Amparo Martínez nació en 1916 en Tuéjar, un pueblo fronterizo a Teruel, en la comarca de Los Serranos, un municipio de la provincia de Valencia donde históricamente nadie ha hablado valenciano en su vida. Con poca edad se fue a vivir a un pueblo de otra zona, a la comarca de L’Horta Nord. Allí, en Burjassot, comenzó a chapurrear valenciano con las amigas de la calle y a los catorce años conoció al que sería su futuro marido, autóctono de Villajoyosa, alicantino de los de toda la vida. Así que Amparo no tuvo más remedio que hablar valenciano… por amor. En plena guerra, y durante toda la dictadura, compartieron sus vidas en valenciano, una lengua perseguida y denostada… y por supuesto el Estado jamás invirtió un duro en ellos para que aprendieran esa lengua. La mantuvieron viva porque era su modo de comunicarse, lejos de cualquier consigna política. Nadie normalizó ni su vocabulario, ni su gramática. El otro día la llamé por teléfono. Tiene noventa y cinco años, pero su mente funciona mejor que la mía. Comenzamos a hablar y le hice una pregunta muy sencilla:
—¿Tú crees que hablas bien valenciano?
Su respuesta me hizo sonreír.
—¡Ay, no! Yo no hablo como hablan ahora en los sitios, no es el mismo valenciano, se ve que yo lo hablo mal, ¿no ves que no estudié?
Quién esto escribe es valenciano, como ella, pero no hablo valenciano por culpa de los políticos. Sí, es la pura realidad.
La Generalitat Valenciana con sus diferentes gobiernos se ha empecinado en gastarse millones de pesetas, y después euros, en la enseñanza del valenciano. Concretamente en 2010 el señor Camps anterior presidente valenciano, gastó 583 millones de euros de presupuesto solo para fomentar la lengua. Si lo multiplicamos por los años de estudio de cualquier alumno, se han gastado unos 5.000 millones de euros, tirando por lo bajo, para que se hable valenciano. ¿El resultado? La enseñanza de una lengua que pocos reconocen como suya. El problema es que durante todos esos años los políticos se han empeñado en «normalizar» el valenciano, es decir, catalanizarlo.
Cataluña es un territorio delimitado que se extiende de norte a sur desde la Jonquera hasta Alcanar. Es un territorio extenso con una cultura muy arraigada y una lengua histórica propia, un pueblo admirable que se ha caracterizado durante siglos por promover sus raíces y defender sus costumbres. Cataluña es Cataluña. Pues que alguien nos explique esto:
Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística Catalana:
Disposición Adicional Segunda. Convenios de colaboración con instituciones de otros territorios de lengua catalana: «La Generalidad ha de promover acuerdos, Convenios y tratados con las Comunidades Autónomas aragonesa, balear y valenciana, y con los Estados andorrano, francés e italiano para fomentar (…) la protección de la lengua catalana y para obtener la generalización y extensión de su conocimiento y uso en todo el ámbito lingüístico, con respeto hacia todas las variantes».
¿Promover el uso fuera de sus fronteras en territorios que tienen lengua propia reconocida por la Constitución? ¿Respeto hacia todas sus variantes? Mentira. Todo esto tiene una respuesta: cuanto más extenso sea el territorio que abarca dicha lengua, pues más trozo del pastel del presupuesto general que llevarse a la boca. Nadie les ha preguntado a los ciudadanos de las Islas Baleares ni a los valencianos, ni siquiera a los extremeños, si se identifican con la cultura catalana y si quieren que parte de sus impuestos vayan destinados a promover dicha lengua de sus vecinos del norte.
Pero ¿por qué? Una vez más hay motivos económicos. La Generalitat catalana en sus presupuestos para política lingüística destina casi 5,5 millones de euros anuales a una cosa que se llama Dirección de Políticas Sectoriales. Es decir, inversiones en otros territorios donde otros gobiernos se inventan instituciones, fundaciones y proyectos fuera de sus fronteras. Y en la Comunidad Valenciana, y en Baleares, hay políticos que les bailan el agua para conseguir un pellizquito en defensa del catalán. Los enumeramos:
Un momento. ¿Acció Cultural del País Valencià? ¡Qué gran iniciativa de un señor llamado don Eliseu Climent en la Comunidad Valenciana! Era a finales de los años noventa cuando este particular de corte nacionalista conseguía mediante cuestación popular reunir a cien mil personas para que pagarán cada una 1.000 pesetas para financiar la instalación de repetidores de TV3 en su País Valencià… Consiguió la redonda cifra de 100 millones de pesetas (600.000 euros).
Desde entonces ese mantenimiento de las emisiones es lo que ha sostenido un holding particular, abanderando su posición de cónsul catalanista en tierras valencianas. Gracias a su defensa del catalán el señor Climent ha obtenido financiación pública, subvenciones de la Generalitat Catalana, de la Valenciana y de ayuntamientos. Nada más y nada menos que 19 millones de euros, desde 2002 a 2008… Mejor no lo ponemos en pesetas… Todo ese dinero para seis entidades sin ánimo de lucro controladas por este señor, ahora editor de libros y presidente de esa asociación denominada Acció Cultural del País Valencià. Concretamente, tales entidades son la Francesc Eiximenis, Ausiàs March, Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster, Institució Económica i Empresarial Ignasi Villalonga y Associació Arxiu Memòria Joan Baptista Basset. 19 millones, todo para él solito, un negocio muy, pero que muy goloso este de la lengua.
Un informe de la Guardia Civil del 10 de febrero de 2011, enviado a la Audiencia Nacional, revelaba que don Eliseu presuntamente había desviado 3,1 millones de euros de ese dinero público a empresas privadas. Empresas de las que él era el único propietario. Este cazasubvenciones, según la Guardia Civil, también presuntamente, aprovechó para viajar gracias al dinero de todos. Desvió presuntamente 360.000 euros para viajes de su familia. Con ellos, según dicho informe, contrató cuatrocientos billetes de tren, cien de avión y quince estancias en hoteles. Las facturas iban a nombre de las fundaciones, de esas que cobraban de usted para subvencionar su amada lengua.
Pero no vamos a ser mal pensados, a lo mejor no era para disfrutar de una margarita en un complejo hotelero mexicano en Cancún, a lo mejor era para fomentar el catalán por el mundo como su gran amigo Carod Rovira, que viajó nada más y nada menos que a cuarenta países en cuatro años repartiendo generosamente dinero, del nuestro, gracias a su red de embajadas y oficinas de diplomacia catalana disgregadas por el mundo. Un Robin Hood de las lenguas en desuso que regalaba millones a los pueblos oprimidos. Por ejemplo, el millón de euros que donó a doce familias de una recóndita aldea ecuatoriana para que el shuar, su lengua indígena, no se perdiera.
Pero tanta normalización de una lengua ajena a los habitantes de un territorio tiene sus inconvenientes.
Así que hay que preguntarse: ¿qué valenciano es más auténtico, el que ha pervivido en la calle durante los noventa y cinco años de vida o el que se estudia ahora en los colegios o el que hablan en Canal 9? La respuesta se la podemos pedir a un vecino de Sineu, un pueblo en el centro de Mallorca, aunque aparentemente esto parezca que no tenga ninguna relación.
En 2007 aterrizó en las islas el gobierno del Pacte. El que formaban PSOE, Bloc y Unió Mallorquina. Una de sus principales propuestas fue imponer la lengua catalana como idioma vehicular en las administraciones públicas, en centros de enseñanza y sobre todo en la televisión pública, IB3. Objetivo cumplido, una vez más, normalizar el catalán, pero esta vez en tierras baleares. En 2010, debido a la crisis, los presupuestos se redujeron en 1.000 millones de euros, y esto afectó a sectores como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Para que se haga una idea en la Conselleria de Educación se destinaron 6,2 millones de euros al catalán, pero se tuvo que despedir a sesenta profesores a causa de esos recortes presupuestarios. Pero la escalofriante cifra que se llevó en total toda la partida en materia lingüística fueron los 12,5 millones repartidos entre subvenciones, campañas, cursos, asesoría… Como OCB, ¿se acuerdan de la Obra Cultural Balear? Sí, esa que se incluía en los presupuestos de la Generalitat catalana. Pues sí, aquí también está reflejada, esta vez con un millón más de euros anuales, pero ahora el dinero viene del Consell Insular, y del Consell ha conseguido 4,9 millones desde 2007.
Pero volvamos al pequeño pueblo de Sineu. Joan tiene ochenta y cinco años, vive allí desde que nació, y nunca se ha movido de Mallorca. Sineu es un municipio que se encuentra en el centro de la isla. Estando en sus calles no sientes que el mar está cerca. De hecho, Joan cuenta que su madre nunca lo vio, aunque dista apenas veinte kilómetros de la plaza del pueblo. Su lengua materna desde que nació es el balear, es más, el castellano le cuesta, lo entiende, pero nadie le entiende a él cuando lo habla.
Los que no conozcan el balear y no sepan diferenciarlo del catalán deben saber que, aparte de diferencias de vocabulario y demás, hay una fundamental: en catalán los artículos son el/la/los/las y en balear se dice es/sa/ses… la «l» se cambia por la «s». Simple, ¿no? Pues para los paisanos parece que no tanto.
Joan ha acabado por apagar el televisor. Dice que no entiende lo que hablan en el telediario y en palabras suyas, y traducidas al castellano, «para qué se gastan tanto dinero en esto si no me entero de lo que pasa en mi pueblo porque me hablan en chino». Así que Joan ya no sintoniza las noticias de IB3 en su aparato.
El resultado: paisanos que no entienden ni reconocen el idioma de las circulares ni los documentos oficiales y que no ven la información que les ofrece su televisión autonómica, una emisora pública que tiene una poco competitiva audiencia media de un 5 por ciento y se lleva 57 millones de euros de presupuesto, según datos de 2011. Y por supuesto, que obligatoriamente tiene que emitir toda su programación íntegramente en catalán, de ese, del normalizado.
Además el gobierno socialista del anterior presidente Antich situaba el castellano a la altura del árabe, del chino o del mandinga en unos folletos que distribuyó por los institutos y centros cívicos. En el manual se planteaban preguntas que normalmente se hacen los catalanoparlantes. Cita literal: «A menudo me argumentan que en las Islas Baleares, o en Cataluña o en el País Valencià se hablan dos lenguas, y que las dos son propias del país… ¿Es esto cierto?».
La respuesta que da la guía es la siguiente: «No, en los países catalanes no hay dos lenguas, sino que hay muchas más (…). Hay comunidades importantes de hablantes de urdu, chino, árabe, amazigh, quechua, mandinga, wolof, alemán, castellano, etc., aunque esta última es la que tiene más hablantes». Y sigue: «La única lengua propia del territorio es la lengua catalana».
La crítica a la oficialidad que la Constitución da al castellano es rotunda. La Conselleria de Educación imprimió un total de cincuenta y dos mil folletos, ahora esa partida de presupuesto de inversión en promoción del catalán se la van a ahorrar. José Ramón Bauzá (PP), después de ser investido presidente, suprimió de un plumazo la Dirección General de Política Lingüística, aludiendo a que el gasto de 12,5 millones era innecesario y excesivo para la Administración en época de crisis.
Pero Joan no es el único caso, ni las Baleares y Valencia los únicos territorios afectados. Los mañicos, aragoneses de pro, los de La Codoñera, todavía no entienden lo que está ocurriendo en sus calles.
La Codoñera es un pueblo tranquilo de unos trescientos habitantes en la provincia de Teruel. Una de sus vecinas, M. P., de cuarenta años, nos cuenta por teléfono lo que pasa en su tranquila localidad.
—¿Está M.?
—Sí, un momentico.
—Mire, le llamaba para saber qué problema tienen con el catalán en su pueblo.
—¿Problema? Que yo hablo chapurriau, que cuando vaya a Cataluña ya hablaré catalán, que nos dejen en paz, que duele.
Así contestó, concisa y tajante.
Perdone nuestra ignorancia, pero no habíamos oído hablar del chapurriau en la vida. Así que decidimos profundizar en el conocimiento de lo que pasaba en ese pueblecito del Bajo Aragón.
A mediados de marzo de 2010 los vecinos de La Codoñera salieron a las calles enarbolando pancartas que rezaban estos lemas: «Somos de Aragón y no hablamos catalán, no somos analfabetos, hablamos chapurriau. Aceptamos a los catalanes, no a los catalanistas». Defendían sus raíces ante la ley de lenguas en Aragón, aprobada en 2009 solo con los votos de PSOE y CHA (Chunta Aragonesista), ya que el tercer socio, el PAR (Partido Aragonés), no estuvo de acuerdo. Lo que establecía era que la lengua propia e histórica y de uso administrativo en esas tierras fuera el catalán. La vecina cuenta con indignación su visión de toda esta polémica:
Hay una serie de gente en el pueblo, que están metiendo cizaña, dicen que uno va a ser secretario de la academia del catalán en Zaragoza, pero yo no sé, son habladurías. Y este es el que está haciendo fuerza en la prensa a favor del catalán. A los que estamos en contra nos dicen que somos analfabetos, dicen que se sienten avergonzados de ser del pueblo por culpa nuestra. Que digan lo que quieran y hagan lo que quieran, pero que nos dejen en paz, que yo a mis hijos les hablo chapurriau. Yo sé que es un dialecto sin mucha importancia, pero prefiero que se pierda a que me enseñen el catalán, y además no se parece en nada. Yo creo que todo esto es por motivos económicos.
Exacto, motivos económicos. Unos 160 millones de euros gasta exclusivamente Cataluña en sus competencias en materia lingüística, todo para que su lengua no se pierda, dentro y fuera de sus fronteras. Lengua minoritaria, la catalana, según ellos, frente a la oficial del Estado, el castellano. ¿Y los señores y señoras que hablan chapurriau? ¿No deberían defender su lengua igual? ¿No es minoritaria y se va a perder? ¿Qué tenía el shuar ecuatoriano, señor Carod Rovira, que no tenga el chapurriau aragonés? Se ve que no es importante, para los catalanistas, que no para los catalanes en general, el chapurriau solo es una lengua de analfabetos.
Pero se nos ha pasado un dato por alto: ¿una academia del catalán en Zaragoza? ¡Ah, sí, lo olvidábamos! Fue una de las últimas cosas que hizo Marcelino Iglesias, ex-presidente de Aragón, antes de abandonar el cargo el 22-M. Por si acaso perdía las elecciones, como ocurrió, don Marcelino dejó encarrilada la regulación del catalán como «lengua propia», creando la Academia Aragonesa del Catalán en Zaragoza. Lo hizo el 5 de abril, un mes y pico antes de las elecciones.
Algo parecido pasa en los municipios de San Martín de Trevejo, Valverde del Fresno y Eljas. Pero en este caso, con el gallego.
Allí lo tienen claro:
—A fala es extremeña —nos cuenta un vecino de San Martín, localidad cacereña de apenas mil habitantes—. El falar es algo muy nuestro aunque tenga raíces galaico-portuguesas y astur-leonesas.
En el año 2006 un grupo de gallegos visitó el valle donde se habla el dialecto. Entre ellos iba la diputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Modesta Riobó. Allí aprovechó para recordar a los paisanos las similitudes entre la fala extremeña y el gallego.
Años después se desató la polémica entre Ibarra, presidente entonces de Extremadura, y el BNG. Se quería galleguizar la comarca extremeña para demostrar, según el BNG, y en palabras de uno de sus diputados, que el gallego existe no solo en Galicia, sino que es una lengua de protección internacional. Que Extremadura invente una lengua propia ajena al gallego no viene bien, mejor que sea un dialecto medieval. Los gallegos prefieren unificar los territorios de Cáceres, As Portelas de Castilla y León, o El Bierzo, territorios fuera de Galicia en los que se habla gallego, fala o lo que sea, y arroparlos bien bajo el manto de la Xunta. Una vez más, más dinerito para promover la lengua. Y cuidado, que esta debe ser de protección internacional.
Pero la lengua no solo sirve para inventar instituciones y para pedir dinero, también se utiliza para recaudar.