¿Ha leído usted alguna vez el Boletín Oficial de su comunidad autónoma? ¿Se preocupa por lo que sale publicado en el de su provincia? ¿Y en el estatal? Los boletines oficiales informan al ciudadano de las leyes y otras disposiciones generales, actos y anuncios que obligatoriamente deben publicarse en él. Las leyes y disposiciones no entran en vigor hasta que no son publicadas en el BOE. Pues sepa que cada año salen a la luz 876.000 páginas de este contenido.
Llenar esos boletines es muy fácil, porque en nuestro país, las autonomías aprueban una media de seis leyes por semana. Según un informe elaborado por el Instituto de Estudios Autonómicos, en 2010 llegaron a producir doscientos noventa y ún decretos ley. El ranking lo lidera Cataluña con cuarenta y tres, seguida de Navarra con treinta y la Comunidad Valenciana con veintidós. Frente a esa frenética labor de regularlo todo, ¿sabe cuántas aprobó el Congreso de los Diputados para todo el Estado? Solo sesenta y nueve.
En España se estima que hay más de cien mil leyes y reglamentos en vigor. Una actividad legislativa que funciona a espasmos incontrolados. Así vamos. Se dicta una ley sin haber hecho estudio previo de competencias, y a ver qué pasa. Y lo que pasa es que se generan conflictos, ya que las nuevas normas muchas veces chocan de lleno con las leyes que elaboran las Cortes Generales. ¿Y qué es lo que hacen? Pues que cuando las comunidades autónomas no lo ven claro interponen recursos en el Tribunal Constitucional. Y cuando al gobierno central no le hace gracia lo que legislan las autonomías, pues recurren también. Y así el TC se ve desbordado en un juego sin fin:
Diez de la mañana, un día cualquiera en el Tribunal Constitucional. El juez está a punto de entrar en su despacho y le pide a su secretario el reporte de los últimos días:
—Contreras, tráigame el recurso sobre la reestructuración bancaria que hemos aprobado esta semana.
—Pero, su señoría, ¿cuál quiere? ¿El de Extremadura, el de Madrid, el de Cataluña o el de Galicia?
—¿Nos han interpuesto cuatro recursos, Contreras?
—Sí, y faltan los de la ley orgánica esa con la que hemos modificado el Poder Judicial. Esa no ha gustado ni en Castilla y León ni en La Rioja.
—Vamos a ver. ¿Qué han legislado ellos esta semana?
—A ver… Hay siete nuevas normas del Parlamento catalán, cuatro leyes más se han sacado de la manga en Valencia, dos en Galicia y hay algo más en Aragón y Extremadura.
—No lo soporto más. Contreras, hágame el favor, búsqueme una plaza de bedel.
Esta es una conversación ficticia, pero los datos son totalmente reales. Hay leyes que son tan opuestas, como las que tienen que ver con los procesos electorales. ¿Cómo es posible que en Canarias lleve ganando las elecciones el único partido, Coalición Canaria, que nunca ha ganado en número de votos? ¿Cómo puede ser que Cataluña monte un referéndum, propuesto por su propia Asamblea, sin atenerse a la ley general del Estado?
Pues esto pasa. En nuestro país la inercia a la burocratización no conoce límites. Somos el Estado que más leyes crea de toda Europa. Tenemos tantos decretos y normas de diferentes rangos que chocan y vuelven a chocar que nuestro sistema legislativo parece el acelerador de partículas que están probando desde ya hace años en Suiza, con los neutrones y protones de aquí para allá. Un frenesí de legalidades moviéndose apelotonadas en la pista de baile de nuestros juzgados. Son tantas que en algunos casos ya no sabemos cómo comportarnos ni siquiera cuando tenemos que coger un autobús, sobre todo dependiendo de la ciudad o el pueblo en que vivamos.