Toda distorsión «oficial» de la realidad se apoya en la distorsión y el sesgo de los datos, que son los únicos parámetros objetivos para la definición de la realidad misma. La antigua propaganda ha adquirido tintes mucho más «científicos» y demoledores en la era de la comunicación global. Ante cualquier cuestión controvertida, la oficialidad lleva a cabo un protocolo destinado a imponer mediáticamente determinados puntos de vista, preformando, construyendo una determinada imagen de la realidad. En oposición a la realidad evidente y directamente percibida por los ciudadanos. Lo vimos en el caso de la rotura de la presa minera de Aznalcóllar, en Sevilla, también en el debate sobre el aborto, y en muchas otras cuestiones importantes donde la cuestión era imponer una determinada imagen, mediática, de la realidad. El ciclo que siguen estos protocolos «oficiales» es bien conocido. Se inicia con la constitución de un grupo de «expertos» que cuentan con la presunción de veracidad que el calificativo les otorga. En segundo lugar los «expertos» elaboran sus informes, a menudo sesgados por sus premisas y métodos de elaboración, cargados de tecnicismos y complejidades, poco accesibles a la compresión de la ciudadanía. En tercer lugar, los gabinetes de prensa institucionales emiten sus notas de prensa, basadas en dichos informes, pero ya cargadas de intencionalidad política. Y en cuarto lugar, los medios de comunicación se hacen eco literal de las notas de prensa de los gabinetes, informaciones que se constituyen entonces, automáticamente, en un presunto reflejo directo de la realidad, de toda la realidad posible.
En octubre de 2009 una nota de prensa del Consejo General del Poder judicial (2009) se iniciaba con el encabezado «Se rompe el mito de las supuestas denuncias falsas por violencia de género», y continuaba con el subtítulo «Sólo 1 de las 530 resoluciones estudiadas podría encuadrarse como denuncia falsa». La nota de prensa estaba dando ideas para los titulares a la prensa, como de hecho ocurrió. Esta nota se basaba en un estudio del llamado «Grupo de Expertos y Expertas en Violencia Doméstica y de Género del CGPJ». Su aparición parecía responder tanto a la creciente respuesta social contra la Ley de Violencia de Género, como a la reunión, prevista para noviembre, de la subcomisión de Violencia de Género del Congreso para analizar precisamente los resultados de la aplicación de dicha Ley. Y, de fondo, seguramente al intento del gobierno de llevar la bandera de la violencia de género a su presidencia de la Unión Europea, ante la casi total falta de argumentos frente a Europa. La nota de prensa cumplía su objetivo mediático. Pero del análisis, aunque sea superficial, del informe que la sustenta, se deduce la falta del mínimo rigor en las «conclusiones» del encabezado. El 95,48% de los casos analizados en el informe eran apelaciones a las Audiencias Provinciales, es decir, casos ya juzgados y condenados en otras instancias, y que además apelaban; casos que suponen menos del 10% del total de denuncias por la Ley de Violencia de Género. Se habían buscado las denuncias falsas no entre las denuncias, sino entre los casos ya cribados por la justicia y condenados, omitiendo, además, las llamadas «sentencias de conformidad». Por otra parte, en 148 de los casos analizados se valora la declaración de la víctima como prueba de cargo para establecer la condena, y en otros 42 casos el testimonio fue la única prueba. Por lo que, en puridad, en todos esos casos resulta imposible saber cuales son denuncias falsas o no. Por más que, al amparo de una Ley y una doctrina injustas, haya recaído una condena. En resumen, la única denuncia falsa detectada en el informe fue la de una mujer que, ante la condena a su pareja, declaró por escrito y en el propio recurso de apelación a la Audiencia, que había mentido. Y la única conclusión objetiva de este informe, respecto a las denuncias falsas, es que resulta imposible, con esta Ley y con la ruptura de la presunción de inocencia, detectarlas. A no ser que la mujer denunciante lo declare expresamente y por escrito. Y a veces ni siquiera de ese modo. Lo triste del asunto es que se incoaran actuaciones contra una mujer que, ante la constatación del despropósito en que se había visto envuelta, tuviera el coraje de rectificar ante la justicia.
Pero, como afirma Edurne Iriarte, la ideología ha sustituido los datos. En este terreno y en otros muchos, el feminismo ha prescindido de la sociología o de la ciencia política y el punto de vista meramente ideológico ha eclipsado al científico. Actualmente, la ideología feminista radical es un ejemplo paradigmático de esta distorsión ideológica de los datos y de la realidad, porque necesita legitimar unas actitudes que no tienen precedentes. En relación a la Ley de Violencia de Género, el juez Francisco Serrano pidió a los responsables políticos «que digan la verdad y no se maquillen las estadísticas, porque no se pueden interpretar los datos como le interesa a cada uno». Lamentó la falta de rigor de la secretaria de Políticas de Igualdad del PSOE, Soledad Cabezón, por haber asegurado que en España se habían dictado más de 71 000 sentencias condenatorias que suponen el 70% de las denuncias realizadas, cuando la estadística oficial desde julio de 2005 a junio de 2008 establecía, sobre un total de 480 000 denuncias solo el 16,35% de condenas. Los datos de Serrano rebajan esta proporción a tan solo el 9,7% al suprimir los casos de faltas celebrados por insultos y otros asuntos de carácter leve, ya que según él una pareja que se cabrea porque se va a divorciar y se cruzan insultos, eso no es un maltrato. (Muñoz, J., 10/02/2009). Si añadimos el menoscabo a la presunción de inocencia implícito en la Ley, es cuestionable incluso cuantas de ese 9,7% de condenas son verdaderos casos de malos tratos.
Otro ejemplo del mal uso de los datos son los informes anuales del Consejo General del Poder Judicial sobre muertes violentas en el ámbito de la pareja en España. Estos informes se refieren, exclusivamente, a muertes violentas en el ámbito de la Ley de Violencia Doméstica y de la Ley de Violencia de Género. Los varones asesinados por sus ex-cónyuges o por sus ex-parejas de hecho o por sus novias o ex-novias sencillamente no están en las estadísticas, porque no están contemplados en ninguna de estas leyes. Los varones muertos que se computan son solo los varones asesinados por sus esposas, en virtud de la Ley de Violencia Doméstica. Así, el uso indiscriminado de las cifras dadas por el poder por parte de los medios de comunicación se convierte en un paradigma de distorsión informativa, bien consciente o bien fruto del desconocimiento acerca de cómo se elaboran dichos informes anuales. Los datos sobre muertes en pareja deberían responder a la realidad y no a una mera clasificación jurídica de la misma. Y jamás deberían darse en cifras absolutas, sino en dato porcentual respecto al total de las parejas o rupturas. Si las muertes bajaran un 10%, pero el número de parejas hubiera decrecido un 20%, por ejemplo, no estaríamos frente a una disminución de las muertes, sino ante un aumento.
También, el qué datos se aporten y cuales se omitan a la opinión pública, las «medias verdades» constituyen otra forma seria de sesgo de los datos, porque «no hay peor mentira que una verdad a medias». Los suicidios de los propios homicidas no se consideran como muertes en pareja porque, si los sumáramos y sumáramos también los varones muertos por sus novias y sus ex-parejas, las cifras de muertes en pareja serían hoy muy parecidas para hombres y mujeres. Tampoco se considera —ni se previene— una cifra de muertes alarmante, que son los varones que se suicidan en España durante el proceso de separación o divorcio, sin agredir a nadie. Una cifra que, por sí sola, multiplica por diez a la del total de mujeres muertas en pareja. Según el juez Francisco Serrano, el 80% de los hombres que se suicidan en España lo hacen durante un proceso de separación, una cifra que ascendería a 630 hombres en 2006. Como dice Fernando Basanta, Es curioso que a partir del año 2006 el Instituto Nacional de Estadística dejó de publicar el estado civil y otras variables familiares de los hombres que se suicidan, cuyo número triplica al de las mujeres y es veinte veces mayor que el número de las mujeres asesinadas por sus parejas o ex-parejas. En España hay más muertes por suicidio que por accidentes de tráfico, según la doctora en psiquiatría Pilar Sanz. Sin embargo, frente a la campaña de prevención de los accidentes de tráfico, la prevención de suicidios es algo inexistente en nuestro país. (ABC, S. S., 24/10/2009).
Por lo tanto, hay que tener mucha cautela para sacar conclusiones de datos, oficiales o no, porque las posibilidades de sesgo son innumerables. Como en las «encuestas» o sondeos, acerca de la presunta opinión de la sociedad, donde basta cómo se hagan las preguntas o el muestreo poblacional, para que obtengamos resultados diametralmente opuestos. La manipulación a través del empleo de «encuestas» no es algo nuevo; a menudo, porque hacen referencia a un sentimiento subjetivo. Por ejemplo, el porcentaje de mujeres que se han «sentido» alguna vez maltratadas, reflejado en «encuestas» oficiales. Posiblemente si se le preguntara a los hombres, los resultados serían muy parecidos.
Pero es el neoconcepto de «alarma social» el paradigma de la manipulación informativa. Porque no es que sesgue los datos, es que se genera a partir de datos aislados, constituyendo una de las grandes perversiones de nuestro sistema mediático, que se apoya en el miedo social, emoción básica que facilita enormemente la manipulación. Se ha llegado a justificar casi cualquier actuación alegando que existía «alarma social». Pero la gente se alarma a través de la información que se le aporta a través de los medios de comunicación. La «alarma social» se genera, por lo tanto, y porque no puede ser de otro modo, a través de los propios medios, por lo que la denominaremos «alarma mediática». Sustentada en graves simplificaciones de la realidad, cuando no en casos aislados, la «alarma» campa a sus anchas causando estragos en la conformación racional de una sociedad más justa.
Así, concluimos que la mayor parte de los datos existentes respecto a las cuestiones «de género» pueden estar desvirtuados. La existencia de numerosos fondos públicos y organismos dedicados a estas cuestiones contrasta con la precariedad de los datos ofrecidos a la opinión pública, a la hora de describir una realidad tan diversa como compleja. El sesgo de los datos es una forma de desinformación, que precede a toda forma de manipulación. Ante la que la opinión pública se encuentra inerme. Resultaría imprescindible una regulación legal del máximo rigor acerca de la veracidad de la imagen de la realidad, basada en los datos, que se emite a la ciudadanía, que debería afectar tanto a políticos como a periodistas. Porque sólo siendo fieles a los datos, sin interpretaciones interesadas, puede existir eso que llamamos democracia, y los ciudadanos podrán hacer valer sus puntos de vista en las urnas. Afortunadamente, y con la experiencia democrática que acumula la población española, ésta al menos recela de las versiones oficiales, sobre todo cuando el pulso de la calle viene a desmentir radicalmente los relatos que machaconamente tratan de imponernos desde las esferas del poder político.