A los cuarenta y seis millones de españoles nos va la marcha… judicial. Seguimos acudiendo a la ley pese a que, según el CIS, el 70 por ciento creemos que no nos resuelve nuestros problemas. El caso es que nos da igual y cada año planteamos casi nueve millones y medio de asuntos judiciales, mientras que los franceses con veinte millones más de habitantes, tienen solo seis millones de trámites pendientes. Quizá hayamos consumido muchas películas norteamericanas, esas en las que el protagonista a la salida de comisaría se abalanza y le espeta al poli duro: «Te voy a demandar».
Sin embargo, aquí esa amenaza de acudir al juez no surte un efecto, digamos, inmediato. Según la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, el plazo medio para resolver una demanda ante un tribunal español de primera instancia es de casi trescientos días, solo superado por Portugal, con cuatrocientos treinta, e Italia con quinientos treinta y tres. Además tenemos el índice más bajo de casos resueltos. Somos los que menos jueces tenemos por habitante, pero más funcionarios en el sector de la justicia. Y además a este guiso sin consistencia hay que echar el último condimento para que sea incomible: cada ley, cada juzgado y cada organismo de justicia es de su padre y de su madre. Por supuesto, cómo no, dependiendo en qué comunidad resida.