Un amigo, Dani de la Cámara, monologuista, decía que lo de Gibraltar se resolvía en una mañana, pues bastaría con que bajáramos todos los españoles a desayunar y nos hiciéramos con el Peñón. Pero no nos paremos en eso. En octubre de 2011 Gregorio Peces-Barba, uno de los padres de la Constitución, dijo: «¿Qué habría pasado si nos hubiéramos quedado con Portugal y no con Cataluña? Igual nos habría ido mejor». Hacía referencia al episodio de 1640 en que se levantaron al mismo tiempo catalanes y portugueses. Se optó por Cataluña, y Portugal se independizó. Peces-Barba dijo hasta la saciedad que su reflexión era una broma. Bien, pues lo nuestro no es ninguna broma: ¡hagámonos con Portugal! El plan no tiene fallos: es perfecto.
Como sus ríos importantes nacen en España les ponemos una presa, no les llega agua, no pueden regar y además a los lusos les entra la sed. Su rendición sería cuestión de días. A partir de entonces, toallas y bacalao a precio de coste… ¿Que tenemos un convenio, el de la Albufeira, para mantener un caudal de entrada en su territorio? Se rompe y fuera. Absurdo, ¿verdad? Pues para librar esta guerra no hace falta entrar en Portugal porque ya la estamos teniendo nosotros. De hecho, una sentencia del Tribunal Constitucional el 29 junio de 2011, ya sabe, las noticias que no se quiere que se sepan ocurren en el verano, permite a las comunidades autónomas hacer reservas de agua de los ríos que pasen por su territorio.
Pese a lo que pueda pensar, el resumen de todos los estudios jurídicos elaborados conservan una identidad española clarísima: si antes era el «agua que no has de beber, déjala correr», ahora es «el que venga detrás que arree».
El Danubio tiene una cuenca que afecta a quince países que tienen firmado un acuerdo y no registra tantos problemas administrativos como nuestros ríos. El supuesto mandamiento de que si un cauce pasa por diferentes comunidades es competencia del Estado es relativo. Siempre se impone su administración por los tramos autonómicos por los que discurre.
En España, desde mediados del siglo XIX, cuando se empezó a legislar sobre el tema, hasta hoy, los ríos estaban dirigidos en base a la unidad de su cuenca hidrográfica. Ni ecologistas ni científicos tienen la más mínima duda de lo fundamental, que es una administración unitaria de un río. Incluso, como ya es habitual, tiene que ser un órgano europeo el que ponga orden en nuestra casa. La Comisión Europea ha enviado varios requerimientos al gobierno por infringir el derecho europeo, precisamente cuando España ostentaba la presidencia europea en 2010.
En España existían desde siempre las confederaciones hidrográficas, institución que respaldaba la Unión Europa con su directiva del agua y que aboga por la unidad de la cuenca del río desde su nacimiento hasta su desembocadura. Pero poco a poco se han quedado sin poder de decisión ante los estatutos de autonomía, que asumen competencias exclusivas en los ríos que pasan por su territorio.
Así nos encontramos con que el cuidado de nuestros ríos está en manos del SEPRONA de la Guardia Civil, la policía autonómica, agentes de las consejerías de Medio Ambiente y los funcionarios de la Comisaría de Aguas de los organismos de cuenca. Esto provoca, como bien apuntan los informes de asociaciones para la conservación piscícola, que entre unos y otros, la casa al final se quede sin barrer.
Esas transferencias no han derivado en un mayor cuidado y atención de los ríos, sino que se ha transformado en todo lo contrario: captaciones abusivas, vertidos. Ahí están los informes europeos contra la contaminación de la Ría de Huelva o el riesgo de desecación del Parque Natural de Doñana por los pozos ilegales.
Sin embargo, parece que algo va cambiando. La Junta de Andalucía se arrogó competencias exclusivas del Guadalquivir al paso por su territorio. Hasta la Federación de Regantes de Andalucía estaba en contra de esto. El caso es que, en el año 2009, un fallo del Tribunal Constitucional exigió la devolución de ese derecho al Estado, porque se trata de un río que pasa por varias comunidades. Tal era el cabreo que la junta transmitió al gobierno que este intentó en septiembre de 2011, mediante un real decreto, esquivar el cumplimiento de la sentencia con la transferencia de más competencias. Ni con esas, a la junta no le quedó más remedio que devolver las competencias a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.