Zapatero no cabía en sí de gozo: «Acaban de darse las cifras de renta per cápita de 2006 y ya estamos por encima de la media europea. Y superamos a Italia […] y en el 2013 igual hemos superado en renta per cápita a Francia». Además, rechazaba de forma categórica que España se encontrara en crisis económica: «En absoluto, eso es una falacia. Puro catastrofismo».
«Spain is different». No conocemos ningún otro modelo de crecimiento tan catastrófico, con avisos en 2003 y 2004. Mientras otros países se adaptaban a la globalización creando empresas industriales, mejorando la universidad, incentivando que las pymes pudiesen crecer y eliminando barreras, nosotros estábamos en plena orgía crediticia, inmersos en la cultura del pelotazo.
Ahora pagamos ese demencial periodo en el que hemos vivido inmersos en la última década, con la mayoría de la población sucumbiendo irresponsablemente a sus cantos de sirena. El sueño ha estallado en mil pedazos acabando con la capacidad consumidora de los ciudadanos. Ahora ha llegado el temido momento de que los millones de triunfadores del pisito paguen su cadena perpetua hipotecaria sin posibilidad de pedir más créditos. Ante semejante panorama, con una ciudadanía a la que convencieron para que se gastara sus ingresos de los próximos veinticinco años, ¿cuánta gente va a poder seguir consumiendo como si el dinero le quemara en las manos?
El origen de todos los males se encontraría en la forma indiscriminada en que comunidades autónomas y ayuntamientos calificaban suelo como urbanizable para obtener beneficios rápidos. Actualmente hay multitud de suelos urbanizables con su desarrollo paralizado sine díe o sin desarrollar en absoluto y multitud de ayuntamientos con su planeamiento urbanístico estancado. Ya no existe la liquidez necesaria por parte de los agentes urbanizadores para afrontar los desarrollos ni tampoco la necesaria financiación bancaria que requieren este tipo de actuaciones. Paradójicamente, un gran número de esos terrenos «congelados» está en poder de la banca como consecuencia de daciones en pago o procedimientos ejecutivos de promotoras.
Como en el caso de las hipotecas subprime en Estados Unidos, también en España se inició entre las entidades bancarias una loca carrera por ver quién concedía más hipotecas. El número de oficinas se multiplicó. La consecuencia directa es que la deuda hipotecaria supera en España el billón de euros (el doble de toda la deuda pública). Los impagos se concentran en promotores y constructores, lo cual ha destruido la solvencia, sobre todo, de las cajas de ahorros. El sistema financiero español corrió riesgos suicidas, saltándose normas elementales como que el valor de la vivienda hipotecada no debe superar tres veces la renta anual del solicitante, que solo debe prestarse una parte del valor de la vivienda por un periodo no superior a un tercio de la vida activa del solicitante y con un esfuerzo menor del 30 por ciento de su renta.
Hay quien acusa al antiguo gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, de actuar con notable pasividad ante todo esto: «Hay motivos suficientes para la preocupación, especialmente si se tiene en cuenta el legado de los seis años de mandato del señor don Jaime Caruana». La cita procede de una insólita carta enviada por la Asociación de Inspectores del Banco de España en mayo de 2006 al entonces vicepresidente económico, Pedro Solbes. La preocupación de los inspectores resultó profética: «Evitar, en lo posible, que las consecuencias de los errores cometidos por las entidades al conceder sus operaciones [de crédito] acaben siendo transferidas, de una manera u otra, a la sociedad en su conjunto». Jaime Caruana negó categóricamente la existencia de una burbuja especulativa en el mercado inmobiliario español, aunque sí reconoció que los precios de las viviendas estaban «algo sobrevalorados».
Pero las cosas han ido cuesta abajo un largo camino desde 2007 y muchos de los aparentes progresos que España había hecho en la zona euro han demostrado ser un espejismo. De hecho, el euro almacena una gran cantidad de los problemas que están golpeando tan duro a España.
La victoria aplastante del Partido Popular en las últimas elecciones generales, que puso a Mariano Rajoy a los mandos del Gobierno de España, ha servido en cierta manera para paliar los problemas de la deuda de España y calmar a los mercados. Las últimas emisiones han sido cubiertas en su totalidad y a intereses inéditos desde hacía mucho tiempo. Los españoles al menos hemos evitado un gobierno de estilo italiano, compuesto de tecnócratas no elegidos, aunque Rajoy no se está quedando corto a la hora de introducir reformas e imponer austeridad.
El actual gobierno no lo tiene fácil. Si bien es cierto que ninguno de sus predecesores ha acumulado tanto poder como el que tiene en sus manos el gobierno popular, paradójicamente, desde Bruselas (más bien desde Berlín) y desde los mercados se dicta de forma muy clara la música que los gobernantes españoles tienen que bailar, dejando muy poco margen de maniobra. De hecho, una gran parte de su programa más inmediato ya estaba establecido en el plan de consolidación fiscal exigido por Europa, como los niveles de déficit de España para los próximos tres años, que ya han sido establecidos por la UE.