Seguramente en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) había más candidatos a comisario político pero ninguno tan cualificado en la materia ni tan del gusto del socialdemócrata Cristóbal Montoro como Santiago Menéndez. Su escasa capacitación técnica es inversamente proporcional a su politiquería. En conclusión, el personaje perfecto para tener amarrado y amaestrado, o al menos intentarlo, ese Gran Hermano que lo sabe todo de todos: la Agencia Tributaria. Y más en los tiempos que corren, con dos miembros de la familia real investigados e imputados por delito fiscal y con el Partido Popular en solfa por culpa de Gürtel y del Caso Bárcenas. Este gijonés de cincuenta y tres años es hermano de un altísimo cargo de la era Aznar, el por otra parte reputado abogado del Estado Adolfo Menéndez, que fue el número tres de Defensa con un Eduardo Serra que es Zarzuela pura y luego repitió subsecretaría pero en diferente ministerio, el de Fomento, de la mano de su paisano y amigo Francisco Álvarez-Cascos.
Como ironizan algunos de sus amigos, «Santiago es más del PP que José María Aznar». No solo eso. Sus tentáculos llegan al hogar más ilustre de este país: el palacio de La Zarzuela. Su tío Aurelio, fundador de esa catedral del Derecho Mercantil que es el despacho Uría y Menéndez, fue preceptor del príncipe Felipe, ministro de Cultura en el primer gobierno Suárez en 1976 a propuesta del rey y distinguido con el título de marqués de Ibias hace tres años en una hornada en la que también fueron agraciados el Premio Nobel Mario Vargas Llosa, el superlativo Vicente del Bosque y ese ejemplo de hombre hecho a sí mismo que es Juan Miguel Villar-Mir.
La Zarzuela connection de Santiago Menéndez no termina ahí. Adolfo es el vigente secretario general de la Fundación Príncipe de Asturias y presidente de la por tantas y tantas razones estratégica Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica, Seguridad y Espacio (Tedae), que aglutina a las ochenta y cinco grandes compañías patrias del sector y cuya facturación global alcanza la friolera de 10 000 millones de euros al año. Una industria que el rey ha promovido y apadrinado con especial interés en sus treinta y ocho años de reinado.
Santiago Menéndez sustituyó el 28 de junio de 2013 a Beatriz Viana, la honrada soriana a la que intentaron encalomar el escándalo de las trece fincas repartidas por la mitad de la geografía nacional a nombre del DNI 14-Z, correspondiente a Cristina Federica de Borbón y Grecia. Una Beatriz Viana que se fue con la misma dignidad con la que había aterrizado en la cúpula del organismo en diciembre de 2011: en silencio y con elegancia. Eso sí, aún se desconoce si dimitió o la dimitieron, aunque las sospechas apuntan a esta segunda opción. Bien porque era imprescindible encontrar un chivo expiatorio, bien porque representaba un obstáculo para los trajes a medida que se había ordenado confeccionar desde arriba.
Santiago Menéndez es más conocido en la Agencia Tributaria por su apodo Treméndez, que él justifica porque se apellida tres veces Menéndez pero que los más viejos del lugar achacan a su espíritu atrabiliario. «Es un individuo que acostumbra a tirar más de potestas que de auctoritas, básicamente porque carece de esta última», aclara un distinguido inspector ahora a sus órdenes. «Por desgracia, porque jamás la Agencia estuvo más politizada y más manoseada», como él mismo se encarga de apostillar para que no haya dudas de cuál es el statu quo de la oficina que se encarga de mantener fiscalmente a raya a todos los españoles. Bueno, a casi todos. Menéndez lo sabe todo de los 19 467 730 declarantes. Lo que tienen y lo que dejan de tener, lo que ganan y lo que pierden, cuántas personas tienen a su cargo, su domicilio, dónde trabajan, lo que compran, lo que venden, dónde nacieron y hasta su edad. Un poder inmenso, superior incluso al de un ministro del Interior, que manejado dentro de los márgenes de la ley permite que todos contribuyan al sostenimiento del Estado del Bienestar, pero que maleado puede convertir a los ciudadanos en víctimas del abuso de poder.
En la Dirección General de Recaudación saben mejor que nadie cómo se las gasta Menéndez y por qué le han rebautizado como Treméndez. Fue su segundo gran destino después de la delegación de su tierra natal, Asturias. Nada más tomar posesión convocó a los que iban a ser sus principales colaboradores, les rogó que se mojasen —«contadme qué os parece cómo funciona todo»—, la mayoría calló sabedora de su fama, él insistió con un cebo infalible, «tranquilos, hablad con libertad», y todos se confiaron. La queja sobre las injerencias políticas fue unánime. Ni veinticuatro horas más tarde, cinco de ellos eran relevados. Casualmente, los que se habían expresado en términos menos diplomáticos.
Antes de alcanzar el vértice de la pirámide, el asturiano pasó poco más de un año al frente de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF). De marzo de 2012 a junio de 2013 lideró esta unidad encargada de auscultar todos los casos de corrupción. Su primera decisión como director de la ONIF fue quitar a Víctor de la Morena, jefe del equipo que desentrañó las tripas financieras y tributarias de Gürtel. Siguió la pista del dinero, fue demasiado lejos, encontró de todo y por su orden… y el controller Menéndez lo largó sin contemplaciones. Cuando él ascendió a la Dirección General de la Agencia Tributaria lo dejó todo atado y bien atado en la ONIF de la mano de Margarita García-Valdecasas, hermana de Julia, ministra de Administraciones Públicas el último año del gobierno de José María Aznar y fallecida en 2009 tras una terrible enfermedad degenerativa. Una curiosidad en forma de cotilleo: Margarita García-Valdecasas fue novia de Artur Mas.
En el cuartel general de la temida Agencia Tributaria, en el número 37 de la madrileña calle de la Infanta Mercedes, irrumpió como mandamás el 1 de julio de 2013. Fue un regalo de cumpleaños anticipado nueve días. Como era de esperar, entró cual elefante en cacharrería. Al más puro estilo Treméndez: echando sin una sola explicación a la gente independiente y poniendo en su lugar a inspectores condescendientes. La purga fue lenta pero inmisericorde. Aguardó unos meses para que no se notase demasiado. Noviembre y diciembre fueron los meses en los que el nuevo director empezó a cortar cabezas. Las dos primeras fueron las de los delegados especiales en Galicia y Castilla y León. Pero el big bang se produjo cuando la Inspección, comandada por Luis Jones, osó solicitar una multa de 450 millones de euros a Cementos Mexicanos (Cemex) por no haber satisfecho sus obligaciones fiscales entre 2006 y 2009 alegando unas pérdidas que en realidad no eran sino burdas manipulaciones contables. La jefa adjunta de la Oficina Técnica de Grandes Contribuyentes, Dolores Linares, rechazó el inaudito recurso de reposición interpuesto por Cemex. Menéndez montó en cólera por no haberlo aceptado, se la cargó sin mayores explicaciones y la propuesta de sanción pasó de 450 millones a 15, esto es, treinta veces menos. Hacienda somos todos… menos la infanta y Cemex. Que sepamos. Y mientras se salvaba a los mexicanos de pasar por caja, a los españoles nos fríen a impuestos y a inspecciones en una dinámica sin precedentes. Hay que sufragar el desaforado gasto público, que crece por encima del PIB, y una deuda que ronda el cien por cien de lo que produce España cada año. No predican con el ejemplo: los políticos no se aprietan el cinturón mientras a los demás nos estrangulan la cintura obligándonos a usar uno tres o cuatro tallas más pequeño.
—¡Pero qué se habrá creído esta tía! —se le escuchó decir a Menéndez a la hora de valorar el trabajo de la inspectora, que fue textualmente relevada por «desobediencia», por no haber consultado la respuesta al recurso de reposición de la multinacional mexicana. Una multinacional que factura anualmente 17 000 millones de euros. Finalmente, y tras los preceptivos recados de los funcionarios honrados, la Agencia Tributaria optó por dejar la multa en los 450 millones planteados por Luis Torres y su equipo.
La depuración de la inspectora provocó un cataclismo en la Agencia Tributaria. El jefe máximo de la Oficina de Grandes Contribuyentes, Ignacio Ucelay, tuvo la decencia de presentar su dimisión, cosa que no hizo su más inmediato subordinado, su tocayo Huidobro, más acomodaticio con las directrices políticas. La sucesión de ceses se desarrolló con la implacabilidad de un dominó. Caía una ficha y caía la de al lado, se desmoronaba la de al lado y se desmoronaba la de más allá. Y así hasta veintinueve altos cargos que renunciaron o los renunciaron. La epítome de esta crisis, tal vez la mayor de la Agencia Tributaria en su historia reciente, llegó con el adiós voluntario de Luis Jones, número uno de la Inspección, un técnico admirado y respetado unánimemente en el cuerpo por sus profundos conocimientos técnicos. «Es el mejor», coinciden todos los compañeros consultados.
Y entre limpia y limpia Santiago Menéndez emitió una circular por la que se arrogaba la competencia exclusiva a la hora de nombrar a los peritos de la Agencia Tributaria requeridos por los jueces que instruyen casos de corrupción. Ergo él y solo él diría quién prestaba las labores de auxilio judicial. Ya no sería el delegado especial en la comunidad autónoma respectiva el que tenía la última palabra. Consecuencia: los más dóciles serían los elegidos. Consecuencia de la consecuencia: los dictámenes serían más benévolos cuando interesase. Y aquí paz y después gloria.
En esas estábamos, con una limpieza étnica en la Agencia Tributaria, cuando El Mundo destapó el 2 de noviembre que acababan de dar por buenas tres facturas falsas para librar de un delito en el Impuesto de Sociedades de 2007 a los dos máximos responsables de Aizoon: Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón. La Operación Cortafuegos volvía a asomar la cabeza, esta vez en el cortijo de Cristóbal Montoro. La Delegación de Cataluña había aceptado tres justificantes de la empresa familiar de los Urdangarin-Borbón por valor de 69 990 euros, que era exactamente la cantidad necesaria para convertir en limpia una conducta que a todas luces constituía un delito fiscal. Si esas facturas eran deducibles, el riesgo penal en ese ejercicio era igual a cero. Si se consideraba su tautológica falsedad resultaba una cuota de 120 757 euros, 757 por encima del umbral del delito fiscal.
Se trataba de tres recibos librados por la sociedad de Diego Torres Intuit Strategy Innovation Lab, que adoptó esa esnob denominación tras haberse llamado históricamente Torres-Tejeiro Consultoría Estratégica. Como si poniéndolo en inglés pareciera más importante o como si americanizándola diera la sensación de ser algo serio y no el humo que en realidad era. Las boutades habituales del menorquín socio de Iñaki Urdangarin.
Los tres justificantes son por la misma filfa de siempre, «asesorías», y por tres importes distintos. La primera factura, de 5 de enero de 2007, es de 15 000 euros y responde a un etéreo concepto: «Honorarios profesionales por asesoramiento para la preparación de los consejos de administración de Mixta África, Motorpress y Aceros Bergara». La Agencia Tributaria constató en informes previos que esos servicios nunca se prestaron. Sí se realizaron los pagos, pero no los trabajos, con lo cual las facturas eran más falsas que, como diría el castizo, un duro de madera. Ni Torres ayudó a preparar ningún consejo de administración, ni Urdangarin fue a la mayor parte de esas reuniones, por no decir que a ninguna. El dinero se lo daban básicamente por ser quien era, no por su trabajo ni por su capacitación profesional. Cuando se ha tomado declaración a los responsables de estas compañías obligadas a pasar por la insaciable caja del duque, la mayoría ha confesado que Aizoon no confeccionó ningún trabajo, otros han asegurado que no los encuentran y también hay quien lo justifica todo en el hecho de que se trataba de «asesorías verbales».
Los otros dos recibos de Torres a Aizoon suman 54 990 euros y datan del 8 y el 28 de mayo de 2007. El motivo es idéntico: «Honorarios profesionales por servicios de consultoría». Lo más grave de todo es que la Agencia Tributaria de Menéndez validaba en noviembre estos tres justificantes cuando meses antes los había incluido en el entramado de facturas falsas por valor de 8 056 793,05 euros que se cruzaron las diversas empresas del holding delictivo Nóos para burlar al fisco. Las explicaciones ofrecidas en enero y junio por Hacienda —aún en la era Viana— eran de manual: «Estas empresas [las de la trama Nóos, incluidas Intuit y Aizoon] carecen de estructura empresarial y son meros instrumentos para drenar y distribuir los recursos obtenidos por medio de la marca Nóos entre sus propietarios y dirigentes, los señores Torres Pérez y Urdangarin Liebaert».
Los técnicos de la Delegación de Cataluña recalcaron esta tesis por activa y por pasiva en la primera mitad de 2013. El objetivo pasaba por no dejar ningún cabo suelto que pudiera ser aprovechado por Urdangarin y cía para irse de rositas. «Todo ello viene a confirmar plenamente», puntualizaban, «la condición de puro andamiaje jurídico-formal de las entidades y su inexistencia empresarial». Por si fuera poco, Pedro Horrach, nada dudoso respecto a su trato a la familia real, manifestó en el escrito al juez Castro en el que solicitaba los registros del Instituto Nóos en Barcelona en noviembre de 2011 que estas facturas «no daban cobertura a servicios reales».
Otro leve flashback, en este caso de tan solo diez meses, permitía adivinar por dónde iban los tiros sin necesidad de presuponer nada. Bastaba con limitarse a examinar los hechos, a escudriñar lo que mantenía antes la Agencia Tributaria, con Beatriz Viana a la cabeza, y lo que defendía ahora de la mano de Santiago Menéndez. Exactamente lo mismo… pero al revés. Lo normal en un país en el que nunca pasa nada, en el que manipular informes públicos sale gratis y en el que regatear a la ley por órdenes de arriba está a la orden del día.
El caso es que el abogado jefe de la Agencia Tributaria, Juan Manuel Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros, ya había redactado de su puño y letra un informe en enero de 2013 que con el paso del tiempo dejaría con las vergüenzas al aire a Menéndez. Cuando el Caso Urdangarin cumplía dieciséis meses copando las primeras páginas de los periódicos día sí, día también, entregó su dictamen a su señoría. En él se concluía, más allá de toda duda razonable, que los conceptos de estos tres justificantes y otros muchos de los presentados por la sociedad de la infanta y su marido «no se compadecen con las actividades que Aizoon debía realizar».
Herrero de Egaña, que al igual que Luis Jones goza del respeto técnico y del cariño del personal de la Agencia Tributaria, hablaba precisamente del concepto que monopolizaba las facturas de Aizoon. El de «asesorías», tan viejo como la corrupción en la España contemporánea. Saltó a la fama por vez primera con motivo del Caso Filesa en 1991, lo hemos visto reproducido en Gürtel y es motivo de imputación todas las semanas en el caso de los ERE, el multimillonario latrocinio protagonizado por la Junta andaluza de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Luego, si todas las facturas por «asesoría» emitidas por Aizoon eran falsas no se podían dar por buenas tres de ellas por mucho que cuadrasen casi al céntimo para librar del delito fiscal a los duques de Palma.
Herrero de Egaña agregaba, para rematar su tesis, que la entidad mercantil con sede social en el palacete de la calle de Elisenda de Pinós en Pedralbes «únicamente» desempeñaba una actividad: «La de alquiler de inmuebles». Todo lo demás, asesorías, consultorías o como quiera que se les llamase, eran montajes made in Tejeiro para eludir sus compromisos tributarios. El drama para Iñaki, para doña Cristina y para Diego es que Miguel, Michi, Tejeiro es un Pepe Gotera en materia fiscal, un experto en la materia más dado al brochazo que al trazo fino. Y por eso pasó lo que pasó. A lo mejor con otro asesor fiscal hubiera colado una parte de las trampas, o quizá todas, pero con Michi se habían caído con todo el equipo a las primeras de cambio.
El problema para Menéndez es que se puede engañar a unos pocos todo el tiempo, a todos un poco de tiempo, pero es física y metafísicamente imposible engañar a todos todo el tiempo. Por si fueran pocas las pruebas de la manipulación, ahí va otra para apuntalarla: «Ni en el sumario ni en el expediente administrativo de inspección figuran testimonios de ningún documento, producto o resultado de las actividades de asesoramiento o consultoría pretendidamente desarrollados por Aizoon en beneficio de sus clientes». Esto no lo afirmó El Mundo, tampoco salió de la pluma de José Castro ni es obra y gracia del Horrach pre-infanta. No, ni mucho menos. Era una de las ideas fuerza de uno de los veredictos en forma de informe que la Delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña fue alumbrando a lo largo y ancho de 2013.
¿Y qué astros se habían movido para que donde decían «digo» afirmasen ahora «Diego» sin ruborizarse, sin que les temblase el pulso o se pusieran colorados? El delegado de la Agencia Tributaria en Cataluña, el lucense Gonzalo García de Castro, tiene todas las claves, todos los porqués, todas las motivaciones. Sean crematísticas, consecuencia de la obediencia debida o, simplemente, que han acertado al rectificar el error previo. Error contumaz en todo caso porque la misma premisa se había mantenido no en uno sino en cuatro informes, dos de Hacienda y dos de Anticorrupción. Solo García de Castro y Menéndez saben realmente qué ha sucedido. Aunque antes incluso de que España conociera cómo se las gastaban en las alturas con la infanta, se le escapó una frase que ratifica esa politización hasta la náusea que ha infestado todas las instituciones y poderes del Estado hasta convertirlo en un magma controlado con mano de hierro por el ejecutivo.
—Yo no me meto en líos, hago lo que me mandan desde Madrid —afirmó García de Castro sin que se le alterase lo más mínimo el rictus.
Los testigos de tal afirmación no daban crédito. O sí, porque lo que interesa a los partidos son funcionarios que obedezcan sin rechistar. Que no piensen y que mantengan una actitud acrítica. No se escala por méritos sino por la aptitud para el peloteo. Cuanto más dores la píldora al político de turno, con más posibilidades cuentas de llegar a la cúspide, territorial o nacional.
Lo más curioso de todo es que Gonzalo García de Castro no tiene un carné presidido por una gaviota, tampoco es un pepero de última hora, ni siquiera un arribista de esos que describía magistralmente Carmen Posadas. Este inspector de hacienda de esa joya arquitectónica que es Monforte de Lemos, patria chica del cardenal Rodrigo de Castro, uno de los jefazos de la Inquisición en el siglo XVI, se autodefine como «marxista».
—Yo todos los días desayuno con una taza de café con el rostro de Carlos Marx —se jacta ante todo aquel que quiere oírle.
¿Y por qué maniobra de manera tan obediente con «Madrid» un tipo que se proclama «marxista»? La explicación tiene dos patas. Una material y otra emocional. Vayamos por la segunda, que se sintetiza con ese dicho castellano que asevera que «de bien nacidos es ser agradecido». García de Castro se lo ha tomado al pie de la letra. Cuentan que cuando el zapaterismo apuntaba al ocaso y el amanecer marianista era una realidad que se tocaba con los dedos de la mano, García de Castro, entonces jefe del área de Recaudación de Cataluña, contaba los días que restaban para su relevo. Sin embargo se portó como un buen chico con los nuevos, la destitución no llegaba, no llegaba, continuó mostrándose dispuesto a ser cada día mejor chico, y la destitución no solo no se hizo realidad nunca sino que le nombraron delegado de la AEAT en una comunidad tan sensible como Cataluña.
Sus ganas de agradar a los de arriba, aunque sea a costa de torear a la ley, quedaron sintetizadas por escrito en la instrucción que remitió a sus subordinados en 2011: no reintegrar de oficio el dinero cobrado de más por la Agencia Tributaria. «Si no lo piden, no se devuelve un euro», fueron sus órdenes. Una inspectora, Elisabeth Cueto, se rebeló, él la degradó y ella recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que le dio la razón en una sentencia en la que tilda de «ilegal» la «apropiación indebida» decidida por García de Castro.
Tampoco podemos olvidar que en su caso el ser o no ser virrey de la Agencia Tributaria es 3000 euros más rentable que no serlo. El complemento no duplica el salario base de un inspector de hacienda pero casi.
Como El Mundo les había pillado con el carrito del helado, la Fiscalía y la Agencia Tributaria pusieron en práctica el sistema de juego de moda: el tiqui-taca. Había que parar el golpe de las facturas falsas no fuera a ser que a José Castro le diera por incluirlas como tales en un posible auto de imputación de Cristina de Borbón. En la Operación Cortafuegos hay una divisa refranera que se cumplía sistemáticamente: «Mejor prevenir que curar».
Tanto el propio Menéndez, que remitió una carta a El Mundo en la que poco menos que amenazaba a su equipo de investigación con todos los males del averno, como los inspectores asignados al Caso Urdangarin salieron rápidamente al paso. El criterio, que luego apuntalaría Pedro Horrach, era tan coincidente como descarado. Eso sí, a la Agencia Tributaria no le quedó más remedio que admitir que las facturas de los 69 990 euros no correspondían a servicio alguno. Habían buscado, rebuscado, preguntado y repreguntado pero no había papel que demostrase la prestación de un trabajo. El descaro se desbordó cuando el figuerense Iu Pijoan, jefe del equipo, y sus dos colaboradoras, la también gerundense e hija del cuerpo Teresa Subias, y Dolors Pardo apostillaron que no son facturas falsas sino «parcialmente simuladas». Pijoan, antiguo director general de Tributos de la Generalitat pujolista, hombre de confianza del conseller Francesc Homs, justificó su deducibilidad bajo el inconsistente argumento de que se abonaron y que permitieron a Iñaki Urdangarin y Diego Torres cuadrar cuentas. Es decir que la Agencia Tributaria consideraba lícito un enjuague contable. Semanas más tarde ratificarían prácticamente punto por punto esta línea argumental en la declaración ante el juez instructor que había solicitado Pedro Horrach. Redundante declaración por cuanto ya figuraba en los informes remitidos a José Castro. Era una citación pensada más en términos de opinión pública que otra cosa. Su valor procesal era nulo. El fin último era hacer ver a la ciudadanía que la Inspección daba por buenas las facturas y a la vez hacer olvidar que en varios escritos anteriores las habían echado para atrás dada su indiscutible falsedad.
Tanto Pijoan como Subias y Pardo son técnicamente primera división. Pese a haber aprobado la oposición hace ocho años, Dolors Pardo es una auténtica sabueso: fue ella quien cazó a Ana Tejeiro moviendo 150 000 euros procedentes de Nóos en billetes de 500. Por eso nadie entiende, o sí, cómo tres pata negra pudieron olvidar que el criterio habitual del organismo en el que prestan sus servicios pasa por rechazar como deducible cualquier factura que no responda a un servicio real. Quizá el olvido se deba al hecho de que dos de los tres (Pijoan y Subias) son cargos de libre designación, funcionarios para los que el dedo divino lo es todo. El dedo divino, en este caso el índice, los eligió para un puesto que puede suponer una retribución extra de hasta 2000 euros sobre los 3000 de salario base. O más si tuviéramos en cuenta la subjetivísima productividad. Pero otro dedazo, en este caso el pulgar, puede retirar la soldada si en lugar de apuntar al cielo gira y se pone mirando a la tierra.
Por olvidar, el trío de inspectores olvidó hasta darse una vuelta por el Diccionario de la Real Academia Española. La definición oficial de «simular» no puede ser más categórica: «Representar algo, fingiendo o imitando lo que no es». Y si acudimos al de sinónimos nos encontramos con la misma realidad: que «simulado» y «falso» es exactamente lo mismo. O sea, que se habían validado facturas falsas. La gran pregunta que se formulan entretanto los dueños de las 3 191 000 pymes que hay en España y los 2 990 000 autónomos del país es si a ellos les aceptarán facturas simuladas para pagar menos a Hacienda. Así como todos los justiciables quieren que se les aplique en materia penal la Doctrina Borbón, esa que facilita la desimputación, ahora todos los contribuyentes, especialmente los no sujetos a nómina, también sueñan con ser beneficiados con la Doctrina Borbón en el apartado tributario. No en vano admite facturas falsas.