Como hemos visto, el propósito fundamental de la organización que nos ocupa no es otro que gestar una suerte de paraíso fiscal de escala planetaria: conforme a este proyecto, los capitales habrán de moverse a lo largo y ancho del globo sin ninguna cortapisa, arrinconando progresivamente a los poderes políticos tradicionales y desentendiéndose, por añadidura, de cualquier consideración de cariz social o medioambiental. Esta apuesta, tan desmesurada, ha empezado a inquietar —por lo que parece— a algunos de los que en su momento no dudaron en refrendarla, hoy por hoy recelosos ante el riesgo de que al amparo de ese paraíso fiscal de dimensiones planetarias prospere un caos incontrolable. Hasta hoy las instancias directoras de la OMC han preferido hacer oídos sordos, sin embargo, a los riesgos, y los propios Estados Unidos hubieron de plegarse a las exigencias de la organización y no tuvieron más remedio que permitir los juegos de azar a través de Internet, servicio que provenía de servicios offshore y que era ilegal en los Estados Unidos de acuerdo a las leyes federales que restringen el suministro transfronterizo de servicios de juegos de azar.
Tampoco hay que alarmarse, se trata de un caso aislado. Los intereses de los países desarrollados en general, y de Estados Unidos en particular, rara vez resultan perjudicados. De hecho los adalides principales de las políticas de la OMC, los países ricos, son paradójicamente los que de una forma más descarada e impune siguen manteniendo subvenciones y ventajas de todo tipo para un gran número de sus productos. Digámoslo con claridad: al tiempo que exigen a otros que se eliminen cualquier traba para la introducción de sus productos en el sacrosanto nombre del libre comercio, cuando se trata de asumir en sus propias economías las reglas correspondientes el panorama cambia como de la noche al día. Cada año se entregan más de 350.000 millones de dólares en subsidios a los agricultores en Europa y en los Estados Unidos. Estos subsidios en los países ricos tienen un efecto devastador para los países pobres. Los agricultores de los países ricos pueden así vender sus productos en los mercados mundiales a precios con los que no pueden competir las economías del Tercer Mundo.
En 2004 los productores de algodón en los Estados Unidos recibieron más de 11.000 millones de dólares, un enorme colchón que les permite aniquilar a los pequeños productores del Tercer Mundo. Para solucionar esta injusticia son muchos los que, ante la pasividad de la OMC, se levantan para pedir la supresión de estos subsidios.
Merced a estos grandes subsidios, a fines de la década de 1970 Estados Unidos y el Mercado Común se transformaron en exportadores netos de alimentos, obteniendo el control del mercado mundial. En los llamados acuerdos de la Ronda de Uruguay, que dieron lugar al nacimiento de la OMC, los países ricos solo se comprometieron a reducir los subsidios a sus exportaciones agrícolas. Sin embargo, los países ricos no solo no han cumplido con sus compromisos de reducción, sino que de hecho han incrementado los subsidios. Los países desarrollados otorgan subsidios en diversas modalidades, siendo la más importante los subsidios directos al productor (que pueden ser ayudas para el sostenimiento de los precios, por compra de equipo, fertilizantes o semillas, por volumen de producción…).
Los países desarrollados cuentan con mecanismos legales para evadir sus compromisos de reducción a través de las llamadas cajas ámbar, verde y azul. En la terminología de la OMC las subvenciones se identifican en general por «compartimentos» o «cajas» a los que han dado los colores de las luces del semáforo: verde (permitidas), ámbar (frenar-deben reducirse), rojo (prohibidas). En el sector de la agricultura las cosas son más complicadas. El Acuerdo sobre la Agricultura no tiene compartimento rojo, si bien la ayuda interna que sobrepasa los niveles de compromiso de reducción en el compartimento ámbar está prohibida. Y existe un compartimento azul para las subvenciones vinculadas a programas que limitan la producción. También existen exenciones para los países en desarrollo (denominadas a veces «compartimento trato especial y diferenciado»).