Primera parte: Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de Extremadura durante veinticuatro años, de 1983 a 2007.
Segunda parte: lo deja por problemas de salud. Trabaja en la «oficina del ex-presidente» y ocupa un puesto en la universidad como profesor del Área de Lengua de la Facultad de Filología Hispánica en Badajoz.
Tercera parte: desde el año 2007 su oficina gasta 2 millones de euros del presupuesto de la junta. Surge la polémica. ¿Facturas de 812 euros en vino?
Cuarta parte: el gobierno presidido por Zapatero dice: «Madre mía, menudo lío con Ibarra, vamos a sacarlo de allí y que no se levante mucha polvareda. Aprovechemos la opción esa de nombrar a dedo que tenemos y metámoslo en el Consejo de Estado y dentro de cuatro años que vuelva a su chiringuito».
Todo esto tiene una intrahistoria muy interesante. Durante su mandato el propio Ibarra, de su puño y letra, firmaba a fuego la Ley 3/2007 de 19 de abril, «de obligado cumplimiento», que ha supuesto su retiro de oro. El decreto exponía que todo ex-presidente tiene derecho a «unas dependencias permanentes con dotación especial para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles».
Desde su retiro, en el año 2007, tiene a su cargo a tres personas empleadas, dietas, indemnizaciones por viajes y gasto protocolario (¿no es esto lo mismo que las dietas?) para llevar a cabo su labor, que todavía nadie sabe muy bien cuál es. Don Juan Carlos, Ibarra que no Borbón, también se puso un salario: durante doce años, la mitad de lo que gobernó, cobraría el 80 por ciento del sueldo que tenía como presidente, unos 3.500 euros al mes. Pero a esto renunció porque la opinión pública se le echó encima.
La ley del chiringuito de jubilación la votaron tanto PP como PSOE, cómo no, pues en estas cosas están todos de acuerdo. Desde entonces la polémica se ha desatado: gastos en vestuario, vino, flores, lencería, menaje, etc. Una cantidad que abruma: dos millones para la oficina de Ibarra. Baste decir que el ex-presidente, con derecho a un coche oficial, gastó 55.900 euros en un Audi A8, de esos de gama alta y con extras: monitor, antena de televisión, antena de radio, etc. Mil euros más de nuestro dinero para disfrutar del viaje, porque, por supuesto, también tiene conductor. Además tiene tres vehículos más, que han gastado 205.000 euros tan solo en gasolina desde que comenzaron a trabajar para el ex-presidente en 2007. También gastó casi 7.000 euros anuales en suscripciones a periódicos de tirada nacional y regional en una papelería de Mérida.
Juan Ramón Ferreira, presidente de la Asamblea de Extremadura, admitió que los gastos ascendían a 1.600.000 euros en compras. Ibarra, por su parte, se defendió de esta manera en una rueda de prensa:
Dejo en stand by, en parada biológica, mi labor al servicio de los extremeños. Deben repensar si consideran útil la tarea del ex-presidente y, si es así, deben dotarla de medios, y si por el contrario es inútil, quédense con ella, porque a mí no me aporta nada, que vivo de mi pensión de jubilado. Así que seguiré atendiendo a los extremeños que me pidan consejo en bares, cafeterías, hoteles o donde sea, porque estoy obligado moralmente a ello, pero no estoy dispuesto a que me cueste dinero.
Así que el señor Ibarra fue salvado de tener que ser un jubilado que cuenta historietas en el casino del pueblo. Apareció don José Luis Rodríguez Zapatero y, a golpe de varita mágica, lo repescó. ¿A dónde nos llevamos a Ibarra? Pues al Consejo de Estado, que ahí se está muy bien, es como una especie de limbo donde acaban aquellos a los que se les quiere solucionar la vida tras la política. Y allí está por cuatro años el ex-presidente extremeño, cobrando 83.000 euros anuales, departiendo con sus amiguetes, como doña Teresa Fernández de la Vega. Sí, ella también está allí, pero la ex-vicepresidenta lo está de forma vitalicia, así que la jubilada cobra los 83.000 más los 58.789 que le dan por haber pertenecido al gobierno (el 80 por ciento de su sueldo anterior). Cuando le llegue la jubilación cobrará los 83.000 más 34.000 anuales de pensión, su sueldo mensual será el mismo que el de una docena de jubilados con pensión mínima, uno detrás de otro. Teresa ingresará 7.744 euros al mes hasta el final de su vida. Recuerde, el Consejo de Estado es un órgano eminentemente jurídico. Vale, Fernández de la Vega es doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, y el Consejo debería estar formado por profesionales como ella. Un punto a su favor, pero que se sepa, Ibarra era filólogo.