9.400 millones de euros es la deuda que tiene la sanidad española, la de todas sus comunidades con sus proveedores. Y usted que creía que su hipoteca es grande… En esa cifra han coincidido políticos, expertos y medios de comunicación. Otros apuntan a que a esa cantidad hay que sumar un déficit no declarado, debido a diferencias de criterios contables, de unos 15.000 euros. Pero quedémonos con los que tenemos claro, los 9.400. De todo ese dineral, 4.400 millones corresponden a la deuda contraída con los fabricantes de tecnología médica. Otros 5.000 millones se deben por los fármacos dispensados a los pacientes en los hospitales de todo el país.
Hasta Bernat Soria, ex-ministro de Sanidad, lo dejó claro en un informe: «La sanidad se ha convertido en un instrumento de poder para las autonomías. Con un movimiento centrífugo extremadamente acelerado», donde «la búsqueda del voto ha llevado a inversiones no necesarias, de lujo o ineficientes, hoy difícilmente sostenibles». Por eso, tanto él como otros ex-ministros de Sanidad estarían a favor de sustituir el Consejo Interterritorial, ese donde dejaron plantada a la ex-ministra Pajín, por otro órgano estatal que se encargara de una «cartera de prestaciones única y de un desarrollo legislativo común para evitar este galimatías autonómico». Es decir, volver a la etapa anterior para ser más eficientes.
A cualquier ciudadano medio le dicen que debe más de 9.000 millones, y por lo menos racionalizaría mejor las compras… Pero las autonomías no solo no lo han hecho, sino que han aumentado su deuda. En tecnología sanitaria, un 43 por ciento, según los empresarios del sector, y en fármacos, casi un 10 por ciento. ¿Sabe cuánto tardan en pagarles? La media española es de unos trescientos días. Según las asociaciones de proveedores, bastantes alcanzan los cuatrocientos diez días, en Baleares tardan más de seiscientos. Castilla y León tiene casi tres años de retraso, novecientos días, en el pago a las farmacéuticas. Bien, ¿sabe cuál es el límite legal de la Administración para pagar? Sesenta días. Hace poco hablamos con José María, es jefe de una empresa que provee de papel higiénico y gasas para hospitales:
—El problema que tenemos es que nos piden más material que antes. Ahora, me están haciendo pedidos enormes, cuando aún me deben lo de hace año y medio. Hacen acopio de material para tener de reserva cuando decidamos no venderles más mercancía —comenta indignado.
—Bueno, pues deja de servirles y si no te pagan denúnciales —le contestamos, pensando que era lo que hacía todo el mundo en estos casos.
—Si lo hago me pongo con todos los hospitales en contra. Eso uno. Y dos, si en su día tuve la suerte, que hoy es una desgracia, de ganar un concurso público de varios años, tengo que proveerles de material aunque no me paguen desde el primero. Cuando firmas un contrato con una empresa pública también tienes que ofrecerles avales bancarios en caso de que rompas unilateralmente el contrato. Así se garantizan el suministro y si no les sirves te retiran el dinero del banco. Y tres, ¿cuánto crees que nos darían si al cabo de los años conseguimos ganarle el juicio? Un uno por ciento de lo que nos deben. Lo que más rabia me da es cuando entras en los pedazos de edificios que se han hecho para las consejerías y a nosotros no nos pagan y no les importa. ¡No les importa nada!
Nos alejamos de José María con su frustración y las ganas de liarse a mamporros a flor de piel y pensamos en lo que supondría que en los hospitales no paguen ni el papel higiénico. ¿Se imagina? Cada enfermo con su bolsa de suero colgando de la barra de metal y su rollito de papel porque en el hospital no lo dan. Lo mismo hasta el bisturí lo tiene que traer el enfermo: «Oiga doctor, después de la operación suba a planta y devuélvamelo, que solo tengo ese».