El primer zarpazo de Diego Torres resultó inocuo desde el punto de vista judicial pero atesoraba una ingente carga intencional. Se trataba de una especie de prueba de vida para demostrar que si quería podía hacer daño y no le iba a temblar la mano a la hora de apuntar con su fusil a las más altas instancias del Estado.
Debía ser un mensaje más simbólico que contundente y estudió concienzudamente la selección de los temas y la composición de su partitura. Por eso escogió para su primera entrega, en abril de 2012, un correo de Iñaki Urdangarin a Diego Torres enviado el 1 de octubre de 2007. El Instituto Nóos ya había caído en desgracia, la pareja se encontraba inmersa en otros proyectos y volvía a echar mano de sus contactos al más alto nivel.
Nóos dio paso a la denominada Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), que fue concebida formalmente como una plataforma para ayudar a los más necesitados. No levantaría las sospechas de Nóos y el dúo podía seguir operando con ella de la misma manera sin que mediara suspicacia alguna. ¿Quién iba a sospechar que el yerno del rey y su mano derecha iban a utilizar ahora una entidad para ayudar a niños con síndrome de Down y enfermos de cáncer para lucrarse? ¿Quién iba a pensar, por muy calenturienta que fuera su mente, que el modélico marido de la infanta Cristina, el exitoso jugador de balonmano, se iba a prestar a semejante inmoralidad? ¿Cómo iba a haber podido traspasar tan fácilmente la frontera entre ser un aprovechado y, directamente, una mala persona? La tapadera se antojaba por lo tanto perfecta y permitía a los inseparables Urdangarin y Torres seguir igual que hasta entonces.
Las fisuras entre ambos habían surgido siempre por cuestiones monetarias, que si yo trabajo más que tú, que si tú solo pones tu nombre y tus contactos pero los informes los elaboro yo. Pero si el dinero seguía fluyendo con alegría, las diferencias desaparecerían. Para terminar de blindar el nuevo tinglado diseñaron un manual interno que debían interiorizar todos los componentes de la extinta Nóos pero que debía memorizar, sobre todo, el duque de Palma para desviar la atención ante cualquier pregunta incómoda.
En él se instruía personalmente a Urdangarin acerca de una serie de recomendaciones para que «no se sepa» y «no cante» que se había puesto al frente de esta nueva entidad. Este libro de instrucciones establecía que el duque de Palma no podía revelar jamás que «lideraba la iniciativa» de la FDCIS. «No hay problema en decir que se es miembro de la fundación junto a otros deportistas», pero el manual le desaconsejaba «defender la fundación con el ardor de un fundador» ya que podría «cantar». Se indicaba además al exjugador de balonmano que «nunca fuera solo» a las reuniones relacionadas con la recién creada fundación, «para que no haya la sensación de que tiene un nivel de implicación alto». De ahí que Iñaki «no pudiera ni debiera cerrar un acuerdo en solitario por muy buen aspecto que tenga la situación». Ante cualquier interrogante que no estuviera contemplado en el argumentario, la respuesta del yerno del rey debía ser la de que él era simplemente «un embajador honorífico». Si el interlocutor insistía, debía poner pies en polvorosa, coger la salida de emergencia e irse por la tangente aludiendo al «origen mítico de la ayuda a los más necesitados».
Precisamente a través de la FDCIS, dirigida por Urdangarin y Torres pese a que la presidencia la ostentaba solo el primero y el segundo aparecía vinculado a una especie de comité asesor, la pareja se embarcó en uno de sus proyectos más ambiciosos: el patrocinio de un barco en la edición número 33 de la Copa del Rey de Vela, que se disputaría en Valencia. Hacía falta reunir 100 millones de euros y solo podían abordar con éxito dicho objetivo con la implicación activa de la Casa Real. Una vez más ese y no otro volvía a ser su principal fondo de comercio.
«Tengo un mensaje de parte del rey», le comentaba el duque de Palma a Torres en la primera misiva desempolvada por este último. «Y es que le ha comentado a Cristina para que me lo diga, que le llamará [Francisco] Camps a Pedro [Perelló] para comentarle el tema de la base del Prada. Y que en principio no habrá problema y que nos ayudarán a tenerla».
Se refería el duque de Palma al Proyecto Ayre, que contaba como pieza clave con Perelló, regatista y hombre de confianza de las infantas. Este deportista acababa de formar parte de la tripulación de la embarcación Siemens en la Copa del Rey de Vela junto a la infanta Elena e iba a ser el armador del nuevo barco. Pero en esta iniciativa también estaba involucrado el regatista y empresario mallorquín Jorge Forteza, dueño de la inmobiliaria Nova y que formaba parte a su vez del círculo más íntimo de la familia real en Mallorca. No en vano, fue Forteza el compañero de partido de pádel escogido por Urdangarin para arrancarle al expresidente balear Jaume Matas en el palacio de Marivent el compromiso de que financiaría las iniciativas que le plantearía a través del Instituto Nóos. Empezando por el patrocinio del equipo ciclista Banesto-Illes Balears y siguiendo por la organización de las dos ediciones de sus charlas sobre turismo y el deporte.
Se trataba, en suma, de materializar el mayor pelotazo de su corta pero trepidante carrera empresarial y para ello la figura del monarca se antojaba fundamental. «Hemos conseguido que el rey se viera con Pedro para presentarle el proyecto. La reunión fue muy bien y aparte de parecerle bien armado ha ofrecido toda su ayuda para encontrar ayuda financiera», añadió a Torres.
Si bien es cierto que el proyecto Ayre llegó a inscribirse ante la America’s Cup Management (ACM), nunca fructificó y quedó relegado a un sueño incumplido. No obstante, estos nuevos correos desvelaban la implicación no solo de la hija del rey sino del propio padre en las actividades de su yerno. Esto ya dejaba de ser un problema particular de Urdangarin, que había actuado por su cuenta y riesgo, aprovechándose de su posición para enriquecerse sin atender a ningún tipo de cortapisa legal y moral. El montaje urdido por el duque de Palma tenía visos de haber contado con la ayuda, quedaba solo calibrar hasta qué punto, de la propia Casa Real desde arriba hasta abajo. Por lo tanto, el Caso Urdangarin dejaba peligrosamente de ser una desagradable traición del que fuera yerno perfecto y se dibujaba con nitidez como una compleja trama que contaba con una cobertura regia como fórmula infalible de éxito.
Pero lo más complicado de todo, por encima incluso de los comprometedores datos que asomaban en forma de correos electrónicos, es que la gestión de la crisis había desembocado en una partida en la que los tiempos los marcaba Diego Torres, guiado y cegado por sus intereses crematísticos. O los 30 millones rebajables a 6 y el trabajo en Telefónica en Latinoamérica o abría de par en par su maletín nuclear. No resultaba una exageración concluir por lo tanto que buena parte de lo que ocurriera a partir de ese momento ya no dependía de la mejor o peor intención y pericia del valeroso juez José Castro o del aplicado y voluntarioso fiscal Pedro Horrach, sino del material que pudiera ir sacando a conveniencia el exsocio de su caja de Pandora.
La prueba más evidente del nuevo rumbo que tomaba el procedimiento es que ni el juez ni el fiscal tenían especial interés en imputar a García Revenga y en meter de lleno a la Casa Real, pero se vieron obligados a proceder a su citación por obra de Torres. Si bien no parecían tener una predisposición negativa contra la hija del rey, la eventual aparición de pruebas documentales que certificaran su participación efectiva en la trama dejaría al magistrado y al representante del Ministerio Público atados de pies y manos y abocados a actuar contra ella.
La instrucción, en la que se había podido determinar que al menos 6 millones de Nóos acabaron en las sociedades instrumentales de la pareja, quedaba ahora al albur de Diego Torres y de su abogado Manuel González Peeters. Estar a merced de su criterio resultaba un despropósito, suponía un desgaste difícilmente reparable para la Jefatura del Estado, y convertía lo que quedaba de fase de instrucción en una timba de póquer en la que uno de los jugadores participaba con los naipes marcados.
Castro y Horrach abordaron las diferentes posibilidades que había de neutralizar esta perversa estrategia procesal. Sopesaron la posibilidad de poner en marcha una entrada y registro en el bufete del letrado González Peeters, donde se presumía que se custodiaba el polvorín. La Policía Judicial entraría por sorpresa, los encargados serían los mismos agentes del Grupo de Delincuencia Económica de Palma que tan eficazmente habían obrado en ocasiones anteriores, y sería un atraco perfecto. No habría que lamentar una sola filtración previa y González Peeters se vería sorprendido por una actuación rápida y letal.
Por unos instantes esa idea cobró fuerza hasta que ambos concluyeron que podían, con una acción de esas características, vulnerar el derecho a la defensa del imputado y por extensión ponérselo en bandeja a Urdangarin y compañía para solicitar, con base legal fundada, la nulidad de todas las actuaciones y el consiguiente archivo de toda la causa.
Era desagradable que Torres obsequiara cada semana al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma con una nueva selección de su repertorio, pero no podían exigirle que entregara todas las pruebas que obraban en su poder y que, en definitiva, estaba utilizando para defenderse. Ni tan siquiera la posibilidad de atribuirle un delito de obstrucción a la justicia se consideraba una alternativa convincente para cauterizar la herida por la que no paraban de brotar correos.
«Lo que tengas, preséntalo de golpe, pero no nos marees», le tantearon los investigadores a González Peeters de viva voz, intentando ganárselo en el cara a cara. Pero el abogado, cazador consumado y presumido, parecía disfrutar de lo lindo llevando debajo del brazo una parte de su arsenal. A veces, cuando estaban de copas, exhibía un párrafo de uno de los correos a sus compañeros en la causa. Otras presumía abiertamente del contenido de otro y lo ocultaba inmediatamente en su maletín. Alternaba estos correos con la galería fotográfica de su teléfono móvil, que alberga una destacada selección de los cinco grandes de la sabana africana abatidos a los pies del controvertido abogado. Desde el león al elefante pasando por los temidos búfalos de Kenia y Tanzania, a los que tanto respetaba, por traicioneros y violentos, Robert Redford en el papel de Dennys Finch Hatton en Memorias de África.
González Peeters llegaba incluso a dejar tocar y ver las nuevas pruebas antes de ser presentadas, pero bajo ningún concepto estaba dispuesto a desarmarse de golpe. Esa era su fuerza y no era tan torpe de renunciar a ella en medio de un escenario que albergaba para él y su cliente más peligros ocultos que cualquiera de los parques nacionales centroafricanos que le gustaba visitar rifle en mano.
A esta incómoda situación contribuyó que el letrado de Urdangarin no impugnó desde el primer momento los dichosos correos y admitió su veracidad. No peleó la existencia de un más que posible delito de revelación de secretos al aportarse comunicaciones no solo entre Urdangarin y Torres, sino entre el duque de Palma y terceros. O incluso de terceros entre sí. Total, que entre unos y otros infravaloraron a Torres y a González Peeters y consiguieron con su pasividad que su estrategia se consolidara y tomara cuerpo desde el punto de vista legal. Con ella, la confianza que otorga saber que tiene uno la sartén por el mango.
«No importa Sansón, importan los filisteos», titulaba la periodista Victoria Prego un esclarecedor artículo en El Mundo al conocer el contenido de las ráfagas de metralla que comenzaban a rodear a la hija del rey en todo el embolado de Nóos. «De acuerdo en que Diego Torres está vengándose de todos los que le rodearon en el pasado porque no ha podido lograr lo que buscaba por la vía del chantaje: un cerro de millones y un trabajo estable […]. Y de acuerdo también en que el juez no debería seguir tolerando que este individuo siga administrando a su antojo, y gota a gota, los correos electrónicos que lleva años guardando, en la creencia de que eso le garantizaría la impunidad judicial. Como todos los corruptos, se estuvo reservando la capacidad de extorsión para que le hiciera de salvavidas. Pero cuando era pequeñito seguro que le contaron en el colegio que Sansón, que derribó el templo del dios Dagón con todos los filisteos dentro, y mató ese día más filisteos de los que había matado durante toda su vida, murió él mismo aplastado por los escombros y víctima de su venganza. Ese es sin ninguna duda el destino que le espera a Torres. Por muy importantes que sean los filisteos que se vaya a llevar por delante».
Pero Prego alzaba la vista más allá de lo inmediato. «Lo que importa es que lo que ya sabemos coloca a la infanta Cristina en una muy, muy delicada situación. Porque resulta que en estos momentos la infanta depende de la voluntad de Torres, de lo que Torres quiera, o no, decir o enseñar. Es decir, que está en sus manos. Y esto es en sí mismo infumable. E impresentable […]. Qué ceguera, qué nula defensa de la monarquía, qué desidia en el cumplimiento del supremo deber de asegurar su continuidad».
Torres estaba espoleado además por el hallazgo por parte del juez y del fiscal de una burda maniobra urdida por su esposa para poner a buen recaudo una parte del dinero distraído en plena investigación. Ana María Tejeiro había transferido al menos 282 000 euros procedentes de una sociedad de valores perteneciente al grupo suizo Mirabaud & Cie Banquiers Privés a España. En una primera tacada, 41 542,86 euros, el 23 de diciembre de 2011. El resto, 241 224,21 euros, cinco días más tarde, y había hecho el trasvase a una entidad financiera española sacando los fondos en efectivo. La Fiscalía Anticorrupción, al recibir el informe de Delincuencia Económica que destapaba la operación advirtió de inmediato la comisión de un nuevo delito, el de alzamiento de bienes y situó a la esposa de Torres, la discreta y huidiza Ana Tejeiro, en el ojo del huracán.
El exprofesor de ESADE dio una vuelta más de tuerca a su maquinaria del terror y dejó claro en la declaración ante el juez Castro que sucedió a la primera comparecencia de Urdangarin que en el Instituto Nóos eran cinco los responsables y que entre ellos se encontraba, por supuesto, Cristina de Borbón. «Ella conocía todas las actividades y la Casa Real, también», se despachó al tiempo que implicó a la hija del rey en visitas a la sede de Nóos o en la búsqueda de terrenos para construir unas nuevas oficinas donde albergar la entidad.
La implicación de la hija del rey se rondaba una y otra vez con insinuaciones, mensajes y acusaciones directas, pero no empezó a cobrar cierta forma hasta que la Fiscalía Anticorrupción solicitó una fianza millonaria para Iñaki Urdangarin y Diego Torres con objeto de garantizar su responsabilidad civil y poner a buen recaudo sus bienes en caso de que se produjera una sentencia condenatoria. La fianza no iba dirigida directamente contra la hija del rey pero sí contra su sociedad patrimonial Aizoon, de la que poseía el 50 por ciento. Por lo que Cristina de Borbón debía abonar su parte correspondiente como propietaria de la mitad de la sociedad pantalla. Es verdad que si el matrimonio Urdangarin-Borbón no ponía el dinero, el juzgado se limitaría a realizar una anotación de embargo en el registro sobre sus propiedades y que no variaría un ápice su situación personal.
Es decir, que depositasen o no la fianza y aun en el supuesto de que Diego Torres y su esposa hicieran lo propio, no condicionaba su libertad. Las consecuencias del procedimiento sobre la hija del rey seguían siendo leves comparadas con las que tenía que acarrear su marido, pero por primera vez le afectaría de manera directa todo aquello, aunque fuera a su bolsillo, aunque de cara a la galería su rol quedase reducido al de responsable a título lucrativo.
El auto acordando la imposición de la millonaria caución de 8,1 millones de euros (cantidad resultante de sumar los 6 millones públicos desviados de Valencia y Baleares y el tercio que establece la ley) constituía una especie de sentencia condenatoria anticipada en tanto en cuanto hacía un somero repaso de los hechos delictivos investigados hasta el momento y señalaba a sus principales responsables.
«Urdangarin, aprovechándose de su condición de miembro de la Casa Real española, contactó con diferentes personalidades políticas de primer orden, tanto de la comunidad autónoma valenciana como balear», concluía Castro. «Para, después de proponer sus proyectos», proseguía en una resolución que contaba nada menos que con quinientas cuarenta y dos páginas, «conseguir que los mismos fueran aprobados y automáticamente se pusiera en funcionamiento el mecanismo administrativo tendente a intentar vestir el santo […]. Es decir, intentar dar una cobertura de aparente legalidad a una ilegalidad manifiesta que era la adjudicación directa y sin respetar ni una sola de las normas del procedimiento administrativo». Dicho de otro modo, se trataba de «conceder a Urdangarin todas sus peticiones, las cuales no respondían a ningún interés o necesidad pública, sino solo al interés de Urdangarin y, en consecuencia, del instrumento que se utilizó para ello: el Instituto Nóos».
En cuanto a los gobiernos presididos por los populares Matas y Camps concluía el magistrado que «tomaron decisiones total y absolutamente injustas y arbitrarias», adoptadas «al margen de cualquier expediente administrativo, como hubiera sido lo normal […]. De haberlo hecho conforme preceptúa la legalidad, dicho aspecto habría perjudicado la idea inicial de beneficiar a unas personas concretas, saltándose las más elementales normas administrativas y de derecho vigentes».
«Así las cosas», abundaba, «la única finalidad de la creación del Instituto Nóos por parte de Urdangarin y de su socio Diego Torres no era otra que crear la cobertura necesaria de una asociación sin ánimo de lucro, para entendernos, como una especie de ONG dedicada a proyectos sociales, en este caso relativos al deporte». Un instrumento que, sin embargo, fue utilizado «con la finalidad de poder acceder a los fondos públicos a través de la figura de convenios de colaboración».
Nóos fingía «que no perseguía fines lucrativos y onerosos». De ahí que se «rodeara de esa aureola de falta de ánimo de lucro para que no solo nadie sospechara sino que encima les albergara ese paraguas de bondad y ayuda al prójimo. Evidentemente, las contrataciones que se realizan con Urdangarin no respondían a ninguna labor concreta ni a ninguna necesidad de interés público, sino única y exclusivamente al mero interés de conceder a Urdangarin todo aquello que este solicitaba, consecuencia de su influencia por pertenecer a la Casa Real».
Esta fianza de 8,1 millones de euros ponía en peligro el patrimonio oficial del matrimonio y el buque insignia del mismo era el palacete de Pedralbes, que todavía seguía albergando en su interior una nueva sorpresa.
Conocido que el matrimonio se embarcó en una operación inmobiliaria que superaba con creces su poder adquisitivo, quedaba por comprobar cómo habían pagado, de manera efectiva, el chalé de la barcelonesa calle Elisenda de Pinós. Se trataba de una operación que superaba los 6 millones de euros y que llevaba aparejada, porque así lo quisieron sus nuevos propietarios, que inscribieron a su nombre el inmueble, una reforma integral. En total, 3 millones más que elevaban a 9 el importe total de la operación inmobiliaria.
En los manuscritos intervenidos por la Policía Judicial en los registros practicados en las oficinas del Instituto Nóos se dejaba bien claro que la hipoteca iba a ser sufragada gracias a los ingresos de la entidad «sin ánimo de lucro» Nóos, que iban a ser canalizados a través de Aizoon mediante la consiguiente emisión de facturas falsas por servicios que jamás fueron prestados al instituto. Pero todavía quedaba por saber qué parte exacta de los ingresos de Nóos se destinó a la adquisición y posterior remodelación de la que en el Registro de la Propiedad se inscribe como «casa torre».
Y es aquí donde la Delegación de la Agencia Tributaria de Barcelona descubre la más llamativa de las vías de financiación empleadas. «S. M. Don Juan Carlos de Borbón y Borbón» realizó dos «transferencias urgentes» de 600 000 euros cada una el 30 de julio y el 29 de septiembre de 2004. La consideración de «urgentes» cobraba sentido porque la entidad que financió la compra, La Caixa, había denegado la concesión del préstamo al matrimonio al considerar que no podían avalarlo suficientemente. Urdangarin declaraba un sueldo de 3000 euros brutos al mes y su mujer contaba con un sueldo de 90 000 euros de la Fundación La Caixa y con una asignación de la Casa Real de 72 000 euros.
Urdangarin llegó a utilizar como aval las acciones del Instituto Nóos pero ni con esas cuadraban las cuentas. La entidad bancaria informó en contra de su autorización. El matrimonio se embarcó en esta operación por una mezcla de factores, que interactuaron entre sí hasta conseguir que Iñaki y Cristina dieran el paso. Ambos contaban con que el Instituto Nóos iba a ser un boyante negocio que les permitiría hacer frente a unos pagos trimestrales de 50 000 euros. Pero el empujón definitivo lo dio, según contaba el propio Urdangarin a sus más íntimos, su suegro, que le recriminó en una ocasión que «cómo podía tener a su hija viviendo en un piso cuando siempre había vivido en un palacio». De nuevo el dichoso complejo de no estar a la altura y el gusto de los dos por la buena vida.
La operación de préstamo, más allá de que el rey figurase como prestamista, no presentaba, a simple vista, mayores irregularidades. Había sido declarada a Hacienda y protocolizada ante notario. Si Cristina de Borbón había cumplido con los plazos previstos de devolución, poco más había que hablar sobre este asunto. Un padre presta dinero a su hija para que se compre una casa y esta se lo devuelve. Es verdad que en este caso la cantidad suponía el sueldo del monarca de cuatro años, contabilizando conjuntamente su salario y sus gastos de representación, pero no tenía por qué generar mayor debate.
Hasta el padre de Urdangarin había hecho lo propio y había transferido a la cuenta conjunta de los duques de Palma dos ingresos de 91 083 euros (8 de julio de 2004) y 60 000 euros (14 de octubre de 2004).
El problema surgía al cotejar el préstamo con las declaraciones de la renta de la hija del rey, que desvelaban que de ese préstamo que no devengaba interés alguno, tan solo había procedido a la devolución de 150 000 euros. Es decir, en puridad no nos encontramos ante un préstamo sino ante una donación en toda regla y la diferencia entre ambas figuras estriba en que la segunda tributa mucho más que la primera. Tanto como que, para haberse ajustado a la ley, debían haberse abonado 400 000 euros en impuestos en un solo ejercicio. Una cantidad que al no haber sido satisfecha superaba con creces la cuota defraudada de 120 000 euros a partir de la cual aparece el delito fiscal.
La Casa Real se defendió arguyendo que se trataba de un préstamo de padre a hija para comprar su casa y que todavía se encontraba en fase de devolución. Pero ese argumento no bastaba para disipar las dudas de la posible comisión de un delito contra la Hacienda Pública en el que estaría involucrado nada menos que el primero de los españoles. La Fiscalía Anticorrupción analizó de inmediato la operación y concluyó que, efectivamente, se trataba de un «préstamo encubierto». Es decir, de una maniobra urdida para pagar menos impuestos y que, por las cantidades manejadas, podría llevar aparejado un delito castigado con prisión y una multa que podía alcanzar el séxtuplo de lo defraudado.
El fiscal Pedro Horrach ordenó a la Delegación de Hacienda de Cataluña que comprobase la tributación de la operación y que, sobre todo, certificase si había o no prescrito para iniciar la preceptiva investigación. Esta nueva arista del Caso Urdangarin resultaba ser la más delicada de todas cuantas habían asomado porque podía llegar a implicar que se rastreara el origen de los fondos transferidos por el monarca. Es decir, que se podía llegar a abrir por primera vez la puerta a investigar la tan traída fortuna del rey.
De la impulsividad inicial del Ministerio Público se pasó a un escrito tibio en el que se dejaba en un remoto condicional la posibilidad de que se tratase de una donación camuflada y no se entraba en detalles porque, certificaba ya con solemnidad, la operación estaba prescrita y la nueva herida, cicatrizada.
Pero en este nuevo capítulo faltaba por conocer la opinión de Torres y la capacidad de su arcano insondable para dar respuesta a una prueba de altura. El exsocio de Urdangarin no quiso siquiera esperar veinticuatro horas. El Mundo destapó la existencia de la operación por la mañana en su edición digital y a primera hora de la tarde el exprofesor de ESADE ya tenía preparado un nuevo e ilustrativo correo electrónico que aclaraba cualquier tipo de duda legal al respecto.
Se trataba de un documento manejado por Urdangarin el 15 de junio de 2004 y que llevaba por título: «Proyecto económico-financiero de la vivienda de la calle Elisenda de Pinós 11-13». Urdangarin establecía que el palacete les iba a costar «6,2 millones de euros» y que el «coste potencial» de las obras de reforma que luego se dispararon a 3 millones se quedarían en «600 000 euros».
Eso sí, destacó que contaba para la operación con la referida «donación» de 1,2 millones de euros. Ya no cabía, por lo tanto, ninguna duda. Se trataba de un regalo que no había pagado los impuestos correspondientes y que constituía un importante fraude fiscal en el que ya no solo estaba involucrada Cristina de Borbón sino su propio padre. El único consuelo, esta vez sí, pasaba porque, efectivamente, esta vez el tiempo había corrido a su favor y las responsabilidades penales hacía ya bastante tiempo que habían caducado.