Estatuto de Cataluña. Artículo 32: «Todas las personas tienen derecho a no ser discriminadas por razones lingüísticas».
¿Seguro que esto es cierto? Preguntemos a los infelices que utilizaron el castellano en sus comercios. Gracias a ellos 900.000 euros fueron recaudados por la Generalitat, doscientos cinco sancionados en 2010, y cincuenta y tres más en 2011. Las sanciones las padecieron comerciantes como Feliciana, propietaria de una tienda de tejidos de Barcelona. Su comercio se llama Blau Marí, nombre en catalán. Hasta ahí todo correcto. Pero hay un matiz que no cumplía la normativa vigente: la leyenda inferior rezaba: «Textil, hogar, tapicería». Gran error que le costó 1.200 euros de su butxaca (bolsillo, para los que no entiendan).
La Generalitat asegura que en 2008 advirtió a la propietaria de que debía poner los carteles, «al menos en catalán», como exige la norma en política lingüística. Pero Feliciana cometió otro error, se limitó a tapar los rótulos en castellano y no los sustituyó por otros en catalán. Esto no fue suficiente para evitar la sanción. Conclusión: 1.200 euros de recaudación en nombre de la lengua. Algo parecido le ocurrió al propietario de Finques Nevot. Él pagó 400 euros. Manel recurrió la sanción que le impuso la Agencia Catalana de Consumo, pero el Juzgado Contencioso Administrativo número 9 de Barcelona lo desestimó. Según la sentencia, «la ley se limita a prever el uso del catalán para atender los derechos lingüísticos de los consumidores de Cataluña, pero aceptando plenamente el plurilingüismo». ¿Seguro? Entonces, ¿por qué multan al castellano? ¿Es que no hay ninguna ley respecto a la lengua que tenga coherencia?
Aunque hay algunos que se salvan. Por ejemplo, nos preguntamos, desde la ignorancia y sin dobles interpretaciones: ¿tuvo El Corte Inglés alguna sanción? ¿Y Burger King? ¿Y el Workcenter? Y por poner más ejemplos: ¿Carrefour, Alcampo, Starbucks? ¿Se imagina un rótulo que pusiera: El tall anglès, El rei de l’hamburguesa, Centre de treball o Alcamp? Pues no, porque la ley dice que son marcas y que si llevasen delante frases como centro comercial, reprografía, cafetería, o comida rápida, eso sí debería traducirse, pero como los otros nombres son genéricos pues no hace falta. Los grandes, así, quedan exentos de pagar y son los pequeños comercios los que tienen que apoquinar.
Pero no debe preocuparse. Si es usted empresario y va a poner en marcha un establecimiento en Cataluña, no deje de consultar las ayudas que esta comunidad ofrece para la rotulación de su negocio en el idioma autonómico. Infórmese, porque será una oferta que no podrá rechazar: «Rotule su comercio en Catalán y ahorre hasta 6.000 euros en multas. Ponga un rótulo en catalán en su vida, ya verá cómo su negocio reflotará».
Podría ser un buen anuncio. Aunque lo de que los negocios en catalán son un buen negocio no es del todo cierto. Y tal vez por vislumbrar eso, el señor lehendakari Patxi López, a los cien días de su mandato, comentó por qué daba carta blanca para rotular como se quisiera en el País Vasco. Sus razones las comentó en una entrevista para el diario El Mundo: «Todo lo que tiene que ver con el euskera debe tratarse con una dosis de racionalidad. No podemos utilizarlo para generar rechazo, que es lo que ha sucedido con situaciones de este tipo. Fomentaremos que los rótulos de nuestros comercios sean bilingües, pero no vayamos a lo contrario, a imponer».
¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado en Cataluña y no en el País Vasco? Pues que el capital extranjero, intoxicado tanto por la burocracia como por las exigencias de verse obligados a usar preferentemente el catalán, ha huido de Cataluña. El catalán es «un gasto extra irracional que no nos aporta ningún beneficio», en palabras de un empresario.
Ahí no se queda la cosa. En Galicia también ha repercutido en los empresarios la imposición del gallego en sus transacciones. ¿Se puede creer que obligar a estudiar en gallego afecta a los negocios? Pues sí. En el año 2008 un informe del Club Financiero de Vigo expresaba que uno de los mayores problemas a los que se enfrentaban es que la mayoría de buenos profesionales que querían contratar de fuera no querían trasladarse a Vigo. ¿Por qué? Porque si un trabajador de Toledo con hijos recibe una oferta laboral y se traslada a Galicia, tendrá que inscribirlos en un colegio en el que sí o sí, por obligación, la educación es íntegramente en gallego. Por esta razón, muchos prefieren renunciar al puesto que le han ofrecido en Vigo, antes que abocar a su vástago a un fracaso escolar inminente. Los empresarios gallegos vieron cómo muchos profesionales de alta cualificación no entraban en sus filas con el consiguiente perjuicio para sus negocios. Y no solo eso, muchos profesionales gallegos abandonaron su tierra por esa misma causa, hacia comunidades de lengua castellana.
Según ellos, «a esto hay que añadir las dificultades que tienen las empresas para optar a concursos y ofertas de la Administración u obtener subvenciones si la documentación no se presenta en gallego».
Esto de la documentación en lenguas maternas parece que se repite en otros lugares. Porque, por ejemplo, volviendo a la Ley de Política Lingüística catalana, no solo obliga a los rótulos, además dice que las empresas que ofrezcan servicios públicos deberán utilizar el catalán en todos sus ámbitos: facturas, documentos de tráfico, atención al público, etiquetas de los productos de denominación de origen, y un largo etcétera, como productos tóxicos y peligrosos que deberán utilizar progresivamente el catalán en sus envases: Aquest article és perillós, manteniu-lo allunyat dels ìnfants. Quién sabe, tal vez, más de un palentino se ha intoxicado en tierras catalanas.
Parece que en estos territorios no se dan cuenta del peligro, no de intoxicación, sino empresarial, que tienen estas iniciativas. El PSOE balear, en el último suspiro de la legislatura (otros como don Marcelino de Aragón, tan solo unos días antes de las elecciones autonómicas del 22-M, concretamente el 8 de abril), creó un nuevo reglamento del Consell que vetaba todo contrato público con aquellas empresas que no utilizaran el catalán en las islas. Afectaba a las constructoras de carreteras y todas aquellas corporaciones contratadas por el gobierno para estudios, proyectos, suministros o servicios. La normativa decía que tenían que presentar toda su documentación en catalán obligatoriamente. Es decir, ¿no se les daría a FCC, Fomento y Dragados ninguna obra si no hablaba en catalán? ¿Quién hará las carreteras entonces? ¿El sobrino de Joan, el vecino de Sineu? Un mes y medio después de esta normativa tan puntera y renovadora, Bauzá la derogó. Dijo que cada uno utilizara la lengua que quisiera en las contrataciones.
Ahora sí, ahora no. ¿Y en 2015, si hay cambio de gobierno? ¿Otra vez a derogar? ¿Otra vez a promulgar? ¿Cuánto nos cuestan estos cambios políticos respecto a la lengua? En folletos, trípticos, circulares, en una lengua, en dos, en otra que no es, que hay que cambiarla, que si ahora balear, que si ahora catalán… ¿En qué quedamos entonces? ¿En qué idioma hay que hablar en las islas, en la Comunidad Valenciana o en Aragón?