Medidas de choque

El 8 de agosto de 1990 el primer ministro Juan Hurtado Miller anunció en un mensaje a la nación el «Fujishock», un paquete de medidas desafortunadamente llamado así en honor del presidente Alberto Fujimori: «Nuestros principales objetivos son recortar el déficit fiscal y eliminar las distorsiones de los precios». De un día para otro el precio de los combustibles aumentó un 2.968 por ciento (unas treinta y cuatro veces) y el precio del pan 1.150 por ciento (unas doce veces). El espíritu «liberal» de estas medidas quedó perfectamente reflejado en el hecho de que estos precios se fijaron mediante un decreto presidencial con lo que, en un auténtico alarde de originalidad, el gobierno peruano inventó el «liberalismo planificado». El objetivo del Fujishock era presuntamente aplastar la hiperinflación que se había cebado con el país. Sin embargo, esto se pretendía conseguir mediante un aumento del 446 por ciento en los precios de los alimentos en un solo mes.

Muchos países de Latinoamérica han sufrido en sus propias carnes el «tratamiento de choque», pero la envergadura de las medidas de «ingeniería económica» en Perú no tienen precedentes. Las consecuencias sociales fueron devastadoras: mientras que un trabajador agrícola en las provincias del norte de Perú recibía en agosto de 1990 unos 7,50 dólares al mes, más o menos el precio de un menú Big Mac de McDonald’s, en Lima los precios eran más elevados que en Nueva York.

IMPACTO DEL TRATAMIENTO DE CHOQUE EN LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR

(Zona metropolitana de Lima, agosto de 1990. Precios en intis)

El primer programa de estabilización macroeconómica de Perú se inició a mediados de la década de 1970, a raíz del golpe de Estado de 1975 contra el gobierno militar y populista del general Velasco Alvarado, como condición para la renegociación de la deuda externa de Perú. Estas reformas se negociaron directamente con los bancos acreedores, sin la participación del FMI. En 1978 se firma un convenio formal con el FMI. Estas primeras reformas económicas, adoptadas antes del lanzamiento formal del programa de ajuste estructural a principios de la década de 1980, habían sido diseñadas siguiendo las aplicadas en Chile por el general Pinochet desde 1973.

Al igual que en Ghana y otros lugares la reducción de los aranceles contribuyó también a socavar los sectores clave de la economía nacional. Este programa, apoyado por el FMI, fue implementado por el gobierno: la bonanza de bienes de consumo importados resultante de la liberalización del comercio coincidió con el descenso de las exportaciones. La combinación de estos dos factores contribuyó a exacerbar la crisis de la balanza de pagos, dando como resultado una reducción del PIB del orden del 12 por ciento en 1982 y una tasa de inflación de más del cien por cien en 1983.

Esto son solo números, pero las consecuencias reales no tardaron en hacerse sentir. Entre 1980 y 1983 los niveles de desnutrición infantil aumentaron hasta tasas desconocidas previamente. El consumo de alimentos cayó un 25 por ciento con respecto a su nivel de diez años antes. El salario mínimo disminuyó en más del 45 por ciento.

En abierta confrontación con las instituciones de Bretton Woods, el recién elegido presidente Alan García presentó el llamado Plan Económico de Emergencia en julio de 1985. Este programa iba directamente contra las prescripciones económicas del FMI y consistía en reactivar la demanda de los consumidores. Las tasas de interés fueron obligadas a descender y se congelaron los precios de servicios públicos y productos de primera necesidad. Durante su campaña electoral el presidente Alan García se había comprometido a pagar precios más elevados a los agricultores con el fin de reactivar la producción y animar la economía de las zonas rurales. Durante el primer año de funcionamiento del paquete económico, según el Banco Mundial, hubo un incremento del comercio del 75 por ciento.

Además, en cuanto asumió la presidencia, el presidente García declaró una moratoria del pago de la deuda, que no debía exceder el 10 por ciento de las ganancias por exportaciones. Inmediatamente la comunidad financiera internacional puso a Perú en la lista negra. No se volvió a conceder ningún préstamo comercial a Perú. Como consecuencia, y a pesar de la moratoria, la deuda externa peruana aumentó dramáticamente, un 9 por ciento por año durante el gobierno de García.

Así pues, el programa no pudo sostenerse más allá del corto plazo. En 1988 la reserva de divisas se desplomó a menos de 252 millones de dólares. En julio de ese mismo año el gobierno inició un nuevo plan de emergencia y en septiembre se introdujo un programa antiinflacionario más «ortodoxo». El paquete de septiembre de 1988 contenía la mayor parte de los ingredientes importantes del programa corriente del FMI, eso sí, sin la ideología neoliberal y el apoyo de los acreedores internacionales: devaluación y unificación de la tasa de cambio, promulgación de los aumentos de precios de los servicios públicos y la gasolina, recortes sustanciales en los gastos del gobierno e introducción de la recuperación de costos para la mayoría de las empresas públicas.

Finalmente, con el acceso al poder de Alberto Fujimori, llegó el Fujishock. Se dice que mientras el nuevo presidente volaba a Washington para reunirse con Michel Camdessus, director general del FMI, se encontraba pensativo y cabizbajo, hasta que finalmente le dijo a su principal asesor económico: «Si el choque económico llegase a funcionar, seguramente el pueblo peruano me perdonaría». A su regreso de Washington y Tokio, de sus reuniones con los acreedores internacionales de Perú, el presidente electo se había convertido en un inflexible defensor de la «medicina económica fuerte», algo contra lo que había predicado notoriamente durante la campaña electoral. Surgieron fuertes divisiones en el equipo de asesores económicos, así que el presidente, simplemente, cambió de asesores.

El tratamiento de choque de agosto de 1990 no solo se ajustaba como un guante a las prescripciones del FMI, sino que iba mucho más allá de lo que se esperaba normalmente de un país endeudado como condición para la renegociación de su deuda externa. Se decía que la causa de la hiperinflación de Perú era la desproporción de la demanda y que esto requería de un recorte aún mayor de salarios y gastos sociales, junto con despidos masivos de trabajadores del sector público. La propagación de la epidemia de cólera en 1991, atribuible a la pobreza y al desmantelamiento de la infraestructura de salud pública del país, fue uno de los primeros resultados del plan. El aumento del 3.000 por ciento del precio del combustible trajo consigo que buena parte de la población, incluyendo a las clases medias, ya no pudieran hervir el agua o cocinar los alimentos. La epidemia de cólera, con doscientos mil casos declarados y dos mil muertes en un periodo de seis meses, fue una consecuencia directa del salvaje ajuste económico.

El gobierno Fujimori había esperado que el «choque económico» abriera el camino para la formación de un grupo de apoyo internacional y la concesión de un paquete de rescate. Al menos esa era la teoría, porque entre los acreedores no estaba la idea de conceder nada. Perú estaba pagando fielmente sus obligaciones y la política macroeconómica era conforme a lo dictado por el FMI, pero nadie veía razón alguna por la que conceder nuevos préstamos a pesar de que funcionarios del FMI y el Banco Mundial ocupaban puestos en el Ministerio de Economía y Finanzas.

El objetivo principal del gobierno al aceptar incondicionalmente reembolsar los pagos atrasados de la deuda era que el país dejara de figurar en la lista negra del FMI. Si eso se conseguía, se esperaba que el Fondo concediera nuevos préstamos con los que saldar las deudas antiguas, aliviando la presión financiera. Ni un solo dólar de este dinero llegaría a entrar realmente en Perú.

Las medidas de austeridad del FMI fueron decisivas para la desaparición de los programas del gobierno: la reducción de los gastos de salud y educación y el desmantelamiento de la administración civil en las regiones, etc. El principal beneficiario de esta situación fue Sendero Luminoso, el poderoso grupo guerrillero local que controlaba algunas regiones de la selva y la sierra. Con las duras medidas de ajuste el Estado comenzó a perder el control del territorio nacional, no solo en las zonas de la sierra y la selva, sino cada vez más en la zona metropolitana de Lima.

Fujimori aprovechó la represión de la insurgencia de Sendero Luminoso como pretexto para el hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad contra la oposición civil al programa del FMI, incluyendo la tortura y el asesinato de miembros de sindicatos, líderes campesinos y estudiantiles, etc., en el marco de la conocida como guerra sucia contra Sendero Luminoso, cuya premisa era: «Ni prisioneros ni heridos».

Por otro lado, el choque económico de agosto de 1990 creó las condiciones para que el comercio de drogas continuara creciendo. Como en tantos otros lugares la producción agraria local no podía competir con los productos importados, así que los campesinos empobrecidos de la sierra emigraron a las zonas productoras de coca en el valle del Alto Huallaga. En la sierra el cultivo de coca comenzó a desarrollarse a gran escala, hasta el punto de que, a pesar de que la fama se la suelen llevar otros países, Perú es con mucho el mayor productor mundial de hoja de coca.

En aquella época tanto Perú como Bolivia eran productores directos que vendían pasta de coca a los cárteles colombianos que la procesaban como cocaína en polvo. Sin embargo, con el desmantelamiento del cártel de Medellín y el crecimiento del cártel de Cali, tanto Perú como Bolivia se hicieron más autónomos en el comercio de la droga, algo que, como explicaremos a continuación, no le venía nada mal al gobierno. Los narcodólares habían provocado la aparición de un mercado informal de divisas en las calles de Lima, el mercado Ocoña. Desde mediados de la década de 1980 el Banco Central había venido utilizando periódicamente el mercado callejero de Ocoña para rellenar sus decrecientes reservas internacionales. En otras palabras, la capacidad de Perú para cumplir con sus obligaciones dependía del reciclado de los narcodólares en el mercado de divisas, en un volumen que llegaba a superar los 10 millones de dólares al día.

Gran parte del apoyo que Estados Unidos otorgó a Perú fue en forma de ayuda militar, bajo el paraguas formal del Programa Antidroga, aunque todo parece apuntar a que el interés de los militares estadounidenses en acabar con la narcoeconomía peruana era bastante escaso. A este respecto vale la pena mencionar que existe evidencia abundante de que la CIA utilizó el lavado de dinero de la droga para financiar sus operaciones encubiertas y apoyar a grupos paramilitares en todo el mundo. Reforzar la narcoeconomía servía también a los intereses de los acreedores internacionales de Perú, ya que contribuía a generar los ingresos en dólares requeridos para poder cumplir con sus obligaciones.