La Ley de Dependencia ha supuesto un hito en los derechos sociales, ya que, al menos en el papel, universalizó la ayuda a las personas dependientes, igual que la sanidad, la educación y las pensiones. Sobre el papel, porque en la realidad, surgen las dudas. Lo sabe bien Lola Lamas, pensionista y madre de Jorge Naviera, un joven fortachón de treinta y seis años, ochenta y tres kilos y 1,74 de estatura. Su constitución debía de hacerle de los más respetados en el cuartel cuando Jorge era militar. Fue la época en la que empezó a sentir los primeros síntomas: al formar, perdía el equilibrio y se inclinaba a los lados, algo que pasaba cada vez con más frecuencia. El diagnóstico final fue ataxia cerebelosa, una enfermedad degenerativa que no tiene tratamiento. Su discapacidad es del 75 por ciento. En el Ejército le dijeron que no se hacían cargo.
—No puede ponerse de pie sin mi ayuda, estoy pegada a él todo el día. Le tengo que dar de comer, le lavo, todo —comenta Lola.
—Y si tienes que salir a hacer algún recado, ¿qué haces?
—Se viene conmigo, y si no puede, no salgo. No puede estar solo nunca. Si se pone de pie se cae. Ahora tiene toda la cara raspada porque se cayó hace dos días en el porche, y si cae lo hace a plomo. Como no tiene equilibrio, no sabe si se cae, no pone las manos. No te creas, que ya se rompió un pie y también una pierna cuando fue solo al baño.
—¿Cómo está él?
—Tiene sus depresiones porque sabe que no se puede valer por sí mismo. En la piscina donde hace rehabilitación, si está solo, se hunde.
A Jorge le aprobaron hace cinco años su ayuda para dependientes, pero no se la dieron. Aún sigue esperando: «Voy a Servicios Sociales y siempre me dicen lo mismo, que están estudiando el expediente de mi hijo. He ido al defensor del pueblo de Galicia, pero no ha servido de nada». La Xunta reconoce que en su comunidad hay dieciocho mil dependientes graves como él a la espera de cobrar su prestación. Seguramente si hubiese nacido en otra comunidad, Jorge podría tener una asistenta que daría un par de horas libres a su madre. Aunque también podría haberle ido peor. Galicia, de momento, está en la media española de Atención al Dependiente. En 2011 Canarias era la peor clasificada y Castilla-La Mancha la mejor.
En España hay un total de un millón de personas que dependen de algún familiar para poder vivir, pero cerca de trescientas mil, como Jorge, aún no reciben la ayuda a la que tienen derecho. Es decir, desde que se promulgó la ley, siguen sin cumplirse los plazos de entrega de ayuda. Todas las autonomías sin excepción se quejan de que el Estado no les da el dinero correspondiente. Las comunidades autónomas aportan al sistema un 52 por ciento de lo que cuesta y los usuarios, mediante el copago, un 14 por ciento, la Administración general contribuye con el 34 por ciento del coste restante.
Nuevamente es en las cantidades que aporta cada comunidad autónoma donde se nota la diferencia. Así, si cada riojano da 183 euros al año para atender a dependientes, en Canarias el aporte es de 32,50. Tanto es así que, según el Observatorio de la Implantación de la Ley de la Dependencia, algunas comunidades «pueden incluso llegar a hacer caja con la aportación central». Eso es lo que dice el informe elaborado por la Asociación Estatal de Servicios Sociales.
Ganar dinero o perderlo, porcentajes, déficit, diferencias autonómicas, carreras electorales a costa de nuestra salud… Nuestra sanidad tiene pronóstico reservado, esperemos que no llegue a entrar en coma.