Los tiempos cambian, y no solo para los ministros. Antiguamente conseguir una licencia para un estanco o una farmacia solucionaba la vida y contribuía a que más de uno se forrase. Incluso se oía el runrún de cómo los enchufados habían conseguido la licencia. Ahora lo que se escucha en algunas comunidades es, más bien, el crac-crac de los enchufados a la ruina.
Ya hemos comentado que, cuando uno acude a una farmacia con una receta expedida en la sanidad pública, lo más habitual es que una parte del medicamento en cuestión esté subvencionado por la comunidad. De hecho, el 30 por ciento de la factura sanitaria se debe al pago de medicamentos. El caso es que el procedimiento implica que la farmacia se haga cargo del importe hasta que la Administración lo cubra, pero, tal y como funcionan las cosas, quizá más que en ningún otro sitio aquí se escuche aquello de «te lo pago fijo el próximo mes, seguro». De eso saben mucho las farmacias de Baleares, La Rioja, Valencia y Murcia, donde se les paga con seis meses de retraso, y, cómo no, las de Castilla-La Mancha. Estas llegaron al límite e hicieron una huelga de seguimiento mayoritario en agosto de 2011. ¿El objetivo? Reclamar los casi 200 millones que les adeudaba la consejería. Como respuesta los huelguistas recibieron un expediente sancionador con multas de 3.000 a 15.000 euros por considerar que su protesta era ilegal. Algunos, aseguran, están al borde de la ruina: su deuda con los laboratorios que les suministran es de unos 25.000 euros. Pero he aquí que la normativa autonómica, recordemos que somos los que más leyes regionales producimos en Europa, recoge normas que prohíben hasta arruinarse. Según Javier Hernández Pascual, director general de Calidad, Planificación, Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha y encargado de resolver el problema, la legislación vigente sobre farmacias «no contempla el cierre del establecimiento por motivos económicos». Así que no queda más remedio que aguantar hasta que empiecen a pagarles… o hacer como hicieron en Castellón, cuando el Colegio de Farmacéuticos decidió cerrar tres días en señal de protesta.
Tampoco la situación pinta muy bien para las farmacias de Baleares, y eso que su presidente, José Ramón Bauzá, es farmacéutico de profesión. Algunos de los profesionales con los que hemos hablado afirman estar «al borde de la quiebra», porque la Administración autonómica lleva tres meses sin pagar sus facturas. «Llevamos adelantados unos 85.000 euros y los bancos no se fían de nosotros». ¿Cómo le afecta todo esto a usted, ciudadano de a pie? Pues como sigamos así, algunas farmacias han anunciado que no podrán proporcionar los medicamentos más caros, como los que se utilizan para combatir el cáncer.