Dadas las peculiaridades de estos territorios, a veces se dan situaciones surrealistas. En dos direcciones de Delaware coinciden cientos de empresas entre las que se encuentran Grifols, Abertis, ACS, OHL, Telefónica, Sacyr… No es el peor caso que se da por allí. The New York Times publicó que en un edificio de una planta, aparentemente una modesta vivienda unifamiliar, están registradas seis mil quinientas empresas. Corporation Trust Company gestiona ese local en el que tienen su sede empresas enormes como Ford, American Airlines, General Motors, Coca-Cola y Kentucky Fried Chicken. Esto sucede por la existencia de vacíos legales que favorecen la elusión. Muchos gobiernos, conscientes ahora más que nunca de la sangría que supone esto para sus arcas, trabajan en encontrar y corregir esos huecos, bien modificando la ley original o complementándola con reglamentos de carácter administrativo. Algunos países van más lejos y han establecido normas generales antielusión. Son conocidas bajo las siglas GAAR (General Anti-Avoidance Rules). Las aplican países como por ejemplo Canadá, Australia o Nueva Zelanda. Otros Estados, si bien no disponen de una norma general, sí han promulgado numerosas leyes antielusión o antiparaíso fiscal. Por su parte las grandes empresas solo buscan lo que se supone que deben buscar: dinero. Con este tipo de prácticas se explica que en 2010, en España, las empresas cotizadas en pleno año de crisis económica retribuyeran a sus accionistas con 24.593 millones, más que en 2005, 2006 y 2007.
Las tácticas que se usan para eludir al fisco son en la mayor parte de los casos sumamente ingeniosas. Una de las más utilizadas es la estrategia de la demanda judicial. De entrada los capitales ilegales se depositan clandestinamente en una cuenta bancaria de una compañía en, por ejemplo, las Islas Caimán. A continuación una sociedad de, por ejemplo, Boston, que es la que debe recuperar el dinero blanqueado, presenta una reclamación judicial contra la compañía de las Islas Caimán por un importe determinado. Ante ese proceso judicial abierto caben dos opciones: la transacción amistosa por la cual la compañía de las Islas Caimán acepta el pago reclamado y el sobreseimiento del pleito; o, en caso contrario, tiene lugar el proceso o se concierta un arbitraje, pero sea como sea el trámite finaliza con la condena de la compañía de las Caimán, que abona la cantidad supuestamente adeudada y reclamada. El falso proceso judicial es una técnica muy sencilla en principio, aunque requiere primero que el blanqueador disponga al menos de dos empresas, una en el paraíso fiscal donde deposita los fondos a blanquear y otra en el lugar de destino de los fondos blanqueados. Luego habrá de disponer de tiempo, pues ya se sabe que la justicia es lenta. Aunque se puede acelerar el proceso recurriendo al procedimiento de arbitraje, muy extendido en el comercio internacional. El colmo de la ironía estriba en que la indemnización percibida por la sociedad de Boston ganadora del pleito estará libre de impuestos y la justicia habrá servido de lavadora del dinero sucio.
Estas tácticas no solo son privativas de delincuentes internacionales, sino que también las utilizan respetables empresarios aconsejados por sus banqueros. En el informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa de 2009 se indica que los bancos «tienen un papel muy relevante, ya que funcionan como facilitadores para que otras empresas y particulares practiquen la elusión de sus servicios». Recuerda que en 2001 el Banco de España publicó ciertas conductas, que completó en 2003, para informar de las actividades en paraísos fiscales y exigió, entre otros elementos, transparencia en las cuentas anuales. «Santander, BBVA y Banco Sabadell afirman seguir los principios, pero como están desapareciendo países del listado de paraísos fiscales solo por el hecho de firmar acuerdos bilaterales con la OCDE o con el gobierno español, los tres bancos anuncian que dejarán de informar de su actividad en las Caimán, Antillas Holandesas, Hong-Kong, Man, Jersey». Según el Observatorio, «para estas compañías el tratamiento de cierto territorio como paraíso fiscal no tiene relación con las actividades que realicen en dichos lugares, con las condiciones fiscales que disfrute, ni con el grado de funcionamiento de los instrumentos de transparencia fiscal, sino solo con si está o no en las listas de la OCDE o en la española».
Los datos que ofrece el Fondo Monetario Internacional son escalofriantes:
Otro tema muy relacionado con el de los paraísos fiscales es el de la economía sumergida, que algunos analistas sitúan en una horquilla de entre el 16 y el 20 por ciento del PIB. La sociedad civil está comenzando a organizarse para tratar de canalizar la presión social contra esta situación. Así se ha creado INTERTAX, la primera red global de lucha contra los paraísos fiscales. Tras varios meses de debates, INTERTAX consiguió dar forma a una Declaración Global por una Justicia Fiscal, la cual fue presentada públicamente en un acto en el Parlamento de Londres. En esa declaración se denuncia explícitamente que «alrededor de la mitad del comercio mundial pasa por las jurisdicciones de los paraísos fiscales, ya que las grandes empresas desvían sus beneficios hacia donde pueden evadir el pago de impuestos […]. Tal comportamiento es económicamente ineficiente, socialmente destructivo y profundamente no ético […]. El desarrollo de los países más empobrecidos se ve amenazado por las enormes rebajas fiscales ofrecidas para atraer a las grandes corporaciones y por el enorme flujo de fondos desde los países en desarrollo hacia los paraísos fiscales».