Si la escuela en ocasiones sirve a los políticos para manipular, la universidad se ha convertido en el foro más autónomo y autonómico de nuestras instituciones educativas. ¿Sabe cuánto le cuestan al Estado las universidades públicas? Un total de 2.100 millones al año de sobrecoste. Según el informe de la Fundación de Conocimiento y Desarrollo, el 42 por ciento de las facultades tienen menos de cincuenta alumnos, existen un total de nueve mil quinientos profesores y uno de cada cuatro docentes no produce resultados evaluables. Nos ahorraríamos mucho si nos adaptáramos un poco más al modelo que exige Bolonia. Todos escuchamos eso de Bolonia, y poco sabemos del pacto que homologa a todos los ciudadanos y profesionales para que puedan tener movilidad dentro de la Unión Europea y que sus títulos sirvan aquí igual que en Francia o Alemania. Así lo decidieron en 1999 todos los ministros de Educación de entonces de los países miembros de la Unión Europea. Pues bien, ¿cómo es posible que en las facultades de Derecho de Burgos y de León no tengan planes de estudios iguales? No, son carreras y asignaturas planteadas de manera diferente, y eso que están en la misma comunidad autónoma.
La respuesta es que las universidades son autónomas. Tanto que parece que tienen miedo de medirse en igualdad de condiciones con el resto. De hecho, entre las doscientas mejores universidades del mundo no hay ninguna española, ni una sola. Se han convertido en unas instituciones tan endogámicas que han favorecido la corrupción de «baja intensidad». A tanto ha llegado que periódicamente se celebra un congreso contra la corrupción en la universidad pública española. Haciendo un reportaje sobre el tema nos comentó un profesor que «el enchufismo es galopante». Por ejemplo, para meter a un pariente en el departamento «se cuelga en el tablón de anuncios la convocatoria de una plaza el viernes por la tarde y la prueba es el lunes a primera hora, todo con tal de que no lo supiera nadie más que a quién le iban a dar la plaza».
Está bien, pero ¿qué tiene que decir aquí el Ministerio de Educación?… Hola, ¿hay alguien ahí?
—Buenos días, Contreras, ¿qué tenemos hoy?
—Nada, señor ministro.
—¿Cómo que nada? Algo habrá que hacer.
—No, señor ministro, no tiene nada en su agenda.
—Vamos a ver, busque, aunque sea una reunión, la presentación de un libro, algo.
—¿Le parece bien una reunión con pedagogos y tutores?
—Eso suena bien.
—¿Le parece bien que sea en el colegio de sus hijos?
—Vale, esa me vale. Van fatal en matemáticas…
Exagerado, sí, pero no muy lejos de la realidad. El ministerio tiene tan pocas competencias que se lo vamos a contar con un microrelato:
Érase una vez una chica llamada ANECA. Ella era la encargada, con su varita mágica, de decir qué profesionales de la enseñanza y la investigación, en virtud de sus méritos, podían ejercer como docentes universitarios. Ella era la que los acreditaba en todo el país. Llego un chico y ella le dio con su magia: podría ser profesor universitario donde quisiera. Pero esta felicidad no duró mucho. Su hermana pequeña, ANEQUITA, que se había cambiado el nombre para vivir en Andalucía y ahora se llamaba AGAE, tocó al joven profesor y le dijo: «Me da igual lo que diga mi hermana, yo no te acredito, aunque ella diga que puedes serlo en cualquier parte, yo te digo que de Andalucía olvídate». Fin.
Y así está la normativa, aunque la fundación estatal, que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad del sistema de educación superior, diga misa, si no te acredita la agencia autonómica, no hay nada que hacer. Y hay una para cada autonomía. Cómo no. Conocemos el caso de un ingeniero en telecomunicaciones que, después de pasar la prueba nacional, se presentó en Castilla y León y le dijeron que ni Blas en eso de ser docente allí. Después de varias becas, tres años de un proyecto de investigación en Castilla y León y demás, no va a poder ejercer jamás para los mismos que le han otorgado esas ayudas. Increíble, pero cierto.
Así, ocurren historias como estas: varios investigadores de biología en los que la Administración se ha gastado en becas y estudios en el extranjero unos 300.000 euros ahora están en paro o están despachando en una tienda, porque no han encontrado un hueco laboral. Es decir, todo su conocimiento y el dinero que nos costó de la Administración Pública van a la basura.