El pasado verano, el 19 de agosto de 2011, quien esto escribe estaba tumbado en una playa malagueña. Tirado en la tumbona oigo pasar una avioneta. Abro los ojos y… No puede ser. Una avioneta arrastraba una pancarta que no decía «Gafas graduadas 2 x 1». No, nada de eso. Decía claramente: «No al enchufismo en la Junta de Andalucía». Tenía letras negras y fondo naranja. Muy chillón. La había hecho un grupo de funcionarios de la junta, funcionarios de esos que sacan una oposición entre miles de candidatos. Protestaban por la aprobación por el Gobierno andaluz de la Ley de Reordenación del Sector Público, que contempla la entrada de veintiséis mil trabajadores contratados a dedo.
¿Cómo conseguir que alguien que no es funcionario lo sea sin pasar por oposición? El organismo público contrata a personal externo por obras y servicios, después lo convierte en laboral y por último en funcionarios interinos, y a partir de ahí, línea recta para aprobar una convocatoria restringida y convertirlos en funcionarios con propiedad de plaza. De momento, algunos jueces ya están frenando esta maniobra de la junta. Por ejemplo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Sevilla ha apreciado una «funcionarización encubierta», ilegal, de los casi cuatro mil empleados de Egmasa, una empresa pública.
Esto pasa en el sur y en el norte. En la Administración del Principado de Asturias la justicia anuló en 2010 la designación de cuatrocientos treinta puestos de funcionarios nombrados a dedo. Pero aquí son repetidores. ¿Sabe por qué? Porque el año anterior anuló trescientos ochenta y un puestos de libre designación. La Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado nos explica que esta cabezonería se debe a que, «pese a que pierden el juicio, vuelven a contratar al que han enchufado porque saben que hasta que vuelva a salir otra sentencia condenatoria pueden pasar unos cuatro años, tiempo en el que el cargo sigue cobrando». Redondo, les sale redondo.
El caso es que se empieza así. Uno le coge el gusto a colocar y no hay quien pare. Te acabas haciendo un lío con quién metes y a quién te falta por meter. Como le ocurrió al gobierno de Unió Mallorquina en Palma de Mallorca en 2006.
Un informe judicial de julio de 2011, que investigaba la red clientelar del partido que colocaba a personas afines con cargo en el ayuntamiento, descubrió un hecho muy interesante: había en plantilla un cantante de tangos para amenizar los actos del partido, y recibía un sueldo del propio consistorio. Pero su contrato era de informático del ayuntamiento. Ante el juez el artista no pudo ser más claro: «Informáticamente soy incapaz de realizar función alguna».
Cuando más aumentan estas prácticas de contratación es cuando está a punto de cerrarse un ciclo político. Por ejemplo, como denunció la consejera de Gobernación Joana Ortega, de CiU, ¿se acuerda? La que decía que era licenciada en Psicología y no tenía terminada la carrera. Bueno, pues según ella el tripartito siguió contratando a gente después de su derrota electoral. Además, cerca de mil trabajadores cambiaron de categoría, pasando de personal eventual a funcionario interino, y así ya no les podían despedir. Es una práctica de lo más extendida. En Toledo, perdonen si les aturullamos, pero es que se coge carrerilla… como denuncia Unión Progreso y Democracia, el presidente de la diputación, José Manuel Tofiño, cambió la categoría de ciento cinco empleados públicos, los pasó de eventuales a indefinidos. Evidentemente, entre ellos hay hijos de dirigentes del partido, en este caso Socialista, e incluso ex-alcaldes que perdieron las últimas elecciones municipales.