La propia organización reconoce que la recuperación económica se encuentra amenazada por el aumento del llamado «proteccionismo de baja intensidad» difundido a través de los paquetes de estímulo económico y de apoyo financiero de los gobiernos desarrollados para afrontar la crisis. Según uno de sus documentos oficiales, «el número de nuevas medidas con efectos de restricción o distorsión del comercio desde el 1 de marzo de 2009 es más de dos veces superior a las nuevas medidas de liberalización o facilitación del comercio».
Cualquier circunstancia es aprovechada para establecer medidas proteccionistas. Según el secretariado de la OMC, un total de treinta y nueve países ha aprovechado la pandemia de gripe A (H1N1) para introducir prohibiciones sobre la carne de cerdo o sus derivados, a pesar de la ausencia de riesgos sanitarios en los casos analizados. En algunos países han prohibido la importación de carne en general. Sin duda lo más relevante del análisis de la OMC es el daño para los países en desarrollo que ocasiona el llamado «proteccionismo financiero» debido al giro nacionalista de los países ricos. Solo en el cuarto trimestre de 2008 los créditos a países en desarrollo disminuyeron en 280.000 millones de dólares.
«Las reglas son principalmente para los débiles; los ricos hacen más o menos lo que se les antoja», señala Noam Chomsky. El poder real, agrega, está en lo que durante años la prensa de negocios ha caracterizado, con cierta ironía, como el gobierno mundial de facto. «En cierta medida se trata de Estados Unidos y sus aliados junto con las principales empresas multinacionales, las instituciones financieras internacionales y otros que forman esa especie de gobierno mundial». Dejada a su libre albedrío, la OMC puede terminar con la soberanía de los países y convertir a los gobiernos electos en meros espectadores o correveidiles de la organización. No se trata de oponerse al progreso ni, por supuesto, al comercio mundial. Pero el comercio mundial no debería ser regido por medio de una serie de reuniones secretas en las que se discute el futuro de millones de personas. En las mesas de negociaciones existen grandes presiones por parte de los países más fuertes dirigidas a imponer a países económicamente más débiles —y por tanto vulnerables— unos términos que en la mayoría de los casos repercutirán de forma nefasta en su ciudadanía.
Hace unos años la Unión Europea presentó un caso ante la OMC quejándose del embargo estadounidense contra Cuba, y en particular de los aspectos de ese embargo que permiten imponer penas al comercio de terceros países con la isla. Con el ideario de la organización en la mano, no cabe la menor duda de que la OMC tendría que haber fallado a favor de la Unión Europea, ya que cualquier traba al libre comercio constituye una clara violación a las reglas de la organización. Sin embargo, cuando los representantes norteamericanos fueron requeridos al respecto, estos informaron a la OMC de que el embargo a Cuba es una política estadounidense que se lleva desarrollando desde 1959 para derrocar el régimen castrista —en este caso nadie puede acusarles de no ser claros— y que ninguna potencia extranjera tiene el derecho a interferir con las directrices de la política exterior estadounidense, en especial en asuntos que afectan a la seguridad nacional. Así que, simplemente, rehusaron participar en cualquier debate en la OMC sobre el tema, hasta que la Unión Europea abandonó su protesta.
En cualquier caso, la organización no pasa por sus mejores momentos. El 31 de mayo de 2011 el director general de la Organización Mundial del Comercio, Pascal Lamy, anunció una nueva agenda en el marco de una reunión informal del Comité de Negociaciones Comerciales. Una versión light de un eventual tratado multilateral de comercio podría alcanzarse en tres etapas sucesivas a partir de diciembre de 2011. Los embajadores ante la OMC habrían admitido la imposibilidad de alcanzar un tratado multilateral para diciembre de ese año en temas tan difíciles como los subsidios a la agricultura, el acceso al mercado de los productos no agropecuarios, servicios, propiedad intelectual y disciplinas no arancelarias. Los tiempos son difíciles y nadie está dispuesto a inmolar su economía en el altar del libre comercio. Lamy plantea fraccionar el tratado multilateral abordándolo a tres velocidades: rápida, media y lenta. El carril lento estaría reservado para favorecer a los países más pobres de la OMC (los «least developed countries» o LDC). En un segundo «carril» se acordaría un programa de trabajo para los demás temas pendientes, como los asuntos relativos a facilitar el comercio (eliminación de trámites engorrosos), los subsidios a las exportaciones, la liberalización del comercio en bienes y servicios ambientales, las subvenciones a la industria pesquera y a otras actividades agropecuarias y las previsiones acerca de los acuerdos regionales de comercio. En un tercer carril se procedería a finalizar el tratado multilateral entre estos sectores y los países con economías más sólidas.
La situación se encuentra profundamente atascada después de diez años de negociaciones. Los países industrializados de Europa, Norteamérica y Asia se resisten a eliminar los subsidios a la agricultura y las subvenciones a sus industrias no competitivas, mientras que los grandes países emergentes, como Brasil, India y China, esperan mayores concesiones de los países industrializados a cambio de bajar sus aranceles a los productos industriales.
Este acuerdo light supondría otorgar concesiones a las exportaciones de los países más pobres, algo que pueden permitirse sin demasiado esfuerzo los países ricos, ya que aquellos representan solo el 3 por ciento del comercio mundial de mercancías, dejando a un lado, para fecha posterior e indeterminada, los temas más contenciosos que sí afectan de manera decisiva a las naciones industrializadas, como los subsidios a la agricultura, los aranceles a productos industriales y la infinidad de trabas que los países más avanzados ponen a la importación de bienes agarrándose a los más variados y originales subterfugios legales.
Los especialistas temen que un acuerdo parcial y fragmentado sería una victoria de los países industrializados en detrimento de las economías emergentes y de los beneficios económicos de un tratado integral, calculados por el Banco Mundial en 160.000 millones de dólares. Más grave aún, no le falta razón a quienes sostienen que la OMC como institución quedaría seriamente disminuida, si no irrelevante. Por eso el expresidente de México, Ernesto Zedillo, ha declarado que «suenan los tambores del proteccionismo» y ha hecho un llamamiento a los jefes de Estado para que concluyan un tratado multilateral de trascendencia histórica. La indignación de los países en desarrollo no tiene límites, ya que durante mucho tiempo, cuando le convenía a los más ricos, les han vendido las ventajas del libre comercio y ahora que los vientos soplan en otra dirección los países ricos no tienen el menor rubor a la hora de blindar sus fronteras económicas.