Ante la avalancha de casos de fraude o abuso legal —prácticamente cualquier ciudadano conoce uno en su entorno—, el relato que trataba de justificar la Ley de Violencia de Género empieza a resquebrajarse a la vista de un número creciente de ciudadanos. Y, con él, empieza a cuestionarse seriamente todo el relato de la ideología de género del feminismo radical en España. Esta es la mayor bondad de la Ley, que ha terminado dejando en evidencia sus propios argumentos. Y que ha roto la mordaza de muchas personas, que se han atrevido a hablar libremente, y a hablar de todo.
Primero fueron algunos jueces y magistrados; después algunos periodistas recogieron el testigo, dando voz a muchos de los ciudadanos afectados. Así, algunos políticos empezaron, tímidamente, ha hacerse eco de la palpable toma de conciencia de los ciudadanos, a pesar de las continuas campañas institucionales por mantener el sesgo del relato institucional. En octubre de 2009, Rosa Díez (UPyD) reconocía la indefensión y el trato de inferioridad jurídica y asistencial que sufren los hombres en el ámbito de la pareja. FADIE afirmaba entonces en nota de prensa que al fin un partido con representación parlamentaria ha tenido el coraje de traspasar la barrera de lo políticamente correcto. Porque, efectivamente, hasta que el descontento social no se articule a través de la acción política, no será posible que se inicie un cambio significativo. Pero, para que esto ocurra, es necesario previamente el cambio no solo en la opinión, sino también en la respuesta social. Un cambio que hoy es una evidencia.
RESPUESTA JUDICIAL
Ya en 2008, los jueces de familia reclamaron una reforma legal que permitiera el uso de la casa familiar con unos plazos máximos y una alternancia entre los ex-cónyuges a la espera de la liquidación de bienes. En 2009 empezaron a verse sentencias en este sentido, por iniciativa de los propios jueces de familia. (Ríos Pere, 2009-2). La Ley de Violencia de Género también hallaba a veces adecuadas respuestas, inicialmente aisladas. En el Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Valladolid, Un juez ve «sorprendente» que una licenciada soporte durante años violencia doméstica y da carpetazo a su demanda. La mujer había denunciado malos tratos psicológicos por parte de su marido a lo largo de los 16 años de matrimonio. (20 minutos, 17/04/2007). Inmediatamente la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Valladolid, Adavasymt, mostró su «honda indignación» por el fallo y trató de descalificar al magistrado. También El Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid pidió el cese en sus funciones del presidente de la Audiencia de Madrid por aconsejar que no se denuncie la violencia doméstica en los casos en que «no es grave o está empezando». El juez había afirmado que «es un error judicializar todos los casos de violencia de género.» También aseguró que «hay que buscar alternativas a la vía penal.» (20 minutos, 01/03/2007).
Afortunadamente, a quién sus actos se los dicta su conciencia, no se va a dejar intimidar por ningún grupo de presión amparado en un pensamiento dogmático. En junio de 2009, en Oviedo, otro juez anuló una convocatoria de empleo del Ayuntamiento destinada a cubrir sólo con mujeres cuatro puestos de trabajador social. El magistrado Juan Carlos García López, a instancias de un joven solicitante, consideró que el hecho de que se reserven todas las plazas para mujeres «produce un trato discriminatorio por razón de sexo (…) y va contra los Principios constitucionales». Gran parte de las 168 plazas ofertadas iban dirigidas a mujeres paradas, en especial víctimas de la violencia de género. (Gil J., 2009).
En octubre de 2009 se hacía público que al ex-decano de los jueces de Barcelona, José Manuel Regadera, denunciado por su mujer tras una discusión, no se le aplicaba la Ley de Violencia de Género ya que según la sentencia «no hubo desigualdad manifiesta» en la pareja, ya que «ambos (…) ostentan un similar estatus cultural y social». La excepción confirmaba la regla, el juez no incurría en la comisión de un delito, y podía proseguir ejerciendo. (Siccardi Xiana, 2009). Ya en 2009, las audiencias provinciales de Valencia, Castellón, León y las Palmas seguían la línea argumental de la de Barcelona, acerca de que el «machismo» tiene que probarse para aplicar la Ley de Violencia de Género. Un signo de que, desde la propia justicia, se estaba cuestionando radicalmente la aplicación automática de esta Ley, por «cuestión de sexo», como pretendían sus promotores. Como expresó, de nuevo, Miguel Lorente, al afirmar que «la interpretación de estas audiencias provinciales es contraria al espíritu de la norma». (Ceberio Mónica, 2009-2).
Si Regadera hubiera sido juzgado, por ejemplo, en Madrid, no hubiera podido seguir ejerciendo como juez, lo que muestra las dosis de arbitrariedad que existen en nuestro Estado de Derecho, aunque en este caso provenga de una imprescindible respuesta de la propia justicia ante la injusticia. Día a día, son muchos los profesionales que con su labor individual a favor de una justicia «material», están amortiguando los efectos de la discriminación penal por cuestión de sexo. Por lo que el Sr. Lorente debería, sobre todo, estarles agradecidos a quienes así actúan, por rebajar la presión que una justicia injusta ejerce sobre la sociedad, corrigiendo de algún modo los errores políticos. El propio Tribunal Supremo parece inclinarse por el criterio de las audiencias que hacen un uso restringido de la Ley, al afirmar en 2009, en una sentencia condenatoria sobre malos tratos que los presupuestos del caso «justifican» la aplicación del art. 153 en ese supuesto concreto. (Ceberio Mónica, 2009-2). Un uso restringido de la Ley que necesariamente, y para evitar toda arbitrariedad, solo puede desembocar en su derogación.
RESPUESTA SOCIAL
Fueron las organizaciones de padres separados, y también de madres, quienes primero rompieron el silencio frente a todo lo que estaba ocurriendo, dando voz a miles de ciudadanos que no la tenían. También la prensa y los periodistas están siendo un elemento fundamental de la respuesta social, porque algunos se han atrevido, ante la magnitud de los despropósitos, a hacer pública denuncia de los casos más llamativos; y también a poner voz a todas las asociaciones «no gubernamentales» que se encontraban discriminadas económica y mediáticamente. Muchos periodistas han decidido, a título personal, abandonar el guión oficial y mostrar expresamente y públicamente su discrepancia. Por otra parte, basta rastrear los foros de Internet para observar la aplastante mayoría de opiniones absolutamente críticas con la Ley de Violencia de Género y toda la ideología de género, especialmente entre los más jóvenes. Existe un clamor silencioso, o silenciado, de hombres y mujeres por igual, que solo se recoge tangencialmente en algunas encuestas del CIS. Un descontento que crece día a día, a medida que se difunde la información y que, paralelamente, crecen los estragos de la legislación vigente, que continua ciegamente su curso, afectando a miles de personas cada año.
¿RESPUESTA POLÍTICA?
Finalmente, sobre los partidos políticos recae toda la responsabilidad de una verdadera rectificación, de retomar un escrupuloso respeto a la igualdad y a los derechos fundamentales, como único camino posible para que el mundo en que vivimos se sitúe donde cronológicamente le corresponde. La desactivación del actual régimen feminista es una de las piedras angulares para alcanzar nuevas perspectivas. La denuncia de la ilegitimidad de las actuaciones concretas de un régimen es siempre el punto de partida para todo cambio, y en ese punto ya está la sociedad española desde hace tiempo. También la denuncia de la ideología que lo sustenta, el feminismo radical en este caso, es un elemento esencial. Pero, en última instancia, son los partidos políticos quienes deben romper su «matrimonio de conveniencia» con el feminismo radical. Incluso, si se quiere, por una «conveniencia» electoral, porque las personas afectadas o indignadas constituyen una mayoría creciente en nuestro país. Pero, sobre todo —y no debieran existir más «conveniencias» que éstas— por la responsabilidad de decirse la verdad, de decirnos la verdad, y de actuar en consecuencia. Lo contrario no es más que justificarse políticamente, el ser escandalosamente «correctos», hasta el extremo de poner en jaque a toda la sociedad y a este país. Pero no nos engañemos. Son los ciudadanos, como sociedad civil consciente, los garantes de la calidad de la sociedad en la que queremos vivir. La historia nos enseña que los cambios políticos van a remolque de las personas, con nombres y apellidos. Por eso todo esfuerzo de la ciudadanía —dentro y fuera de la política, porque los políticos son primero ciudadanos— resulta imprescindible. Lo único imprescindible. Lo único eficaz.