¿Quién tiene más poder, un alcalde o un ministro? Celia Villalobos probó las dos cosas. No llegó a terminar la carrera de Derecho, de la formación de los políticos hablaremos más adelante, pero fue alcaldesa de Málaga (1995-2000) y ministra de Sanidad (2000-2002), y durante ese mandato transfirió las competencias de sanidad a las once comunidades que aún no las tenían.
Ella lo tiene claro: «Si he de elegir entre los cargos que he ocupado, yo me quedo con el de alcalde, porque es donde tienes más autoridad y capacidad de toma de decisiones. Y a mí, como alcaldesa de Málaga, me gustaba tomar decisiones y arrostrar las consecuencias. Cuando vienes de un poder municipal, cuesta encontrarte con que eres uno junto a otros catorce como tú, y con que además tienes ahí arriba otro señor, el omnímodo presidente que te nombra y te destituye cuando le sale de las narices».
De hecho, si el alcalde tiene mayoría en el pleno, tiene un poder prácticamente soberano: puede contratar a quien considere necesario o ponerse el sueldo que quiera. Mientras que los ministros pueden tener entre dos y cuatro asesores de libre designación, los alcaldes pueden tener hasta dieciocho o veinte. Eso no significa que, además, tanto ministro como alcalde puedan poner a la cabeza de sus organismos adjuntos a quienes, literalmente, les dé la gana.
Se cree que hay unos cuatro mil altos cargos, asesores y cargos de confianza en los diecisiete gobiernos autonómicos. «Se cree», porque ni siquiera hay cifras unificadas al respecto. Para empezar, ni siquiera está claro qué se considera un alto cargo. Lo único que sabemos es que cobran mucho.
Hay varias leyes a nivel nacional que definen como altos cargos a: secretarios de Estado, secretarios generales, directores generales, subdirectores generales, delegados de gobierno, etc. También a los responsables de comisiones, consorcios, cuerpos diplomáticos, etc. Pues bien, multiplíquelo por diecisiete y cambie ministro por consejero, director general por viceconsejero, y así un cargo tras otro, y si además se mete en los diferentes entes de la Administración autonómica, como las empresas públicas, fundaciones y demás, o en el organigrama de los ayuntamientos, puede que no haya ordenador con suficiente memoria para procesarlo.
La dificultad para saber cuántos altos cargos hay ni siquiera es superable para los propios políticos. Beatriz Escudero, senadora del Partido Popular, intentó averiguar cuántos tenía el Estado central. En enero de 2010 reclamó esos datos al ejecutivo. Le contestaron que había cuatrocientos nueve salarios, y que costaban 82 millones de euros anuales. Es decir, cada uno de ellos nos cuesta 200.488 euros. Sin embargo, no se contaban los altos cargos de los organismos autónomos, como el INE (Instituto Nacional de Estadística) o el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). Además, se dejaba fuera a los asesores de los ministros y a su personal eventual, como pueden ser un jefe de prensa o un jefe de protocolo. Por lo que habría que subir el número de cuatrocientos nueve a quinientos cuarenta y siete altos cargos.
Pero vayamos a las comunidades autónomas. El País Vasco era el que más tenía. El PNV gobernó durante treinta años y en su última legislatura tuvo seiscientos cincuenta y cinco altos cargos. Ahora que hay que apretarse el cinturón todo el mundo empieza a reducir su número y nos vamos enterando de todos los que teníamos, o por lo menos de los que nos dicen que teníamos. Por ejemplo, en Navarra, con seiscientos mil habitantes, se han pasado de noventa y cinco a setenta y cinco. Y Castilla y León, con 2,5 millones de habitantes, que tenía más de cien, los ha bajado a ochenta.