Sí, los hay y no es necesario que sea un senegalés con una ikurriña colgando, hablamos de que los derechos de los inmigrantes también dependen de qué región o municipio hayan elegido para vivir.
Concretamente pasa en Hospitalet de Llobregat, en Salt y en Badalona. Estos tres municipios catalanes emitieron hace meses una nueva ordenanza que afectaba solo a los inmigrantes: la prohibición del reagrupamiento familiar y la no extensión de certificados de arraigo a aquellos inmigrantes cuyo comportamiento vulnerase las ordenanzas municipales de civismo. Por ejemplo, no podrían vivir allí si habían bebido en la vía pública, si en algún momento de su vida se habían dedicado a la venta ambulante ilegal o si habían tenido alguna denuncia por ruidos de otro vecino. Esas pequeñas cosas que a los demás nos suponen una multa o un aviso por parte de los agentes locales, para ellos es motivo de expulsión en estos municipios. Así de rotundo. Solo depende de que el funcionario de turno de los distintos ayuntamientos les haga un informe negativo a la hora de tramitar sus expedientes de arraigo.
Grupos de apoyo a los inmigrantes como SOS Racismo y el GRAMC (Grupos de Actuación Minorías Culturales) han elevado sus denuncias, porque, según ellos, no solo atentan contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también contra la Constitución y las leyes europeas. Incluso, paradójicamente, van contra la propia normativa del Ayuntamiento de Hospitalet. En un documento de ciento cincuenta y dos páginas publicado por ese mismo consistorio, que se llama «Hospitalet pel civisme» (Hospitalet por el civismo), se expone claramente que en Hospitalet se deben «promover los valores de adhesión y de solidaridad, especialmente sobre aquellas personas que tienen mayor dificultad de accesibilidad y de inserción social (…) y el respeto para los diferentes grupos étnicos, culturales y religiosos, a fin de evitar actitudes y comportamientos racistas y xenófobos».
Pues bien, de eso nada. Allí un inmigrante debe mostrar méritos tales como un contrato de trabajo, buen comportamiento, etc., para que se le reconozca ese derecho de arraigo.
En nuestro país, como se ha visto, cada consistorio local tiene sus normas, y las más polémicas afectan a las libertades fundamentales. Esperemos no llegar a los límites de Italia, el país con más ordenanzas de Europa. Allí, en algunas ciudades se prohíbe andar con zuecos porque hacen ruido, comer bocadillos al aire libre, sentarse en un banco a partir de las 23 horas, y lo más polémico, se castiga a quien lleve minifalda con multas de 25 a 500 euros. Ahí queda eso.