Luzón es un pueblo del norte de Guadalajara, de poco más de cuarenta almas. Se trata de una de las provincias con mayor número de localidades con menos de mil habitantes. Casi el 90 por ciento de las que tiene son así. Muchos de los pueblos cercanos están abandonados porque sus habitantes tuvieron que emigrar para buscarse el pan.
—Y ¿por qué a ellos se lo dan y a los que vivimos aquí no? Mi situación es muy difícil. Apenas tengo para pagar la luz.
Es la pregunta que hace Enrique, desempleado de treinta y nueve años, una de las cinco personas en edad de trabajar que reside en la aldea. Se refiere al PER (Plan de Empleo Rural) implantado en Andalucía y Extremadura. No sabemos qué contestarle. Por si algún cargo de estas dos autonomías quiere hacerlo u ofrecerle trabajo, estas son sus señas: Enrique López, calle de los Escolapios, Luzón, Guadalajara, 19132. A diferencia de otros, no tiene problemas para emigrar: ya lo hizo antes.
El PER nació en 1984 en esas dos comunidades, ahora se llama PROFEA (Programa de Fomento de Empleo Agrario). Su misión era evitar el despoblamiento de las zonas rurales de Andalucía y Extremadura, dando un subsidio de 420 euros al mes durante medio año a los agricultores. Así, se evitaba la emigración de los pueblos en las épocas en que no había labores agrícolas. Ha tenido su efecto, porque los municipios andaluces están por encima de la media española en número de habitantes.
No es la única diferencia entre subvenciones autonómicas. También existen unos subsidios sociales para gente sin recursos que dependen de cada comunidad. Tienen denominaciones diferentes. Por ejemplo, en Cataluña se llama Renta Mínima de Inserción, en Castilla-La Mancha, Salario Mínimo de Integración, en Canarias, Prestación Canaria de Inserción, etc.
Usted es más o menos pobre según la comunidad donde resida. En Cataluña se ha endurecido tanto la situación que han dejado sin subvenciones a treinta y cinco mil personas. En Castilla-La Mancha se dan 372 euros mensuales, tres euros menos que en Madrid, mientras que en Canarias suben hasta los 472.
Después están otras subvenciones, las que perciben las ONG y las fundaciones. Según el sesgo o las conexiones que tenga la organización, se llevará más o menos de las arcas públicas. Un ejemplo claro de que las cosas funcionan así lo publicó el ABC del 12 septiembre de 2010. Reproducía un escrito a mano del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre una ONG que rezaba lo siguiente: «La OTC (Oficina Técnica de Cooperación) ha enviado comentarios a las dos ayudas, la de 2007 y 2008, aunque no tiene mucha constancia de lo que está haciendo la ONG en el país. Pero, por cuestiones de cercanía política, se le siguen concediendo ayudas». Como ve, da igual lo que haga o no haga, si siguen siendo de la cuerda, siguen teniendo dinero.