Era una mañana de trabajo rutinaria. Un trabajador de Canal 9 se sentó frente a su ordenador para comenzar a navegar a través de Internet por los diferentes medios de comunicación. Quería ver cómo estaba el panorama informativo ese día, antes de comenzar su jornada. Una noticia le llevó a otra, y de una página saltó a la siguiente. Al seleccionar con su ratón una información de otro medio de comunicación no pudo abrirla. Apareció un aviso en la pantalla: «No se puede acceder, dirección restringida». El periodista se sobresaltó, esos anuncios son los que bloquean los accesos a contenidos pornográficos o a las redes sociales, para evitar que los curritos pasen horas chateando o viendo páginas de dudosa moralidad. Pero en este caso saltó cuando estaba intentando acceder a la página de Izquierdadigital.es, dirigida por el socialista Gustavo Vidal. Es decir, en Canal 9 sus periodistas no pueden ver informaciones que no sigan las pautas que la dirección de la cadena decide. Por lo tanto, la página de un señor de izquierdas es vetada para que no pueda ser consultada desde sus instalaciones.
Esto se ve plasmado en sus emisiones. El 17 de mayo de 2011 en los informativos de Canal 9 se da la noticia del mitin del PSPV-PSOE que tuvo lugar ese mismo día en la plaza de toros de Valencia. El vídeo comienza con las banderas ondeando al viento al ritmo de la sintonía de campaña del Partido Socialista y con unos abucheos de fondo que se escuchan cada vez más presentes en la pantalla: «Canal 9 manipulación» es el grito de los simpatizantes socialistas allí congregados. La voz en off del reportaje comienza a narrar el espectáculo tan bochornoso que sufren sus compañeros allí destinados para cubrir el evento. Incluye los cortes de los discursos de Alarte y de Zapatero referentes a la bronca que se está produciendo en la plaza «sobre la falta de libertad de esos periodistas manipulados». Eso es lo que salió emitido en Canal 9, lo que usted pudo ver si es valenciano. De lo que jamás se enteró es de la segunda parte del discurso, que por supuesto nunca se emitió. El candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Jorge Alarte, pidió que no insultaran más a los periodistas de Canal 9, que les ofrecieran una ovación, porque ellos no son culpables de esa manipulación, porque ellos también son víctimas de esa censura. Eso a la dirección de informativos de la cadena no le interesó que saliera nunca.
Este ejemplo es solo una muestra de cómo está el patio en nuestras televisiones autonómicas. Aún recordamos a una reportera de Canal 9 en la Feria Gastronómica de Alcudia, un pueblo valenciano, mientras recitaba los suculentos platos que allí se iban a comer: «Están bullint les paelles i ja se han repartit 200 conills…», cuando un joven le pone en medio de la cara una foto de Camps y grita: «¡Corruptos!». Por supuesto, en la cadena del PP valenciano, que no de los valencianos, se cortó la emisión alegando que «parecía que había problemas técnicos».
Porque ¿para qué sirve una televisión autonómica? Supuestamente para, desde una perspectiva democrática, garantizar el acceso plural a la información y la representatividad de todas las fuerzas políticas. También para gastarse 138 millones de euros anuales, como Canal 9, o 55 millones como IB3, televisiones que apenas llegan a un 4 por ciento de audiencia media. ¿Todo ese dinero para qué? ¿Para unos setenta mil habitantes?
En conclusión, un gasto muy necesario para que usted se entere de lo que pasa en su comunidad sin cortapisas, y que le informen de los problemas, proyectos y realidades de su territorio. Pero la realidad es otra, las teles públicas autonómicas se han convertido en el mejor medio propagandístico que tienen nuestros políticos para dar a conocer la información que más les interesa. La que no les interesa, pues no existe, así de fácil.
Otro ejemplo. La candidata por Iniciativa del Poble Valencià, Mònica Oltra, apareció ataviada con una camiseta muy particular durante el debate electoral que se emitió en Canal 9 con motivo de las pasadas elecciones autonómicas. La política vestía una chaqueta negra abierta que dejaba entrever una camiseta blanca donde se leía perfectamente: «Canal 9 manipulació». Cuando le tocó el turno de palabra, el equipo de realización de Canal 9 colocó un gran rótulo con su nombre y cargo que no desapareció durante toda su intervención. El objetivo: tapar la camiseta, que no se viera el objeto de tamaña provocación. La diputada de Les Corts aseguró que se sentía muy orgullosa de poder participar en el debate, ya que, tras cuatro años como diputada, nunca, jamás se le había invitado a ningún espacio de información política dentro de la cadena pública. Tal vez, señora Oltra, a Francisco Camps el anterior presidente, no le gustó ni esa camiseta, ni ninguna de esas por las que usted se ha hecho famosa, como la que llevó a una sesión de control del Parlamento en la que aparecía la cara del ex-presidente acompañada del lema wanted (se busca), al estilo de los carteles del lejano oeste.
Si usted es madrileño o madrileña y suele ver Telemadrid, comprobará que ocurre algo parecido, o peor, que en la televisión valenciana. A lo mejor no se ha dado cuenta, y eso es lo peor, de que mediante sus manipulaciones pueden engañar al pobre ciudadano que cree que su televisión pública le está ofreciendo la verdad sin subjetividades. Pero las televisiones que pagamos todos no son ni de lejos ese medio de servicio público independiente. Todo lo que en ellas se dice, todo sobre lo que se informa es por y para ensalzar la ideología y la labor política del gobierno correspondiente. Por ejemplo en Telemadrid, del gobierno de Esperanza Aguirre.
Hace unos años, los trabajadores de la cadena pública, cansados ya de no poder ejercer su libertad de expresión, montaron una plataforma llamada Salvemos Telemadrid. En ella denunciaron ante la UE la manipulación informativa y el sectarismo político, es decir, la constante censura a la que se ven sometidos cuando tienen que cubrir cualquier información que tenga un específico peso político dentro de la comunidad. Y si no se lo cree, para muestra un botón. Por informaciones como estas, según los propios periodistas del ente público, es por lo que Telemadrid ha pasado a llamarse Teleaguirre:
Si entramos en opinión, no podemos olvidarnos de profesionales que desde su púlpito de los programas que tienen en directo lanzaban cuestiones sobre el anterior presidente del gobierno como: «¿Desprecia el gobierno de Zapatero la religión católica? ¿Zapatero traiciona a los muertos? ¿Beneficia más Zapatero a Barcelona que a Madrid?». Y apostillando que no quieren ser subjetivos sueltan perlas como las siguientes: «¿Qué secreto ocultan Zapatero e Ibarretxe? ¿Oculta el gobierno la verdad sobre el 11-M?».
Uno de los profesionales que tenía un espacio de opinión y entrevistas en la cadena era Germán Yanke. El periodista entrevistó a Esperanza Aguirre en directo y le lanzó una pregunta que venía a decir que según el discurso de los socialistas a ella se le quedaba pequeña la Comunidad de Madrid y que lo que la presidenta quería era tener enfrente al presidente del Gobierno. Aguirre se quedó entrecortada y le contestó: «A mí no me gusta que usted compre el discurso del Partido Socialista». El periodista abandonó Telemadrid de manera forzada, alegándose que fue despedido por problemas de presupuesto, cuatro días después de dicha emisión. Uno de los ex-directores de Telemadrid nombrado por el PP, Francisco Giménez-Alemán, catalogó a la televisión pública madrileña como sectaria. Según él, todos los días se manipulaban informaciones en materia de lucha antiterrorista y las que versaban sobre política local.
Televisión pública y manipulación van cogidas de la mano desde que los canales regionales comenzaron a surgir como setas allá por los años noventa. Los nombramientos de directores generales a dedo por parte de Presidencia en las televisiones autonómicas son un clásico. Pero no olvidemos que José María Aznar puso a Fernando López Amor, diputado de su partido, en RTVE, y Joaquín Leguina colocó a su portavoz parlamentario Marcos Sanz en Telemadrid. Esperanza Aguirre, con el voto en contra de PSOE e IU, ha nombrado a José Antonio Sánchez, que estuvo al frente de RTVE en los dos últimos años de la legislatura de Aznar. Y Dolores de Cospedal, en Castilla-La Mancha, ha elegido para gobernar su televisión a un periodista nada afín a su gobierno autonómico, el periodista de la COPE Nacho Villa.
Esto, no se equivoque, no es ilegal. La ley otorga a los gobiernos regionales la potestad de designar al director general de la televisión de turno. Sin consensos ni pactos. Por esta causa, Antoni Gómez, el consejero de Presidencia balear, que le hizo la campaña al actual presidente José Ramón Bauzá (PP), fue nombrado a principios de agosto de 2011 responsable máximo del ente IB3, esa cadena que el propio señor Bauzá quería privatizar o reducir sus gastos a toda costa durante su campaña. Pero una vez en el poder, todo cambia. Si se puede controlar con alguien de su palo, mejor que mejor. Para paliar este sinsentido, Bauzá cerró la Televisión de Mallorca en la misma semana. Sí, otra televisión pública de las islas. Fue el primer cierre de una radiotelevisión pública en España. En este caso la gestionaba el Consell y solo ofrecía información sobre la isla de Mallorca, algo que también hace IB3 al margen de todo el archipiélago. Con un coste de 9,5 millones al año de presupuesto, la minitelevisión que había estado controlada por Unió Mallorquina durante el gobierno del Pacte 2003-2007 hacía aguas por todas partes. La deuda ascendía a 21 millones de euros y los ciento cincuenta trabajadores se fueron a la calle en un abrir y cerrar de ojos.
Televisiones como la de Mallorca hay por todas partes. Cien ayuntamientos de nuestro país tienen televisiones propias, con más de cien millones de gasto público, y en algunos casos las localidades para las que emiten no sobrepasan los tres mil habitantes. Hay dieciséis televisiones provinciales que gastaron más de 50 millones en 2010. Una de las que cerró fue MadridTv, con un coste de 50 millones para los ciudadanos de la capital. Otra que también gasta mucho es BarnaTv, que tiene un presupuesto de 18 millones de euros, y una deuda de 1.600.000 euros.
Porque casi todas deben dinero. Las públicas acumulan 2.288 millones de euros en subvenciones, si sumamos a las trece televisiones autonómicas el presupuesto de RTVE. Y la publicidad ha bajado casi un 20 por ciento. Una situación casi insostenible, teniendo en cuenta sus audiencias. La más vista es TV3 con el 13,80 por ciento de cuota de pantalla. Otras como Canal 9 no sobrepasan el 5 por ciento. Esto quiere decir que de cada cien personas que están viendo la televisión en ese momento, solo cinco eligen la televisión autonómica valenciana. ¿Sabe cuánta deuda acumula? 1.139 millones de euros. ¿Sabe cuántos trabajadores ha tenido durante dos décadas? 1.800, más que las plantillas de Antena 3, Telecinco, Cuatro y La Sexta juntas. ¿Y sabe cuánto dinero de subvención ingresa al año? 138 millones de euros. ¿Ve exagerado que se haya hecho un ERE para reducir su plantilla a la mitad?
Si cualquier particular tuviera una empresa que no da resultados, a la que nadie compra o cuyos productos nadie ve, y encima le dieran esa cantidad de dinero de los ciudadanos para que siguiera adelante con su negocio… ¿No sería una injusticia? ¿No sería indignante?
Según la consultora Deloitte, las televisiones públicas nos cuestan a los ciudadanos 5 millones de euros diarios. Llevamos trabajando en televisión más de una década, hemos trabajado en cadenas nacionales y en todo tipo de productoras. Hemos visto cómo los cambios políticos hacían que se tuvieran más programas o menos, dependiendo de si la productora era afín al nuevo equipo de gobierno o no. Hemos presenciado los diferentes presupuestos ficticios que se hacen: por ejemplo, la televisión pública compra un programa por el que cree que a los periodistas se les está pagando 3.000 euros al mes, pero en realidad la productora les está ofreciendo tan solo 1.500 brutos. Y así todo. Al final los que pagan son los trabajadores con contratos basura, y usted, que paga el doble con sus impuestos… Y además lo que le ofrecen nunca será la realidad de su comunidad, solo lo que le interese emitir al partido político que gobierna.
Al final tener una televisión a nuestra merced o salir en la tele nos gusta a todos. Incluso acudir de público a algún programa interesante. Si no que se lo digan a Noemí Martínez, concejal del Ayuntamiento de Manises, en Valencia. Era un caluroso viernes, 29 de julio de 2011, y Noemí presenciaba su segundo pleno como delegada del Área de Bienestar Social. A la una del mediodía, una hora después de que comenzara, Noemí se iba a la francesa. Tenía que coger un autobús con urgencia. Esa era su noche. Con un vestido verde manzana, media España la vería detrás de Kiko Matamoros mientras hablaba con Rosa Benito. No, no era 59 segundos, Noemí dejó su puesto, por el que cobra 35.970,13 euros brutos anuales, para ver en directo Sálvame deluxe.
Los del pueblo se quedaron encantados. No es broma, esto es verdad.