Un fleco importante pendía del sumario sin que sus responsables quisieran darle prioridad y centrarse en él. Era una cuestión que permanecía ahí, latente, y que en cualquier momento debían abordar. No obstante, se estaba dilatando y había provocado todo tipo de interpretaciones, ninguna favorable a los investigadores.
En el rastreo de todas las operaciones llevadas a cabo por Iñaki Urdangarin y Diego Torres a través de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), la entidad teóricamente destinada a ayudar a niños enfermos que acabó siendo empleada como recambio de Nóos, una destacaba por encima del resto. En los modelos 347 de Hacienda, aquellos que reflejan las compras y ventas superiores a 3000 euros, destacaba a simple vista un importante ingreso de 144 000 euros procedente de la Fundación Madrid 2016, concebida para promocionar la candidatura olímpica de la capital. La pregunta era inmediata e inevitable. ¿Qué le habían podido vender ahora el duque de Palma y su mano derecha a Madrid en su carrera para conseguir los Juegos con una organización creada para ayudar a niños con cáncer? O lo que es lo mismo, ¿también el ayuntamiento madrileño había mordido el dichoso anzuelo?
De entre los innumerables cobros llevados a cabo por el duque de Palma y su mano derecha a través de esta tapadera con apariencia de entidad benéfica los más relevantes desde el punto de vista penal eran los que tenían procedencia pública. Y de todo el muestrario, la cifra más importante había sido adjudicada por una fundación dependiente de la institución dirigida en el momento de los pagos por el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El asunto, por muy incómodo que resultase, revestía todos los condicionantes para convertirse en una parada obligada para Castro y Horrach, que le iban dando hilo a la cometa conscientes de que no les quedaba ya mucha cuerda. «Antes o después nos tenemos que meter con Madrid 2016», coincidían.
De todas las líneas de investigación que quedaban por explorar, con casi toda la carne de Nóos ardiendo ya en el asador del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, esta era la que se antojaba más peliaguda. Por dos motivos: en primer lugar, por la presencia misma del alto cargo del PP, y en segundo término por la más que previsible posibilidad de que los imputados se aferraran a una actuación en Madrid para intentar arrebatar la competencia de las pesquisas al juez y al fiscal y trasladarlas a otro juzgado más complaciente en la península. Arremeter contra este fleco entrañaba unos riesgos evidentes, pero se antojaba a todas luces imposible de esquivar.
Una vez más el consenso entre el magistrado y el representante del Ministerio Público resultó decisivo para tirar hacia delante. Si la trama también había recibido fondos públicos del consistorio madrileño, por mucho que apareciese el mismísimo ministro de Justicia como responsable último, había que indagarlo, saliera lo que saliera. De lo contrario, todo lo actuado en relación al resto de administraciones públicas carecería de sentido y acabaría con la legitimidad de ambos si actuaban contra unos y contra otros hacían la vista gorda.
La defensa de Jaume Matas ya había sugerido en varias ocasiones que si se había procedido contra el expresidente balear no tenía ningún sentido que no se hiciera lo propio contra el exalcalde madrileño o contra todos aquellos cargos públicos repartidos por la geografía nacional que, como los antiguos responsables del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, también regaron con fondos públicos el engranaje del Instituto Nóos. La filosofía de Torres de «o todos o ninguno» cada vez sumaba más adeptos y Matas cogía posiciones.
«Lo de Madrid 2016 está siendo la prueba de que la justicia no es igual para todos y de que Castro y Horrach se atreven solo con unos y no tienen arrestos para actuar contra el ministro de Justicia», argumentaba un sector creciente de imputados en la causa, que no confiaban lo más mínimo en que se explorase este camino.
Diego Torres no quiso faltar a esta cita y se encargó de agitar con fuerza este árbol, sabedor de que con su violenta sacudida embarraba todavía más el terreno de juego y ponía en la picota a Gallardón, de quien dependía jerárquicamente la Fiscalía que tantos disgustos le estaba provocando. Lo había intentado todo con la Casa Real pero cabía la posibilidad de que explotando esta vía secundaria la presión judicial se relajara de una vez.
—Ahora vamos a empezar con Gallardón, y a ver qué hacen —se relamía el letrado González Peeters.
Su contribución volvió a adoptar la forma de ramillete de correos electrónicos en los que dejaba constancia de cómo los integrantes del Instituto Nóos abordaron la necesidad de implicar al máximo al actual ministro en su vinculación con la candidatura olímpica como garantía de éxito. Con este pretexto, propiciaron varias reuniones de Urdangarin y Torres con él, le pidieron que prologara uno de los libros editados por el Instituto Nóos y confeccionaron cartas de agradecimiento del yerno del rey al entonces alcalde de Madrid en las que Urdangarin enfatizaba el «absoluto apoyo» del líder popular a las iniciativas de su entidad. Cuanto más implicado estuviera el alcalde, más fácil sería la travesía.
Su malicioso gozo, en un pozo. No había en esta nueva correspondencia nada que incriminara directamente al notario mayor del reino en el plano penal, porque nada irregular había en escribir un prólogo o en recibir en su despacho al yerno del rey, pero serviría como vistosa percha para solicitar su declaración como testigo en el procedimiento y arrojar así más leña a la caldera del infierno.
Castro y Horrach acordaron en secreto un desplazamiento fugaz a Madrid para tomar declaración a los responsables de estos pagos y se puso en marcha este ramal del Caso Urdangarin, que ya no afectaba a líderes del PP fuera de juego como Jaume Matas y Francisco Camps, sino que podría salpicar a uno de los más importantes estandartes del gobierno de Mariano Rajoy. Ni más ni menos que al titular de Justicia. Pudiéndose convertir, en consecuencia, en un problema político de primera magnitud. Se acallaron de golpe las voces que dudaban de su valentía e independencia y aguardaron expectantes el resultado de la contienda.
Lo primero con lo que se toparon los responsables de las pesquisas es que el duque de Palma y su mano derecha habían empleado la fundación de ayuda a niños enfermos de cáncer para ofrecer al Ayuntamiento de Madrid un informe sobre cómo se debía «perfilar el lema de la candidatura olímpica» y «dotarlo de contenido social». Lo que constituía ya de por sí un sinsentido cristalizaba en un contrato firmado en 2007 entre ambas partes con una duración de tres años y que desembocaba en un pago posterior de 144 000 euros públicos.
Pero la verdadera sorpresa aguardaba todavía emboscada a la vuelta de la esquina. Cuando la Fiscalía Anticorrupción preguntó dónde estaban los trabajos en cuestión, estos no aparecían por ninguna parte.
—Algún documento habrá que justifique el pago… —requería Horrach a los funcionarios sin encontrar respuesta.
Los antiguos ejecutivos de la Fundación Madrid 2016 justificaron como pudieron el encargo ante los investigadores, arguyendo que la FDCIS de Urdangarin y Torres cumplía los requisitos porque «trabajaba en el área de inclusión social» y destacaron que «en Madrid hay mucha inmigración». Pero al insistir una y otra vez el magistrado y el representante del Ministerio Público comenzó a emerger una realidad que presentaba los mismos trazos que el resto de contratos suscritos por Nóos con empresas privadas y administraciones públicas.
No había en este caso informe que respaldase los pagos como tal y lo que surgía en su lugar estaba repleto de lugares comunes y vaguedades sin valor alguno, la mayor parte de ellas copiadas literalmente de Internet. El mismo patrón de siempre pero ahora con el Ayuntamiento de Madrid como víctima.
En este caso agravaba la situación el hecho de que la fundación de Urdangarin y Torres carecía de experiencia alguna, porque acababa de ser creada, y por lo tanto la contratación se antojaba, como venía siendo habitual, un peaje que se había visto obligado a satisfacer en este caso el consistorio madrileño que, como el resto de administraciones públicas que picaron el cebo, no convocaron el preceptivo concurso público para otorgar los fondos.
La primera ejecutiva de Madrid 2016, Mercedes Coghen, medalla de oro en los Juegos de Barcelona de 1992 en hockey sobre hierba, explicó que, como le ocurrió a otros muchos empresarios y cargos públicos, recibió una llamada personal de Iñaki Urdangarin y que ahí empezó todo. En su caso, en «abril de 2007», surgiendo de nuevo la imposibilidad de decir «no» al yerno del rey.
—Soy Iñaki Urdangarin y me gustaría verte para comentarte un proyecto que puede ser muy interesante para vosotros. —Así asaltó a Coghen, una persona de una integridad personal intachable, e inició su tarea de persuasión el duque de Palma—. Tengo una fundación que podría colaborar activamente con Madrid 2016 en la búsqueda del leitmotiv de la Fundación para su candidatura de los Juegos Olímpicos.
Otra vez el modus operandi habitual. El yerno de rey como arpón infalible y a continuación «una reunión con Urdangarin y Torres» en la que ya se entraba en detalles. A Coghen le ofrecieron en aquella cita «asesoramiento en la búsqueda del mensaje estratégico de la ciudad de Madrid», por un lado, y por otro promocionar la candidatura gracias a los contactos que tenían de «personas relevantes dentro de la empresa, del deporte e incluso del COI [Comité Olímpico Internacional]». Sin embargo, de aquella propuesta no se sustanció absolutamente nada, se acordó el pago a la FDCIS y nunca más se supo. Aunque, al parecer, el duque de Palma sí llevó a cabo algunas funciones de lobbying en Lausana, sede del Vaticano del deporte.
Si en la investigación judicial en Valencia Castro y Horrach se encontraron con el inusual y gratificante descubrimiento de una funcionaria de la Generalitat, Isabel Villalonga, que había tumbado sin temblarle el pulso nada menos que 2 millones de euros en facturas falsas del dúo Urdangarin-Torres y no había dudado en enfrentarse a ellos para preservar las arcas públicas de sus garras, ahora aparecía en escena, para desgracia de la pareja y tranquilidad del interés público, su hermano, Fernando Villalonga, cortado por el mismo patrón ético y moral.
Aquel pulso le costó a Isabel Villalonga una llamada de Urdangarin al presidente Francisco Camps y su consiguiente traslado de su puesto como subsecretaria de Presidencia de la Generalitat.
«Esta hija de puta nos lo está parando todo», se quejaban amargamente los mandamases de Nóos a Camps y a sus subordinados, que forzaron el relevo de esta funcionaria impecable y su marcha a la Secretaría General de la Delegación del Gobierno en Valencia.
El diplomático y delegado del Área de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid Fernando Villalonga, hombre de confianza de la alcaldesa madrileña Ana Botella, acudió en auxilio de los investigadores en este asunto para esclarecer el nuevo desfalco. Casualidades de la vida, es hermano de Isabel, y curiosidades de la vida, es el diplomático al que tocaba ejercer de anfitrión cada vez que los Urdangarin-Borbón viajaban desde Washington a Nueva York. Conocía bien a los personajes. A Villalonga le puso sobre la pista una pregunta formulada por UPyD al poco de estallar el escándalo, rebuscó en los archivos municipales y remitió directamente cuanta documentación encontró, que fue prácticamente ninguna, al fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce.
Villalonga relató al máximo representante del Ministerio Público haber «buscado exhaustivamente en los archivos de la Fundación Madrid 2016, ya extinta, si existe algún tipo de trabajo o servicio que justifique esas facturas» y concluyó que no había «nada». «Es la primera vez en mi vida que he visto transferencias dinerarias en calidad de donaciones, a pesar de que llevo muchos años en la Administración», indicó en su declaración como testigo ante Castro y Horrach al tiempo que recordó que había ocupado el cargo de conseller de Educación en el primer gobierno autonómico de Eduardo Zaplana y el de secretario de Estado de Cooperación Internacional con Aznar.
—El declarante es un auténtico señor —no se pudo reprimir el juez Castro tras escuchar sus explicaciones—. Da gusto encontrarse con ciudadanos así.
Coghen, atrapada antes, durante y después en la obediencia debida, se vio en la tesitura de tener que admitir que ya no quedaban documentos de aquella alianza con Urdangarin porque habían pasado «seis años» desde su firma, pero defendió que «el importe abonado estaba dentro de los precios de mercado de la época». Grave resultaba que se hubiera adjudicado una cuantiosa cifra de fondos públicos al duque de Palma y a su inseparable socio a dedo por un informe vacuo e inconsistente que ni siquiera aparecía, pero el problema todavía era susceptible de agravarse.
El fiscal Pedro Horrach descubrió que no solo no hubo jamás informe alguno sino que acababa de aparecer, como por generación espontánea, un documento que había sido fabricado en plena investigación para maquillar el expediente. Con el único objetivo de, como acostumbra a apuntar el magistrado en sus autos, «vestir el santo». En él figuraba que el trabajo supuestamente realizado por Urdangarin y Torres era un informe en el que se sugería al Ayuntamiento de Madrid perogrulladas del tipo «Madrid 2016 debe ser una candidatura que hará del deporte un elemento esencial de la ciudad»; «servirá para acelerar de forma clara el proceso de transformación»; y «contribuirá a integrar la diversidad y favorecer la convivencia de culturas». La marca de la casa Nóos.
La gran aportación de los mandamases del instituto consistía en concluir que había que «llevar el deporte a los jóvenes y a la gente mayor» y en señalar que los grandes «valores» que debía transmitir debían ser los de potenciar la «sostenibilidad medioambiental», la «integración social a través del deporte», la «participación de la ciudadanía» y la «educación en los valores olímpicos». A lo que se añadía un «gran objetivo» casi sarcástico: «Crear la candidatura que más haya hecho a favor de la integración social de toda la historia olímpica».
Solo una semana después de los registros policiales efectuados en las oficinas del Instituto Nóos, los antiguos gerifaltes de Madrid 2016, allá por noviembre de 2011, confeccionaron en connivencia con los de Nóos un documento con estas líneas maestras para intentar avalar el pago de los fondos ante un eventual requerimiento judicial. Porque, visto lo visto, iba a ser cuestión de tiempo que la investigación alcanzase de lleno a la fundación madrileña.
A medida que se iban conociendo más detalles, más complicado se tornaba el asunto. Pese a que el convenio rubricado entre ambas partes no contemplaba contraprestación económica alguna, se efectuaron 16 transferencias de 6000 euros y 2 de 12 000 euros repartidas entre octubre de 2007 y noviembre de 2009, que fueron religiosamente percibidas por la entidad de Urdangarin.
La Fiscalía Anticorrupción vio claro el asunto, el juez imputó a la exconsejera delegada Coghen, al exdirector general de la fundación, Miguel de la Villa, y al exdirector financiero, Gerardo Corral. Horrach compiló toda la información recabada en un informe en el que concluía que se había topado con un «intento burdo de justificar a posteriori las entregas de dinero que, en su momento, se realizaron desde la Fundación Madrid 2016 a FDCIS». Una organización que definía abiertamente como «una prolongación del Instituto Nóos».
Constataba, asimismo, que el pago, que en realidad se trataba de una «donación» pura y dura, se había articulado «sin expediente» de contratación alguno y, por todo ello, advertía la comisión de un nuevo delito de malversación de caudales públicos que afectaba de lleno a todos los cargos públicos que intervinieron en los pagos. Eso sí, dejaba al margen a Gallardón, al que ninguno de sus antiguos subordinados implicaba en absoluto. Es más, todos lo exculparon, su rúbrica no figuraba en ninguno de los acuerdos suscritos entre ambas partes.
El cerco sobre el órgano de gobierno de Nóos y la constatación de que contó con las más altas complicidades para perpetrar sus grandes golpes se estrechaba aún más. El lazo judicial tenía perfectamente delimitados a los gobiernos balear y valenciano y cerraba su perímetro sobre la Casa Real.
La célebre reunión en el palacio de La Zarzuela a la que asistieron Francisco Camps y Rita Barberá fue negada con rotundidad por los políticos pero ratificada por Torres, que, sabedor de que golpeando el hígado de la institución ponía en jaque el procedimiento, pasó a aportar más datos. Confirmó que se produjo en 2004 y disuadió a los investigadores de pedir el libro de registro de entrada en el complejo porque, aseguró, él e Iñaki accedieron en coche «sin pasar control alguno». Lo normal, al fin y al cabo su socio era de la casa.
La coincidencia de las fechas apuntadas con el inicio de los trámites para poner en marcha el primer Valencia Summit llevó al juez Castro y al fiscal Horrach a otorgar absoluta veracidad a aquel testimonio. Es decir, el compromiso de Camps y de Barberá de financiar las actividades del duque de Palma fue arrancado en palacio, tras un almuerzo con el rey y el magnate suizo Ernesto Bertarelli que tenía la celebración en Valencia de la Copa América como telón de fondo. Si bien la alcaldesa valenciana y el expresidente negaban en público la existencia de dicho encuentro, que se produjo a los postres gracias a la intercesión del entonces jefe de la Casa Real, Alberto Aza, Barberá no dudaba en admitirlo en privado ante su círculo más próximo.
La primera edil valenciana no solo reconocía la existencia de dicha reunión sino que contaba como gran chascarrillo cómo con motivo de un mitin del PP celebrado en Valencia el presidente del Gobierno Mariano Rajoy le preguntó con un indisimulado interés «qué había pasado con Urdangarin» y cómo había sido posible que se hubieran embarcado a financiarle de manera indiscriminada. Barberá contaba que zanjó de inmediato la curiosidad de Rajoy: «Si a ti te lo hubiera pedido quien nos lo pidió a nosotros, también habrías dicho que sí».
A medida que la lava ardiente de la actuación judicial seguía avanzando lenta pero inexorable hacia el corazón de la primera institución española, la presión social incrementaba considerablemente la temperatura. Un abrumador porcentaje del 84 por ciento de la sociedad española coincidía en que Cristina de Borbón debía ser imputada por el juez Castro y aclarar, en sede judicial, el alcance de su implicación en todo este asunto. Daba igual el sesgo de los encuestados, la respuesta era unánime. Tanto los votantes del PSOE y de IU como los del PP coincidían en el mismo dictamen. Tampoco había diferencias atendiendo al sexo o a la edad de los interrogados. Apenas un 15 por ciento de los encuestados seguía pensando que, como mantuvo el rey en su discurso de Nochebuena de 2011, «la ley es igual para todos», y el resto era de la opinión contraria.
Esas eran algunas de las principales conclusiones de un estudio encargado por El Mundo a Sigma Dos, que también señalaba que, de no producirse dicha imputación, habría un 78 por ciento de los interrogados que coincidía en que se le estaría dispensando un trato de favor a la hija del rey por ser quien era.
El mismo porcentaje se mostraba a favor de la decisión adoptada por Castro de imputar al secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga, y de su consiguiente destitución, que pese a haberse cursado ya su citación todavía no se había producido.
Uno de los últimos golpes de efecto de la Casa Real, al retirar a Urdangarin de su página web oficial, solo había servido para mejorar levemente la consideración ciudadana de cómo estaba gestionando la crisis. Si un año antes solo el 19 por ciento de la ciudadanía consideraba que La Zarzuela estaba pilotando el escándalo correctamente, el porcentaje solo ascendía ahora un punto.
Urdangarin se convenció de que, ante semejante presión política, ciudadana e institucional, tenía que articular como fuera un contraataque. Solo empleando las mismas armas que su rival podría contrarrestar el sentido de la opinión pública para intentar dejar claro que el malo de toda esta película era Torres y aplacar en la medida de lo posible la virulencia del ataque de su antiguo profesor.
—Si se dedica a sacar mis correos electrónicos, ahora me voy a poner yo a buscar los suyos y a ver quién se cansa antes —farfullaba el exjugador de balonmano.
Pero, para colmo de males para el duque de Palma y tal y como le había ocurrido hasta ahora, se acabaron destapando sus cartas antes de tiempo y quedó retratado a medio camino. Una vez más otra endiablada carambola del destino, que se había empeñado en cerrarle todas las puertas de salida, truncó sus planes.
Esta vez con motivo de la denominada Operación Pitiusa, una actuación judicial a gran escala contra el tráfico de datos, que nada tenía que ver a priori con los manejos del yerno del rey, y que se llevó por delante a buena parte de las agencias de detectives españolas. En el registro policial rutinario efectuado a uno de los hackers utilizados por la trama, el argentino Matías Bevilacqua, apareció un descubrimiento sorprendente. En poder del que está considerado como uno de los más eficientes piratas informáticos del panorama europeo se encontraba el disco duro del despacho Medina-Tejeiro, propiedad del cuñado de Diego Torres y que se encargaba de las cuentas y la fiscalidad de la trama.
En poder de Bevilacqua fueron intervenidos, además, 140 000 euros en metálico que, cuando le fue preguntado su origen, respondió abiertamente que le habían sido entregados por el CNI. La policía, asustada por lo que estaba escuchando, se limitó a reflejar en el atestado que se lo había entregado «Defensa».
El hallazgo se antojaba una bomba de grueso calibre que fue puesta en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares y del juez José Castro, que decidieron actuar raudos y veloces al convencerse de que acababan de aparecer los Servicios de Inteligencia españoles en defensa del yerno del rey.
Las sospechas cobraron forma al constatarse la existencia de vínculos profesionales entre Bevilacqua y el CNI, que le había pagado, además de esa cantidad en metálico, una asignación mensual durante bastante tiempo. Pero todavía había más. Apareció otro elemento de extraordinaria relevancia: un pago a este hacker por parte del abogado del duque de Palma.
Al descubierto quedaba, pues, la soterrada estrategia de defensa de Urdangarin, que había recurrido a un pirata informático para encontrar correos comprometedores de su exsocio con los que neutralizar su goteo malayo semanal. Pascual Vives salió como pudo ante esta nueva revelación de El Mundo asegurando que se había limitado a contratar a Bevilacqua para que le «ordenara el sumario» del Caso Urdangarin, como si no tuviera secretarias en su despacho capacitadas para realizar un cometido tan escasamente cualificado y hubiera tenido que recurrir al mejor hacker del mercado para acometerlo.
La Policía Judicial examinó el soporte informático y descubrió que Bevilacqua había hackeado más de treinta mil correos electrónicos de Torres, quedando sin embargo su estrategia al descubierto y neutralizada antes de ponerse a la práctica. Si ya de por sí se antojaba oscuro el panorama de Urdangarin, ahora se quedaba encima sin armas para contrarrestar a su enemigo de igual a igual y con el CNI pillado in fraganti implicado en lo que parecía a todas luces una operación de salvamento.
Los investigadores corrieron un tupido velo sobre este asunto, se recuperaron del enésimo sobresalto, cogieron aire y salieron al encuentro de la nueva sorpresa que les depararía el procedimiento.