El Consejo Ejecutivo se reúne tres veces por semana en la sede del Fondo, en Washington. Los cinco principales accionistas del FMI (Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido) junto a China, Rusia y Arabia Saudita, tienen su propio asiento en el Consejo. Es decir, la representación en este órgano se inclina a favor de los países acreedores. Diez de los veinticuatro asientos disponibles están ocupados actualmente por países en desarrollo, aunque colectivamente, por la ponderación de votos, solo cuentan con un 2,6 por ciento del poder decisorio del órgano. Aquí no funciona aquello de «un hombre, un voto» o, en este caso, «un país, un voto». Cada país tiene un poder de voto establecido dentro del organismo, que se calcula dependiendo del tamaño de su economía (PIB), sus reservas internacionales y otras variables económicas. Las decisiones deben ser tomadas con una mayoría del 70 por ciento, aunque algunas decisiones especialmente delicadas se toman con una mayoría del 85 por ciento. Dado que Estados Unidos posee el 16,74 por ciento de los votos, el sistema le otorga virtualmente el poder de veto sobre estas decisiones, ya que el resto de los países no suman ese 85 por ciento.
En total hay veinticuatro directores ejecutivos elegidos entre los países miembros del Fondo. Solo los accionistas, Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido, pueden elegir un director sin ayuda de ningún otro país. Gracias a su influencia, China, Arabia Saudí y Rusia eligen de facto un director cada uno. Los dieciséis directores restantes son elegidos por bloques de países. Cada director tiene un derecho de voto que puede ir desde el 16,74 por ciento de Estados Unidos hasta el 1,34 por ciento que a duras penas alcanzan veinticuatro países de África juntos. Sin comentarios.
La mayoría de las decisiones se toman por consenso. Cuando el consenso no se puede alcanzar, una mayoría simple de votos zanja la cuestión rápidamente gracias al aplastante dominio de los países acreedores. Documentos e informes sobre los que delibera el Consejo son preparados por personal del FMI, a veces en colaboración con el personal del Banco Mundial. Hasta hace poco la organización tenía unos dos mil ochocientos empleados contratados procedentes de ciento treinta y tres países. Dos tercios del personal son economistas. La mayoría trabaja en Washington, con la notable excepción de unos ochenta representantes residentes, que viven en los países miembros, donde asesoran a los gobiernos sobre política económica.
Las cuestiones clave relacionadas con el sistema monetario internacional se consideran dos veces al año en un comité de gobernadores denominado Comité Monetario y Financiero Internacional o CMFI (hasta 1999 conocido como el Comité Interino).
Los recursos financieros del FMI proceden sobre todo de las suscripciones que los países pagan cuando se unen a la organización o después de las revisiones periódicas, cuando las cuotas se incrementan. El dinero total procedente de las cuotas determina el monto de la suscripción de un país, su poder de voto, y el monto de financiación que puede recibir del Fondo. Desde enero de 1999 las cuotas del FMI han totalizado 290.000 millones de dólares, aunque el FMI tiene una reserva adicional de 46.000 millones para situaciones de emergencia.
Los países, por lo general, piden la ayuda del FMI cuando están experimentando problemas de balanza de pagos, es decir, no tienen moneda extranjera suficiente para pagar las importaciones, algo bastante grave, ya que algunas importaciones son vitales para las economías y es una circunstancia que suele ir acompañada de otros signos económicos de crisis, como que la moneda nacional esté bajo ataque en los mercados de divisas, las reservas se estén agotando o la economía se encuentre deprimida.
La ayuda se presta bajo ciertas condiciones, que consisten en la implantación de unas políticas que el gobierno tiene que poner en práctica para convencer al FMI de que será capaz de devolver el préstamo en un lapso de tiempo de entre uno y cinco años. Según el reglamento del Fondo, el país solicitante «adoptará políticas sobre el uso de sus recursos generales […] que ayudarán a los miembros a resolver sus problemas de balanza de pagos de una manera consistente con las disposiciones del presente acuerdo, y que establecerá las garantías adecuadas para el uso temporal de los recursos generales del Fondo». Estas medidas de control constituyen el marco en el que el Fondo se asegura garantías de solvencia respecto al dinero que presta. Con el paso del tiempo se ha producido un aumento significativo en el número de las condiciones establecidas, abarcando temas como el empleo público, la privatización y reforma de las empresas públicas, la política comercial, precios, seguridad social y otras más discutibles y discutidas, como la liberalización del comercio y los precios o la reorganización del mercado de trabajo.
La controversia en los países que se ven afectados por estas medidas suele ser enorme. Hay muchos ejemplos recientes. Los sindicatos rumanos han aumentado la presión sobre su gobierno respecto a las condiciones del FMI. Más de ochocientos mil trabajadores del sector público movilizaron el país en una huelga sin precedentes el 5 de octubre de 2009. El líder del bloque sindicalista, Dumitru Costin, dijo que la propuesta de la llamada Ley Unitaria de Salarios, un elemento del programa del Fondo para aquel país, tenía dos disposiciones inaceptables: un congelamiento salarial del 85 por ciento para los empleados del sector público en 2010 y recortes futuros de los salarios.
En Letonia, el gobierno se está resistiendo al programa del FMI, a pesar de las múltiples presiones: «Me sorprende que el gobierno todavía no haya acudido al FMI y que, en su lugar, esté pidiendo prestado dinero a una tasa de interés mucho más alta de otras fuentes», decía Rimvydas Valatka, analista del Lietuvos Rytas, el periódico de mayor circulación en Letonia. Pero claro, con las condiciones que suele poner el Fondo, a veces es preferible pagar más.
Los pormenores del programa para el país prestatario se detallan en una «carta de intenciones» que es firmada por un alto miembro del gobierno en cuestión y el director gerente del FMI. En la actualidad todos los prestatarios del FMI son países en desarrollo, poscomunistas, mercados emergentes o países que se recuperan de crisis financieras. Sin embargo, el Fondo ha ido cogiendo con el tiempo una justificada mala fama que ha logrado que muchos países prefieran buscar la financiación por otras vías en lugar de pedir prestado al FMI, quien se convierte casi en un último recurso.
A pesar de lo que diga la propaganda, el Fondo Monetario Internacional no es una agencia de ayuda o un banco para el desarrollo. El FMI espera que los prestatarios den prioridad al pago puntual de sus deudas con la institución utilizando diversos procedimientos para impedir la acumulación de atrasos. Y en la mayoría de los casos el FMI proporciona solo una pequeña parte de las necesidades de financiación.