No es un atraco pero, por si acaso, no se mueva. Procure desplazarse lo menos posible de su lugar de residencia. De hecho, ya resulta curioso que cada comunidad autónoma tenga una tarjeta sanitaria diferente, incompatible con las otras, y, en cambio, cuando viajamos por la Unión Europea resulte suficiente con una única tarjeta sanitaria. Otro buen consejo a seguir a la hora de fijar residencia en una comunidad es hacerlo en el centro del territorio. Si se va a las zonas fronterizas, no saldrá en la foto. El provincianismo en nuestro país no conoce límites y así nos encontramos con que hospitales situados en las zonas limítrofes de una comunidad no atienden, salvo casos de urgencia o en caso de acuerdo entre comunidades, a los habitantes de los pueblos de alrededor que pertenecen a otra autonomía.
La norma extendida en las legislaciones sanitarias autonómicas dice que «son usuarios del sistema de salud los residentes en los municipios de una comunidad autónoma». Es decir, en el ambulatorio están en su derecho de no atenderle. Ahora bien, como quien lo hace es un profesional sanitario y no un político, las primeras veces se lo pueden pasar por alto. Hasta cierto punto, eso sí. Un simple análisis de sangre no cuela, se tendría que ir a su lugar de residencia. Por lo que algunos usuarios intentan que les atiendan pasando por urgencias, que es el único lugar en el que tienen la obligación de prestar asistencia a quien sea.
Es cierto que existe la modalidad de tarjeta sanitaria como desplazado. Se trata de documento o identificación que se da a los que no están empadronados en la autonomía en cuestión y que generalmente caduca a los tres meses. Pasado ese plazo hay que empadronarse o si no, no se les atiende. Además, poseerla no significa que tengamos los mismos derechos. Es posible que no puedan pedir cita por teléfono o que el especialista no les atienda. ¿Se imagina compartiendo tiempo muerto con otros pacientes en la sala de espera y manteniendo este diálogo?:
—Hola, ¿qué tal? A ver al médico, ¿eh? Y ¿qué? ¿Vive por aquí? Es una zona bonita, ¿verdad? —preguntaría un paisano del lugar buscando conversación.
—Bueno, sí; bueno, no. Es que… soy… un desplazado… —respondería haciendo pucheros.
—Ooooooh.
Lo de desplazado es un nombre que no suena bien, parece como si viviera en una tienda de campaña de la ONU. Ejemplos de usuarios quejándose de que no les atendían adecuadamente por ser de otra comunidad diferente hemos encontrado multitud, empezando por el caso con el que abríamos este capítulo. Tenemos a la joven que estudia en otra comunidad y le obligan a hacer un seguro con el consorcio sanitario, igual que los estudiantes extranjeros. Tenemos al diabético al que no le extienden receta y que se paga la insulina de su bolsillo. Tenemos a los padres jubilados a los que tampoco les extienden receta en el pueblo donde pasan largas temporadas y cuyo hijo les tiene que enviar las recetas por correo. Tenemos a la niña, menor de catorce años, a la que no atiende un pediatra porque, según la madre, le dijeron que a los desplazados solo les atiende el pediatra si son menores de tres años. Tenemos a la veraneante que para hacerse una radiografía tiene que romper sus vacaciones en la costa y recorrer cuatrocientos kilómetros para ir al hospital del lugar donde reside. Tenemos calamares, ¡chipirones!, ¡ricas puntillitas, oiga! Uy, perdón, pero es que después de esta retahíla uno se siente como un camarero.
El caso es que no solo nos hemos encontrado con testimonios de pacientes, sino que en algunos ambulatorios, sobre todo en zonas de veraneo, hay carteles expuestos en el tablón de anuncios del centro donde se manifiesta claramente: «No se da cita con el especialista para desplazados».
Pero ¿qué opinan los médicos? Como muestra un botón. Esta es la historia que un doctor vivió en primera persona y que publicó en su blog con el ánimo de que se subsanaran errores. Nos permitió reproducirla sin que citáramos su nombre. Porque no solo no se corrigieron las equivocaciones que relata, sino que le abrieron un expediente que al cabo del tiempo se cerró. «Tenéis que entender que ya no quiero tener más problemas», explicó este profesional de cincuenta años que sigue ejerciendo en la sanidad pública. Se entenderá que, después de lo que ahora se va a leer, se vio obligado a cambiar de hospital. Aquí quedan sus palabras:
Ayer me llamó por teléfono la hija de un amigo mío: tenía dolor de cabeza y lo notaban distraído y se olvidaba de cosas. Llevo demasiados años ejerciendo y he visto ya demasiados casos como para no ser precavido y se me aguzaron las antenas: los síntomas neurológicos, por débiles que sean, deben ser siempre investigados, así que le dije que viniese hoy durante la guardia. Una exploración física minuciosa ha sido enteramente normal. Sin embargo, lo he notado lento al responder y he solicitado un TAC (un tipo de «radiografía» detallada del cerebro). Cuando lo he visto, me he quedado helado: aunque he visto muchos hematomas intracraneales en mis años de médico, nunca ninguno tan grande y potencialmente tan peligroso en un amigo tan cercano. Era necesario operar, y cuanto antes, así que iba a buscar dónde podían operarle en nuestra comunidad autónoma, principalmente rural y solo con tres centros con neurocirujano. El problema real ha sido encontrar quién lo operase en un plazo de tiempo de ocho a diez horas. De nada ha servido que explicase a los neurocirujanos que tenía cincuenta y seis años, que en unas horas podía estar muerto y, finalmente, que era mi amigo personal, apelando al sentimiento o empatía entre «colegas». Simplemente uno decía que debía operarlo el otro, y así varias llamadas, hasta que, harto, lo he remitido en UVI móvil a nuestro hospital más cercano donde fue operado felizmente. No es fácil ejercer en un hospital pequeño y en una comunidad autónoma con recursos escasos: en los hospitales de las grandes ciudades hay plantillas de neurocirugía enormes, sin embargo, nuestro hospital de referencia solo tiene tres profesionales. No es cierto que los españoles seamos iguales, al menos en lo que a los recursos sanitarios se refiere. El Estado de las autonomías, al menos en lo que a mí me afecta, el cuidado de los enfermos, es un fangal: yo no puedo enviar un paciente, aun teniendo criterios, a un hospital de otra comunidad autónoma sin una burocracia absurda e insoportable, lo cual es difícil de entender para nadie en su sano juicio, aún menos si está gravemente enfermo, y produce intensa angustia y frustración en los profesionales sanitarios.
El problema está en que los gastos que generan los turistas nacionales, ya sea en urgencias, asistencia primaria o especializada, lo paga la comunidad que visitan. Y eso de pagar servicios a otros españoles que no son de tu autonomía pues no se lleva bien en los tiempos que corren. Por ejemplo, Cataluña y Aragón arrastran un problema desde 2010 porque en la primera comunidad se niegan a recetar a los veraneantes procedentes de la segunda. Así que les dicen que si quieren medicamentos que los compren en la farmacia y abonen el precio íntegramente y a la vuelta pidan el reembolso al Gobierno aragonés. A los aragoneses que se quejaron, como Rosario Villasana, que lleva treinta y cinco años veraneando en la costa Dorada, les dijeron que podían presentar una queja… Eso sí, solo podía ser en catalán.
Es una situación que afecta a varias autonomías. Ante la falta de acción de la Administración central, tuvo que ser el defensor del pueblo de Navarra quien en junio de 2011 condenase esta situación. Lo resumió así:
El artículo 1.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece que son titulares del derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria todos los españoles y ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional. A su vez, el artículo 10.14 de dicha ley dispone que todos tienen derecho a obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios.
A esta queja se sumó en septiembre el defensor del pueblo, esta vez el nacional de España… Ya sabemos que eso de «nacional de España» queda raro, pero es que desde que tenemos un país con varios defensores y con varias nacionalidades uno no sabe cómo escribir las cosas.
Alguien con poder en la Administración ha debido de atravesar alguna de estas situaciones kafkianas, porque, de lo contrario, no se entiende que los gobiernos de Aragón y Castilla y León se hayan puesto de acuerdo repentinamente sobre cómo debe organizarse la atención sanitaria en sus zonas limítrofes. Lo mismo ha ocurrido entre el País Vasco y Cantabria; o entre Galicia y Castilla y León. Esta última comunidad, sin embargo, aún no ha sabido entenderse, sanitariamente hablando, con las lindes vecinas vascas y cántabras. En definitiva: un guirigay que se traduce en múltiples reuniones entre consejeros. Le contamos una, elegida al azar. En el Diario Palentino, de Castilla y León, leemos a comienzos de 2009 que se va firmar un acuerdo para que los 15.000 residentes de la zona leonesa fronteriza con Cantabria puedan utilizar el hospital Tres Mares de Reinosa, y a su vez los cántabros de zonas rurales sean atendidos en ambulatorios cercanos de Castilla y León. Pues bien, en agosto de 2011, más de dos años después, no hay acuerdo en firme. Tampoco se ha conseguido con el País Vasco, «por cuestiones políticas». ¿Cuáles son? A saber. En las autonomías también tienen sus «secretos de Estado».
Al final, deben organizarse de la misma manera en que lo hacía el Ministerio de Sanidad antes de que se transfiriesen las competencias, solo que ahora sin él y, muchas veces, sin éxito. Mientras tanto, en un pueblo de Portugal, Valença do Minho, que hace frontera con Tui (Pontevedra), llenaban hace unos meses sus calles de banderas españolas en agradecimiento a los servicios de urgencia que recibían en el pueblo gallego y que no tenían en su propia localidad. Es decir, los portugueses acceden con más facilidad a la sanidad española que los habitantes de otras comunidades. Lo dicho: efectos alucinógenos. Berlanga, ¿por qué te fuiste? Con la de material que tenemos para ti…
Este verano Paloma pasaba sus vacaciones en Valencia. Su hijo tuvo una recaída de la enfermedad crónica de riñón que padecía. Al ser ingresado en el hospital de la Fe, tuvo que describir exactamente cuáles eran las dolencias que arrastraba el pequeño, la medicación, los productos a los que era alérgico, etc. Aun así, la amable doctora que le atendió necesitó ponerse en contacto con el equipo que habitualmente atiende al niño en Madrid. Afortunadamente los localizó y pudo chequear con ellos algunas dudas de su historial médico. Tuvo suerte. Imagínese que no hubiera podido encontrarlos, o que la madre, que no es médico, dudase de algunas cuestiones relacionadas con la enfermedad de su hijo. Pongámonos en el caso de que el enfermo no fuera un niño ni un adulto, sino una persona mayor que no conoce los pormenores de su caso. Para darle el tratamiento adecuado basta algo tan sencillo como que el doctor que le atiende meta sus datos en el ordenador y acceda a su historial médico. Pues esto no es posible en España. Los datos médicos no se comparten entre autonomías…