota de humor corrosivo que le pusiera en su día Fernando Savater en una genial columna, cuando escribió aquello de que uno aceptaría con resignación que Habermas o Vargas Llosa lo tomen por tonto, pero «que me consideren idiota Conde-Pumpido o López Garrido, por no hablar de Pepe Blanco, vaya, es algo que le humilla a uno»[25].
Las negociaciones con los terroristas tienen habitualmente dos opositores centrales: aquella parte de la población que se ha resistido al terrorismo y las víctimas. Las segundas, las víctimas, son, en una buena parte de los casos, miembros de la resistencia al terrorismo y, precisamente por serlo, acaban siendo objetivos de los terroristas. Por lo que ambos grupos, resistencia al terrorismo y víctimas, están mezclados y coinciden en sus planteamientos y en su oposición a la negociación con los terroristas.
Dos tipos de razones llevan a la resistencia al terrorismo a rechazar frontalmente la negociación con los grupos terroristas. Las razones morales, en primer lugar, las mismas que han sustentado su lucha antiterrorista. No es éticamente aceptable negociar con grupos totalitarios que asesinan para lograr sus fines. Por eso se movilizaron en la resistencia al terrorismo, por esas razones morales, por eso pusieron en riesgo sus vidas o, en el menor de los casos, pusieron en riesgo su integración en la comunidad. Pues, como ya ha sido ampliamente constatado por los propios perseguidos por el terrorismo, el terrorismo tiende a provocar actitudes de rechazo hacia aquellos que se resisten al terrorismo. Un estudio del Gabinete de Prospecciones Sociológicas del Gobierno Vasco lo ponía en evidencia en febrero de 2011. El estudio, realizado entre jóvenes de entre 15 y 29 años, constataba que a la pregunta sobre vecinos poco deseables (¿Te importaría tener de vecino a…?), los jóvenes vascos ponían en el mismo nivel a los terroristas y a los perseguidos por los terroristas. A un 62% le importaría tener como vecinos a neonazis o miembros de grupos de extrema derecha, a un 55% le importaría que fueran miembros de ETA y a un 51% le importaría que fueran amenazados por ETA[26].
La segunda razón por la que los grupos de resistencia al terrorismo rechazan frontalmente el terrorismo está relacionada con las víctimas. Un Estado de Derecho debe castigar el delito y reparar a las víctimas, por lo que una negociación es inaceptable en cualquier caso, pues todas las negociaciones con grupos terroristas incluyen, obviamente, una de las reivindicaciones centrales de los terroristas, la referida a sus miembros condenados y encarcelados. Y todas las negociaciones con los terroristas conllevan beneficios para los terroristas encarcelados. O incumplimiento de parte de sus condenas. Injusticia, en definitiva.
Por eso es tan complicado para los políticos de las democracias justificar la negociación. Las apelaciones a la solución del problema y a la consecución de la paz chocan, en último extremo, con la evidencia de la ruptura de la ética democrática y de la injusticia. Y es aquí donde la impotencia intelectual provoca algunas de las más lamentables posiciones sobre el terrorismo desde la izquierda y desde el nacionalismo. De dos tipos, el del «interés» de quienes participan en la resistencia antiterrorista y el de la «incapacidad psicológica y política» de quien ha sido víctima del terrorismo para opinar sobre políticas referidas al terrorismo. En muchos casos, ambas descalificaciones aparecen unidas, no solo porque son utilizadas por las mismas personas, sino también porque resistencia antiterrorista y víctimas coinciden.
Y coinciden, no solo porque las víctimas se convierten en muchos casos en activistas de los movimientos antiterroristas sino, sobre todo, por un movimiento en el otro sentido. Y es que quienes son miembros de la resistencia antiterrorista se convierten en muchos casos en víctimas, bien por haber sufrido un atentado o bien por haber sufrido amenazas y persecución.
Y hay dos formas perversas de descalificar e intentar deslegitimar y desactivar a ambos grupos opuestos a la negociación de los progresistas. Sugerir que el terrorismo se ha convertido para ellos en un negocio, en un modo de vida, que viven de ello, y afirmar que las víctimas del terrorismo no reúnen las condiciones de «imparcialidad» suficientes para juzgar lo que las instituciones democráticas deben o no deben hacer con los terroristas. Sobre lo primero, Felipe González tuvo su momento especial de vileza cuando, sobre Jaime Mayor Oreja, dijo aquello de que «Mayor Oreja tiene una especie de terror al vacío de que no haya ETA». Era febrero de 2011 y Sortu, la nueva marca del brazo político de ETA, hacía su presentación en sociedad para exigir ser legalizada. En ese momento, algunos partidarios del diálogo con los terroristas volvieron nuevamente a cuestionar a quienes se oponían a las nuevas formas de integración del terrorismo en las instituciones democráticas. Convirtiendo a los resistentes, más que a los terroristas, en el problema.
No mucho tiempo atrás, un escritor vasco, desconocido también en las movilizaciones contra ETA, Pedro Ugarte, lanzaba la misma idea contra el Partido Popular, esa vez por la retirada de Josu Jon Imaz, el líder del PNV, de la política: «No sé si para España, pero desde luego para el PP la noticia no es mala sino espléndida: la caída de Imaz ayuda a perpetuar el conflicto vasco y a asegurar el futuro de los muy diversos sectores que viven políticamente (a veces económicamente) de esta tragedia colectiva»[27].
Habitualmente, sin embargo, la descalificación de la resistencia al terrorismo tiene un tinte buenista relacionado con su sufrimiento y con la incapacidad que ese sufrimiento daría para participar en el debate sobre el terrorismo. Ese era el punto de vista de Carlos Garaikoetxea, ex lehendakari y fundador de Eusko Alkartasuna, el partido que en febrero de 2011, en la época de las siguientes declaraciones, se disponía a servir de instrumento para la participación del brazo político de ETA en las elecciones. Decía lo siguiente Carlos Garaikoetxea: «Todas las víctimas merecen comprensión y respeto, y son acreedoras de una petición de perdón. Otra cosa es que alguien utilice políticamente su dolor, o que esté en condiciones de ser juez objetivo y desapasionado de una situación tan compleja»[28].
¡Ay, las pobres víctimas carentes del equilibrio necesario por el dolor sufrido! dice este tipo de buenistas del progresismo y del nacionalismo. Aquello que nadie osaría decir de quienes han sido víctimas de otro tipo de violencias, abusos o injusticia, desde la violencia de género a la discriminación pasando por la represión de una dictadura de derechas, lo dice la izquierda, sin embargo, de las víctimas de determinado tipo de terrorismos como el de ETA. Para justificar la negociación con esos terrorismos. Francisco J. Laporta, defensor de la negociación con los etarras, abogaba por impedir la opinión de las víctimas sobre la negociación «por razones de imparcialidad», pues, si a uno le ponen una bomba, a efectos democráticos, dice el universo progresista, «deja de ser imparcial». Según Laporta, «Es hora ya, por tanto, de que tracemos líneas claras que definan el lugar de las víctimas en nuestro espacio político y nuestro sistema legal. Y que sigamos la vieja sabiduría que nos sugiere que deben quedar excluidas del proceso de toma de decisiones. Las víctimas, por definición, no deben participar ni en la política legislativa, ni en la política criminal ni en la política penitenciaria. Eso por razones elementales de imparcialidad. Tampoco en el proceso electoral. Eso por razones de decencia. Las víctimas son simplemente personas heridas por un daño cruel que se produjo, entre otras cosas, porque el Estado con su violencia institucional no estaba allí para evitarlo». Pero no solo deben callar, Laporta va más lejos, pues el problema no es tanto que las víctimas hablen, sino de lo que hablan, en este caso, de su oposición a la negociación del Gobierno socialista con ETA: «(…) harían bien en salirse del sucio mundo de la trifulca política, la información amañada y la manifestación tendenciosa». Eso sí, añadía, benévolo, no es culpa de las víctimas, pues las víctimas que se oponen a la negociación de la izquierda con los terroristas, en realidad son víctimas de nuevo: «Y [la víctima] a la indecencia de ser tratada instrumentalmente por el terror añade ahora la de ser tratada instrumentalmente por el político cínico o el informador mercenario»[29]. ¡Pobres víctimas, mira que movilizarse contra la negociación del progresismo con ETA! Es que han perdido la imparcialidad…
La historia de esta negociación ha acabado, hasta ahora, tal como quiso el progresismo, con el abrazo progresista de San Sebastián, el 17 de octubre de 2011. El abrazo progresista entre socialistas y comunistas, nacionalistas y el brazo político de ETA en lo que todos ellos habían llamado la «Conferencia para el final del terrorismo», que consistía en la escenificación pública de los acuerdos logrados a lo largo de los Gobiernos de Zapatero entre todos estos grupos. El abrazo público era la condición necesaria para que ETA emitiera poco después un comunicado de final del terrorismo que, hasta el momento de escribir estas líneas, sigue en el mismo punto de ese comunicado, es decir, con la organización terrorista aún activa, las armas en su mano, su brazo político en todas las instituciones, sus reivindicaciones en la calle y en las instituciones y con el progresismo en el liderazgo de la búsqueda de concesiones a los terroristas, comenzando por todo tipo de beneficios o «alivios» penitenciarios, pasando por la legitimación del discurso terrorista del conflicto y las dos partes y acabando por… cualquier cosa es posible.