A partir de la realidad incuestionable y condenable de los malos tratos, el feminismo, que durante los años 80 y 90 apenas prestó atención a este problema, ha definido una estrategia mediática sin precedentes: utilizar los malos tratos como justificación para su radicalización ideológica. Para dar un nuevo impulso a la segregación de la población española, y también del voto, por cuestión de sexo. Se acuña el término «terrorismo machista» y se tilda de machistas —por Ley— a todos los varones españoles sin excepción. Y de maltratadores a todos los que sean señalados por el dedo de una mujer. La era del «género» comenzaba en España con el impulso de una «guerra» entre sus propios ciudadanos, por cuestión de sexo. Con un relato de «buenos» y «malos» se ofrecía una visión sesgada de la realidad social y personal, pero que permitía al Estado, impulsado por los grupos de presión radicales, embarcarse en modificaciones legales también sin precedentes, porque implican la discriminación en la esfera de los derechos fundamentales. Pero no bastaba con preformar mediáticamente la visión de la realidad. Con la Ley de Violencia de Género se ha venido a conformar una nueva realidad, una realidad «legal» donde ya todo es «maltrato», según la tipificación establecida en la propia Ley. Una nueva realidad necesaria tanto para «demostrar» la existencia del «enemigo invisible» como para justificar a la propia Ley. Los juzgados de excepción de Guantánamo son, conceptualmente hablando, muy parecidos a los juzgados de Violencia de Género de nuestro país. Y la Ley de Violencia de Género, en palabras del profesor de Derecho Penal Miguel Polaino Orts, no es más que la aplicación del derecho penal del enemigo, pero agravado. Es lo que se aplica a los terroristas, pero en el caso del «género» el sexo del individuo implica automáticamente la «pertenencia a banda armada». Sin posible remisión. Afortunadamente, en España, estar contra el terrorismo no impide que se pueda criticar la Ley Antiterrorista. La crítica a la Ley de Violencia de Género no significa no condenar el verdadero maltrato. Todo lo contrario, porque lo único lícito es condenar todo maltrato y toda violencia, incluida la generada por la propia Ley. Lo que ocurre es que la Ley, además de generar maltrato, genera injusticia en materia de derechos fundamentales. Por lo que supone una doble forma de violencia, que resulta a todas luces prioritario combatir.