España es el único país de la Unión Europea con centrales nucleares desde los años setenta que no tiene un centro de residuos centralizado. Los que producimos los mandamos temporalmente a Francia, que nos lleva ya cobrados varios cientos de millones de euros por almacenarlos. El tiempo corre en nuestra contra y, por eso, se llevan publicando los pliegos de condiciones para que un municipio pueda optar a ser almacén de residuos nucleares. La oferta va unida a millonarias ayudas. El caso es que, cuando un ayuntamiento optaba a ser almacén, la comunidad a la que pertenecía se lo prohibía y, si no le hacían caso, legislaba alguna normativa ex profeso para prohibirlo. Todo para que no hubiese restos nucleares en ninguna localidad de su territorio, porque de ello no sacaría ningún beneficio económico, pero el ayuntamiento sí. De hecho, en 1998 las Cortes de Aragón aprobaron una Ley de Ordenación del Territorio en la que se afirmaba: «Se prohibirá la instalación de almacenes de residuos nucleares que no hayan sido generados en Aragón». Principio integrador donde los haya. Después esa norma la tumbaría el Tribunal Constitucional (sentencia 14/2004). También Castilla-La Mancha lo intentó en 2010. La fórmula era la misma: sacar una ley de ordenación del territorio en la que se prohibiese la construcción de un cementerio nuclear. ¡Pero es que no tienen una asesoría jurídica que les informe de que eso ya lo intentaron y no funcionó! Si no es de una forma, es de otra. Andalucía creó un impuesto sobre el depósito de residuos radiactivos, si bien parece que el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional lo acabará derogando.
Finalmente, el gobierno decidió en el verano de 2010 que el municipio de Zarra (quinientos cincuenta habitantes), en Valencia, sería donde se construiría el cementerio. El pueblo optó voluntariamente a albergar los residuos a cambio de recibir una compensación millonaria. El caso es que otra vez ocurrió lo mismo: las Cortes Valencianas votaron por unanimidad en contra de su instalación, y es más, como Zarra está cerca de Castilla-La Mancha, esta también votó en contra, aunque esté fuera de su territorio. Ante las protestas, el anterior gobierno de Zapatero lo paralizó. Finalmente, el de Rajoy optó por dar a otra de las candidatas, Villar de Cañas, en Cuenca, la autorización para albergar el cementerio de residuos nucleares. Resumiendo: durante más de cuarenta años el Estado ha sido incapaz, frente al poder local, de tomar y ejecutar una decisión sobre una infraestructura tan básica para un país como es la energía. ¿Sabe quién se alegra de todo esto? Francia, la misma que también nos vende energía eléctrica procedente de sus centrales nucleares. Los galos nos cobran 60.000 euros por cada día que pasan nuestros residuos en su país, 22 millones de euros al año. ¿Es que nos sobra el dinero?
Pero no hace falta que nos vayamos a un tema tan polémico. Los cables de luz también dan problemas. Son muchas las dificultades que se encuentran para extender la red eléctrica. Entre ellas, los impedimentos de los ayuntamientos. Sí señor, así están las cosas, si el municipio no da licencia de obras, no hay ni red eléctrica ni nada. Si la comunidad autónoma, con sus leyes de ordenamiento, tampoco quiere, pues nos quedamos a oscuras. El caso es que si el Estado quiere poner una red de alta tensión que pase de un pueblo A a uno B, tiene que acudir a los tribunales. Todo para que, al final, la justicia diga que «la competencia exclusiva de las comunidades autónomas no puede impedir al Estado el ejercicio de sus propias competencias exclusivas» (sentencia 56/86), o que el Tribunal Supremo diga a un ayuntamiento que algo de trascendencia tan importante como la electricidad «no puede quedar frustrada por la voluntad municipal» (sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2002). Esto al final se traduce en un dineral en maquinarias judiciales y en el retraso en la ejecución de obras.
Valgan como ejemplo los intentos que se llevan haciendo para establecer una línea entre las subestaciones eléctricas de Lada, en Asturias, y Velilla del Río Carrión, en Palencia. La compañía eléctrica lo lleva intentando sin éxito desde 1984, pese a las propuestas de los diferentes trazados. Enfrente: los dos ayuntamientos de esos pueblos, que no quieren que la línea pase, ni de lejos, por sus términos municipales. Y eso que hasta UGT, CC. OO. y la patronal de Asturias se ponen de acuerdo para que en un «ejercicio de responsabilidad» se desbloquee la nueva «autopista energética» que consideran «vital» para el futuro económico del Principado. Sin ella no puede haber, por ejemplo, parques eólicos o líneas del AVE.
De esos polvos vienen estos lodos. Algo muy parecido a un caso que, seguramente, recordará por haber tenido más repercusión mediática. ¿Se acuerda de los apagones de luz provocados por una ola de frío en marzo de 2010 en Cataluña? Los cortes de suministro afectaron a 137 municipios. Inmediatamente los políticos locales y regionales, el president Montilla a la cabeza, salieron en los medios de comunicación anunciando expedientes a las compañías eléctricas. No dijeron nada a sus votantes de que, desde hacía varios años, estas les advirtieron de lo que podía pasar si no se abría una línea de muy alta tensión entre Girona y Francia. Sobre todo cuando, en 1985, ya se había producido un apagón importante. En su lugar, las compañías se encontraron con la oposición de alcaldes y políticos autonómicos, que convocaron manifestaciones y consideraron la línea con Francia como «monstruosa» y la proliferación de nuevos tendidos, como una «funesta telaraña». Tuvieron que quedarse sin luz veinte mil casas para que, por fin, un ministro pusiera fin al capítulo. Miguel Sebastián, el entonces titular de Industria, dijo que la línea de alta tensión con Francia se tenía que conectar «de una vez por todas». Parece que esta vez fue la definitiva y empezará a funcionar en 2014.
Lo más curioso de todo este embrollo es que, en el caso anterior, la competencia sancionadora de las eléctricas la tienen las comunidades autónomas. Vamos, que son las que cobran las multas. De la misma forma, también llama la atención que sean ellas las que den las autorizaciones a las plantas de energías alternativas (eólica y solar). Las subvenciones, en cambio, ¿quién cree que las paga? Pues sí, el Estado Central.