Resultaba inaplazable resolver, de una vez por todas, la dichosa derivada fiscal del escándalo, la más farragosa y compleja de todas. Pero al mismo tiempo una de las más trascendentes. La Inspección Tributaria había concluido su trabajo y había llegado el momento de tomar decisiones y cerrar el primer gran flanco del Caso Urdangarin. La gran incógnita, que cada vez lo era menos, pasaba por si afectaría solo a Urdangarin o también a la infanta Cristina.
Tras sesudas deliberaciones técnicas, la Agencia Tributaria decidió, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, levantar el velo societario sobre toda la trama y atribuir los delitos fiscales consiguientes a los responsables. Según este criterio se atribuía un delito fiscal a Diego Torres y dos a Iñaki Urdangarin y se dejaba fuera a Cristina de Borbón. Los fraudes cometidos con sus sociedades instrumentales fueron trasladados a la declaración de la renta de cada uno de ellos y se concluyó que ambos eran los únicos culpables. La hija del rey y la esposa de Torres, Ana Tejeiro, se libraban de la quema, por el momento.
El ángulo más controvertido de esta interpretación surgía al sustentarse los delitos del duque de Palma en las actividades desarrolladas a través de Aizoon, la sociedad que comparte el duque de Palma con su mujer. El Ministerio Público y Hacienda sentenciaban que las supuestas asesorías cobradas por esta empresa de manos de grandes corporaciones privadas eran meros regalos que se habían camuflado de esa forma para evadir impuestos y fingir oficialmente que respondían realmente a un servicio prestado. El criterio opuesto al mantenido en los inicios de la investigación por los técnicos de hacienda de Baleares apartados abruptamente de las pesquisas.
Si estos fondos, que rondaban el millón de euros, fueron cobrados por Urdangarin y por su mujer por trabajos que no habían llevado a cabo ninguno de los dos, ¿a quién habría que atribuirle entonces la responsabilidad? Hacienda mantuvo el pulso, como si de una cuestión de Estado se tratara, y sostuvo que la única persona que se encargaba de estas operaciones era el duque de Palma. La infanta, repetía como un cansino estribillo, por mucho que hubiera cobrado no tenía nada que ver.
La Operación Cortafuegos seguía su cauce pero entre medias quedaron al descubierto las prácticas llevadas a cabo a través de la sociedad conjunta para cobrar de un ramillete de grandes empresas a cambio de nada. Y cuanto más se sabía de Aizoon, en peor lugar quedaba la infanta y más difícil resultaba su completa exculpación.
Era evidente que Aizoon, es decir, Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, no tenía conocimientos ni bagaje suficiente para prestar asesoramiento simultáneo a un compañía de licores, a otra inmobiliaria, a una tabaquera y hasta a otra metalúrgica. Pero el análisis detallado de cada uno de estos acuerdos dejaba todavía más en evidencia al matrimonio. Por mucho que Hacienda se empeñara en orillar a la hija del rey de cualquier actividad delictiva, los hechos situaban a la infanta en el epicentro de un engaño masivo al fisco y a un puñado de grandes empresarios.
La constructora internacional Mixta África se defendió como pudo al ser interrogados sus responsables por los investigadores. Pactaron con los duques de Palma unos honorarios de «6000 euros al mes» que fueron religiosamente satisfechos, pero llegaba el momento de dar una explicación convincente de por qué se decidió pagar tan importante suma encubriéndola como trabajos realizados. Si tributaron como servicios, solo había dos opciones: o se justificaba que habían sido realmente prestados o se había cometido un fraude.
El presidente de esta empresa, Luis Hernández de Cabanyes salió por la tangente.
—Una imagen como la del Sr. Urdangarin podía ser un valor para la construcción de cinco mil viviendas en África —señaló sin poder concretar exactamente cuál.
—Aportaba ideas interesantes en la diferenciación de una posible promoción turística y en el terreno de las viviendas sociales —añadía otro representante de esta empresa, Eri Nemoto, que también intentó salvar el trance como pudo.
Pero detalles concretos, informes realizados que justificaran aquel asesoramiento fantasma, ni uno solo. Las comparecencias de cada uno de los empresarios se tornaba cómica. Escenificaban un intento permanente por justificar lo injustificable que duraba más o menos dependiendo de la pericia del interrogado a la hora de mentir.
En la misma línea respondieron los responsables de la tabaquera Altadis. El vicesecretario de su consejo de administración, Ignacio Valentín Millán, declaró que pagaron a la sociedad de los duques de Palma «30 000 euros anuales» por «servicios de asesoramiento a la filial marroquí». Pero al igual que ocurrió con los directivos de Mixta África, llegado el momento de concretar en qué consistió realmente el trabajo por el que pagaron, no supo qué decir. Acorralado por los interrogantes de los investigadores, Valentín Millán acabó confesando la realidad de los hechos.
—No sabemos cuál fue el motivo por el que se le contrató, es así de sencillo —se descargó, mostrando un gesto de alivio. Es decir, regalaron a Aizoon, o sea a los duques de Palma, el dinero sin más.
La representante del Grupo Pernod Ricard, Marta Campomanes, tampoco acertó a dar un solo argumento convincente al ser interrogada acerca del motivo por el que su compañía había abonado «80 000 euros anuales» a los duques de Palma. Y así una empresa detrás de otra fueron desnudando la ficción urdida en torno a esta tapadera.
La paciencia de los inspectores de hacienda, del juez Castro y del fiscal Horrach se fue agotando hasta convertirse los interrogatorios a las corporaciones restantes en trances desagradables en los que se intentaba, a las primeras de cambio, negar una realidad que acababa aflorando pocos minutos después.
—El asesoramiento [de la sociedad Aizoon de Urdangarin y la infanta] fue decir: «Oye, tú, yo creo que deberíais ir por aquí en lugar de ir por allá» —declaró el apoderado de la compañía Aceros Bergara, Xavier Busquets.
—¿Simplemente esa fue su intervención? —insistieron los investigadores, hastiados de escuchar siempre la misma respuesta evanescente y vacía de contenido.
—Una cosa es decir «no vaya usted por aquí», con un fondo detallado de números y de razones y otra cosa es simplemente argumentar «no vaya usted por aquí, vaya por allí». ¿Cómo fue entonces la intervención del Sr. Urdangarin? ¿Contratos concretos o, simplemente, «no vayan por aquí y vayan por allí»?
—La segunda —sentenció el directivo de la metalúrgica, al mismo tiempo que reconocía que nunca tuvo en sus manos «ningún dossier ni estudio financiero» librado por Aizoon porque nunca existió.
La tramoya y el cartonaje de la patrimonial de los duques se derrumbaba de golpe con el testimonio de su distinguida clientela y la elocuencia de las pruebas documentales intervenidas. En uno de los correos electrónicos en poder de la Policía Judicial, fechado el 20 de junio de 2008, el duque de Palma se dirigió a uno de los cuñados de Diego Torres, Marco Tejeiro, encargado de la administración de las empresas de la trama, en los siguientes términos: «Perdona, asegúrate de que al no haber asistido al último consejo, puedo facturarles, por si acaso».
La voracidad recaudatoria de los duques de Palma llegaba al extremo de plantearse cobrar a una empresa por la asistencia a unos consejos de administración a los que ni tan siquiera acudieron.
Siguió la ronda de declaraciones y no varió el sentido. En la misma línea se expresaron los dueños de la empresa de cazatalentos Seeliger y Conde, que confesaron no haber manejado nunca un solo «informe o documento elaborado» que justificara los pagos a Aizoon.
Ni siquiera uno de los mayores pagadores de Aizoon, el Grupo Lagardère, pudo acreditar algún tipo de servicio pese a que abonó a la empresa «200 000 euros al año» mediante un contrato que contemplaba, además, el «reembolso de todos los gastos» en los que incurrieran los duques de Palma.
La conclusión de la Agencia Tributaria en su informe definitivo no pudo ser otra: «Cabe referir que ni en el sumario o en el expediente administrativo de inspección figuran testimonios de ningún documento, producto o resultado de las actividades de asesoramiento o consultoría pretendidamente desarrollados por Aizoon en beneficio de sus clientes y por los que facturó las referidas cifras de ingresos».
Aclarado definitivamente que el matrimonio recibió el dinero por ser quienes eran, llegaba entonces el momento crucial, el de determinar las responsabilidades de esta simulación masiva de asesorías a precio de oro. Y volvió Hacienda a seguir a pies juntillas el guión preestablecido: «El análisis del material probatorio reunido pone de manifiesto que los contratos con los citados clientes se celebraron en especial y exclusiva consideración de la persona del Sr. Urdangarin Liebaert y sus circunstancias personales y familiares —son varios los que cuidan de remarcar explícitamente la cualidad de intuitu personae inherente tanto a la celebración como a la posterior ejecución contractual—; así como que en ningún caso constan resultados documentales de la actividad desplegada». Es más, «ninguno de los deponentes en sede judicial, policial o administrativa ha sido capaz de ofrecer más que explicaciones vaporosas cuando han sido inquiridos a detallar las funciones o servicios concretamente proporcionados por Aizoon».
Llegados a este punto, si como aseguraba Hacienda las empresas solo contrataban a Urdangarin aunque luego cobrara también su mujer, ¿cuál era realmente el significado de la presencia de Cristina de Borbón en Aizoon? Si todo era un negocio del duque de Palma, ¿qué necesidad tenía de que figurase su propia esposa en algunos de los contratos y en la sociedad que percibía los emolumentos? ¿Acaso no había podido montar él mismo una sociedad unipersonal en lugar de una limitada?
Al presenciar desde la distancia esta disyuntiva, un hombre se revolvió en su céntrico despacho barcelonés del número 186 de la calle Balmes. El notario Carlos Masiá, un hombre con una arquitectura física alargada y quijotesca que se balancea al andar por culpa de una de sus maltrechas rodillas, había sido el fedatario público de confianza escogido por Iñaki Urdangarin y por la infanta Cristina para llevar a cabo todas sus operaciones, tanto inmobiliarias como personales. Desde su testamento a la compra del palacete de Pedralbes pasando, por supuesto, por la constitución de su sociedad Aizoon.
—Ya lo dije yo y no se me hizo ni puñetero caso —exclamaba.
El matrimonio Urdangarin-Borbón entró en contacto con Masiá a través del cuñado de Diego Torres, Miguel Tejeiro, propietario del despacho de asesoría fiscal y laboral Medina-Tejeiro, que se convirtió en el centro de operaciones de la trama Nóos y en el custodio de sus datos más íntimos. Para ese puesto necesitaban más que a un consumado experto fiscalista, a un hombre de su más estricta confianza, que pudiera guardar los secretos más inconfesables y que no levantara sospechas.
En efecto, Miguel Tejeiro cumplía a priori ese perfil. Era técnicamente aseado y parecía un hombre extraordinariamente discreto. Miguel era Michi para Carlos Masiá, con quien almorzaba semanalmente para repasar todos los asuntos que llevaba entre manos relacionados con sus más ilustres clientes. Michi consultaba a su notario de cabecera cada paso que daba y, entre otros, le preguntó cómo articular la creación de una sociedad limitada para los duques de Palma. El guión lo tenía ya elaborado Diego Torres y no admitía variación alguna. Desde el nombre de la empresa, que debía llamarse Aizoon, al reparto de tareas y de participaciones en la sociedad. Iñaki sería el administrador, Cristina la secretaria de los consejos y cada uno de ellos tendría en su poder el 50 por ciento de las acciones. Se trataba solo de que Masiá le diera forma.
—¿Pero os habéis vuelto locos o qué? —advirtió el notario a su íntimo Michi—. ¿Cómo vais a poner a la infanta con su nombre y apellidos en una empresa? ¿Y si luego hay una suspensión de pagos, alguna reclamación judicial, una quiebra, qué pensáis hacer? ¿Eres consciente del escándalo institucional que se organizará?
Habitualmente Michi asentía ante los consejos de Masiá, pero esta vez permaneció firme.
—Carlos, no discutas. Esto tiene que ser así y punto. Ya está hablado.
—¿Pero no os dais cuenta de lo peligroso que puede ser? Como notario me veo en la obligación de advertíroslo. A partir de ahí, haced lo que queráis.
—No seas pelmazo, Carlos. Tiene que ser así porque la infanta va a ser nuestro escudo fiscal.
Un silencio se extendió entre ambos. El notario Masiá no volvió a preguntar nada más. Constituyeron la sociedad en los términos dispuestos, con Cristina de Borbón como socia perfectamente visible, y nunca más el fedatario público volvió a oír nada en relación a esa mercantil.
Sin embargo, aquella frase del «escudo fiscal» cobraba ahora verdadero sentido al comprobar que Aizoon había sido empleada como un instrumento para desviarse fondos públicos y evadir impuestos. Y adquirían también sentido las múltiples preguntas de Michi sobre las amortizaciones aceleradas de las empresas a través de la contratación de personal ficticio y otras trapacerías sugeridas o directamente consultadas a Masiá.
El grado de indignación del notario, al que le empezaron a encajar todas las piezas, le llevó a pedir voluntariamente declarar ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma y contar su experiencia.
—Falta una pieza clave en todo este proceso, que es la de Michi —no paraba de repetir.
Y si empezaban a cuadrarle todos los elementos a Masiá, también fueron ensamblándose en la mente de los investigadores ante el último extraño acontecimiento surgido en el sumario.
Al abrirse la veda con Cristina y revisar su patrimonio, la Agencia Tributaria envió al juez Castro un informe que se limitaba a reproducir los datos existentes a nombre de la hija del rey en su base de datos. Desde sus cuentas bancarias a sus inversiones en bolsa pasando por los bienes muebles e inmuebles a su nombre.
De entre todos los elementos expuestos en aquel documento, uno llamaba la atención por encima de los demás. En los ejercicios 2005 y 2006 la infanta había ingresado una cantidad muy importante de dinero, 1,4 millones de euros, por la venta de trece propiedades diseminadas por la península. Se trataba de terruños de muy escaso valor individual en Almagro (Ciudad Real), Alicante, Arenys de Mar (Barcelona) y Pilar de la Horadada (Alicante).
Cristina de Borbón se apresuró de inmediato a desmentir, a través de la Casa Real, que hubieran sido suyos. Los propietarios de estos terrenos también se llevaron las manos a la cabeza y aseguraron que nunca habían tratado a la hija del rey y que solo la conocían de verla por televisión.
¿Para qué quería la infanta pequeños solares en lugares tan dispares? ¿Qué sentido tenía que aparecieran de pronto a su nombre? El escándalo, de nuevo, estaba garantizado y no tardó en tomar cuerpo. Hacienda se reafirmó en que esos eran los datos que obraban en su poder y que no podía comunicar otra cosa que lo que le aparecía en el ordenador. No obstante, ante las primeras dudas que surgieron en torno a su papel, activó el ventilador en dirección a los colegios de notarios y registradores como los responsables de haber comunicado esas operaciones en el caso de que fueran erróneas.
Castro, que pensaba haberlo visto todo en este procedimiento, requirió a los registros de cada una de estas localidades para que deshicieran el entuerto.
—A veces se tarda más en reaccionar porque no tenemos toda la información, pero en este caso no hay ninguna duda. Las fincas nunca han sido de la infanta —reiteró La Zarzuela, que no dudaba en calificar de «cosa muy seria» el nuevo episodio en el que se veía inmersa doña Cristina.
No tenía por qué haber habido ningún problema. Su documento nacional de identidad es tan sencillo como fácil de memorizar, 14-Z, y resultaba complicado pensar que con un número tan bajo hubiera podido producirse algún error de transcripción simultáneo en un puñado de operaciones al mismo tiempo. Ni los más viejos de la Agencia Tributaria conseguían acertar con la explicación de lo sucedido. Había quien apuntaba a un posible caso de dobles ventas que hubiera servido para blanquear dinero, otros que advertían una maniobra para poder justificar el incremento patrimonial de la hija del rey y hasta quien reducía lo acontecido a la desidia de un grupo de registradores que pusieron en la casilla del DNI el 14-Z como podían haber puesto cualquier otra cifra.
El caso es que el enigma no paraba de engordar y la ausencia de una explicación coherente obligó a comparecer al mismísimo ministro de Hacienda. Cristóbal Montoro salió para explicar que todo había sido un «error», pero incrementaba la incertidumbre al ser incapaz de determinar cuál. Trasladaba la responsabilidad a los empleados del Catastro y de las notarías pero era incapaz de determinar cómo había sido posible que un mismo fallo se repitiese trece veces seguidas. Le echaba la culpa a la «ingente cantidad de información» que maneja la Agencia Tributaria; no se cansó de repetir la palabra «error» una quincena de veces pero no despejó siquiera mínimamente las dudas.
No era la primera vez que sucedía algo similar. Los investigadores ya se habían encontrado en la instrucción con que el gobierno balear había atribuido por error al Instituto Nóos la venta de ocho fincas en el archipiélago, pero todo esto se antojaba mucho más complicado.
Máxime cuando tras este desaguisado de las fincas aparecía una realidad mucho más trascendente. Ante cualquier error de este tipo, cuando a un contribuyente se le atribuye un incremento patrimonial considerable, los mecanismos de la Agencia Tributaria saltan automáticamente y se pone en marcha lo que se conoce popularmente como una «paralela». De haber sido así, este problema se hubiera detectado cuando se produjo, en 2005 y 2006, y no hubiera podido permanecer emboscado tanto tiempo.
Los inspectores de la Agencia Tributaria se apresuraron a explicar por qué no se activó la «paralela» de rigor y afloraron una situación existente desde tiempos inmemoriales que en el fisco se daba por supuesta pero que nunca se había denunciado. Los miembros de la familia real son, a efectos tributarios, lo que se denomina en el seno de la organización «agujeros negros». Es decir, personas que están exentas de cualquier tipo de inspección fiscal. Por lo tanto, lo que venía a demostrar el caso de las fincas es que, independientemente de lo que hubiera ocurrido, Cristina de Borbón era uno de esos «agujeros negros» que nunca se habían explorado.
Corroboraba esta circunstancia que en el polémico informe de Hacienda tampoco aparecía la venta del piso anterior de los duques de Palma por 2,2 millones de euros sin que mediase explicación lógica alguna más allá de que se trataba de otro «lamentable error».
Las malas lenguas de la plaza del Doctor Letamendi, dirección de la Delegación de la Agencia Tributaria en Barcelona, advierten sin embargo que todo fue mucho más prosaico. Que en 2007 ya se constató el error en la adjudicación de estas propiedades a la hija del rey. Simplemente, se habían grabado manualmente en el sistema y alguien había metido la pata. «Como ocurría con tantos y tantos contribuyentes». El inspector Jordi Torrent lo detectó y remitió esta información a las alturas, concretamente a la entonces delegada López Panisello. No se corrigió porque solo se hace a instancias de terceros pero se dejó constancia por escrito. El afán del actual número uno del fisco en la región, Gonzalo García de Castro, porque el Caso Infanta solo lo manejase «gente de confianza» le habría llevado, según estas mismas fuentes, a enviar al instructor del Caso Urdangarin la información disponible en el sistema sin consultar al responsable del barrio de la infanta, Pedralbes.
Lo cual no quita para que, visto lo visto, la infanta Cristina ejerciera voluntaria o involuntariamente el rol de «escudo fiscal», estatus que otorgaba un extraordinario blindaje a Aizoon. A través de esta sociedad el matrimonio podía desarrollar cuantas actividades irregulares considerara. Nunca nadie iba a inspeccionarla porque con gran riqueza tipográfica aparecía como socia «doña Cristina de Borbón y Grecia». Entre agujeros negros, los chanchullos fiscales se evaporaban cual luz de gas.