El problema es el de siempre cuando se trata de Internet: ¿quién le pone puertas al campo? ¿Cómo aplicar el sistema tributario convencional a un negocio totalmente virtual? Tal y como asegura Juan Hernández Vigueras, autor de La Europa opaca de las finanzas, la banca privada sigue siendo el gran mal endémico del sistema financiero internacional, ya que según su análisis el 90 por ciento de los ingresos de los estados procede de los impuestos. Y es evidente que en medio de un posible deterioro de la situación económica esta fuente de ingresos sufre una disminución y los gobiernos se ven entonces obligados a emitir deuda para conseguir financiación, lo que les deja vendidos al dictamen de los mercados.
Para enviar dinero a un paraíso fiscal, de forma legal o ilegal, el primer paso es contratar un abogado de aquel país. Si solo es una elusión fiscal, es probable que el letrado pida referencias bancarias y documentos de identidad para evitar problemas. En cualquier caso, el jurista crea una sociedad en el país, de la que será cabeza visible ante las autoridades, para gestionar el capital enviado. Estas sociedades tienen un efecto devastador sobre las finanzas del país de origen. El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa reconoce en su informe referido a 2009 que mientras las inversiones de las empresas en paraísos fiscales han experimentado un crecimiento vertiginoso, «la recaudación por el Impuesto de Sociedades se desplomó un 55 por ciento entre 2007 y 2009, pese a que los beneficios de las grandes empresas en ese mismo periodo descendieron en un 14 por ciento», y recuerda que «las grandes empresas se benefician de deducciones y exenciones, con lo que en la práctica solo pagan el 10 por ciento de media sobre los beneficios en el Impuesto de Sociedades». ¿No salen las cuentas? A lo mejor es que nos falta algún dato. Como denuncia el Observatorio, esas grandes empresas subieron el sueldo en un 15,5 por ciento a sus consejeros, con una media de 602.000 euros más que en 2008. Es un dato relevante en un contexto en el que existe un control de gastos salariales, se habilitan nuevas formas de despido y las diferencias entre lo que ganan los ejecutivos y administradores de las empresas cotizadas y el sueldo medio de los empleados se dispara hasta distancias cósmicas.
Las sociedades pantalla son especialmente útiles para los delincuentes que las usan para despistar a los investigadores policiales. Los ingresos de estas falsas compañías procederán de numerosos depósitos de dinero en pequeñas cantidades para evitar declarar ante el fisco. Para la policía es sumamente difícil seguir estos movimientos porque gracias a Internet el capital puede llegar desde cualquier punto del globo. Los bancos solo controlan sus propios movimientos, y el que evade capitales suele controlar multitud de empresas falsas dirigidas por «hombres de paja». Esta clase de elusión fiscal puede ser practicada por cualquier persona que cuente con un asesoramiento legal y tributario adecuado. Pero son las multinacionales y entidades financieras las que por lo general más se benefician de ella, al disponer de la estructura internacional y los recursos necesarios para poner en marcha auténticas estrategias de ingeniería fiscal.
Otro instrumento poderoso para el lavado de fondos procedentes del narcotráfico, la corrupción política, los delitos económicos o la evasión y el fraude fiscal son los juegos de azar y apuestas en Internet. En los últimos años han surgido cientos de casinos y despachos de apuestas deportivas virtuales, alegando en su publicidad estar ubicadas físicamente en la cuenca del Caribe. A comienzos de 2001, por ejemplo, los paraísos fiscales de Antigua y Barbuda habían concedido licencias de juego a más de ochenta páginas web por un precio de 100.000 dólares cada licencia. Los paraísos fiscales del Pacífico generan para sus gobiernos casi 1,2 millones de dólares mensuales por ese tipo de licencias, principalmente en las Islas Cook, aunque para 2002 en la región del Pacífico solo se tenía constancia de que Palau y Vanuatu seguían vendiendo licencias de juego.
Sin embargo, no todo es tan complicado como parece. Basta con estar bien asesorado. Como muestra de que este tipo de prácticas no es exclusivo de las grandes empresas o las organizaciones criminales, en los últimos tiempos han pasado a primer plano personajes famosos que han tenido problemas con el fisco. Ni que decir tiene que estos personajes son la punta del iceberg, aquellos a los que han pillado. La lista se podría extender al infinito.
El exdictador chileno Augusto Pinochet tuvo, entre sus múltiples problemas con la Justicia chilena, el caso Riggs. Una investigación del Senado de Estados Unidos, en julio de 2004, reveló que el exdictador tenía cuentas secretas en el Banco Riggs. Tras este hallazgo se descubrió que Pinochet llegó a tener ciento veinticinco cuentas bancarias fuera de Chile y también se conocieron las precauciones que habían adoptado el acusado y su familia para esconder una fortuna estimada en 27 millones de dólares. Según estableció la investigación, el Banco Riggs ocultó cuentas de Pinochet mucho tiempo después de su detención en Londres en 1998, ordenada por el juez español Baltasar Garzón, por el delito de genocidio, y de la subsiguiente orden internacional para la congelación de sus fondos. Para impedir su localización, el banco cambió la titularidad de las cuentas de «Augusto Pinochet Ugarte» a «A. P. Ugarte», entre otros nombres.30
El banco de Washington ayudó a Pinochet a crear sociedades fantasma en diversos offshores mediante nombres falsos para no llamar la atención. Pero en 2002 los organismos reguladores estadounidenses las descubrieron y, tras intentar ocultar información, el banco cerró las cuentas y envió los fondos no a los tribunales, sino al propio señor Pinochet para que los depositara en otra entidad. El 6 de enero de 2005, por orden judicial, son registradas las oficinas de Augusto Pinochet. El juez Muñoz pidió su desafuero y ordenó detener a su secretaria privada, Mónica Ananías, y a su exalbacea, Óscar Aitken.
El 7 de junio de 2005 le retiran la inmunidad por presunta implicación en cuatro delitos: fraude al fisco, uso de pasaportes falsos, declaración jurada de bienes falsa y por eludir medidas cautelares sobre sus bienes. La esposa y el hijo menor del exdictador también fueron procesados por complicidad en fraude tributario. Además, se descubre una conexión entre las cuentas de Pinochet y comisiones por compraventa de armas.