El feminismo radical se oculta tras una falsa aspiración de igualdad y, por lo tanto, tras una falsa aspiración de emancipación. Porque, más allá de la independencia de la mujer respecto al varón, reclama su condición de mujer dependiente, y sus correspondientes privilegios, frente a un nuevo «supermacho»: el Estado democrático, que el feminismo seduce y controla con la manipulación del voto femenino. La democracia, que había venido a igualar a los ciudadanos, empezaba a utilizarse como mecanismo de discriminación.
Este feminismo de la no emancipación aspira, en el clásico rol machista, a la sobreprotección de un macho fuerte e implacable: el macho Estado. Por eso, toda feminista radical es la más machista de las mujeres, la más retrógrada y la menos emancipada de la figura patriarcal, encarnada en este caso por la figura del Estado. Y la que más se aleja de la igualdad. Porque aspira a que el Estado, además de favorecerla, obligue al varón a ocupar el rol de sus obligaciones machistas. Como afirma Fernando Basanta, presidente de la Federación Andaluza por la Igualdad Efectiva (FADIE), las separaciones se gestionan en España desde un falso, adulterado y corrupto feminismo, que bajo la noble bandera de equiparación de derechos, no pretende otro objetivo que el de incrustar en nuestra sociedad el más recalcitrante de los esquemas «patriarcales». Pero el exponente máximo, hasta la fecha, de la tutela cualificada del macho Estado es la Ley de Violencia de Género, donde directamente los hombres, todos los hombres, son merecedores de ser despojados de derechos fundamentales, y las mujeres, todas ellas sin excepción, merecedoras de los nuevos «derechos» ilegítimos, nacidos del menoscabo de los derechos masculinos.
La clase política española, en su aspiración por acceder al poder democrático, halló en el feminismo un perfecto matrimonio de conveniencia. El discurso feminista ocupó gran parte del vacío dejado por las ideologías tradicionales tras la llamada «muerte de las ideologías». Primero en los partidos de la autodenominada «izquierda»; después, en el resto de las fuerzas políticas. El feminismo, por su parte, también necesitaba a los partidos para controlar al Estado. Así, y tras la progresiva sustitución del feminismo por el feminismo radical, hemos llegado hasta a la situación actual. Donde este último se erige como ideología dominante, hegemónica, que extiende su influencia a prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. Donde, desde el poder mediático, marca la «diferencia» ideológica entre los partidos. En una reunión interna en abril de 2009 con los parlamentarios y senadores socialistas, el presidente Zapatero marcó el camino de los Proyectos que deben sacar adelante y que, al margen de la crisis económica, deberían de ayudar al PSOE a abrir otros debates (…). De nuevo apeló al proyecto de ley de ampliación del aborto, al de «igualdad de trato y no discriminación» y al de «libertad religiosa» como objetivos prioritarios para los Próximos meses. (ABC, 15/04/2009). Efectivamente, en el debate por el estado de la nación de mayo de 2009, Zapatero no olvidó lo que él llama la «ampliación de los derechos sociales». En este sentido anunció que la ley para la interrupción voluntaria del embarazo es una prioridad que se visualizará esta semana en el próximo Consejo de Ministros. O el nuevo marco legal de la libertad de conciencia, así como la nueva ley integral de igualdad de trato. (…) Estos anuncios fueron los que más aplausos provocaron en su grupo parlamentario. (El Mundo, 13/05/2009). El PP, por su parte, se dejaba arrastrar por las graves incongruencias éticas y jurídicas promovidas por el gobierno, probablemente ante el temor a perder cuota de voto femenino. Aunque este partido recurrió la Ley de Igualdad de 2007 por inconstitucional, hasta la fecha ninguna fuerza política ha sido capaz de posicionarse de manera inequívoca frente al feminismo radical de «Estado», generador de nuevas y gravísimas desigualdades.
Por eso, el feminismo radical continúa, hoy más que nunca, solicitando el voto por cuestiones exclusivamente «de género», en la actual terminología, obviando cualquier otra consideración. Lo que, además de pervertir la democracia, perpetúa tanto la no emancipación intelectual de las mujeres como su no incorporación efectiva a la política de un país. Es irresponsable la acción política encaminada únicamente a alcanzar logros para las mujeres; como es irresponsable un voto que se decide básicamente por lo que me ofrecen «a mí» como mujer, en contraposición a los varones. Pero así ha sido, y sigue siéndolo, en gran medida, porque es en el sentimiento irracional de agravio entre los sexos, atizado desde el poder, donde se fundamenta. No se puede, sin embargo, achacar esta irresponsabilidad democrática a todas las mujeres que supeditan su voto a las cuestiones «de género». Porque la cuestión estriba en la imagen distorsionada que el feminismo radical difunde acerca de los agravios de las mujeres, esa parte de la realidad que se sobredimensiona, y sobre todo se ficciona, y cuya solución vendrá de la mano de las propias feministas, según ellas mismas afirman, gracias al control del Estado, personalizado en el presidente del gobierno —siempre varón— de turno.
Para una verdadera emancipación de la mujer hubiera bastado una ideología de la igualdad efectiva. Pero el feminismo ha optado por la no emancipación de la mujer y por el de la tutela «cualificada» del Estado. Para ello, esta ideología esgrime el victimismo feminista, que es una forma excelsa de egoísmo, porque se hace recaer la culpa, toda la culpa, sobre el varón «por el hecho de serlo». Para justificar el agravio comparativo a que se somete a los varones, porque en la merma de los derechos masculinos estaba la única fuente posible de la plusvalía de «derechos» que el feminismo radical exigía al Estado. Por eso era imprescindible que ellos fueran los culpables, y ellas las víctimas.
La Fiscalía de Cádiz mostró en mayo de 2009 su «indignación» ante la sentencia de la Audiencia Provincial que absolvía a un magistrado de Sevilla, acusado de quebrantar una orden de alejamiento por un presunto delito de malos tratos, aún pendiente de juicio, por ir a recoger algunos efectos personales a su casa, a lo que su mujer no puso objeción alguna. El Ministerio Público consideraba que este fallo entraba en contradicción con el último acuerdo adoptado por el Tribunal Supremo en el que se determina que el consentimiento de la mujer (en el quebrantamiento de una orden de alejamiento) no exime de responsabilidades penales. (El Correo de Andalucía, 01/05/2009). ¿Cómo es posible esta brutal consideración de incapaz hacia la mujer? Es posible porque, como dice el juez Francisco Serrano, la mujer ha pasado de la tutela del marido a la tutela del Estado. Sin embargo, cuando una mujer obtiene de la justicia una orden de alejamiento, ella sí puede vulnerarla cuando y cómo quiera, sin ningún tipo de consecuencia jurídica. Por lo que, más allá de una tutela del Estado, el feminismo político-radical otorga a la mujer el derecho a la pura arbitrariedad, lo que implica, siempre, una burla a la justicia.
Este ha sido el cambio propiciado por el feminismo. Por voluntad propia, por voluntad de aquellas mujeres burguesas que, ya en la transición democrática, abanderaron una idea sesgada de la igualdad, que paulatinamente se ha convertido en una ideología de la discriminación. La mujer reclama, exige, y el Estado tolera, concede, a cambio de votos. Una historia muy antigua… pero con un matiz muy nuevo: al Estado se le exigen los privilegios por ser mujer, y se le paga en las urnas. Pero cada logro implica un menoscabo en los derechos masculinos. Porque la «ampliación de derechos» de que habla Zapatero se concreta precisamente en eso. Este es el neomachismo, una ideología sexista que se llama feminismo radical.
La reivindicación feminista, en lugar de decrecer a medida que se conseguía no ya la igualdad, sino una situación de privilegio legal para la mujer, presenta su máximo apogeo en la actualidad, más de 30 años después de la proclamación del artículo 14 de la Constitución. Como afirma la jurista Blanca Rodríguez, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, «la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres» en base a nuestro sistema legislativo se encuentra ya «agotada». (…) «No es que no haya elementos legislativos, sino que éstos ya han tocado techo (…)» (Carmona, María, 2009). Pero la realidad es que hoy se ha rebasado ampliamente cualquier techo, incluido el supuestamente marcado por la Constitución y los derechos fundamentales. Por eso, hoy, solo los radicales permanecen, malogrando un legado de legitimidad por el que muchas mujeres lucharon desde la dictadura.