Al final, la naturaleza queda en manos de unos legisladores autonómicos que cambian las reglas del juego cuando les conviene. Así, si un tribunal considera que un proyecto está produciendo un daño medioambiental y a la autonomía no le gusta ese fallo, no pasa nada, se cambia la ley, que para eso son suyas las competencias y los jueces no tienen más remedio que ceñirse a ellas.
Parece que el poder legislativo funciona así:
—Contreras, redácteme un borrador de una normativa que permita urbanizar Villabotijos. Nos ha salido un juez respondón y dice que no se puede porque es terreno protegido. —El consejero es claro en su petición.
—¿Qué le parece que en todas las localidades de la comunidad cuyo nombre empiecen por «villa» y acaben por «tijos» se pueda edificar?
—Sí, sí, por ahí van los tiros. O como la parcela es la 335, asegúrese, para que no haya errores, de que «además serán promovidas urbanísticamente las impares que empiecen por 33». Complíquelo un poco para que no se note mucho, pero esa es la idea. Meta por medio paja jurídica y ya está.
De hecho solo en 2010 nos encontramos con multitud de ejemplos: desde la ley gallega 2/2010 que «amnistiaba» la demolición de multitud de construcciones ilegales, pasando por la de Canarias 4/2010, que modificaba la protección de algunas especies para permitir la construcción de un puerto. Eso por no hablar de la ley cántabra 6/2010 de ordenación del litoral, para evitar el derribo de un montón de construcciones ilegales.
Esta última, la referida a las edificaciones costeras, es de las modificaciones preferidas. El gobierno nacional aprobó en 1988 la Ley de Costas, que, básicamente, decía que las construcciones que estén dentro de los cien o veinte metros (caso de suelo urbano) de distancia al mar tienen que ser demolidas en un plazo de treinta años.
La Ley de Costas se ha quedado muerta por los ataques de cinco iniciativas legislativas de parlamentos autonómicos, creándose excepciones a la norma. Por ejemplo, en el País Vasco se permite una refinería de Petronor, curiosamente una empresa presidida por el ex-líder del PNV Josu Jon Imaz, que está en el dominio público de la costa. Eso por no hablar del hotel de El Algarrobico, en Almería. Si bien la junta lo legalizó en un principio, ahora apoya su derrumbe ante las fuertes protestas de ecologistas. Demolición, por cierto, que tendrá que pagar el contribuyente, porque el que lo construyó lo hizo con las autorizaciones legales del ayuntamiento y de la propia junta.
Pero hay otras que apenas han salido en los medios de comunicación y son igual de absurdas. Por centrarnos en una de ellas, veamos la ley de Castilla y León 6/2010 que levantaba la prohibición de urbanización de terrenos forestales previamente incendiados. El Parlamento la aprobó con apoyo del PP y del PSOE, y ahora se permite construir en terrenos forestales quemados. Así se evita cumplir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de León que frenaba el proyecto de ocio Complejo de Aventura Meseta Ski, en Tordesillas, Valladolid, levantado en un monte que ardió en 1999. Básicamente consiste en pistas de esquí sin nieve. Ya lo sabemos, a nosotros también nos parece que es para reír, pero cuando sepa lo que se ha gastado la empresa pública encargada del proyecto se va a poner a llorar: unos 12 millones de euros. Todo está prácticamente construido. El caso es que la Abogacía del Estado entiende que esa ley autonómica sentaría un peligroso precedente, quemar y luego construir, así que la recurre al Tribunal Constitucional, que detiene preventivamente la apertura del proyecto en julio de 2011. Finalmente, en el caso de que a la Junta de Castilla y León no se le ocurra otra argucia legislativa para evitar acatar un veredicto, la obra tendrá que ser demolida sin ni siquiera haberse estrenado. Todo con dinero público: 12 millones de euros a la basura.